La conquista
del Atlántico

La carretera que se abre paso a través de las montañas de la provincia de Veraguas, se planificó a mediados de los años ‘70, durante el régimen del general Omar Torrijos. Al mando de un país ocupado por las bases militares de Estados Unidos y partido en dos por un canal que no le pertenecía, Torrijos creía que estas montañas alimentarían la riqueza nacional.

No eran tiempos de cambio climático ni apocalipsis ambiental. La deforestación no era una decisión suicida sino la esperanza: la ampliación de la frontera agropecuaria podía ser un motor del desarrollo. Torrijos realizó varios intentos, sin suerte. Como la fundación de Ciudad Romero, a orillas del Río Belén, dónde llegaron centenares de campesinos salvadoreños escapando de la guerra civil. Se esperaba que trabajaran la tierra. La actividad no prosperó.

Al finalizar el conflicto armado regresaron a su país y el pueblo quedó desierto. También fundó un campo de trabajo en Coclesito donde jóvenes de la ciudad viajaban a hacer experiencias de ayuda social. Torrijos, fascinado, visitaba estas tierras en forma constante y allí encontraría su propia muerte, en 1981, cuando la avioneta en la que viajaba se estrelló contra un peñón cerca de Coclé del Norte.

El proyecto de la carretera quedó en un limbo.

Hacia mediados de los 80´s se intensificaron las discusiones alrededor de la autonomía indígena en el territorio. En Panamá hay siete etnias originarias. Dos de ellas -los Gnäbe y los Buglé, con cerca de 350 mil personas, el 8% de la población panameña-, habitan estas tierras. Según el arqueólogo Richard Cook llevan en el territorio alrededor de diez mil años.

El Estado aceptó el reclamo y, en el caso Gnäbe y Buglé, decidió que el límite comarcal fuera el río Calovébora. Junto a su cauce, Torrijos había planificado la carretera. Les reconocían el territorio en la provincia de Bocas del Toro pero no en Veraguas. Les dejaron las tierras poco fértiles, propensas a las inundaciones y con una geografía sumamente accidentada. De esta forma, gran parte de las comunidades quedaron excluidas de la Comarca.

Para llegar a la casa de Paulino González Sianca hay que abordar una lancha en Calovébora. Desde el agua se puede entender todo: hay playas pequeñas, como calitas entre peñones que se abren al mar. Hay playas abiertas y amplias. Hay playas con olas para surfear y bahías de agua tan cristalina que se ven corales y peces. Hay inmensos arcos de piedra y cuevas submarinas.

Luego de una hora de navegación se llega a la desembocadura del río Estero Salado. El vaivén de las olas se acaba y la quietud del río lo absorbe todo. La selva cerrada genera un arco por encima del agua. Se llega a un punto en que el río baja tanto que no se puede navegar. Hay que caminar por el agua 200 metros hasta alcanzar la propiedad, sobre una pequeña loma. Allí hay dos casas de madera elevadas de la tierra donde vive González, con sus hijos y sus nietos. Hay niños corriendo, canastos con la cosecha del día.

El hombre, de 80 años, se define como víctima de una estafa. Le cuesta explicarlo. Nació cerca de aquí y vivió toda su vida en el monte. No fue a la escuela. No escribe ni lee. Dice que conoció a Van Rijswijk a mediados de 2008. El holandés llegó en helicóptero y le hizo una oferta de cien mil dólares por todo el frente de playa de su tierra. González tenía derechos posesorios, llevaba cuarenta años viviendo allí.

Van Rijswijk le dijo que si aceptaba, había que hacer todo de una vez. Le enviaría un helicóptero para viajar a la ciudad de Panamá, firmar los papeles y realizar el pago. Paulino no conocía la capital. Solo había estado una vez, internado, al borde de la muerte. Hacía de esto 30 años. Habló con su familia y decidieron vender. Para ellos la playa no tenía ningún valor. No son pescadores y la arena no da alimentos, excepto cocos. La tierra fértil, la que trabajan diariamente río adentro, no se la vendió.

Al otro día llegó el helicóptero a buscarlo. Fue con su nieto. A poco de subir hubo un desperfecto y el helicóptero cayó a tierra. Casi se matan.  Se los llevaron por tierra a Santiago y de allí a Panamá. Los alojaron en un hotel céntrico, comieron bien. Fueron a la oficina de Van Rijswijk y firmaron el contrato. Cómo no sabe ni leer ni escribir, firmó el documento con su huella dactilar. Su nieto, que sí leía, aparece como testigo "a ruego".

El contrato incluía una cláusula de arbitraje contra Paulino que, de no efectuar la operación, debía pagarle a Van Rijswijk un millón de dólares.

Con el cheque de 20 mil dólares por el anticipo de la compra volvieron a Santiago. Fueron al banco. El representante del holandés, José Gilberto Guardia Pinzón, se los cambió. Les dio la mitad del dinero y la otra mitad se los quedó él. Con los 10 mil dólares que recibieron compraron cosas para la finca, ropa, herramientas y se volvieron a Calovébora. Max debía llegar pronto a pagarles el resto. Nunca lo hizo. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2008 el Departamento de Catastro Rural le títuló esas tierras a nombre de una de sus empresas,  Veraguas Eco Turismo, SA.

A pesar de que el empresario holandés se dice amigo de Paulino, semanas atrás, finalizando noviembre, recibió una mala noticia: Paulino lo demandó penalmente.

Esas tierras hoy están en venta por millones de dólares.

Este modelo de negocios -por no decir de estafas- se repite en varios casos en el pueblo. La señora Margarita Pineda Rodriguez, sufrió la misma situación. Van Rijswijk se presentó en su casa y le dijo que estaba dispuesto a invertir en la comunidad, que haría un reservorio de tortugas. Les ofreció lo que para ellos era una fortuna: 125 mil dólares por dieciocho hectáreas sobre la playa. Dídimo, su hijo, que había estudiado en Santiago, le dijo que era una buena posibilidad para conseguir recursos e invertir en la otra finca que habían heredado de su abuelo: sin costa de playa pero con tierra para trabajar. Se retiraron a hablar entre ellos y decidieron vender. El holandés le contestó que si querían hacer la operación, tenían que viajar de inmediato a la ciudad. La señora estaba descalza. No le dieron tiempo ni a cambiarse la ropa. Ninguno de los dos conocía la capital panameña.

“En la ciudad le compramos zapatos, lo que usted quiera” les dijeron y así viajaron. Hotel, cena, oficina, un hombre rubio y elegante que hablaba en otro idioma. Firmaron. Recibieron su adelanto y regresaron a Calovébora. Van Rijswijk jamás apareció con el pago adeudado. Su tierra ya no les pertenece y de la plata que le dieron no les queda nada. En algo cumplieron: luego de la firma les compraron zapatos.

El caso de Florentino González incluye denuncia por amenazas. Llevaba más de cinco años viviendo en la playa, en la desembocadura del río Estero Salado cuando, ante los rumores sobre la presencia de acaparadores en la zona, decidió poner la tierra a su nombre. Para su sorpresa, al llegar a ANATI, se enteró que su tierra ya había sido titulada por Max Van Rijswijk. Doce hectáreas con dos playas inmensas de arena blanca.

Florentino consiguió un abogado y pidió un embargo sobre la finca. La justicia accedió. El abogado llevó un agrimensor a la zona y se dieron cuenta que la titulación era a todas luces fraudulenta: las fotos que acompañaban el documento presentado por el empresario holandés no se correspondían con el lugar y los límites del lote no eran reales: ANATI le títuló fondo de mar, algo expresamente prohibido en la legislación panameña. Florentino lo denunció a la justicia.

Semanas después Van Rijswijk, con cuatro guardaespaldas, habría llegado a la playa cuando él no estaba. Gónzalez asegura que le tumbaron las paredes de su casa y, como si fuera poco, le dejaron un recuerdo: seis disparos en la pileta de lavar la ropa.

Su abogado lo denunció y un representante de la justicia llegó a la comunidad. Max Van Rijswijk se presentó y negó la acusación. La defensa puso a los lancheros como testigos y también al dueño del hotel que los hospedó. Van Rijswijk negó que estuviese allí. La justicia aún  investiga el hecho.

“Cada parcela de tierra fue seleccionada por su naturaleza prístina, la proximidad a ríos navegables, por sus puertos protegidos, y por la calidad de sus frentes de playas y vistas.  Caribbean Riviera ya adquirió los títulos de propiedad de la mayor parte de su portafolio. La diligencia de convertir tierras con “Derechos Posesorios” en tierra “Titulada” es un proceso excesivamente complejo, que requiere de un capital significativo, soporte legal, capacidades logísticas y el factor suerte”.

Asi reza el portofolio de la empresa que ofrece las tierras al mejor postor. Por lo que se desprende de las denuncias, lo que Caribean Riviera llama “suerte”, otros lo definen como delito.

Entre 2006 y 2016, Max Van Rijswijk registró dieciseis sociedades anónimas y diecisiete fundaciones en Panamá. Carolina Carrizo es el agente residente en dicisiete de ellas. Carrizo estuvo en el directorio de la Fundación Ocean Oasis desde su creación, el 9 de enero de 2008, hasta el 29 de diciembre de 2015, fecha en que presentó su renuncia como agente residente y directiva.

Esa fundación, que preside Van Rijswijk, aparece en los Panamá Papers, la voluminosa documentación obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). La información está relacionada con una solicitud de la Fundación Ocean Oasis la adjudicación de un terreno. Fue el 20 de agosto de 2006 ante Reforma Agraria de la provincia de Colón.

Según consta en el Registro Público y en el Archivo nacional, entre 2008 y 2013, Van Rijswijk logró también apropiarse de cinco fincas en el distrito de Donoso, en la comunidad de Miguel de La Borda, que suman en total ciento diecisiete hectáreas. ¿Cuánto pagó por estas tierras? Poco más de 700 dólares. En este caso utilizó a sus abogados o prestanombres que lograron titular derechos posesorios, que luego se los cedieron a modo de donación a la Fundación Ocean Oasis, propiedad de Max Van Rijswijk, la misma que aparece en los Panama Papers.

Incluso, en 2008, logró traspasar a nombre de siete fundaciones, siete fincas cercanas a la carretera que hoy se construye por más de 569 hectáreas. Las adquirió por solo $3,834 dólares, a razón de 6 dólares la hectárea. Esas gestiones de traspaso se realizaron cuando contra estos inmuebles existía orden de secuestro por solicitud de la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General panameña, que eran objeto de investigación por titulaciones fraudulentas que afectó, y afecta, a decenas de familias entre Río Calovébora y Río Belén, al norte de Veraguas.

También intentaron abrir un fondo de inversión denominado  Panamá Land Fund, bajo la sociedad anónima  Crownland. La idea fue generar un stock de acciones con la tierra como respaldo para cotizar en bolsa. La Comisión Nacional de Valores les prohibió la promoción de ese fondo para proteger la seguridad de inversionistas.

Contactar a sus abogados es misión imposible. Las oficinas dónde funcionaban los bufetes están desocupadas. Como la de la licenciada Nelly Perez Arosemena en el edificio Pancanal de Albrook. Otra de sus representantes legales, Maria Gabriela Reyna Lopez, acaba de salir de prisión luego de haber sido detenida por blanqueo de capitales. Eugenia Espinoza Arias trabaja actualmente en el Municipio. Contactada sobre el caso prefirió no ser entrevistada. Todos ellos, en los últimos tiempos, renunciaron a seguir representando las sociedades. Por si fuera poco, Max Van Rijswijk está en disputa con viejos socios: en el juzgado 14 tiene llamamiento a juicio e impedimento de salida del país. A pesar de todo, Van Rijswijk se reivindica a si mismo como un empresario honesto. "Las personas que tienen tierras que valen cientos de miles de dólares si pueden leer y escribir, son personas que llegaron a mi oficina siempre con una persona de confianza. No compramos tierra de gente que no sabía que estaba vendiendo. Tampoco pagamos centavos el metro, pagamos bien en su época. Y cumplimos todos los acuerdos", se defiende Van Rijswijk.