El problema se agrava si se considera que de acuerdo con datos del Servicio de Aguas de la Ciudad de México, en general el 40% del agua potable que transita por los ductos del Valle de México se pierde en fugas. Muchas de estas son provocadas por la misma acción de los huachicoleros que perforan las cañerías.
Por lo anterior, en el Estado de México en mayo pasado se aprobó una reforma para tipificar con hasta ocho años de prisión el huachicoleo de agua. Pero esta reforma no aplica en el caso de la capital mexicana, en donde sólo se contemplan multas económicas.
De acuerdo con los datos de la Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México existen cinco casos concluidos de robo de agua, tanto de tomas domésticas como comerciales, registrados hasta septiembre pasado.
No obstante, al tratar de consultar los expedientes en el sistema público para este reportaje, no se pudo acceder a los mismos ya que la plataforma indica como inexistente el archivo. Al consultar de manera directa a las autoridades no se obtuvo respuesta hasta el cierre de este reportaje.
El Valle de México se encuentra desde hace tiempo en una crisis por la falta de agua. En la actualidad, según los registros de Conagua, se extraen el subsuelo del Valle 507 millones 230,340 metros cúbicos más del límite que permite un balance entre recargas y extracción.
Las respuestas de información de los municipios también revelaron que varias empresas han sido sorprendidas robando agua.
Uno de estos casos se presentó en el municipio de Lerma, en el Estado de México, en donde el Órgano Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, registró una toma clandestina en marzo de 2022, de una empresa ubicada en el Parque Industrial de la localidad. Al cuestionarse si se había interpuesto una denuncia sobre este hecho, la entidad afirmó que no tenía registro.
Según información entregada por el municipio de Tlayacapan, del Estado de Morelos, en 2021, las autoridades descubrieron que un hospital privado, llamado Horizonte, se robaba el agua para sus instalaciones a través de una toma ilegal.
En Mixquiahuala de Juárez, en Hidalgo, las autoridades municipales indicaron que durante el 2022 se han cancelado tomas ilegales de negocios establecidos como Tiendas Neto, un supermercado a nivel local.
En otros municipios como Salamanca, en el Estado de Guanajuato, tan sólo este 2022 las autoridades han descubierto 11 conexiones ilegales de negocios y dos industriales (fábricas).
Las respuestas dadas en las solicitudes de información revelan también que en muchas zonas del país hay una cifra negra de huachicoleo de agua ya que los organismos municipales, encargados del abastecimiento ciudadano del líquido vital, no llevan registros del tema.
Estos casos se concentran en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, en donde una gran cantidad de municipios respondieron que desconocían el fenómeno debido a la falta de recursos para realizar inspecciones o incluso por la ausencia de infraestructura de agua potable.
Hugo Rojas, exdirector de Aneas advierte que el 95% de los organismos operadores locales están en números rojos, es decir, que no cuentan con suficientes recursos económicos ni humanos para poder realizar este tipo de vigilancia.
“Es hasta que se hace un proceso más avanzado como la sectorización (identificación del robo de agua por colonias) es cuando se pueden detectar más fácil las tomas clandestinas en una colonia”, sostiene.
En resumen, si bien el huachicoleo de agua ha surgido como un ilícito nuevo muy rentable, su atención por parte de la mayoría de las autoridades, de los tres niveles de gobierno en México, aún no es una prioridad.
n el norte y centro de México, en donde el agua es cada vez más escasa, se ha creado un mercado negro que impacta la vida de miles de personas y que es controlado por los huachicoleros del agua: herederos del nombre y la técnica de los contrabandistas de combustibles. 
