El poder de las bandas
criminales

Parece una escena del otro mundo. Tres militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) escoltan a un hombre de civil, quien espera al final del Puente Internacional Unión para extorsionar a quienes llegan con alimentos desde Colombia al municipio de Boca de Grita, en el Estado Táchira.

Con el desabastecimiento de alimentos en Venezuela, por este paso internacional llegan diariamente entre 15.000 y 20.000 personas al municipio de Puerto Santander (Norte de Santander), procedentes de los estados Táchira, Mérida y Zulia. Todos pasan conscientes de que además de sus gastos, deben separar el dinero para pagar esta suerte de ‘impuesto al hambre’ a supuestas bandas criminales colombianas.

Ya habíamos intentado cruzar hacia Venezuela una vez, pero mientras renegamos de las filas y la alta temperatura advertimos que una mujer fue separada del camino por los uniformados venezolanos, revisados sus paquetes y antes de proseguir debió pagarle a un hombre de baja estatura, barriga generosa, gruesas cadenas que le cubren el cuello y una mochila en la que va depositando el ‘impuesto’.

Los estimativos de las autoridades venezolanas señalan que el 40 por ciento de los productos básicos que se encuentran bajo control de precios en ese país pasan de contrabando a Colombia y que buena parte de ellos terminan siendo comercializados en el municipio de Puerto Santander.

La explicación para que los mercados y almacenes estén abarrotados de productos con el sello de Precio de Venta al Público (PVP) registrado en bolívares y con el nombre y la bandera de ‘República Bolivariana de Venezuela’: es simple. En Colombia alcanzan hasta 20 y 30 veces su precio real.

Eso lo saben las bandas criminales y por eso su accionar no se limita a cobrar impuesto de ingreso a Venezuela. Comerciantes de Puerto Santander aseguran con un temor palpable que no solo ellos pagan extorsiones a estas bandas, también los contrabandistas, los vendedores formales e informales en ambos países y quienes se dedican al cambio de moneda.

Con el propósito de entender lo que está ocurriendo, decidimos entonces regresarnos hasta Puerto Santander para comprar productos de primera necesidad y tratar de saber lo que pasa con los uniformados.

Luego de terminar nuestro mercado exprés, preparamos todo para intentar grabar con una cámara oculta lo que ocurre al otro lado del puente, en la eventualidad de que los militares decidieran detenernos. En total llevamos cuatro paquetes con harina pan, azúcar, leche en polvo, arroz, elementos de aseo y un par de llantas de motocicleta que compró el guía para rehabilitar su moto, que completa dos meses parada por falta de cauchos.

Tan pronto el guía supo que el propósito es obtener imágenes, intenta persuadirnos de no hacerlo y advierte que si son esas las intenciones no está dispuesto a caminar cerca de nosotros por una cuestión de supervivencia. Que en ese caso él cruzaría antes o después de nosotros.

“¿Estás loco chico? Tú cree que alguien va a atreverse a grabar aquí donde los paramilitares tienen controlado todo. Si solo sacas un teléfono móvil y de inmediato se te ponen atrás para mirar si estás grabando o te leen los chats. Dicen que controlan hasta con cámaras”, advierte el hombre, en alusión a las bandas criminales.

Decidimos atravesar y uno de los dispositivos de grabación va encendido. Delante de nosotros caminan varias personas con paquetes similares y reducimos la marcha porque queremos saber exactamente lo que ocurre y de qué hablan los uniformados con la gente. Mientras las demás personas se alejan, nos quedamos en el puente viendo las lanchas que pasan de Venezuela a Colombia con víveres, ante los ojos de todo el mundo.

Poco después el camino está despejado y caminamos como condenados directo al paredón. Desde la distancia un soldado alto y lánguido nos ve venir y de inmediato se para de su silla, mientras el hombre de civil que los acompaña le quita el dinero a una mujer que lleva con orgullo una camiseta con los colores de la bandera de Venezuela.

Lo primero que pregunta el uniformado es cuánto pagamos por los productos que estamos pasando y alerta a una sargento de nombre ‘K. Martínez’ de que llevamos víveres. La suboficial nos mira fijo y con solo volver la mirada le cede el control de la situación al hombre de civil de baja estatura y barriga generosa.

Con una mirada intimidante, un par de cadenas doradas que le cubren el cuello y sin guardar el manojo de billetes que le acaba de entregar la última víctima, el hombre pregunta a dónde vamos y qué contienen los paquetes que traemos. Decide luego que para seguir, tenemos que darle dos mil bolívares por cada paquete, mientras los oficiales de la Guardia Nacional permanecen al lado nuestro como simples testigos notariales de la extorsión.

Por más de dos minutos contamos y recontamos los 80 billetes que habremos de entregarle para lograr la suma exigida. En este punto de la frontera es escaso el billete de altas denominaciones y todo gira en torno al de cien bolívares. Mientras tanto el hombre se pone de pie y los guardias se ubican a los lados como armando un cinturón de seguridad.

El guía y otras personas que han debido cancelar la extorsión en el puesto militar aseguran que la Guardia Nacional Bolivariana actúa junto a bandas criminales. Intentamos corrobar esa información con el Ministerio de Defensa de Venezuela, pero nunca obtuvimos respuesta.

Con ocho mil bolívares menos en el presupuesto, recogemos los paquetes para seguir el camino; mientras tanto ya los oficiales de la Guardia Nacional tienen retenida a la próxima víctima. Convencidos de que la situación había sido superada, continuamos el camino pero esta experiencia con los miembros de bandas criminales sobre el paso internacional estaba lejos de terminar.

Información de inteligencia recopilada por las autoridades colombianas señalan que a lo largo de la frontera y dentro del territorio venezolano operan las bandas criminales de El Clan del Golfo, como se conoce ahora al clan de Los Urabeños, y la banda criminal los Rastrojos.

El clan del Golfo es una organización delincuencial al mando de alias ‘Chulo’ e integrada por 104 hombres, según los reportes de Inteligencia Militar en Colombia. Su rango de acción va desde Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander y se extiende hasta el municipio venezolano de Guarumito, entre Colón y La Fría, en el estado Táchira.

Sobre el puente, dicen las autoridades, quienes operan a ambos lados de la frontera y suman ya una trayectoria larga de vínculos y coexistencia con la Guardia Nacional Bolivariana es la banda criminal Los Rastrojos, una organización que en esta zona está al mando de alias Necoclí.

Esta estructura de 83 hombres, que según fuentes de Inteligencia Militar en Colombia, habría ampliado su rango de acción reclutando a jóvenes venezolanos, tiene fuerte presencia en Puerto Santander (En los corregimientos de Banco de Arenas y Vigilancia) y los municipios venezolanos de Boca de Grita, García de Hevia y Orope, justo el sector donde nos encontramos.

Contra estas bandas criminales se han realizado 23 operaciones conjuntas de Ejército y Policía de Colombia en lo corrido de este año y se ha logrado la captura de 76 personas relacionadas con estas organizaciones y la incautación de 58 armas de fuego y 11 artefactos explosivos.

De lado venezolano las cifras no existen. El País intentó durante tres semanas hablar con el gobernador de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, pero la persona encargada de las comunicaciones se limitó a decir que “hay un manejo tendencioso de los medios colombianos hacia Venezuela” y que “ojalá las imágenes que obtuvieron no sean solo del ELN sino también de los paramilitares colombianos, que hay bastanticos por esta zona”.

“Preocupante la presencia de paramilitares colombianos que cruzan la frontera en ambos sentidos constantemente… contrabandeando gasolina, ganado, víveres, vacunado, sicariando, participando en las protestas opositoras, etc. Ojalá también hayan grabado eso”, respondió a través de mensajes la persona encargada de las comunicaciones en la Gobernación del estado Táchira.

Extorsión en dos actos

Cien metros más delante de donde hemos pagado la extorsión a las bandas criminales, ya en pleno centro de Boca de Grita, Táchira, no nos hemos percatado, pero dos hombres apostados junto al cuartel de la Policía aguardan nuestra llegada.

Desde unas sillas plásticas en plena calle principal nos hacen un llamado y el guía intenta explicarles que ya hemos pagado por el paso de los productos sobre el puente al hombre que se hace acompañar por la Guardia Nacional, pero es inútil.

“Si quiere vamos hasta el puente nuevamente para que veas que ya hemos pagado por estos paquetes”, insiste el guía frente a los hombres, quienes nos sorprenden aún más con su respuesta. “Lo que pagaron allá es para la Guardia y para el Seniat (entidad que recauda impuestos en Venezuela), lo que se paga aquí es lo de nosotros”, dice uno de los hombres recostados sobre una silla y quien se niega a decir a quién se refiere cuando habla de “nosotros”.

Se trata de una extorsión en dos actos y ahora los hombres nos exigen tres mil bolívares más para pasar con las bolsas; todos saben que la cifra no es negociable y que intentar evadir el pago es un pésimo negocio, advierte el guía dejando entrever que no hay opción.

Al revisar las imágenes nos damos cuenta que unos pasos más adelante de donde nos retuvo la Guardia Nacional, dos mujeres y un hombre con uniformes del servicio de aduanas de Venezuela Seniat, permanecían atentos a los movimientos del hombre de civil; asumimos que como auditando y registrando los pagos irregulares que se han hecho.

A la corrupción y complejidad de la zona se suman elementos nuevos, según autoridades militares en Colombia. El Clan del Golfo y Los Rastrojos están en proceso de fortalecimiento y han aumentado su pie de fuerza con la llegada de nuevos integrantes desde los departamentos de Chocó y Antioquia para fortalecerse en la lucha que sostienen ambas bandas criminales por control territorial y las economías ilegales.

La presencia de la banda Los Rastrojos en Venezuela no es nueva. En el 2008 fue asesinado en el estado Mérida su principal jefe, Wílber Varela, alias Jabón, quien creó esta organización al servicio del narcotráfico para enfrentar en el occidente colombiano a Diego Montoya, alias Don Diego, y su banda criminal Los Machos por las rutas de la droga.

También en el estado Barinas, lejos de la frontera con Colombia, fue capturado a mediados del 2012 a quien todos conocían como Don José, el dueño de una de las más grandes fincas arroceras del estado donde nació el expresidente Hugo Chávez.

Se trataba en realidad de Diego Henao, alias Diego Rastrojo, quien confesó ser el asesino de su antiguo jefe, Wílber Varela, y habló durante su juicio de dos cumbres de narcotraficantes que se hicieron en Barinas junto a Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, Daniel 'El Loco' Barrera y Juan Carlos Rivera, alias 06.

Las propias autoridades venezolanas han asegurado que tienen registrada la presencia de decenas de paramilitares colombianos en los estados Táchira, Zulia, Apure, Barinas y Mérida, actuando como parte de economías criminales como el contrabando, el tráfico de drogas, la extorsión, el tráfico de armas y el paso de combustible.

Basta con dar un vistazo a los boletines de prensa de la Fiscalía de Venezuela para darse cuenta que en las pocas acciones en las que se han registrado capturas contra bandas criminales están también involucrados miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB.

Pero toda acción tiene su efecto y una de esas consecuencias es el actual cierre de la frontera ordenado desde Caracas, a raíz de un supuesto ataque de paramilitares colombianos contra tres oficiales del Ejército de Venezuela, según el presidente Nicolás Maduro.

Ocurrió el 19 de agosto del 2015, cuando tres integrantes del Ejército Bolivariano fueron emboscados y heridos por supuestos paramilitares. Sin embargo, el exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Diego Arria aseguró tras refugiarse en España que el hecho que llevó al cierre de la frontera fue un ajuste de cuentas entre la Guardia Nacional y el Ejército venezolano.

Según explicó Arria a los medios, los militares heridos habían detenido días atrás una camioneta que conducían dos agentes de la Guardia Nacional, quienes se negaron a una requisa y pidieron la presencia de un fiscal. Horas después, ante un delegado del Ministerio Público, fue abierta la camioneta y en su interior se hallaron drogas, 47 millones de bolívares y 3 millones de dólares.

En su momento Arria aseguró que el ataque perpetrado contra los uniformados fue una vendetta por el narcotráfico y el control del tráfico de gasolina.

“El trabajo sucio de la Guardia Nacional Bolivariana en este punto de la geografía venezolana la realizan los paramilitares colombianos. No es gratuito que el cerebro de la estructura criminal Los Rastrojos, con quienes hoy comparte escenario la Guardia Nacional Bolivariana haya sido asesinado en Mérida; el señor se movía sin problemas por las zonas controladas por la Guardia”, dijo un analista venezolano quien pidió no revelar su identidad.

“Son manzanas podridas, actuaciones individuales”, aseguró hace pocas semanas el general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa venezolano, tras una operación antinarcóticos que dejó al descubierto que varios uniformados actuaban de lado de carteles de droga colombianos.

Sin embargo, las imágenes logradas por El País durante este viaje al corazón del contrabando y la ilegalidad en Venezuela, revelan que se está pudriendo todo el bulto.