Compañías extranjeras y locales cercanas al entorno de Nicolás Maduro fueron las mayores ganadoras de un gran plan de construcción de gimnasios deportivos desarrollado por el gobernante. A la cabeza de uno de los millonarios contratos está Álex Saab, un empresario colombiano sancionado por Estados Unidos, que ha sido señalado también como testaferro de Maduro. Las comunidades donde se suponía que bajaría la delincuencia gracias al fomento de la práctica masiva del deporte han obtenido un mínimo beneficio. El Pitazo visitó 50 espacios en 15 estados de Venezuela para seguir la pista del proyecto deportivo de Maduro que nunca concretó sus objetivos

Dos empresas, una colombiana y otra panameña, ambas investigadas por corrupción y lavado de activos en sus países y en otras naciones, recibieron en 2013 un contrato de 420 millones de dólares del gobierno recién estrenado de Nicolás Maduro para construir una red de 50 gimnasios deportivos en barrios pobres de Venezuela. Entre los accionistas de las compañías involucradas en el negocio figura Álex Saab, un empresario sancionado por Estados Unidos por vender con sobreprecio comida de mala calidad a Venezuela, y quien también ha sido señalado de ser el testaferro del presidente venezolano.

Aunque la edificación de los Centros Deportivos y Culturales de Paz, como fueron denominados inicialmente, planteaba como objetivo estimular la práctica masiva del deporte en niños y jóvenes para llevar paz a comunidades populares atribuladas por el delito —en uno de los países más peligrosos del mundo—, la realidad es que el proyecto ha beneficiado más a la red de empresas involucradas que a las comunidades seleccionadas.

El equipo reporteros de El Pitazo, en alianza con la plataforma latinoamericana de periodismo Connectas y con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), siguió la pista del proyecto en los 15 estados que se verían beneficiados. El equipo periodístico comprobó que, tras seis años del inicio de la obra, el Estado no solo ha incumplido con el objetivo social original que justificó la erogación de recursos millonarios, sino que también ha fallado en la construcción de las instalaciones.

En el despliegue nacional se constató que 13 centros deportivos no funcionan. De estos, 12 fueron edificados pero están clausurados con puntos de soldadura y uno es solamente un terreno baldío, donde la maleza se come las estructuras amontonadas. Especialistas consultados por El Pitazo para este trabajo coinciden en que el terreno de estos 13 gimnasios no estaba apto para su construcción. Los 37 concluidos ya presentan defectos de mantenimiento pese a su corta vida; dos de ellos sufrieron daños en su estructura durante un temblor en agosto de 2018, pero fueron reabiertos sin haber sido restaurados.

En 36 de esas instalaciones se practica deporte, pero en precarias condiciones para los usuarios que distan de las que fueron ofrecidas y de lo que se anticipaba, dados los millonarios fondos que fueron destinados al proyecto. En nueve gimnasios se practican apenas cinco deportes, cuando se prometieron 15 por instalación, en 14 no hay personal calificado para atender a los usuarios y en las visitas se constató casi nula actividad de clubes comunitarios infantiles o juveniles. El uso proselitista de los recintos supera al uso deportivo. Los gimnasios verticales apenas reciben jóvenes deportistas, porque su función inicial fue alterada por decreto presidencial y los centros fueron convertidos en Grandes Bases de Misiones, sedes de los decaídos programas sociales gestionados por simpatizantes del partido de gobierno.

La averiguación permitió establecer además que el presupuesto de las obras triplicó los precios de referencia para instalaciones prefabricadas, como las que se escogieron. Las constructoras seleccionadas, principales beneficiarias del millonario proyecto, forman parte de la lista de contratistas que gozan de mayor confianza en el Palacio de Miraflores, y se apoyaron en una red de empresas locales, hasta ahora nunca retratada, que sirvió en Venezuela como engranaje.

La investigación también confirmó que el proyecto de los llamados gimnasios verticales tiene marcada, como pocas iniciativas, la huella del entorno más cercano a Maduro. Los funcionarios que escogieron a los proveedores, que supervisaron el desarrollo de las obras y que se responsabilizaron por su conservación, forman parte de organismos públicos que dependen directamente del despacho presidencial o son designados de manera exclusiva por el gobernante: la lista incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, así como a un hijo de ella.

Así, mientras empresas y empresarios reciben ganancias todavía con el proyecto, que ha sido adaptado al antojo de las necesidades políticas y electorales del gobierno, cientos de deportistas, como Timothy en el estado Bolívar y Mariana en Vargas, se quedaron esperanzados en la construcción de un gimnasio que nunca se inauguró; y entrenadores como Nelson Hernández en Falcón o Eduard Bermúdez en Zulia, intentan trabajar con condiciones laborales que, contrario a favorecer la práctica deportiva, la limitan. Todos se sienten defraudados y a la espera de instalaciones seguras, en buen estado y con condiciones adecuadas para practicar o enseñar el deporte que tanto aman.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo


Los Perfiles

  • Funcionarios del gobierno
  • Empresas y empresarios
  • Instituciones del Estado

Créditos

Único medio digital venezolano con presencia en los 24 estados, gracias a un amplio equipo de corresponsales comprometidos con la verdad. Dirigido por César Batiz, difunde su contenido por 11 canales: web, radio, mensajes de texto, WhatsApp, las redes sociales, el boletín informativo, el cine de calle y el perifoneo.
  • Coordinación general, investigación y edición
  • Johanna Osorio Herrera
  • Nadeska Noriega Ávila
  • Reportería
  • Johanna Osorio Herrera
  • Nadeska Noriega Ávila
  • Patzzy Salazar
  • Daniel Benítez
  • Liz Gascón
  • Armando Altuve
  • Alfredo Morales
  • José Leonardo Barreto
  • Ruth Lara Castillo
  • Gladylis Flores
  • Irene Revilla
  • Jesymar Añez
  • Joanne Gonzalez
  • Lidk Rodelo
  • Rossana Batistelli
  • Lisbeth Miquilena
  • María Gabriela Dannieri
  • María Fernanda Rodríguez
  • Mariana Duque
  • Mayreth Casanova
  • Nataly Angulo
  • Yesenia García
  • Diseño e infografía
  • Elsy Torres
  • Jhasua Quintero
  • Antonio Ramón Hernández
  • Christopher Colmenarez
  • Desarrollo web
  • Eduardo Mota García
  • Fotografía y video
  • Alma Ariza
  • Yaikel Dorta
  • Alexis Navarro
  • Ronald Peña
  • Francisco Touceiro
  • Cruz Alejandro Sojo
  • Administración y logística
  • Ricardo González
  • Mailyn Zambrano
  • Aslibert Arcano
  • Isabella Micaechioni
  • José Paredes
  • Acompañamiento editorial
  • David González

Se autoriza la reproducción total o parcial siempre y cuando se cite la fuente como: Investigación #FraudeVertical, y se haga en el contexto apropiado según el contenido y enlazando a este multimedia.

PISO 1

DEPORTE Y PAZ
con sobreprecio

El gobierno de Nicolás Maduro presupuestó 8,4 millones de dólares para la construcción de cada gimnasio vertical, un total de 420 millones de dólares por los 50 recintos que contemplaba todo el proyecto. El monto triplica los precios de referencia. El Pitazo tuvo acceso a baremos de construcción avalados por el Instituto de Costos del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), los consultó con especialistas en construcción de estructuras deportivas similares, y comparó con otras erogaciones públicas hechas por gobiernos municipales para desarrollar gimnasios verticales en el Área Metropolitana de Caracas. Según los datos recopilados y las fuentes consultadas, con el dinero destinado para 50 gimnasios se pudieron construir entre 140 y 168 edificaciones similares.

Para la construcción de 30 gimnasios verticales, FundaPropatria aprobó recursos a la empresa colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas por un monto de 1.583 millones de bolívares, de acuerdo con el contrato entre ambos entes, firmado el 1° de octubre de 2013. En el documento, difundido por el portal Armando.info en un reportaje previo sobre los CDC, se estipula que la cifra sería cancelada de manera mixta: un pago de 60 millones de dólares y el resto de la cifra en bolívares.

Idéntica negociación se hizo con la empresa panameña Landscape Vision Corporation S.A. (Lavincorp S.A.), pero para la construcción de 20 gimnasios verticales, donde la inversión total fue de 1.058 millones de bolívares, según documentos mostrados a El Pitazo por una fuente cercana a FundaPropatria. En este caso, el pago también fue mixto: 40 millones de dólares y el resto en bolívares. Ambos indican en sus cláusulas, además, que los recursos para cumplir con este acuerdo provendrían del Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden), una entidad creada en 2005 por el gobierno de Venezuela para administrar las ganancias de la renta petrolera, manejado a discrecionalidad de la Presidencia de la República, en este caso, bajo las órdenes de Nicolás Maduro.

En los contratos se estipula que la tasa de cambio usada para la conversión de dólares a bolívares sería de 6,2842 bolívares por dólar, por ser este el cambio oficial para la fecha, según en Banco Central de Venezuela (BCV). El monto total en moneda local de ambos contratos fue de 2.641 millones de bolívares: un total de 420 millones de dólares, según la tasa indicada en documentos oficiales. Aunque el uso de arquitectura modular y de estructuras metálicas otorga dos características: economía y simplicidad, ninguna de las dos se aplicó para la construcción del proyecto de los CDC de Paz.

Las estructuras levantadas, tanto por el Consorcio Estructuras Metálicas Modernas como por Lavincorp S.A., son parecidas: se trata de un edificio aporticado, con base de estructura metálica, fundaciones tipo zapata y seis niveles de 840 m2 cada uno. La construcción utiliza vigas y columnas de acero, losas, láminas microperforadas para la fachada y divisiones modulares con aislamiento.

De acuerdo con el baremo 2018-2019 del Instituto de Costos del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), que es emitido anualmente como referencia para cualquier constructor y contratista en materia de obras civiles, el metro cuadrado de construcción de este tipo de proyectos arquitectónicos tiene un costo estimado de 500 dólares por m2. Al hacer el cálculo, con base en el metraje de cada gimnasio vertical (5.040m2), se determina que cada recinto podría costar entre 2,5 y 3 millones de dólares, como tope máximo para su ejecución; es decir, 50 estructuras costarían en 2019 entre 125 y 150 millones de dólares, no 420 millones. La edificación de los CDC de Paz ameritaría hoy apenas un tercio del monto aprobado por el gobierno en 2013.

El cálculo por metro cuadrado hecho por el CIV es superior al que se requeriría en un país con una economía estable, pues este instituto considera, además, el contexto hiperinflacionario venezolano, donde, hasta septiembre de 2019, la inflación acumulada anual era de 2.674%, según cálculos de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. En contraste, durante todo el año 2013, año de aprobación del presupuesto, la inflación acumulada fue de 56,2%, según el BCV.

“Estos modelos de gimnasios verticales parten de una premisa: costos accesibles y rápido ensamblaje. Por el tipo de material utilizado, y el nivel de cualificación del personal para hacer el montaje de una edificación de 5.040 metros, se hace un cálculo promedio de la inversión, que efectivamente está muy por debajo de ocho millones de dólares por gimnasio vertical”, explica el arquitecto especialista en desarrollo urbano David Viloria.

Un proyecto similar, por estructura y fecha de construcción, se ejecutó en Venezuela en 2013: la construcción del gimnasio vertical El Dorado, ubicado en Petare, y ejecutado por la alcaldía opositora del municipio Sucre. La obra, de 7.000 metros cuadrados, tuvo un costo estimado de 32 millones de bolívares, un promedio de cinco millones de dólares para la fecha, según la tasa de cambio oficial (la misma usada para los CDC de Paz). Si se calcula su precio de acuerdo con su extensión, cada metro cuadrado de este recinto costó alrededor de 714 dólares, un monto cercano al establecido por el el baremo del Instituto de Costos del CIV, menos de la mitad de lo destinado (aproximadamente 1.600 dólares) por metro cuadrado para los gimnasios verticales de Maduro.

A pesar de todos estos bemoles, el gobierno venezolano avaló el diseño presentado con una petición común a ambos contratistas en el diseño del exterior: la bandera de Venezuela identificaría a los los edificios que darían paz y seguridad a las zonas populares a través del deporte.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo

PISO 2

¿QUÉ SE HIZO
con el dinero?

“El gobierno del presidente Nicolás Maduro está cumpliéndole al pueblo de Vargas. Se asumió la construcción de un tremendo gimnasio y aquí está. Se está construyendo maraca de obra para beneficio de todos los varguenses”, declaraba en marzo de 2014 el coronel José Manuel Suárez, presidente del Instituto de Infraestructura de Vargas y secretario de gobierno del gobernador Jorge García Carneiro, en una visita de inspección al CDC de Paz que se edificaba en El Cardonal, en la parroquia La Guaira. Ese mismo día, prometió que el recinto estaría listo en junio de ese año. Hoy, sin embargo, el gimnasio vertical de El Cardonal permanece cerrado y abandonado.

Aunque el tiempo estimado de construcción de los gimnasios era de 18 meses, y debían estar concluidos a mediados de 2015, esto no sucedió. Como este gimnasio varguense hay 12 más en otros cinco estados del país, de acuerdo con la investigación realizada por El Pitazo en 15 entidades. De los restantes, uno no se edificó y 37 funcionan pero no ofrecen los servicios prometidos por el Estado y presentan fallas de mantenimiento.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo

“Es insólito que un proyecto público de este tipo se construya sin ninguna consideración sobre el terreno”.

Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, quien es investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard

De acuerdo con ingenieros y obreros involucrados en la obra consultados por El Pitazo, que prefieren reservar su nombre, el factor común entre el gimnasio que no se construyó en el estado Bolívar y los que quedaron como cascarones vacíos en Caracas, Vargas, Miranda, Falcón, Zulia y Táchira es que los terrenos no eran aptos para estas construcciones. Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard, toma como muestra dos de los gimnasios verticales que fueron abandonados en el estado Vargas, en la costa venezolana, y evalúa su situación. “En el caso del CDC de Paz ubicado en el sector El Cardonal en la avenida Soublette de La Guaira, es evidente que está muy cercano a la playa. Por el otro lado tenemos el levantado en el sector de Mamo, en Catia La Mar, al oeste del mismo estado, levantado en una zona de riesgo de vaguada, en el cono de deyección del río Marapa-Mamo. En estos dos casos es obvio que ante una crecida de agua, un mar de fondo, unas lluvias extraordinarias, que todos los indicadores ambientales dicen que pueden ocurrir, ese edificio va a terminar afectado. Es insólito que un proyecto público de este tipo se construya allí sin ninguna consideración. Estamos hablando de terrenos que, simplemente, escogieron porque estaban disponibles, sin ningún análisis o estudio ambiental”, afirma el experto.

La situación de este último recinto es de especial importancia, debido a la Tragedia de Vargas, como se le conoce al conjunto de deslaves e inundaciones ocasionados por una vaguada registrada los días 15 y 16 de diciembre de 1999, y que es considerada uno de los peores desastres naturales registrados en América Latina. Tras estos sucesos, algunos terrenos fueron declarados inhabitables y zonas de riesgo, entre ellos el espacio en Marapa-Mamo que doce años después fue utilizado para levantar uno de los gimnasios verticales de la entidad costera. Cardona es categórico al respecto, y al evaluar el proyecto y su inversión. “Los gimnasios verticales no pasarían un examen de diseño básico en ninguna universidad. Son edificaciones tan pobres que no se puede llamar arquitectura y es una ofensa que un Estado invierta dinero público en un edificio tan precariamente diseñado”.

A la selección inadecuada de terrenos se le suman las promesas fallidas de culminación de los gimnasios verticales. En junio de 2019, el secretario Ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander “Mimou” Vargas, aseguró que los 13 gimnasios verticales pendientes estarían culminados y operativos antes de concluir el año, pero El Pitazo verificó, entre agosto y octubre, que no había obreros ni maquinarias trabajando en ninguno de ellos.

Las incongruencias en la ejecución del proyecto alcanzan también a los recintos que funcionan. Aunque el proyecto prometió, además del fomento de la actividad deportiva, brindar espacios de fisioterapia para ancianos, el equipo de reporteros de El Pitazo comprobó, en su recorrido por los 15 estados que serían beneficiados, que en 89% de los gimnasios culminados no existen rampas de acceso para personas en silla de ruedas. Aunque las estructuras tienen cinco pisos y, por lo tanto, requieren ascensores, los elevadores de 28 de los 37 gimnasios no funcionan, por causas prevenibles, y en 19% de los recintos las escaleras presentan daños que atentan contra la seguridad del público, como desprendimiento de material antirresbalante, ausencia de pasamanos y hasta óxido.

Además, tras seis años del inicio del proyecto, y pese a la constante inyección de recursos por parte del Estado, 81% de los gimnasios construidos presentan daños o deterioro en el mobiliario. El Pitazo constató que, desde cestas de básquet dañadas y rings de boxeo descuidados, hasta espacios cubiertos de óxido, reciben cada día a los usuarios de 30 de los 37 recintos que funcionan en la actualidad. Como en todo el país, los precarios servicios públicos hacen también mella las coloridas estructuras: 38% gimnasios terminados presentan fallas graves en el suministro de agua, 49% no ofrecen tampoco agua potable para los usuarios. En 14 de los 37 recintos no funcionan las duchas, necesarias en recintos deportivos, y nueve no tienen vestuarios disponibles. Los baños también presentan inconvenientes importantes, pues en 14% gimnasios terminados no existen sanitarios habilitados para los usuarios, y en los que sí hay, al menos 10 no estaban aptos para su uso, hecho constatado durante la reportería de El Pitazo.

Más allá del descuido que se ha hecho cotidiano, los gimnasios también han sido desnudados por eventos imprevistos, como el temblor registrado en Venezuela en agosto de 2018, que ocasionó daños estructurales a dos de estos recintos, agravados por el uso de materiales precarios, de acuerdo con el coordinador de uno de los gimnasios.

Mario Vásquez era uno de los usuarios del gimnasio vertical de Caripe, al norte de Monagas, un estado ubicado al oriente de Venezuela, la tarde del 21 de agosto de 2018. En medio de la actividad física, el edificio comenzó a estremecerse. Alguien gritó: “está temblando” y todo se volvió un caos. La estructura metálica prefabricada danzaba impulsada por el movimiento telúrico, que alcanzó una magnitud de 6,9, con una duración de 2 minutos con 20 segundos, y cuyo epicentro estuvo focalizado en el estado Sucre, vecino inmediato de Monagas. Vásquez recuerda la locura para salir por la estrecha escalera, la falta de señalización y la sensación absoluta de inestabilidad.

“Después del temblor se veían fisuras en las paredes, grietas en el techo y cerámicas descuadradas. En octubre de 2018 se ordenó el cierre. La orden fue emitida por la Vicepresidencia de la República. Esa fue la información que dieron en el gimnasio los del Movimiento por la Paz y la Vida. Dijeron que lo inspeccionarían y repararían”, recuerda Vásquez. Lo mismo que ocurrió en Caripe, pasó en el estado Sucre, en el gimnasio vertical de Carúpano, donde los baños colapsaron, se fracturaron las cerámicas y el porcelanato y las conexiones de agua se dañaron. Pero en este caso quien ordenó el cierre del recinto fue Alexander Vargas, viceministro de la Promoción Deportiva, viceministro de Asuntos para la Paz y máximo vocero del Movimiento por la Paz y la Vida, que tiene bajo su tutela los gimnasios verticales.

Ambas estructuras, que fueron construidas por la empresa Landscape Vision Corporation (Lavincorp), de acuerdo con el contrato suscrito con la Fundación Propatria 2000, se vieron afectadas por el movimiento telúrico.

En 2018, El Pitazo entrevistó al director del gimnasio de Carúpano para la fecha del temblor, Rafael Ramírez, quien aseguró que los daños observados tras el terremoto se debieron al uso de materiales de mala calidad. “Como la obra está en garantía se procedió a dar la información a Caracas, para que la empresa matriz tome los correctivos”, afirmó en esa oportunidad. Transcurrieron ocho meses y ninguna intervención o mejora se hizo en los gimnasios verticales de Caripe (Monagas) y de Carúpano (Sucre). Sin embargo, el lunes 20 de mayo del 2019, se volvieron a abrir las puertas de ambas estructuras. Tanto en Caripe, como en Carúpano, los trabajadores adscritos a las llamadas Grandes Bases de Misiones de Paz, quisieron realizar trabajos menores para devolverle la vida a los gimnasios, pero se les indicó que no podían, que los trabajos deberían ser hechos por la contratista que sería enviada desde la Fundación Propatria 2000, ubicada en Caracas. Esta empresa y las inspecciones anunciadas no llegaron.

PISO 3

CONSTRUIR
en familia

Pocos proyectos han sido manejados tan de cerca por el entorno de Nicolás Maduro como el de los gimnasios verticales. En apenas año y medio —primero como vicepresidente y luego como presidente—, el mandatario designó, directamente o a través de su despacho, a cuatro directivos de la Fundación Propatria 2000, incluyendo a uno de sus hijastros. Estos funcionarios estuvieron involucrados en el llamado a licitación, la selección de las empresas y la supervisión del proyecto. También encargó a su esposa y a sus hijos de la promoción pública de la obra.

FundaPropatria ha sido desde su creación, por Hugo Chávez en el año 2000, un gran centro de ejecución y supervisión de obras públicas y, por lo tanto, destino de altos montos de dinero del Estado. El propio Maduro tomó medidas para ponerlo bajo su control, incluso antes de ser electo Presidente de Venezuela.

Los movimientos comenzaron en noviembre de 2012. FundaPropatria había sido adscrita por Chávez a la Vicepresidencia Ejecutiva en octubre de 2010, y en octubre de 2012 Maduro fue puesto a la cabeza de ese despacho. Tras un mes de asumir el cargo de vicepresidente y como una de sus primeras acciones, Maduro designó el 2 de noviembre al sobrino de Cilia Flores, Carlos Erick Malpica Flores, como uno de los cuatro directores principales de FundaPropatria. El 20 diciembre de 2012, removió también a la presidenta de la fundación, para designar en su lugar a Daniel Tascón, hermano del fallecido diputado del PSUV, Luis Tascón.

El 2 de abril de 2013, un mes después de la muerte de Chávez, y ahora desde el puesto de presidente encargado, Maduro tomó una decisión previa a las elecciones presidenciales que se realizaron el 14 de abril: adscribió a la Fundación Propatria 2000 al Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el ministerio más cercano al presidente, dirigido entonces por la vicealmirante Carmen Meléndez.

Tras ser electo presidente, y ahora en el completo poder de sus facultades, Maduro aprobó, ese mismo año, la ejecución uno de sus más millonarios proyectos: la construcción de 50 gimnasios deportivos en toda Venezuela, con Tascón al mando, y siempre bajo la mirada del Despacho de la Presidencia. La obra, a su vez, fue promovida por el Movimiento por la Paz y la Vida, programa social creado por Maduro para su campaña presidencial y dirigido por Cilia Flores, su esposa, con la participación de los hijos de ambos.

Figuras del entorno presidencial se involucraron aún más con el desarrollo del proyecto. El 1° de octubre se anunció la sustitución de Daniel Tascón por Ilich Lárez Brito, un funcionario cercano a la familia presidencial. Y apenas siete meses después, el 6 de mayo de 2014, Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de la ahora primera dama, quedó encargado del millonario proyecto, tras ser designado nuevo presidente de FundaPropatria.

En el entorno Maduro-Flores otorgar cargos a familiares ha sido una práctica común. Cilia Flores ya había sido acusada de nepotismo en 2008, cuando otorgó cargos a 42 familiares en la Asamblea Nacional, mientras fue su presidenta, entre los años 2006 y 2011.

Así, bajo las presidencias de Daniel Tascón, Ilich Lárez Brito y Walter Jacob Gavidia Flores, FundaPropatria aprobó, impulsó y realizó los pagos para la construcción de 50 gimnasios verticales, por 420 millones de dólares, con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), la más importante partida extrapresupuestaria del Estado venezolano para impulsar proyectos estratégicos, alimentada por la bonanza petrolera. Mientras, en las gobernaciones de los estados beneficiados figuraban funcionarios como Tareck El Aissami, Aristóbulo Istúriz, Carlos Mata Figueroa, Jorge García Carneiro, Henry Rangel Silva u Omar Prieto, entre otros políticos cercanos al despacho presidencial.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo

De acuerdo con documentos obtenidos por El Pitazo, la licitación de los gimnasios verticales se hizo a través de un Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente. Esta modalidad, según el artículo 29 de la Ley de Contrataciones Públicas, no exige que los interesados en participar estén inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y, por lo tanto, tampoco a las empresas que subcontraten (pues no figuran en el contrato, una vez firmado).

El Concurso Internacional Abierto procede, generalmente, para la ejecución de obras o proyectos de gran magnitud (mayores a 50.000 Unidades Tributarias para la época), o cuando es necesario buscar en otros lugares proveedores de bienes y servicios que no pueden obtenerse en el país. Si bien, para 2013, la inversión superó las 50.000 UT, en Venezuela sí existían proveedores aptos para la edificación de los gimnasios. Los recintos deportivos de Chacao, Petare y Baruta —de similar estructura y construidos por alcaldes de oposición— así lo demuestran. Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, confirma esta premisa. “Esta es una estructura básica. En estructuras metálicas hay dos tipos de conexión de los elementos, como columnas y vigas. Uno de ellos es soldados y el otro apernados, es decir usan pernos (tornillos), para garantizar sus uniones. En Venezuela, hay muchos edificios que se han hecho con estructuras apernadas haciendo uso de tecnología local. No estamos hablando de una estructura sofisticada. No había ninguna razón para llamar a una licitación internacional para este tipo de construcción, pues muy bien pudo haber sido construida con tecnología local y empresas nacionales”, explica el también investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard.

“No había ninguna razón para llamar a una licitación internacional para este tipo de construcción, pues muy bien pudo haber sido construida con tecnología local y empresas nacionales”.

Ignacio Cardona, arquitecto y diseñador urbano venezolano, quien es investigador y candidato doctoral de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard

Esta innecesaria modalidad de concurso restó entonces un obstáculo para las empresas y para el Estado. La pugna para conseguir el contrato de los gimnasios verticales no fue difícil para los empresarios cercanos al gobierno. La edificación fue asignada en un tiempo expedito a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, para 30 gimnasios verticales, ubicados en los estados Táchira (4), Mérida (3), Trujillo (2), Falcón (2), Zulia (7), Vargas (3), Miranda (3) y Distrito Capital (6); así como a Landscape Vision Corporation (Lavincorp C.A.), quien ejecutaría el levantamiento de 20 gimnasios verticales ubicados en los estados Carabobo (5), Aragua (5), Nueva Esparta (2), Monagas (3), Sucre (2), Anzoátegui (2) y Bolívar (1).

Las ofertas para el concurso fueron recibidas el 11 de septiembre, en el Fuerte Tiuna, y la adjudicación, para la que se tenían 26 días, se hizo en apenas 13.

De acuerdo con la Ley de Contrataciones Públicas, tras la consignación de las ofertas, FundaPropatria debió cumplir con cuatro pasos obligatorios: Determinar si las empresas interesadas se encontraban calificadas para contratar (legal, técnica y financieramente). En caso afirmativo, debían proceder a evaluar dichas ofertas. Luego, adjudicar el contrato a la empresa ganadora y, finalmente, firmar el contrato. Para este proceso, la ley establece un lapso máximo de 26 días hábiles, que pueden, sin embargo, acortarse.

Para las contrataciones para los gimnasios verticales, la adjudicación de las obras se realizó en la mitad del tiempo estimado. Aunque el proceso no carece de legalidad sí es inusual para especialistas en la materia. “Este tipo de procesos requiere un tiempo prudencial para la evaluación legal, técnica y financiera, no sólo de las empresas que participan, sino también de las ofertas. Esto unido al tiempo para notificar a las empresas los resultados y que la empresa ganadora presente garantías luego de ser adjudicadas, hace difícil que en sólo 13 días hábiles puedan ser cabalmente efectuadas, pero legalmente es posible”, explica Mildred Rojas, representante de Estrategia Jurídica de la organización venezolana Transparencia Venezuela.

Pese a que los contratos estipulaban que las obras serían concluidas para finales de 2014, las erogaciones por concepto de los mismos se extendieron. De acuerdo con datos aportados por la periodista Sebastiana Barráez, en 2015 se aprobaron valuaciones adicionales al Consorcio Estructuras Metálicas por 17,1 millones de dólares y 17,3 millones de bolívares; en la misma fecha se aprobaron valuaciones por 13,1 millones de dólares y 5,2 millones de bolívares a la empresa Landscape Vision Corporation (Lavincorp). Bárraez aseguró que para el mismo proyecto se estudiaban valuaciones para la adquisición e instalación de equipos y mobiliario para 20 gimnasios de paz, a través de Bandes, por 14 millones 40 mil 474 dólares.

Otros documentos demuestran además que Fondo Global de Construcción tuvo participación en el proyecto, a través de Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, compañía de su propiedad. Fondo Global es una empresa colombiana que para el momento del contrato era investigada por lavado de dinero en Ecuador. Con ese nombre hizo bastante notoria su participación en el proyecto de los gimnasios verticales a través de videos, pese a no aparecer con la denominación Fondo Global en el contrato firmado por el Estado para la ejecución de la obra. La otra empresa, Landscape, también tenía abierta investigaciones por corrupción en Panamá, su país de origen.

PISO 4

LAS EMPRESAS FAVORITAS
del Presidente

Dos empresas fueron escogidas para construir los gimnasios verticales de Maduro, junto a subcontratadas locales. La primera de ellas fue la empresa colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios; y la segunda la empresa panameña Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20.

Consorcio Estructuras Metálicas Modernas es una compañía propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano señalado por la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, como testaferro de Maduro. Ha sido acusado además de liderar un esquema ilegal de importación de alimentos hacia Venezuela, de mala calidad y con sobreprecio, para su distribución a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, como han documentado investigaciones del portal Armando.Info. En conexión con el caso, los hijastros de Nicolás Maduro: Walter, Yossel y Yoswal Gavidia Flores, fueron sancionados junto a Saab en julio de 2019, por el Departamento del Tesoro estadounidense, por “facilitar el pago de sobornos y comisiones ilegales necesarios para obtener contratos gubernamentales”, además de recibir ellos mismos sobornos de Saab, de acuerdo con el comunicado emitido por el ente norteamericano.

Para 2013, cuando Maduro anunció la construcción de los Centros Deportivos y Culturales de Paz, ya Fondo Global de Construcción había establecido su primer contrato con el Estado venezolano, el 29 de noviembre de 2011, para la constitución e instalación de kits para la construcción de viviendas prefabricadas, como parte de la ejecución del proyecto Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuatro meses después, el 2 de marzo de 2012, la compañía colombiana registró una sucursal en Venezuela.

Tras el anuncio presidencial del nuevo proyecto deportivo, notas de prensa emitidas por FundaPropatria informaron sobre la selección de la empresa Fondo Global de Construcción, alegando que la compañía tenía “la experiencia y rapidez en construcción con estructuras prefabricadas”. Pero, a pesar de este notorio hecho comunicacional, el contrato de los gimnasios verticales fue finalmente suscrito con Consorcio Estructuras Metálicas Modernas.

Para el momento de la contratación de los gimnasios verticales la empresa Fondo Global de Construcción estaba siendo investigada en Ecuador por lavado de dinero relacionado con la Misión Vivienda. El esquema corrupto, de acuerdo con investigaciones, se concretaba través de la simulación de importación de productos desde la filial de la empresa en Ecuador hacia la sucursal venezolana, con el objetivo de obtener dólares preferenciales en Venezuela, por medio de empresas ficticias. La suma por lavado de activos, provenientes del sistema de pago Sucre, ascendió a 159 millones de dólares sustraídos de Venezuela. Después de tres años, una jueza determinó que los indicios presentados por la Fiscalía eran insuficientes para llamar a juicio a los cuatro involucrados en el caso, entre ellos Álvaro Pulido, socio de Saab. La decisión fue apelada, pero la misma jueza declaró la apelación improcedente. Se atribuyó esta decisión a que el hermano de uno de los acusados había sido guardaespaldas del presidente Rafael Correa y asesor del Ministerio del Interior entre octubre del 2012 y marzo del 2014, mientras se desarrollaba el juicio.

“Hubo una orden de arriba de poner bajo perfil a Fondo Global de Construcción, fue por ello que al final el contrato de los gimnasios fue dividido, y Álex Saab y Álvaro Pulido (su socio) consiguieron otra firma (Consorcio Estructuras Metálicas), para hacerse de ese contrato”, asegura una fuente relacionada con la Fundación Propatria 2000, que solicita la protección de su identidad, por temor a represalias. De acuerdo con esta fuente, las precauciones tomadas por el Estado venezolano para ocultar a Fondo Global de Construcción como contratista, pese a la evidencia de su participación en la obra, intentaban erradicar los señalamientos de corrupción entre las duplas Saab-Pulido y Maduro-Flores.

La otra gran beneficiaria del contrato de los CDC de Paz, la empresa panameña Landscape Vision Corporation, logró en tiempo récord hacerse de contratos a través de la Fundación Propatria 2000. Lavincorp tenía apenas 20 días instalada en el país, tras crear su sucursal venezolana en agosto de ese año cuando recibió el visto bueno para la construcción de 20 gimnasios verticales. De acuerdo con una investigación del portal Armando.Info, la propuesta de abrir una sucursal en Caracas surgió en julio de 2013, y apenas un mes después ya estaban instalados en Venezuela consiguiendo contratos millonarios.

Como el proyecto de los CDC de Paz, Landscape se adjudicó también dos contratos más, de bastante envergadura: la remodelación de los hoteles Guaicamacuto y Gran Caribe en el estado Vargas y la construcción del estadio de béisbol Hugo Chávez, en La Rinconada, para el que se estableció un abultado presupuesto que no ha dado frutos, y en el que, pese a estar supervisado también por FundaPropatria y el Despacho de Presidencia, ha tenido importante visibilidad como vocero Jorge Rodríguez, actual ministro para la Comunicación y la Información y ex vicepresidente de Venezuela.

Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.

El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.

Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, incorporó a Constructora Brescon C.A. (Conbresca), una compañía constituida en el año 1990 e inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui como propiedad de César Acosta Medina, hermano de Miguel Ángel Acosta Medina, directivo del Fondo Global de Construcción. La familia Acosta Medina también maneja la mayoría accionaria de otra contratista, la Sociedad Mercantil Sarcar Construcciones en General C.A., que participó junto con Constructora Brescon en todo lo relacionado con los trabajos civiles para la edificación de los 30 gimnasios verticales que le fueron entregados a Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. Este modelo de subcontrataciones familiares se replica en otras obras deportivas en el estado Vargas: el Coliseo de Playa Hugo Chávez levantado en Caraballeda y en el estadio de béisbol profesional Carlos “Café” Martínez, que se construye actualmente en Macuto.

El entramado de relaciones que bordó Consorcio Estructuras Metálicas Modernas incluyó también a la empresa Proyectos y Construcciones Buenavista, una compañía registrada en Porlamar, estado Nueva Esparta que cambió su domicilio al estado Lara justo cuando comenzó el proyecto de los gimnasios verticales. El Pitazo buscó referencias sobre esta empresa en en la seccional del Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta, pero no se encontraron registros. La compañía, que también es desconocida entre contratistas y fuentes del Colegio de Ingenieros seccional Lara, consultados por El Pitazo, estaba encargada de la búsqueda de personal y supervisión de la construcción de los recintos en la zona capital, andina y occidente de Venezuela.

Las acciones de PyC Buenavista son propiedad de otra empresa: Intermediaria de Negocios C.A., que pertenece a Luis Bernardo Meléndez Gutiérrez, padre de Luis Meléndez, quien es presidente de la Sociedad Regional de Ganaderos de Occidente. El Pitazo se dirigió el 31 de octubre de 2019 a la dirección fiscal de PyC Buenavista, que coincide con la dirección de otra compañía: Inversiones Bricket, empresa propiedad de Mariano Briceño, de reconocida trayectoria en Lara, pero que es investigada por estafa inmobiliaria por un proyecto inconcluso de venta de viviendas principales. Aunque algunos familiares de Briceño pertenecen también a la junta directiva de PyC Buenavista, en la sede de Inversiones Bricket negaron su conexión con esta empresa.

La incorporación de medianas y pequeñas empresas constructoras fue notoria. Al menos cinco ingenieros y arquitectos involucrados con el proyecto de los gimnasios verticales en Vargas, Mérida, Táchira y Trujillo, donde la obra estuvo a cargo de Fondo Global de Construcción, aseguraron a los corresponsales de El Pitazo que este modelo de subcontrataciones respondía a la falta de personal de esta empresa. “Ese era el modelo de negociación que se aplicaba para la construcción de cada gimnasio. Estaba la empresa matriz, que era Fondo Global de Construcción. Ellos le pagaban a Conbresca, que tampoco tenía personal para cubrir todo el país. Entonces subcontrataban a empresas pequeñas en cada región para que hicieran el trabajo. Era un negocio redondo: ellos cobraron en dólares a tasa oficial y a nosotros nos pagaban en bolívares”, afirmó a El Pitazo un ingeniero que participó en el proyecto en el estado Zulia y cuya identidad pidió fuese resguardada.

Landscape Vision Corporation S.A. emuló el modelo de subcontrataciones de Fondo Global. Para los 20 gimnasios verticales ubicados en Anzoátegui, Monagas, Nueva Esparta, Bolívar, Aragua y Carabobo contrató a la empresa Inspectores Mecánicos y Civiles Centro (Inmecica Centro, C.A.). Considerada una compañía con alta reputación regional, Inmecica Centro C.A. fue fundada en 1994 en el estado Carabobo y fue una de las contratistas con mayor número de obras adjudicadas y canceladas por la Secretaría de Obras Públicas de Carabobo, entre 1997 y 2004, durante los gobiernos regionales de Henrique Salas Romer y su hijo Henrique Salas Feo.

En 2014, Inmecica Centro se incorporó al proyecto de los CDC de Paz y dos años después, en 2016, cambió su domicilio fiscal a Caracas. El Pitazo se dirigió en octubre de 2019 a la sede que esta compañía señala en su registro mercantil, pero la empresa no opera en el lugar indicado. La yunta de Inmecica Centro C.A. con Landscape Vision Corporation S.A, luce, por lo menos, productiva. De acuerdo con datos suministrados por la página web en construcción de Inmecica, la empresa participa activamente en los otros dos contratos obtenidos por Lavincorp S.A. a través de la Fundación Propatria 2000: la remodelación de Hotel Gran Caribe y Guaicamacuto, que incluye la construcción de un Centro de Convenciones en Caraballeda en el estado Vargas, y el estadio de béisbol Hugo Chávez en La Rinconada, en Caracas.

El Pitazo confirmó la participación de tres empresas más, como contratistas de Landscape: Villa Creta C.A y Construcciones Mondel C.A., ambas con intervenciones en los gimnasios de Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, y Constructora Domalca C.A., en el estado Carabobo. Estas contratistas menores coinciden en algo: mantienen relaciones con obras del Estado a través de los gobiernos regionales, en los mismos estados donde se levantaron los gimnasios verticales.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo

PISO 5

EL IMPACTO SOCIAL
del fracaso

El gobierno de Nicolás Maduro prometió que se construirían 50 gimnasios verticales en 18 meses; que en cada uno de ellos se practicarían 15 deportes; y que las estructuras serían de bajo costo y alta calidad. Los hechos documentados en esta investigación contrastan con esa oferta inicial: se han concluido 37 gimnasios en seis años; en solo uno de ellos se ofrecen todas las disciplinas prometidas; y el presupuesto para levantar las edificaciones triplicó precios de referencia sin asegurar estructuras especialmente valiosas según expertos consultados. Deportistas, entrenadores y habitantes de comunidades entrevistados para este trabajo manifestaron sentirse defraudados del poco alcance social logrado por el proyecto de 420 millones de dólares, que no logró el efecto de multiplicación de la práctica deportiva con el cual se esperaba contribuir a una merma del delito en zonas especialmente afectadas por la inseguridad.

Ejemplos que ilustran lo anterior fueron recogidos por el equipo de El Pitazo en distintos puntos de Venezuela. A los habitantes del estado Falcón, al occidente del país, les prometieron dos gimnasios verticales, pero sólo les edificaron uno en el que sólo se imparten cuatro disciplinas: fútbol, boxeo, karate y gimnasia. En la entidad, 300 practicantes de lucha deportiva se quedaron a la espera de espacios para desarrollar su talento, y entrenadores como Nelson Hernández se sintieron embaucados con la oferta de un lugar donde formar deportistas de alto rendimiento. En San Francisco, estado Zulia, Eduard Bermúdez también se siente decepcionado. Cuando abrieron las puertas del gimnasio de Ciudad del Sol, el boxeador, que representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, vio en el lugar una oportunidad para transmitir todo lo que sabía. Pero lo que le pagan por su labor le alcanza apenas para los pasajes; a esto le atribuye que no haya entrenadores en otras disciplinas.

Costosos espacios como las salas de armas para la práctica de esgrima, también permanecen vacíos en la mitad de las instalaciones abiertas por esta misma razón: no hay entrenadores dispuestos a trabajar por precarios sueldos como los que les ofrece el Movimiento por la Paz y la Vida y, por lo tanto, no se enseñan los deportes ofrecidos. Gimnasios verticales como el de Sotillo en el estado Anzoátegui, o Tubores en Nueva Esparta, solo ofrecen dos deportes; el de La Victoria en el estado Aragua ofrece cuatro. El promedio es de siete deportes por gimnasio, pero no todos cuentan con espacios óptimos ni con profesores calificados para niños o adolescentes, como planteaba el proyecto inicial. El Pitazo corroboró que aunque el Estado aseguró que los gimnasios servirían como espacio para recibir clubes deportivos, solo en 18 de 37 recintos se cumple esta premisa: de estos, únicamente siete clubes cuentan con espacio y horario fijos, los demás deben hacer solicitud previa del lugar. Aunque el uso de las instalaciones debería ser gratuito, el equipo de reporteros comprobó también que en todos los gimnasios se solicita una colaboración con productos de limpieza o alimentos para el ingreso.

El mayor flujo de asistentes se presenta en los centros que tienen espacios con máquinas de ejercicios para el entrenamiento físico de adultos, pero, en estas áreas tampoco hay supervisión, factor de riesgo para los usuarios, que sin instrucciones pueden lesionarse más fácilmente. Incluso, en el gimnasio de Tubores, en Nueva Esparta, es el personal de limpieza el que explica a los usuarios de estos espacios cómo deben utilizar las máquinas. Quienes gozan de entrenamiento personal, generalmente, lo costean.

En el recorrido de El Pitazo, por 50 espacios de 15 estados del país, se constató que el proyecto de los Centros Deportivos y Culturales de Paz se transformó para dar pie a las Grandes Bases de Misiones de Paz, la excusa para convertir el centro deportivo en un espacio político e ideológico. Allí, militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se reúnen para hacer trabajo social y proselitista, relegando la génesis del proyecto: las prácticas deportivas comunitarias para alejar a los jóvenes de las actividades criminales.

El cambio, propuesto por la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida (FMPV), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, ocurrió en 2017, con la construcción de los recintos a media máquina. Al respecto, el secretario ejecutivo de la comisión presidencial del Movimiento por la Paz y la Vida, Alexander “Mimou” Vargas, aseguró, en una nota de prensa oficial, que la transformación del proyecto convertiría al gimnasio vertical en "el epicentro del corazón urbano de cada comunidad". En las mismas declaraciones, Vargas añadió que la meta era habilitar "las 50 bases de misiones en todo el país", destacando que 14 bases se encontraban en construcción y que para su culminación se invertirían 10 millones de dólares para cada una.

Mientras los CDC de Paz se concentraban, al menos en teoría, en la atención a los niños y adolescentes, clubes deportivos comunitarios de 15 disciplinas deportivas, y la lucha contra la inseguridad y la violencia, las Gran Bases de Misiones de Paz Hugo Chávez, como fueron bautizadas todas las estructuras, incorporaron locales comerciales, un comedor comunitario, parques infantiles que se alquilan para fiestas, áreas de máquinas y pesas, sala de spinning (utilizada solo por adultos), así como salones para el trabajo político partidista del Psuv y de otras misiones como Barrio Adentro y Chamba Juvenil, o la entrega de cajas de comida por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

No obstante, lejos de garantizar mayor calidad de vida para los usuarios, el cambio de objetivo buscaba abrir la posibilidad de mayor inversión para el proyecto. Así lo asegura el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Vargas, César Alonso (UNT), integrante de la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano, en cuya comisión se investigan proyectos de construcción que involucran a Fondo Global de Construcción y a Landscape Vision Corporation, entre ellos los CDC de Paz. “El gobierno de Hugo Chávez construyó su piso político basándose en el impulso de las llamadas misiones sociales. Hablamos de que la educación, la salud y el apoyo social estaban subrogadas a estas figuras. Maduro decidió hacer lo propio”, explica el parlamentario.

Lejos de ampliar el alcance del proyecto, la transformación en Grandes Bases de Misiones convirtieron a los gimnasios en centros de partidismo político. El Pitazo comprobó que los 37 gimnasios habilitados desarrollan en sus instalaciones actividades no deportivas. El 86% de estos recintos sirven, además, como espacios para actividades exclusivamente políticas, desde encuentros de las milicias hasta la recolección de firmas contra Donald Trump. Inclusive, en uno de los gimnasios de Falcón funciona una emisora radial oficialista.

En los recintos se ha establecido una oda permanente a las figuras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, un mensaje que hace entender a muchos que la disidencia no tiene cabida, aunque sean espacios de deporte y paz. “Uno tiene sus opiniones, tiene sus puntos de vista políticos, pero en los gimnasios verticales uno no puede expresarlos. En el lugar hay avisos como “aquí no se habla mal de Chávez”, “leales siempre, traidores nunca”. Es como si por venir al gimnasio vertical, uno tuviese que coincidir con la gestión de Maduro”, refiere el caraqueño Fernando Martínez, quien asiste con regularidad a la estructura ubicada en El Valle, en Caracas. Lo comentado por Martínez es comprobado al recorrer los espacios deportivos más allá de la capital venezolana. Los corresponsales de El Pitazo en los estados Zulia, Trujillo, Anzoátegui y Sucre verificaron además que las bibliotecas de consulta para los adolescentes o estudiantes de estos recintos solo muestra textos relacionados con la Revolución Cubana, algunos de la autoría de Fidel Castro, biografías de Hugo Chávez y hasta ejemplares del Manifiesto Comunista de Karl Marx.

COMPARTIR

Una investigación de Johanna Osorio Herrera y Nadeska Noriega Ávila / Unidad de investigación y equipo de corresponsales de El Pitazo

El uso partidista de los recintos alcanza extremos como el caso del gimnasio ubicado en la capital del estado Mérida, donde El Pitazo registró, por una circular exhibida en la entrada del recinto, que el auditorio solo está disponible para actividades políticas desde el 27 de junio de 2019. De los 37 gimnasios que funcionan, 16% exige también, para el acceso a las instalaciones, portar el Carnet de la Patria, una credencial creada por el gobierno de Maduro para conocer el estatus socioeconómico de la población que desea ser beneficiada por programas sociales. Sin embargo, se ha denunciado su uso como un método de control social y de exclusión.

Ya anteriormente, aunque de forma indirecta, el proyecto había sido usado para fines políticos: el tope de gimnasios verticales inaugurados en un año ocurrió en 2017, cuando el Estado culminó y abrió las puertas de 16 recintos, en plena campaña electoral para la elección de los gobernadores.

El gobierno asegura que el proyecto tiene un fin social y sin exclusiones.

Para los especialistas, la falla del programa de los CDC de Paz es que fueron concebidos con un objetivo efectista. “Esos gimnasios no se insertan en una política pública deportiva nacional. Es decir, no se trata de un gran programa nacional de formación de atletas de alta competencia, en deportes colectivos e individuales, pero tampoco se trata de un sistema de centros formativos deportivos localizados a nivel barrial pero de impacto municipal y nacional funcionando en red, donde precisamente esos edificios sean los nodos de desarrollo de esa red. Como no es una política pública, no hay una organización estructural operativa nacional con objetivos y metas concretas. En ese sentido, no hay monitoreo ni seguimiento, mucho menos cuantificación estadística de los logros sociales y cumplimiento de objetivos y metas”, señala el arquitecto venezolano David Viloria, docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en desarrollo urbano y arquitectura social.

“En el proyecto de los gimnasios verticales no hay una organización estructural operativa nacional con objetivos y metas concretas. En ese sentido, no hay monitoreo ni seguimiento, mucho menos cuantificación estadística de los logros sociales y cumplimiento de objetivos y metas”.

David Viloria, docente de la Universidad Central de Venezuela y especialista en desarrollo urbano y arquitectura social.

Viloria evalúa y lanza interrogantes, ante la premisa inicial del proyecto: transformar la vida de los residentes de zonas populares venezolanas, para la paz. “¿Cuántos jóvenes salidos de estos gimnasios son jugadores profesionales en deportes colectivos? ¿Cuántos jóvenes encontraron un oficio en el deporte y lo ejercen formalmente? ¿Cuánto capital social se formó a raíz de la implantación de un edificio en una zona concreta? ¿Cuántas hectáreas de paisaje urbano se recuperaron? ¿Cuánto bajó el índice delictivo en las zonas donde se implantaron esos edificios? ¿Cuántos empleos nuevos para entrenadores, asesores deportivos, fisiatras, gerentes de mantenimiento, se crearon? Seguramente no hay respuesta a estas interrogantes y eso es una señal inequívoca del fracaso de los gimnasios verticales”.

Timothy, un joven de la comunidad de Las Casitas de Marhuanta en Ciudad Bolívar, donde la promesa del gimnasio vertical nunca avanzó del terreno baldío, da testimonio del fracaso al que se refiere Viloria. “Se supone que eso iba a ser más que todo para ayuda de la comunidad, debido a que no hay cancha aquí. Pero no sé qué pasó. Debido a faltas de insumo o qué sé yo, se abandonó el proyecto, y lo puedes ver así como está, enmontado. Las tuberías se las han robado y se han perdido”, relata, y asegura que después de las 6:00 p.m. no pueden pasar cerca del lugar, porque se ha convertido en refugio de delincuentes.

El terreno baldío en Bolívar no es el único espacio donde la inseguridad es más regular que la práctica deportiva. En el gimnasio de la calle El Progreso, en Cabimas, estado Zulia, el robo de baterías en el estacionamiento, y el hurto de celulares u otros objetos dentro del recinto, no son una novedad. En el gimnasio de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda, las puertas se cierran a las 5 de la tarde, para evadir a los delincuentes. Aunque el propósito inicial de las estructuras, de acuerdo con FundaPropatria, era servir como “módulos impulsores del deporte y la cultura potencializando a la comunidad a un camino de armonía y paz”, la realidad dista del discurso oficial. El Pitazo corroboró que en un tercio de los gimnasios se han presentado hechos de inseguridad con regularidad o atracos en las adyacencias del recinto, lo que evidencia que los gimnasios verticales culminados tampoco han contribuido a reducir el fenómeno multifactorial de la violencia.

En julio de 2019, Alexander “Mimou” Vargas, supervisor directo del proyecto, se jactaba de logros. “El Movimiento por La Paz y la Vida está trabajando por el pueblo. Nuestro impacto lo vemos en las historias de vidas de jóvenes que hemos rescatado de las calles. Le brindamos atención integral y además insertamos a la juventud al campo productivo”. Los gimnasios verticales, sin embargo, solo garantizaron espacios para el uso proselitista y beneficios para las arcas de los contratistas allegados al entorno familiar y político de Nicolás Maduro.

El Pitazo solicitó entrevistas, a través de cartas entregadas en sus respectivos organismos, a los funcionarios involucrados en la ejecución del proyecto: Nicolás Maduro, Alexander Vargas, Daniel Tascón, Ilich Lárez Brito, Walter Gavidia Flores y Carmen Meléndez. También intentó contactar, con cartas y mediante redes sociales, a los gobernadores o funcionarios que estaban frente al proyecto en los estados beneficiados durante el inicio o ejecución de la obra: Aristóbulo Istúriz, Omar Prieto, Henry Rangel Silva, Tareck El Aissami, Jorge García Carneiro, Stella Lugo, Vielma Mora, Nidia Escobar, Alexis Ramírez, Carlos Rosales, Luis Acuña, Carlos Mata y Yelitce Santaella.

El equipo de reporteros de El Pitazo envió una solicitud de entrevista, por correo electrónico, a Ramón Carretero Napolitano y su empresa Landscape Vision Corporation, ubicada en Panamá. También se dirigió, y entregó peticiones de entrevistas, en las sedes de las empresas y entidades vinculadas al proyecto: Fundación Propatria 2000, PyC Buenavista, Inmecica Centro y Consorcio Estructuras Metálicas Modernas. En la dirección fiscal de PyC Buenavista se encontraba otra empresa que negó su relación con esta, por lo que se intentó contactar vía Twitter a su director. En el domicilio fiscal señalado por Inmecica, en cambio, no opera ninguna compañía. En la oficina de Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, su director, Juvenal Alfaro, atendió al equipo de El Pitazo, pero no recibió la carta y se negó a ser entrevistado. “No me gusta el modus operandi de El Pitazo. No tengo que estar dando información, porque esto es una empresa privada. No les voy a hacer un favor a ustedes”, dijo. Alfaro se rehusó también a recibir la carta dirigida a Álex Saab (dueño de Fondo Global de Construcción, que a la vez es dueña de Estructuras Metálicas Modernas), y exhortó a El Pitazo a buscar a Saab personalmente, aunque su ubicación es desconocida.

Durante la reportería de este proyecto, tres periodistas, de los estados Nueva Esparta, Anzoátegui y Zulia, fueron asediados por funcionarios policiales o de vigilancia, mientras visitaban las instalaciones deportivas. En Caracas, una reportera fue agredida verbalmente cuando solicitaba una entrevista a un empresario.

Ninguna de las peticiones hechas por El Pitazo fue contestada antes de la publicación de esta investigación.