Son más de 1.500 días desde que la familia de Daniela Tapia busca respuestas sobre la muerte de ella. Desde diciembre de 2017 la justicia boliviana no logra dilucidar los sucesos que acabaron con su vida, las pruebas obtenidas y los antecedentes de violencia condujeron a una acusación formal por feminicidio en contra de su esposo, sin embargo, tras cuatro años entre memoriales, citaciones y audiencias fallidas, la única condena que se sostiene es la impunidad.

Dayana Tapia es la hermana menor de Daniela. Sentada en una silla de madera se muestra abatida, relata que desde niña, por su determinación y fortaleza, siempre pareció la mayor. Su peregrinaje en la justicia empezó aquel diciembre en la Zona Sur de La Paz. La Fiscalía necesitaba los resultados de una necropsia para comprobar si la causa de la muerte de su hermana fue por envenenamiento.

Las muestras recolectadas del cuerpo de Daniela fueron llevadas a Santa Cruz, traídas nuevamente a La Paz y viceversa durante dos años, aunque el tiempo que debe dar el Ministerio Público para la entrega de la pericia por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) es hasta de 20 días, según juristas consultados. El descuido de la Fiscalía cobró factura; los órganos de Daniela, por el tiempo que había pasado, fueron descartados como prueba hipotética del crimen.

Hasta la publicación de esta investigación, su caso no había llegado ni a juicio. El Código de Procedimiento Penal establece que todo proceso debe durar como máximo tres años, pero no fue garantía para evitar la retardación de justicia. Este caso solo es un botón de muestra de un problema sistemático, pues de las reducidas causas que llegan a sentencia en primera instancia en Bolivia hasta un 47 por ciento duró entre tres y más años, según las 173 carpetas de investigación de feminicidios obtenidas y analizadas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Bolivia (UNFPA por sus siglas en inglés) a las que accedió este equipo de investigación.

La comunidad de periodistas de investigación ACCESO y CONNECTAS, con el apoyo del International Center For Journalists (ICFJ), analizaron una base de datos sobre actuaciones procesales de 969 casos de feminicidios ingresados a la Fiscalía General del Estado de Bolivia, detallada por años desde el 2013 a agosto del 2021. Se realizaron más de una decena de entrevistas, entre abogados expertos, activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas. También se accedió a informes oficiales del Consejo de la Magistratura y de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV).

Entre 2013 y agosto del 2021 fueron cerrados 263 casos de feminicidio bajo la figura de sobreseídos, rechazados y absueltos; todos estos casos equivalen al 27,1 por ciento de los 969 casos reportados hasta agosto del 2021. Según estos datos, existen más casos impunes donde la justicia no dio con los autores o los capturaron para luego liberarlos por no cuidar las pruebas o ni siquiera buscarlas. Además, hay nueve desestimados que pasaron a ser juzgados por otro tipo penal que tiene una condena menor.

Estos datos corroboran lo que Dayana temía desde un inicio, que el Estado no vela por una justicia oportuna para las víctimas ni logra atrapar a la mayoría de los victimarios. Es por eso que de residir en Tarija tuvo que trasladarse a La Paz donde cursa actualmente el caso, creía que esa era la única forma de exigir que los plazos procesales se cumplieran. “Lo más difícil fue dejar a mi hijo, renunciar a mi trabajo, aprender de leyes, plazos e incluso salir diariamente a la prensa porque no había otra forma de encontrar justicia”. Su presencia allí tampoco impidió que las actuaciones judiciales se retrasaran, entre la etapa preliminar y preparatoria pasaron tres años y finalmente el principal acusado de la muerte de Daniela se dio a la fuga.

La dilación de justicia se da desde el inicio del proceso, la etapa preliminar que debería durar máximo ocho días según normativa boliviana, en el 47% de los casos revisados tardó más, llegando incluso a sobrepasar los 90 días. En la etapa preparatoria que debe durar seis meses, en un 40% duró más, incluso hasta más de 12 meses, incumpliendo así el principio de celeridad y la debida diligencia, según la UNFPA. Si bien la normativa permite una ampliación de hasta 18 meses, se comprobó que en ese periodo la Fiscalía no realizó actos investigativos en un 36 por ciento de los casos

El caso de Daniela pasó por diez fiscales de materia, según la familia, cada uno tardaba entre uno o dos meses para conocer el cuaderno de investigaciones. “Sin dinero nadie mueve un pelo”, señala Dayana, quien calcula haber gastado unos 40 mil dólares en abogados y otras diligencias para esclarecer el caso de su hermana; esfuerzo que tampoco sirvió para que se cumplan los plazos procesales y menos para llegar a una sentencia en primera instancia.

Para Marisol Quiroga, abogada especialista en casos de feminicidio, cuando no se da con el autor o autores, la etapa preliminar que debe durar ocho días puede prolongarse por años y esto disuade a la familia de la víctima. “En un principio ellos quieren encontrar justicia, están motivados, pero el sistema se encarga de expulsarlos, los envían de una instancia a otra y viceversa. No les explican cómo es el proceso y cómo pueden ayudar”.

Dayana aún tiene fuerzas y se resiste a que el asesinato de su hermana pase a engrosar las cifras de una impunidad decretada por la misma justicia, pero el caso suma a la lista de las 369 causas abiertas donde las familias peregrinan para conseguir al menos una sentencia en primera instancia. Hay feminicidios desde hace ocho años que aún están sin condena.

En ese contexto, la justicia boliviana es objeto de contraste. Sin ir lejos, en Perú un país vecino, el porcentaje de sentencias condenatorias ejecutoriadas por feminicidio es del 84 por ciento (2013-2019), mientras que en Bolivia se condenó solo a 262 victimarios (27%) entre el año 2013 y agosto del 2021, ya sea por procedimiento abreviado o por juicio oral, sin embargo, no se conoce el dato de las sentencias ejecutoriadas (condena definitiva donde ya no puede interponerse ningún recurso) pues las instancias correspondientes se encargan de que la cifra no sea pública.

Un cruce de informes oficiales internos de la Fiscalía recopilados por el equipo de investigación muestra 969 casos de feminicidio ocurridos entre 2013 y agosto del 2021 pero, en la rendición de cuentas públicas oficiales solo reporta a 886 víctimas, dato que eleva el cálculo el porcentaje acumulado de condenas a 30%, cuando la cifra obtenida es del 27%. El equipo periodístico de manera escrita solicitó a la entidad información y entrevistas en dos oportunidades, al igual que en tres conversaciones telefónicas con el área de Comunicación, pero no hubo respuesta.

Para Mónica Bayá y Mariel Paz, abogadas y activistas por los derechos humanos, una de las barreras para la resolución de feminicidios es el insuficiente personal para investigar los casos, pero en el mismo camino se encuentra la negligencia de los operadores de justicia, quienes minimizan los hechos de violencia, no analizan los antecedentes ni los contextos donde ocurren y carecen de perspectiva de género. A eso se suman los escasos laboratorios de investigación; solo La Paz, Cochabamba y Sucre cuentan con estos recintos, los demás departamentos deben enviar sus muestras con el riesgo de que éstas se contaminen, se rompa la cadena de custodia y, por ende, sean desestimadas, como pasó en el caso de Daniela.

Datos del Consejo de la Magistratura muestran que el Juzgado de Sentencia de Violencia Contra la Mujer es el que menos causas resuelve anualmente respecto a otros tribunales. No sobrepasa el 15 por ciento de casos resueltos en cada uno de los años revisados (2018, 2019 y 2020). El que más avanza en este sentido es el Juzgado de Materia en Delitos Civiles y Comerciales, donde priman los intereses económicos entre las partes, con un 58 por ciento de capacidad resolutiva anual.

En 2019 se faculta al Consejo de la Magistratura crear juzgados especializados de atención a víctimas de violencia de género con los ingresos económicos de la venta del certificado de antecedentes SIPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia). Andrea Barrientos, senadora nacional en su informe oral como miembro de la Comisión Mixta Legislativa sobre Retardación de Justicia en Casos de Feminicidio, observó que este dinero se destinó a gastos de funcionamiento sin cumplir el objetivo, la misma Comisión indicó que solo 34 juzgados de violencia contra la mujer frente a 200 mil causas.

Las familias de las víctimas no solo deben enfrentar la dilación en casos de feminicidio, sino también otras consecuencias. La justicia arraigó a Dayana en La Paz, le puso custodios y la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia le exigió tener un departamento con todas las comodidades si es que deseaba la tutela de su sobrino, que por ese entonces estaba bajo la guarda legal de su padre; principal acusado de feminicidio que no contaba ni con detención preventiva.

Durante la pandemia de la covid-19 en 2020, llegó el momento que Dayana y su familia tanto temían: la Fiscalía en La Paz determinó sobreseer el caso por falta de pruebas. El Tribunal Departamental de Justicia del mismo lugar ratificó la decisión pese a que el sindicado ya se encontraba prófugo. Esta actuación de la justicia obligó a la familia a buscar respaldo en organizaciones, colectivos de mujeres y acudir ante el Tribunal de Sentencia 2 de Chuquisaca, instancia que en mayo del 2021 conminó a la Fiscalía a emitir la acusación formal tras casi cuatro años del feminicidio de Daniela. Pese a ello, aún no inicia el juicio.

Solo en el año 2020 fueron denunciados 2.246 funcionarios judiciales por faltas disciplinarias. De estos casos, 255 concluyeron con una sanción; fueron destituidos, suspendidos temporalmente o multados con un monto económico. Mientras que, en la Fiscalía para ese mismo año, fueron 315 los denunciados y 43 de ellos recibieron sanción por incumplimiento de plazos procesales, resoluciones indebidas, inactividad investigativa, entre las principales faltas.

Rosario Méndez también vive en carne propia la condena a la impunidad, divide su tiempo entre dar clases en un colegio de La Paz y peregrinar por las instancias judiciales. El 2013 un grupo de jóvenes mató a su hija Verónica y la arrojaron a un barranco. En búsqueda de justicia no solo enfrentó la muerte de su hija, sino también al Ministerio Público. El caso pasó por tres juzgados de El Alto entre 2014 y 2018, año en que el juicio se volvió a instalar, pero esta vez en el Juzgado 5 de La Paz; en cada cambio significaba volver a foja cero, prolongandose hasta enero del 2020.

Ella vio de cerca que la falta de funcionarios judiciales es una razón más para que la justicia se dilate. Un fiscal destinado a resolver delitos de la Ley 348 debe atender en promedio 544 casos al año, aproximadamente dos por día. Entre tanto, cada forense debe encargarse de 893 requerimientos fiscales al año, casi tres por día; haciendo técnicamente imposible que los resultados de pericias lleguen a tiempo. Rosario también denunció la negligencia que existe en algunos funcionarios, por eso, dos de los tres fiscales que llevaban su caso fueron sancionados.

Desde el 2013, Rosario asistió a una decena de audiencias suspendidas y, cuando pensó que al fin descansaría con la sentencia en primera instancia (enero del 2020), se llevó la sorpresa que la condena fue por el delito de homicidio y no por feminicidio, una decisión que favorece a los autores, pues las penas fueron 20 años menos por ese delito. Además, los culpables apelaron esa decisión y ahora gozan de detención domiciliaria.

Ella también apeló y pide condenas por feminicidio, aún sigue a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en ese sentido, su lucha continúa con la misma incertidumbre de hace nueve años, no sabe cuánto tiempo más continuará bajo la impunidad de la justicia boliviana.

“Para llegar a una sentencia ejectoriada pasan como cinco años en el mejor de los casos, entonces cualquiera puede imaginarse la cantidad de audiencias que deben enfrentar, y en todo ese periodo los acusados plantean recursos de cesación a la detención preventiva, entonces las víctimas asisten con una zozobra a las audiencias pensando que en cualquiera de esas audiencias pueden darle libertad al acusado. Es un martirio”, indica la abogada Quiroga.

La revictimización de familiares y el costo económico y social de seguir un proceso penal donde prima la retardación de justicia hacen que las familias al final decidan retomar sus vidas y dejen a la deriva los casos. Los huérfanos que quedan de este ciclo trágico son otra arista del problema, el Estado aún no ha garantizado algún tipo de recurso para ellos, quienes sufren en carne propia la consecuencia de la violencia de género.

Los casos de Dayana y Rosario reflejan los rostros de más de 900 familias, que sufren el azote de un sistema judicial que no funciona de manera expedita para las mujeres: un sistema que, con autopsias incompletas, demoradas o inexistentes, omisiones en la investigación, discriminación de género y falta de personal, condena no solo a las víctimas sino también a quienes denuncian a una impunidad que parece perpetua.