En México las empresas eólicas solo otorgan el 1 por ciento y no el 4 como en otros países de ganancias directas a los campesinos que aceptaron rentar sus tierras. Además de haber firmado contratos poco claros y con escasos beneficios, con el paso de los años las empresas han traspasado los parques eólicos y en estos nuevos arreglos no se incluyen a los pobladores. En Oaxaca, donde los paisajes cambian para dar paso a cientos de torres con turbinas blancas, las empresas no han pagado impuestos a los municipios y han facilitado la importación de materiales que no benefician al mercado mexicano.

POR
DIANA MANZO

Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera presidente de México, mantuvo reuniones por lo menos una vez al año con los directivos de la empresa Iberdrola, que tiene ubicada sus oficinas en Madrid, España. Su papel, hasta 2018, era la de revisar las operaciones que se mantenían cada año en la empresa y entre ellas estaba la del desarrollo de La Ventosa, uno de los parques eólicos donde conviven miles de oaxaqueños que apenas reciben 10 dólares al mes por haber prestado sus tierras a esta gran transnacional.

Las energías eólicas no han sido negativas siempre. En distintos países de la Unión Europea se implementaron parques eólicos para disminuir la huella de carbono. Esto ha permitido generar avances en el combate a la contaminación ambiental. Sin embargo, en el caso mexicano, a pesar de que hubo instituciones como el Banco Mundial que impulsaron estas políticas públicas, la falta de transparencia en los contratos y las problemáticas locales diluyeron los beneficios tanto fiscales como los beneficios directos a los pueblos indígenas, que hoy en día son los más afectados.

En otro momento, un año antes de concluir su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto otorgó un permiso a través de la Comisión Reguladora de Energía para qué en Unión Hidalgo, Oaxaca, se construyera un parque eólico sin consultar a sus habitantes.

El 29 de junio de 2017, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –cuando su comisionado era Guillermo Ignacio García Alcocer— se otorgó el título de permiso E/1922/GEN/2017 a Eólica de Oaxaca, filial de Eólica de Francia, con una vigencia de 30 años.

Esto ocasionó un conflicto social de grandes proporciones. Mientras los comuneros y defensores de la tierra aseguraban que se había violado el derecho a la consulta; los propietarios y arrendatarios de las tierras pedían que el proyecto se construyera porque era “sinónimo” de progreso.

Desde las montañas de la selva de los Chimalapas o en cualquier punto del Istmo de Tehuantepec, hoy en día se observa una extensa mancha blanca de gigantes y hacinados armatostes, que hoy conforman más de mil 500 eólicas que se sembraron de forma acelerada desde hace 25 años, dejando atrás los campos agrícolas.

Además, quien viva a metros de estas turbinas, no descansa por tanto ruido.

Por “prestar” sus tierras, los oaxaqueños reciben un pago que va de los 16 mil pesos (798 USD) a los 2 millones de pesos en casos contados (99 mil USD) de manera anual, por concepto de renta. Tal es la razón por la que aceptaron al inicio estos acuerdos, pero sin saber o conocer el grado de afectación severo que tendrían sus tierras.

Son 28 los parques eólicos instalados en territorio oaxaqueño: Juchitán, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Ciudad Ixtepec. De éstos, 23 son operados principalmente por empresas españolas y francesas y solo un contrato se otorgó directamente a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) para el abastecimiento de energía y cuatro más están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, estos parques eólicos también han sido desarrollados con capital de origen español.

Al día de hoy, solo una eoloeléctrica fue instalada previa consulta a los pobladores, tal y como lo ordena desde 2013 la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y un protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El resto de los parques eólicos fueron instalados a través de contratos que aseguran los pobladores fueron firmados de forma amañada. Solo unas cuantas personas eran enteradas previamente de los términos y condiciones y en algunas ocasiones incluso los pobladores no contaban con los documentos originales.

La figura legal que utilizaron las empresas fue la de contrato de arrendamiento, además de un permiso que debió otorgar la Comisión de Regulación de Energía. Pero tiempo después varias empresas le vendieron o otras los parques eólicos y las responsabilidades hacia los locales se fueron diluyendo.

Mientras la disputa en Unión Hidalgo continúa por la instalación o rechazo de lo que sería el vigésimo noveno parque eólico en Oaxaca y el cuarto de la trasnacional Eólica de Francia (EDF) , el 25 de enero de este año, el subdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gustavo Salvador Danni anunció la cancelación de una licitación en la entidad para líneas de transmisión a través de 13 parques eólicos porque advirtió que no había “las condiciones” para llevarlos a cabo.

Juchitán es el municipio oaxaqueño donde están instalados el mayor numero de parques eólicos, principalmente en sus agencias de La Venta y La Ventosa. Desde su calle principal, la 16 de septiembre, se observan las aspas gigantes que han ido cubriendo toda su extensión territorial.

A diferencia de lo que no hicieron en Unión Hidalgo, en Juchitán sí hubo consulta indígena en 2014. Así fue como la empresa Eólica del Sur, filial de la transnacional Mitsubishi, se instaló.

Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán expresó que aún y con consulta, las empresas siempre quedan a deber. La empresa eólica del Sur se comprometió públicamente y con documentos a construir un parque eólico comunitario así como el pago de sus impuestos. Todo esto se ha incumplido.

“Los juchitecos cumplieron, aprobaron el proyecto, ahora convertido en un parque eólico, el 28, que le pertenece a Eólica del Sur, pero las autoridades no le han cumplido al pueblo”.

Entre las obras que se prometieron en el marco de la consulta indígena, fue la construcción de un parque eólico municipal con dos aerogeneradores, que sería operado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, instancia que ya posee un parque en Juchitán, cuya energía la vende a CFE.

También las autoridades de Oaxaca y del gobierno federal se comprometieron a colaborar con el municipio de Juchitán para gestionar la búsqueda de financiamiento para la adquisición e instalación de otros aerogeneradores que ayuden a satisfacer la demanda de los juchitecos. El acuerdo fue firmado por el entonces representante legal de la empresa, Eduardo Zenteno Gaza; el exalcalde, Saúl Vicente, y el exgobernador Gabino Cué. Ninguno de esos proyectos se concretó.

UNA DEMANDA INAUDITA

Antes de la llegada de Emilio Montero Pérez a la presidencia de Juchitán, gobernó Saúl Vicente Vásquez (2014-2016). El juchiteco fue el primer presidente municipal en exigir el pago de las obligaciones fiscales de las empresas y al no haber cumplimiento de ellas, las demandó.

De haber ganado, Saúl Vicente hubiera obtenido casi 3 billones de pesos, cálculo estimado en la demanda, por el impago en el que incurrieron todas las eólicas instaladas en la localidad. Juchitán es uno de los municipios más grandes de Oaxaca, con 90 mil habitantes y ocho empresas eólicas están instaladas aquí.

El dinero de las demandas nunca llegó, porque las empresas eólicas se ampararon y el siguiente presidente municipal dejó perder la demanda.

“Nosotros dejamos un precedente para Juchitán, exigir a las empresas el pago de impuestos municipales conforme al articulo 228 de la Ley de Ingresos del Municipio de Juchitán, en donde también se contemplan recargos a razón del 2 por ciento mensual de interés simple sobre el monto total de los créditos fiscales por mes o fracción transcurridos. Lamentablemente nuestra administración llegó al fin, y la siguiente ya no le dio seguimiento y se perdieron las demandas”, expuso.

Algunas de las obras que se prometieron tras la aprobación del parque en 2015, fue la construcción de un parque eólico municipal con dos aerogeneradores, que sería operado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, instancia que ya posee un parque en Juchitán, cuya energía la vende a CFE.

El acuerdo fue firmado por el entonces representante legal de la empresa, Eduardo Centeno Gaza; el ex alcalde, Saúl Vicente, y el x gobernador Gabino Cué. Ninguno de esos proyectos se concretó.

Con la recién llegada de Gloria Sánchez a la presidencia municipal, el tema de los eólicos y tribunales quedó relegado, por lo que los juicios contra las empresas se perdieron.

Por el contrario. Se avaló y firmó un “Memorándum de Entendimiento” en la cual participó el gobierno de Oaxaca y los alcaldes donde están asentados los parques eólicos en el cual se acordó que las empresas eólicas no paguen impuestos a los municipios.

LOS CONTRATOS DEL DESPOJO

EL DESARROLLO EN LA VENTOSA PARA UNOS CUANTOS

Cuando las eólicas llegaron a La Ventosa, Ezequiel aceptó rentar sus tierras y la de sus hermanos. Al año recibe cerca de 400 mil pesos. Angélica por el contrario también rentó sus tierras pero no hay ninguna torre y sólo por el derecho de viento obtiene 52 mil pesos al año distribuidas trimestralmente.

Hace diez años La Ventosa comenzó a transformarse. Gamesa, Iberdrola, Eólica de Francia, Acciona, Cemex, entre otras empresas, comenzaron a volverse “familiares” entre los campesinos. Las negociaciones, recuerda Ezequiel, se hacían en casas, en reuniones de amigos o hasta en mesas cuadradas de una cantina.

“Todo recurso que se pudo lo usaron los representantes de las eólicas. En mi caso fue David Horta y también Álvaro Velásquez respaldados por gente nuestra como los Montero. Así nos convencieron, la promesa del desarrollo era lo que prometían y muchos aceptamos”.

En esta comunidad zapoteca, operan cuatro parques eólicos, dos parques eólicos propiedad de Iberdrola, donde el ex presidente de México Felipe Calderón laboró como ejecutivo hasta el año pasado, también está el parque eólico propiedad de Enel Green Power que abastece de energía eólica a grandes consorcios internacionales y finalmente está un parque eólico propiedad de Grupo México.

La empresa minera, propiedad del multimillonario Germán Larrea firmó un convenio de colaboración con el expresidente mexicano, Enrique Peña para la construcción del Hospital de Especialidades de Juchitán, que prometió en campaña (desde el año de 2012) y no cumplió.

En una asamblea comunitaria, los pobladores acordaron exigirle rendición de cuentas a Grupo México, pues la empresa de Larrea no ha cumplido con los acuerdos. “¡De uno en uno iremos llamándoles!” exclamó José Vera, agente municipal en una asamblea comunitaria celebrada el 31 de julio en La Ventosa donde pidió la rendición de cuentas a la empresa Grupo México y en la cual asistieron sus representantes legales porque aseguró “Desde el 2014 que adquirieron el parque eólico, no se hizo una asamblea para definir su ayuda social, al contrario los representantes junto con propietarios y la autoridad municipal de ese entonces el doctor Manuel Montero acordaron acciones sin consultar al pueblo, ahora queremos hacerlo transparente”.

Las obras sociales de las comunidades en la mayoría de los acuerdos son “compromisos de palabra”, por ejemplo los propietarios y habitantes de La Ventosa desconocían que Grupo México construiría un hospital de especialidades en la ciudad de Juchitán, y es qué justamente se manejan acuerdos discrecionales.

“Aquí en la Ventosa hace falta un hospital, la gente de muere por que no hay atención de noche en la unidad médica que tenemos, también necesitamos ambulancia, rehabilitación de calles, muchas cosas pero de los acuerdos que se logran no sabemos nada”.

Por ejemplo, el Hospital General de Especialidades, el segundo que tendría en su tamaño esta zona de Oaxaca, explica el Secretario de Salud de Oaxaca , Donato Casares fue como parte del “altruismo” de la empresa como ayuda en la reconstrucción después del terremoto de 8.2 grados que se vivió el 7 de septiembre del 2017 y Grupo México (GM) lo reafirma en su pagina de internet al informar el procesamiento que efectuó para obtener recursos, señalando que fue por la compra de boletos y también a través de la Fundación Grupo México.

Y es que está unidad medica que construye GM fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto (EPN), y que como otras muchas clínicas ahora es efectuada por la iniciativa privada.

Agregó que la energía producida en el parque eólico “El Retiro”, se distribuye en más de 380 puntos de consumo, principalmente en las salas de cine de CINEMEX, en instalaciones de FERROSUR y en algunas operaciones mineras. Lo que contribuye al uso de energía limpia y a mitigar los efectos del cambio climático.

Ben Cokelet, Director ejecutivo fundador de PODER A.C. explica que Grupo México además del parque eólico que tiene en Oaxaca, es la que se encarga de construir todas las plataformas de Pemex además es concesionaría de la red ferroviaria del país. “Grupo México ya tiene la red férrea del país, ya tiene mineras, ya tiene un parque eólico, ella construye las plataformas de Pemex, qué más da que ahora sea la responsable de la construcción del gasoducto que se pretende realizar en esta zona oaxaqueña”.

Mientras realiza las labores de limpieza de su parcela, Ezequiel Ríos Montero no olvida aquel 1 de abril del 2019 cuando de forma arbitraria y por ordenes de Grupo México diez de sus compañeros fueron detenidos por protestar y exigir el cumplimiento del contrato de negociación firmado hace 4 años. La multinacional había adquirido esta central eólica “El retiro”.

Hace una década en La Ventosa, tierra natal de Ezequiel, llegaron dos empresas: Gesa-Gamesa, hoy “Siemens Gamesa” y Cableados Industriales S. A de C. V. (Cisa) propiedad de David Horta. Otros nombres son los de Enrique Córdova y Eugenio Campanilla, quienes llegaron con la misma empresa.

El campesino explicó que la detención de sus paisanos se dio con violencia y con aval del gobierno oaxaqueño. “La policía llegó y los esposó, algunos los golpeo y los subió a las camionetas de forma agresiva, llevamos siete meses analizando el contrato, pero no hay acuerdos, la empresa como siempre no quiere perder, y nosotros queremos un pago justo”. Ezequiel habla de todas las empresas eólicas instaladas en su tierra, como lo son Grupo México, Iberdrola y muchos otros más que poco ha poco fueron acaparando tierras y hoy son enormes potencias eólicas que venden la energía a empresas como Femsa, Grupo Bimbo, Mitsubishi. Gamesa, Acciona y desde hace cuatro años con Grupo México, quién compró su parque eólico “El retiro” a Gamesa. El campesino arrendó 276 hectáreas a dos empresas eólicas “Iberdrola y Grupo México” y que reciben a cambio 440 mil pesos anuales.

Ezequiel explicó que las empresas pagan mil pesos (40 USD) por hectárea arrendada al año, es decir, alrededor de 90 pesos mensuales (4 USD), pero como se los pagan en plazos de seis meses entonces “lo ven bastante” pero en realidad es que aseguró lo que dan por sus tierras “es una miseria”.

En la pagina 4 del contrato, se especifica que: “Por el tiempo en que “El desarrollador”- Cisa- Gamesa- haga uso de “El terreno” para la instalación, explotación y funcionamiento de “los aerogeneradores”, entregará a el “propietario” la cantidad que resulte de multiplicar 1 % ( el uno por ciento) por la generación de energía eléctrica que produzcan los “aerogeneradores” instalados en su terrenos, menos el costo proporcional del tramite de la energía del punto de generación, al destino del adquiriente final de la electricidad.

Gustavo Alejandro Cruz López, experto en derecho corporativo detalló que los contratos celebrados entre los pobladores y las empresas transnacionales fueron “lesivos”.

“A los arrendatarios les trajeron un machote de contrato, un contrato en formato, no hubo libertad Contraactual y es qué pudiéramos juzgar que pecaron de ingenuos pero así fue, nuestros campesinos y a pesar de que hay gente estudiosa no se sabe en realidad lo que firmaron, porque esas empresas actúan don alevosía y ventaja, se sometieron al contrato, salvo el costo, si negociaron y cedieron sus derechos”.

Al ceder los derechos explica el abogado se provoca “Una lesión jurídica al arrendatario y bajo el articulo 16 de código civil para el estado de Oaxaca se dice que el contrato fue “Un engranaje jurídico bajo un esquema legal pero actuaron con dolo y con mala intención, porque las empresas buscan ganar y ganar”.

Grupo México (GM), por el contrario justifica que sus contratos de arrendamientos son actualizados con base a la inflación.

“Este esquema de arrendamiento le permite al propietario recibir una renta fija por su terreno, continuar con su actividad, además de ser parte de apoyos de mejora del suelo, capacitación en técnicas de reproducción ganadera y de cultivo”, expuso en una entrevista realizada por Istmo Press.

Mientras GM asegura que “paga lo justo”, otros propietarios aseguran que la empresa eólica sí les trae beneficios, pero la inconformidad es la “forma que operan”, como llegan y quieren apoderarse de tierras y no pagar tarifas justas.

Porfirio Montero, quién fuera legislador federal por Oaxaca en los años ochentas y actualmente presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (Uperi) también arrenda sus tierras a por lo menos tres empresas eólicas, entre ellas Grupo México.

“Nos engañaron”, dijo Porfirio Montero, quien no olvida que cuando CISA- Gamesa llegó con su enviado David Horta les plantearon un gran proyecto. Lo que no se imaginó es que dentro de su contrato apareciera la clausula donde la empresa podría vender el parque eólico y años más tarde, en el 2014 se enteran que Grupo México lo había comprado.

“El problema son los contratos ventajosos que las empresas, en le caso de Cisa-Gamesa, firmamos uno cedíamos el derecho a que el desarrollador del proyecto, que es Cisa- Gamesa lo puede vender a quién quisiera, para nuestra buena o mala suerte, lo adquirió Grupo México, que desde el mes de abril venimos dialogando en busca de una reestructuración de contrato, pero hasta la fecha no hay acuerdos”, relata Montero.

“Mi propuesta es que pidamos el 10 por ciento de la generación bruta de los parques eólicos. Ahora con Grupo México cobramos 1 por ciento. En la negociación pedimos 5 por ciento y no aceptaron. Por eso no firmé el contrato”, recuerda Montero. En otros países, la mayoría de las empresas otorga un 4 por ciento de la generación de energía.

Elena Villafuerte, abogada experta en tema de tierras e integrante de la organización Proyectos para el Desarrollo Social (ProDESC) y que brinda el acompañamiento a los dueños de tierras que han decidido cancelar sus contratos reafirma lo consultado con el abogado y señala que las empresas eólicas se olvidaron de que las tierras de la región del Istmo donde están instalados los parques eólicos tienen carácter de “comunal y ejidal”.

“Los contratos son irregulares, leoninos y no solo hablo de Gamesa sino todos, pero lo peor es que los gobiernos lo permitieron, las empresas por ejemplo no pagan impuestos, al contrario reciben un Certificado por generar energía limpia y con eso se lavan las manos, y eso lo avala la Comisión Reguladora de Energía, la propia CFE y la Secretaria de Energía”, expuso.

Así como las empresas eólicas se han extendido a lo largo y ancho del territorio istmeño, el mantenimiento de esas gigantes y blancas turbinas que algunas llevan 10 o 20 años ya instaladas, se ha vuelto también un negocio para unos cuantos, especialmente para los desarrolladores de proyecto, como es el caso de la empresa Gamesa, que se dedica a arrendar tierras, después monta sus aerogeneradores y finalmente vende los proyectos.

Más de 25 contratos donde la Comisión Federal de Electricidad a través de la Gerencia Regional de Producción Sureste, Superintendencia Eólica asignó obras a GES Gamesa para mantenimiento de torres eólicas de sus parques eólicos instalados en el Istmo de Tehuantepec por adjudicación directa por 51 millones de pesos.

Gamesa ahora en compañía con Siemes, se le atribuye el negocio de montaje y construcción de parques eólicos, tal es el caso del que actualmente es propietario “Grupo México” que adquirió en el 2014 llamado “Parque eólico El Retiro” ubicado en el poblado de La Ventosa, Oaxaca.

Los obras de adjudicación directa se dieron entre 2011 y 2014. Tanto en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como en los años que gobernó Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Felipe Calderón dio el contrato más grande a Ges- Gamesa por 11 millones 916.774.68 pesos con fecha 24 de julio del 2011 y fue por “Adjudicación directa federal” , la compra la llevo acabo la CFE a través del Departamento Regional de Abastecimientos en Veracruz #018TOQ031 por concepto de : Refacciones de Aerogenerador Gamesa.

Mientras que Enrique Peña Nieto, el contrato más grande con Ges- Gamesa fue por 10.403.174,17 de pesos por la compra de “Refacciones de la marca Gamesa” y fue celebrado el 6 de septiembre del 2012 mediante una “Adjudicación Directa Federal Internacional.

Además de Gamesa, Ingeteam, empresa también originaria de España y que se dedica al mantenimiento de torres eólicas, también fue una de las “consentidas” de la CFE, y obtuvo adjudicaciones directas en el ultimo gobierno de Felipe Calderón y se extendió con la llegada de Enrique Peña Nieto.

El contrato por arreglo y compostura de eólicas en parques de la CFE ubicados en La Venta, Oaxaca que tuvo a su cargo Ingeteam fue de 19 millones 178 mil pesos, pero en el 2013 fue acreedora de dos contratos donde el gobierno mexicano pagó en dólares por la cantidad de $ 341.126,5 USD equivalentes a 6 millones 505 mil pesos y $ 239.999 USD que significan 4 millones 576 mil pesos.

El total de recurso que invirtió el Estado mexicano en la rehabilitación de las torres de sus parques eólicos fue de 82 millones de pesos.

El abogado experto en derecho administrativo, José Luis Galicia reveló, después de revisar cada uno de los contratos que Gamesa realizó con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que no se justifican los motivos que llevaron a la dependencia del gobierno mexicano a realizar un procedimiento de adjudicación directa, es decir no fundaron y motivaron su actuar, además que los contratos carecen de firmas de cada una de las partes.

Otra irregularidad sumada a la de los contratos es la importación de torres eólicas fabricadas en China, cuando empresas mexicanas pudieron haberlo hecho incluso a menor costo. Esto es investigado ya, de acuerdo a la resolución DOF: 16/04/2019 por el gobierno mexicano. La demanda se inició por dos empresas mexicanas contra la empresa Gamesa.

En diciembre de 2018 las empresas Arcosa Industries de México, S. de R.L. de C.V. y Speco Wind Power, S.A. de C.V. fueron las que solicitaron la investigación.

Las investigaciones de la Secretaría de Economía concluyeron que sí hubo un proceso de discriminación a las empresas mexicanas, que causaron “daño material a la rama de producción nacional del producto similar”.

Rodrigo Peñaloza, activista y defensor de los derechos de la tierra y el territorio reflexiona que las empresas que se han instalado en el Istmo se han aprovechado de la “buena voluntad” de la gente, lo cual ha generado que los contratos firmados se hayan hecho sin consulta alguna y lejos de un pago justo.

“Revisando los contratos vemos clausuras muy leoninas y oscuras, nosotros hemos llevado el acompañamiento de varios pueblos, entonces la riqueza se ha acumulado para unos cuantos, y son los empresarios que lucran con el aire”. Al cierre de esta investigación, se buscó entrevistas con representantes de las empresas transnacionales, pero no se obtuvo respuesta alguna.

Catarina es dueña de una tienda en La Ventosa constantemente se queja del ruido de los 700 aerogeneradores que ahora rodean a la población, a ella no le preguntaron y tampoco al resto de los habitantes sí los querían, la promesa fue el progreso que a 25 años asegura que llegó pero no para todos.

La mujer de 60 años no tiene tierras para arrendar, vive de lo que obtiene de las ventas de su miscelánea y con eso mantiene a su familia, sin embargo el ruido de las turbinas sí le afecta como a todos.

En Unión Hidalgo, otra localidad oaxaqueña, cerca de un campo de futbol, una torre se asoma a escasos 400 metros, ese gigante armatoste se observa desde el centro de la comunidad y por las noches, el ruido se propaga aún más en las colonias y barrios. Jesús Aquino Toledo, es oriundo de esta comunidad y de profesión ingeniero civil, y es experto en análisis de ruido, por lo que realizó un estudio con equipos profesionales en el año 2012 con la finalidad de medir el ruido y alertar de los daños que pudiera generar a la salud.

A él lo motivó leer la vida de familias españolas que viven cerca a un parque eólico y quiso hacer un comparativo de las familias mexicanas que también viven a escasos metros de estos gigantes ventiladores.

“Él saber que existía un parque eólico y observar en una revista de España que muchos animales como vacas y becerros murieron por estrés decidí realizar un Estudio de ruido con equipo profesionales, y encontré muchas irregularidades”.

Como si fuera la espuma, una mancha blanca continua expandiéndose a 25 años de la llegada de la energía eólica en este territorio oaxaqueño, que permite observar cómo la vida en sus comunidades ha quedado atrapada por los 2 mil 447 gigantes ventiladores que resaltan desde cualquier punto por donde se observe, y aunque las empresas y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa en sus discursos celebran que el progreso ha llegado porque ahora la economía fluye más, se les ha olvidado decir que “sólo es para unos cuantos”, porque la pobreza y la violencia en la entidad son los indicadores que han crecido más.

El especialista hizo la medición debajo de varios aerogeneradores del parque eólico “Piedra Larga 1 “ ubicado en la localidad de Unión Hidalgo hasta distancia de 500 metros, obtuvo cinco lecturas que se registró en el equipo y también otro más en el poblado de La Venta y La Ventosa, que coincidieron que no se respeta la distancia comparado con los parques eólicos ubicados en Europa que es de 8 kilómetros.

Más investigaciones de CONNECTAS