Por años, la empresa que administra el agua de la capital española fue para los madrileños la joya de la corona de la administración pública. No en vano lleva el nombre de Canal de Isabel II. Una corporación que heredó el complejo entramado de infraestructura construido durante varios siglos para garantizar el preciado líquido, y que lo ha hecho con eficiencia. Pero las cosas han cambiado en el último año. Por cuenta de sus cuantiosas operaciones en América le han salido detractores desde diferentes flancos que cuestionan que quien ha tenido el control de la empresa por más de dos décadas -el Partido Popular (PP)-, hace y deshace a su antojo con el abultado patrimonio del acueducto sin rendir cuentas. Es decir, habrían convertido la cristalina joya en una empresa opaca de quien nadie conoce las operaciones.

La alianza de El Mundo y CONNECTAS para este especial reúne diferentes aristas de un escándalo que recién asoma la cabeza. Busca dar una mirada global sobre el caso articulando la trama en España con sus implicaciones en América Latina, y brinda especial atención a los cabos sueltos de un complejo caso de varias implicaciones regionales que aún están por determinar.

Al cierre de 2013, las deudas acumuladas del Canal ascendían a 1,108 millones de euros, según el último registro oficial publicado. Todavía hay mucha información interna que se desconoce, pues el consejo de administración se escuda en el secreto de sumario. Las agrupaciones políticas diferentes al PP creen que los resultados de los negocios en el exterior pueden ser los culpables de este balance negativo.

Según los directivos del Canal de Isabel II, de las 29 empresas del grupo 20 de ellas están en América, donde aseguran haber obtenido importantes ganancias sin gastar ni un céntimo. "El Canal no invierte un solo euro de los recaudados por los madrileños en el extranjero; sin embargo, sí obtenemos a cambio beneficios de las inversiones que hacen nuestras empresas filiales. Es más: Canal de Isabel II ha recibido un beneficio económico positivo de 61.71 millones de euros al cambio actual desde 2002 hasta 2015; creo que es una cifra suficientemente importante", dice Ángel Garrido, presidente del consejo de administración de la empresa.

Habla de un escenario idílico donde el Canal prevé nuevas inversiones en distintos países y una diversificación en los negocios más allá del agua: tecnología, cobro de impuestos, recogida de basuras, gestión comercial de servicios públicos, censos a usuarios o construcción de obras civiles. Destaca además una faceta benefactora de la empresa, preocupada, según dice, "en el desarrollo social y humano de las personas más desfavorecidas".

Garrido resalta el papel estratégico de Triple A, una empresa que gestiona desde 1992 los servicios de agua en Barranquilla en el atlántico colombiano, cuyo socio mayoritario fue durante un tiempo la alcaldía pero el Canal pasó a controlar desde finales de 2001. Triple A es la firma de mayor facturación y tamaño de la empresa pública madrileña. Ángel Garrido la menciona como un ejemplo de buena gestión, pues aporta un 66 por ciento de su volumen de negocio en Latinoamérica.

Sólo reconoce problemas en Santa Marta, en el Caribe colombiano, donde existe un litigio con las autoridades locales que quieren cancelar esta relación por mal servicio. El 17 de abril, pocos días después de su declaración, se rescinde definitivamente el contrato del Canal con Metroagua, la empresa que proveía el servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

El 14 de julio de 2016, apenas tres meses después de la declaración en la Asamblea de Madrid del responsable del Canal de Isabel II, se destapa una caja de pandora. Es Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid y miembro también del Partido Popular, quien facilita a la Justicia española documentación sobre la compra en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por parte del Canal. Advierte que han detectado operaciones "anómalas" con dinero público. Y ahí fue Troya.

La creación del Canal Extensia como brazo internacional del Canal de Isabel II en 2001 fue el origen de una intrincada madeja comercial llena de sospechas que por el momento involucra a las autoridades de España, Colombia y Brasil.

Las dos operaciones clave en la trama de las supuestas irregularidades que hoy se investigan son la compra de la colombiana Inassa, que fue la primera en América en 2001, y la de la brasileña Emissao, que fue la última en 2013. Algo más de una década en la que la red del Canal se fue expandiendo por otros países a través de filiales de Inassa y Triple A.

Canal de Isabel II pagó 21.4 millones de euros por Emissao, cuyo patrimonio neto un mes después cayó a menos de la mitad: 10.6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad había bajado hasta los 5.4 millones y a finales de 2015 generaba pérdidas de 5.5 millones. Según el último informe que se ha conocido, el Canal compró la firma brasilera por 21.7 millones de euros a través de su filial colombiana Inassa, cuando 15 días antes el precio de compra fijado era de 21.4 millones de euros, según un informe interno de auditoría: en apenas dos semanas el precio se infló 328,000 euros. ¿A dónde fue a parar ese dinero?

Las revelaciones que ha hecho el bufete de abogados uruguayo Algorta & Asociados mostró el enmarañado proceso por el que el Canal de Isabel II adquirió Emissao, la operación que propició la investigación de la justicia española. La compra se hizo a través de una sociedad instrumental radicada en Uruguay que no registra actividad (Soluciones Andinas del Agua) y que el Canal compró ese mismo año por 3,000 euros. Para adquirir Emissao se utilizó una cuenta en Suiza del Bank Royal of Canada.

Esta compra venía desaconsejada por un informe externo de la consultoría KPMG y otro interno de la propia Inassa en Colombia (la empresa filial que realizó la compra), en el que se exponían distintas razones de peso para no adquirir Emissao: "Se encontró un precario sistema de información financiera, no hay contabilidad al día, no existen políticas administrativas. Se incurre en grandes riesgos operativos, los cuales pueden causar pérdidas debido a la falta de control".

Según Enrique Ossorio Crespo, consejero del Canal en 2013, todo se resumía a que la empresa pública suministraba agua a Río de Janeiro en momentos en que el Gobierno brasileño no pagaba: “si no daba pérdidas era un milagro. No nos pudo sorprender esa situación".

En el caso de Emissao la Justicia española investiga operaciones anómalas en las que se habrían desviado un mínimo de 23 millones de euros de dinero público de los madrileños a paraísos fiscales.

No fue la primera vez que la empresa madrileña hizo un pago por encima del precio real. Es un esquema parecido al que había recurrido 12 años antes en Colombia para comprar Inassa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA), con sede en Barranquilla, que se convertiría en la base de operaciones del Canal de Isabel II en Latinoamérica. En esta operación las autoridades españolas investigan un posible desfalco que sumado al brasilero superaría los 50 millones de euros robados a la Comunidad de Madrid.

El procurador general de la Nación de Colombia, Fernando Carrillo, tras viajar a España para establecer una colaboración en la investigación entre ambos países declaró que "se trata de una multinacional del crimen, una especie de Odebrecht, no sabemos si más pequeño, pero en donde hay autoridades de diferentes países y empresarios involucrados en esta trama de corrupción".

En el resto de países donde el Canal extendió sus intereses se observan varias estrategias en común: la compra de empresas locales que se convierten en filiales de Inassa y Triple A (las firmas colombianas que sirven como base de operaciones del Canal en América) y el contacto con personajes influyentes locales que les ayuden a ganar contratos. Es el caso de México, Perú, Ecuador y Venezuela.

En la República Dominicana el Canal tejió una red a través de su filial AAA Dominicana y se investiga el pago de comisiones a funcionarios a cambio de obras en el país. Según el juez español Eloy Velasco (quien ha encabezado la investigación hasta ser sustituido a finales de junio por Manuel García-Castellón) el personaje clave en estas operaciones es Ángel Rondón, socio de Inassa en República Dominicana.

La misma estrategia de pagos de comisiones para alcanzar contratos públicos se desarrolló en Panamá. En su escrito oficial el juez Eloy Velasco habla de "indicios de actividad corrupta" en el país y menciona dos personajes que servían como gancho del Canal.

El primero, el empresario Sergio Vidal, quien habría pagado una comisión ilegal de 273,672 dólares para "manipular el proceso de licitación" a favor de Inassa de una obra para el diseño y construcción del alcantarillado sanitario de La Pintada, en la provincia de Coclé, en el centro del país. El segundo es Francisco Javier Domínguez Anaya, gerente de la filial de Inassa en Panamá y que sería el responsable directo de estos contratos ilícitos.

Con los antecedentes en Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana, las autoridades no descartan que las prácticas irregulares hayan sido el sello de gran parte de la expansión del Canal Isabel II en los otros países de América. Varios capítulos que aún están por descubrirse.

Para entender por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid es quien "auto-denuncia" a la empresa pública más prestigiosa a su cargo, hay que escarbar en el historial de corrupción que ha golpeado a su partido en los últimos años. El PP, de tendencia conservadora, gobierna España desde 2011 y la capital ha sido uno de sus feudos. Corre por Madrid una teoría según la cual Cristina Cifuentes encarna "el nuevo PP", un partido que se dice impoluto y repudia los escándalos de sus compañeros en el pasado, los del "viejo PP".

Hay una lucha fratricida por el poder donde un personaje ha jugado un papel destacado: Ignacio González. Quien fuera presidente de la Comunidad de Madrid de 2012 a 2015 y responsable del Canal de Isabel II durante casi una década, de 2003 a 2012, fue detenido el pasado 19 de abril acusado de ser el cerebro de toda la trama. Se le acusa de los delitos de prevaricato, organización criminal (concierto para delinquir), malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios del Canal en Latinoamérica.

Fue durante años la mano derecha de Esperanza Aguirre, el protegido de la persona más poderosa del PP en la capital de España. Ella fue quien le colocó a dedo en lo alto de la Comunidad de Madrid tras dimitir por sorpresa en 2012. Es una persona polémica dentro de su propio partido, donde ha protagonizado enfrentamientos hasta con el eslabón más alto: el presidente español Mariano Rajoy. Es un secreto a voces que ambos no se soportan.

Uno de los escándalos que ha protagonizado Ignacio González es la compra de una casa de lujo en Estepona (Marbella), al sur de España, por el que su mujer y él pagaron 770,000 euros en diciembre de 2012, sólo tres meses después de ascender a la presidencia de la Comunidad de Madrid. La investigación de esa compra por la justicia española ha sido bautizada como la "Operación Ático". El hecho de que González esté en medio del entramado del Canal de Isabel II es uno de los elementos que atiza las dudas sobre el caso.

Con él como responsable del Canal se realizaron todas las operaciones que ahora son investigadas, a excepción de la compra inicial de la empresa colombiana Inassa en 2001. En ese momento estaba al cargo de la empresa pública de aguas otro hombre destacado del Partido Popular, Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia en España entre 2011 y 2014, como presidente de la Comunidad de Madrid, un puesto que ocupó entre 1995 y 2003.

La principal prueba de momento contra Ignacio González es la declaración el 13 de julio de su socio, Rodríguez Sobrino, que asegura que el ex presidente de la Comunidad de Madrid cobró 900,000 euros a través de dos cuentas bancarias en Suiza por inflar el precio de la compra de la empresa brasileña Emissao en 2013. Por esa operación, con un sobreprecio de más de 20 millones de euros con dinero público, habrían obtenido 2.7 millones de euros que se repartieron entre ellos dos y Luis Vicente Moro, ex delegado del gobierno del PP en Ceuta, que habría actuado como testaferro de su amigo Ignacio González, según ha publicado en exclusiva el periódico El Mundo de España.

Este soborno que propició la compra de Emissao en 2013 por encima de su precio real se produjo a través de un "acuerdo de comisión" con Sebastiao Cristovam, la cabeza de la empresa brasileña, según la declaración de Rodríguez Sobrino a la que ha tenido acceso El Mundo. Tanto González como Moro niegan las acusaciones del que fuera su socio: «De lo que ha dicho Rodríguez Sobrino no hay nada de nada», asegura este último.

Es la primera vez que un hombre de la máxima confianza de Ignacio González le incrimina directamente en el cobro de comisiones en la trama del Canal de Isabel II. Con su decisión de colaborar con la justicia, Rodríguez Sobrino pretende que el juez le dispense un trato favorable y que éste se extienda también a su hija, investigada como posible testaferro en sus operaciones. Este giro de guión puede ser determinante para resolver la trama.

Además, Rodríguez Sobrino era quien supuestamente recibía toda la información de los contratos ilícitos en Panamá, por lo que sin duda será una de las claves para desenmarañar lo sucedido. Por el momento, ha sido trasladado a una cárcel distinta a la de Ignacio González en Soto del Real (Madrid) para que no puedan estar en contacto directo.

La red de contactos del Canal en América llegó a ser muy poderosa. Según los últimos datos de la investigación que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, Ignacio González valoraba la oportunidad de trasladar su vida como empresario a América. Su socio Rodríguez Sobrino ha confirmado la existencia de un "dinerillo en B".

En un audio interceptado por las autoridades españolas, en poder del juez Manuel García-Castellón que dirige el caso en España, Edmundo Rodríguez Sobrino ya preveía cómo la operación del Canal Isabel II les traería problemas. "Estoy harto de decirle a todo el mundo que la única manera de cerrar esta historia para siempre es con la venta. ¡Es la venta! ¡Es la venta! Olvidarnos de todo". Es finales de 2016, él ya está cesado de su cargo y tiene el teléfono pinchado por la policía.

Al otro lado de la conversación está la ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, y en un momento concreto hablan del empresario colombiano Diego García Arias, al que acusan de haber abonado mordidas a políticos en Colombia: "Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes...". García Arias, quien ejercía como gerente de expansión internacional en Inassa y también jugó un papel importante en Metroagua, era en la práctica el gancho de las filiales en varios países de América. La justicia española ha emitido una petición de extradición desde Colombia para que declare sobre su implicación en la trama.

El caso avanza despacio. Entre finales de junio y agosto de 2017 cambió el juez al cargo. Eloy Velasco dio paso a Manuel García-Castellón y se produjeron varios movimientos en el tablero de ajedrez: los más importantes, la salida de prisión de Pablo González, hermano del cerebro de la trama, acusado de actuar como testaferro, y de María Fernanda Richmond, directora financiera del Canal, tras una rebaja de la fianza que bajó hasta un 0.025 por ciento respecto a la cifra inicial: de cuatro millones a 100,000 euros. El nuevo magistrado al cargo justifica esta medida porque, en el caso de ellos dos, ya "no existe riesgo de fuga".

En el viaje detectivesco a Cartagena está el origen del nombre que las fuerzas del orden en España han puesto a la investigación: Operación Lezo. Blas de Lezo fue un almirante español que dirigió la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico en el siglo XVIII.

A partir de la investigación en España (desde que apresaron el pasado 19 de abril a Ignacio González hay varios investigados, incluidos algunos de sus familiares), se derivan dos operaciones en Latinoamérica.

La primera, en Colombia, donde toma el nombre de Operación Acordeón, por sus múltiples ramificaciones. Por el momento se ha producido una colaboración inédita entre la Justicia española y la colombiana. El primer fruto llegó el 6 de junio, cuando la Guardia Civil española encontró 260,000 euros en billetes de 50 que estarían relacionados con las operaciones ilegales del Canal, en un apartamento de lujo de Edmundo Rodríguez Sobrino en Barranquilla.

El 13 de junio arrancó una operación similar en Brasil bautizada como 'Ignatius' (por Ignacio González) en la que está colaborando la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil española. El objetivo es destapar las irregularidades en torno a la adquisición de Emissao. Según el juez español que inició la investigación, Eloy Velasco, esta se efectuó "a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales" y se habría producido una "premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones".

El auto de prisión dictado por Eloy Velasco apunta a un "entramado societario opaco" a través del cual el Canal habría realizado "desvíos de dinero público" mediante empresas instrumentales "que operaban en países terceros de escasa opacidad".

Ya hay dos ex directivos de Emissao que han sido llamados para declarar en la comisaría y se han tramitado otras nueve órdenes de búsqueda y captura en Brasil. El 5 de mayo el Canal de Isabel II decidió cesar a uno de sus altos cargos en la filial de Brasil, Diogo Pacheco, tras conocerse que podría haber alertado al entorno de Ignacio González de que la Justicia le seguía el rastro.

Existe una sospecha de que en la trama estén implicados políticos de los países por los que tejió su red el Canal. Según publicó el periódico El Mundo de España, tres directivos de Triple A aportaron de forma privada 25 millones de pesos colombianos cada uno (hasta tres y cinco veces su salario) para la campaña de 2010 del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Los entonces directivos de esta campaña han negado que hayan sido aportes relacionados con la empresa, pues estos están consignados bajo el nombre de personas de manera individual.

Ex trabajadores y directivos de Triple A han explicado a El Mundo que la financiación de campañas también habría alcanzado al actual alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. A través de un comunicado el pasado 16 de junio, él niega que para su campaña a la Alcaldía aceptaran aportes "de ningún particular o empresa privada" pues esta "se financió con créditos bancarios y recursos propios".

También aparece el nombre de José Manuel 'El Yuyo' Daes, uno de los empresarios más fuertes de la costa colombiana. Según ha trascendido, este aparece en la información de los investigadores en una supuesta trama de pagos de sobornos a funcionarios de la República Dominicana con la ayuda de los socios locales del Canal de Isabel II. Algo que no ha confirmado la justicia.

La comisión de investigación sobre corrupción sigue adelante en la Asamblea de Madrid para intentar descifrar esta y otras incógnitas. Hasta ahora, sólo se conoce el comienzo del escándalo, una trama que incluye adquisiciones por un precio desorbitado con dinero público de los madrileños, cuentas en Suiza, sociedades en paraísos fiscales, dinero en cajas B para pagar 'mordidas' a políticos y sobornos para conseguir contratos a dedo.

La última conexión turbia que ha salido a la luz sitúa a las empresas del Canal en la costa Caribe financiando a los paramilitares en Colombia. Así lo ha declarado José Gélvez Albarracín alias 'El Canoso' en el medio colombiano Noticias Uno. Dice que entre 2002 y 2003 recibió cheques de los gerentes en ese momento de Inassa (Diego García) y Metroagua (Jorge Roa) para que les ayudaran a intimidar a la población que estaba ocasionando pérdidas a estas empresas al conectar el agua de forma ilegal.

"El Canoso" está en la cárcel acusado de ser el responsable de las finanzas del Bloque de Resistencia Tayrona. En esa época los grupos paramilitares ejercían una influencia fuerte en la costa norte del país.

En la Asamblea de Madrid avanza la investigación sobre corrupción del Canal de Isabel II. En la comparecencia del 23 de junio de 2017 María Espinosa de la Llave, del grupo de la oposición Podemos, criticaba no sólo el uso de dinero público de los madrileños para negocios personales sino el daño que han causado en Latinoamérica. "Ustedes, que presumen de ser buenos gestores, hemos visto cómo hacen compras ruinosas que no solamente suponen una pérdida de dinero para la ciudadanía madrileña sino que suponen, además, un negocio con el derecho al acceso a agua potable de pueblos de Latinoamérica".

Mientras la Justicia sigue indagando sobre el verdadero alcance del caso, el Canal de Isabel II ha anunciado que va a vender sus filiales en América, donde quiere deshacerse de todo. Ya hay 12 de ellas en proceso de liquidación. "A partir de ahora va a ser una empresa 100 por ciento pública cuya actividad se va a circunscribir exclusivamente al territorio nacional", ha dicho su presidente, Ángel Garrido. Así termina la aventura de la firma española por América: con las manos vacías y dejando un rastro de sospecha que tardará en limpiarse.