El indígena aymara Carmelo Flores convivió con la pobreza hasta el último suspiro de sus 123 años. Huérfano desde niño, Carmelo se dedicó a cuidar ovejas y llamas junto a sus hermanos para subsistir en la comunidad rural de Frasquías, cerca de La Paz. Cocinaba con estiércol de animales, en lugar de leña, y bebía agua de la quebrada que caía de un cerro.

Este hombre, que sólo hablaba lengua aymara, vio interrumpida su calma en 2013, cuando se hizo público que era la persona más longeva del mundo. Un día de septiembre sintió que el viento removía la pajabrava del altiplano: era el helicóptero de Evo Morales. El rostro de Carmelo, ya marcado por las arrugas, quedó frente al presidente de Bolivia: se arrodilló y le pidió una casa y comida para su nieto.

Evo Morales y Carmelo Flores en Frasquías-La Paz. Crédito: AP

Carmelo murió en julio de 2014 sin saber que su nombre se inmortalizaría en un suplemento nutricional que el Estado reparte a los adultos mayores. El gobierno de Morales, fiel a la historia de Carmelo, garantizó un mecanismo de atención social, pero la provisión del suplemento que lleva su nombre; pronto se convirtió en un negocio millonario en manos de una empresa.

La mayoría de las contrataciones del Estado destinadas a los suplementos Carmelo y Nutribebé, un complemento similar pero destinado a la infancia, fueron otorgadas a la empresa Industria Químico Farmacéutica Sigma Corp, constituida en Cochabamba. La compañía se quedó con el 91% de los contratos públicos para la provisión de estos productos entre 2012 y 2019, un negocio que representa 626 millones de bolivianos.

Sigma Corp fue la única compañía habilitada por el gobierno de Morales para suministrar los suplementos durante los primeros años, situación que consolidó la creación de un monopolio que goza hasta la actualidad de la complicidad estatal por la falta de controles.

Los datos se desprenden de una investigación del periódico boliviano El País, en alianza editorial con CONNECTAS y el apoyo del Internacional Center For Journalists (ICFJ), que revisó 1.372 contratos públicos firmados en los últimos ocho años por la Caja Nacional de Salud y los municipios de todo el país para la adquisición de estos productos. Más de la mitad de las compras públicas fueron hechas por contrataciones directas y a través de mecanismos de excepción, es decir, sin licitaciones públicas.

Mientras Sigma Corp acumulaba contratos sin competencia, el Estado miraba para otro lado: la Contraloría General del Estado (CGE), en respuesta a una solicitud de información de El País, indicó que hizo una sola supervisión desde que se implementaron los suplementos (Nutribebé en 2008 y Carmelo en 2015). Solo uno de los 166 legisladores nacionales hizo una petición de información al Gobierno, pero la respuesta no la hizo pública. La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) optó por el silencio cuando fue consultada de manera escrita por este periódico.

La sintonía entre Sigma Corp y el Movimiento Al Socialismo (MAS) – matriz del Gobierno de Evo Morales - quedó expuesta como nunca antes por el coronavirus. Como parte de su expansión, la compañía se convirtió en la representante exclusiva para la fabricación y distribución del Avifavir, un medicamento del grupo farmacéutico Chemrar aliado al Fondo Nacional de Inversión de Rusia utilizado para tratar a los infectados con Covid-19. Como el gobierno de Jeanine Áñez no entregaba la habilitación para comercializar el producto en Bolivia, el expresidente Morales se lanzó públicamente con posteos en redes sociales para que no se retrase la autorización y se comercialice el Avifavir en este país.

“Nosotros nunca fuimos políticos ni tuvimos vínculos con ningún Gobierno, aquí no hay nada chueco ni raro. Si usted me pregunta por qué eran los únicos proveedores, la respuesta es que nadie más se presentaba o no cumplían con las especificaciones – comentó el ejecutivo – Después, que haya venido un senador y diga quiero que le den a Alcos y haga temblar el Ministerio, bueno, ya son otras cosas. Nosotros no hacemos eso. Por eso es que siempre terminamos peleándonos con el Ministerio, como ahora por el Avifavir. Nosotros no somos políticos”.

El País intentó contactar vía teléfono al presidente del directorio de Alcos SA, Fernando Liendo, pero no contestó a ninguna de las llamadas realizadas.

Los contratos muestran que, cuando Sigma Corp fue el único proveedor del Estado, aplicó el precio máximo permitido por el Gobierno nacional: 54 bolivianos por cada bolsa de Carmelo y 23,6 bolivianos por el Nutribebé. Cuando se consolidó la competencia, en 2018 y 2019, la empresa bajó el precio del producto hasta en un 50 por ciento, según el análisis realizado sobre la base de datos elaborada por El País en alianza con CONNECTAS.

Los precios unitarios registrados durante el periodo de competencia empresarial permiten calcular un monto medio de 40,25 bolivianos para el Carmelo y 18,75 para el Nutribebé. Se estima que el Estado hubiese ahorrado 133 millones de bolivianos solo entre los años 2015 y 2018 si, incentivada por la competencia, Sigma hubiera vendido a un costo promedio sus productos. Lo suficiente para comprar 477 respiradores de Terapia Intensiva iguales a los que adquirió la Región Autónoma del Gran Chaco, o pagar la construcción del hospital Materno Infantil en Tarija-Bolivia.

Mauricio Ramírez, representante legal de Sigma Corp, señaló que la variación de precios son parte de estrategias comerciales, al punto de que la empresa hasta podría ofrecer gratis los suplementos: “Seguramente los escenarios son diferentes hoy día y mañana serán otros. Los precios, mientras no excedan los marcados por la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales, no hay infracción. Nosotros podemos, incluso, regalar los productos”.

Por otro lado, no solo Sigma, ITA y Alcos firmaron contratos con el Estado por la venta del Carmelo y Nutribebé, sino también otras 14 empresas sin Registro Sanitario, las cuales dijeron que vendieron esos suplementos siendo una “especie” de intermediarias de las dos primeras industrias. El director ejecutivo de Sigma, Sergio Pol, aclaró que ellos no usan intermediarios y las ventas hechas por las otras 14 firmas, pueden tratarse de personas que actúan en el “mercado negro”, por lo tanto, hay que denunciarlas.

COMPRAR, PERO NO ENTREGAR

¿Cómo funcionaron las compras de los suplementos Carmelo y Nutribebé? La ejecución del programa consistió en que el Ministerio de Salud, mediante la Agemed, primero seleccionaba a la empresa proveedora. Luego, todos los municipios de Bolivia y los seguros de corto plazo debían adquirir los productos de esa industria, bajo la advertencia de que el incumplimiento acarreaba procesos administrativos y penales.

Luego de años de compras estatales, la Agemed instruyó en la Circular 082/2019 no considerar en las especificaciones técnicas “otro tipo de apoyos” establecidos por municipios para las empresas proveedoras de los suplementos, como las facturaciones extras por motivos de: “la impresión de banners, la conformación de ferias y otro tipo de apoyos”.

Los alcaldes, tanto oficialistas como opositores, nunca objetaron públicamente el mecanismo de compra para el Carmelo y Nutribebé. En la misma línea, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), Álvaro Ruíz García, considera que no es extraño que una empresa haya tenido el monopolio de los alimentos y aclaró que los alcaldes sólo cumplieron la ley que les ordenaba comprar esos productos.

Pero más allá de las compras, también se reportaron problemas en la distribución. Los municipios cumplían con las adquisiciones de los suplementos y el pago a Sigma, pero los alcaldes ningún año entregaban la totalidad de las bolsas. Por ejemplo, en el caso del Carmelo, entre 2015 y 2019 quedó un acumulado de 1,5 millones de unidades que no llegaron a los beneficiarios, según datos del Ministerio de Salud. Esa cantidad es equivalente a unos 81 millones de bolivianos (calculado a 54 bolivianos cada bolsa).

En julio del 2019 se destruyeron al menos 100 toneladas de ese tipo de alimentos en Cochabamba, entre Carmelo y Nutribebé porque habían expirado. El Ministerio de Salud no respondió cuando El País le preguntó de manera escrita sobre el total de productos que fueron puestos a disposición final.

Destrucción de suplementos nutricionales “Carmelo y Nutribebé” vencidos en Cochabamba. Fuente: Captura video Red Uno

Ese hecho, que tiene luces de un daño económico al Estado, no captó la atención de la Contraloría, institución que tampoco actuó cuando el 2017 el Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio-Beni pagó 65 bolivianos por cada bolsa del Carmelo, año en que el precio máximo fijado por el Gobierno era 54 bolivianos. Su trabajo se resume a una sola supervisión a la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil) en Pando, donde observaron la falta de entrega del Carmelo desde la gestión 2017 y terminaron el proceso con una nota administrativa.

Por otro lado, en Caracollo-Oruro el Ministerio Público allanó las oficinas del alcalde Juan Chino Salinas en julio de 2019, quien hizo figurar dinero ejecutado en la compra del Carmelo, pero los beneficiarios nunca recibieron el producto y tampoco estaban en los almacenes, según el ex fiscal Orlando Zapata. La ex autoridad edil recibió detención preventiva mientras continuaba la investigación del caso.

El Estado gastaba una fortuna en el Carmelo, pero el suplemento no siempre llegaba a los abuelos. El vicepresidente de la Confederación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia, Alberto Floresbellon, aseguró que no todos los alcaldes cumplían con la dotación del producto, pero remarcó que otro problema era que los abuelos presentaban males digestivos cuando consumían el Carmelo. Por eso plantearon que se suspenda ese suplemento y a cambio exigieron que esos 54 bolivianos que costaba cada bolsa se incluyera a la pensión mensual de la vejez. El pedido no fue escuchado.

La fiscalización realizada por esta asociación civil detectó en los pasados años un camión con productos Carmelo dentro de una granja de pollos y denunciaron el hecho ante el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes). Ante la inacción, llegaron hasta la sede de Gobierno para que el hecho no quedará en la impunidad. A raíz de esos reclamos, las autoridades –aseguró Floresbellon- sancionaron a Sigma con una multa no mayor a los 7 mil bolivianos.

Pol Kippes, director ejecutivo de Sigma, dice que hubo una confusión por parte de los adultos mayores y que, en realidad, la que tuvo problemas de ese tipo fue su competencia, la empresa ITA SRL.

DE BOLIVIA AL MUNDO

Álvaro Ruíz, presidente de la FAM junto a los ejecutivos de Sigma Corp. Crédito: FAM-Bolivia

Si el Nutribebé y el Carmelo revolucionaron las cuentas de Sigma Corp, el coronavirus dio un vuelco en el perfil público de la compañía, cuando se mostraron como nunca antes en sintonía con autoridades del MAS, el partido de Morales. Desde esa fuerza política se inició una especie de campaña para que el actual Ministerio de Salud otorgue a la compañía el Registro Sanitario para el Avifavir, un medicamento fabricado en Rusia y usado en ese país para el tratamiento de los infectados de Covid-19, aunque hay expertos que sostienen que no hay pruebas concluyentes sobre su efectividad.

Sigma Corp consiguió que la compañía Chemrar y el Fondo Nacional de Inversión de Rusia le dieran la representación para vender ese fármaco en siete países de Latinoamérica, pero no lograba que el gobierno de Áñez le otorgara la licencia para comercializarlo en Bolivia. Entonces, el expresidente Morales intervino públicamente: reclamó cuatro veces en sus redes sociales, en menos de 20 días, que se le diera autorización a Sigma Corp. Antes de eso, miembros de su bancada, mayoría en el Legislativo nacional, presentaron un proyecto de ley para la adquisición extraordinaria del Avifavir.

Álvaro Ruiz García, presidente de la FAM y hombre de confianza de Morales, fue un paso más allá: diligenció cartas a la embajada rusa y al actual Gobierno de Bolivia para apurar la aprobación del Avifavir. Sostuvo reuniones con los directivos de Sigma y, mediante un acuerdo firmado el 1 de septiembre, les garantizó la compra del medicamento, aunque un tratamiento completo por persona significa invertir más de 4 mil bolivianos. Esa acción fue merecedora de felicitaciones públicas por parte de Evo en su cuenta de Twitter.

Consultado sobre el tema, Ruiz negó que desde el MAS se haya impulsado una campaña a favor de la empresa, explicó que el partido político al cual pertenece, solo se enfocó en dar certidumbre a la población en cuanto al tratamiento de Covid-19 se refiere. Dice que, si existiese otro medicamento, también realizarían las mismas acciones.

Sigma, apoyada por autoridades del MAS, realiza gestiones ante el Ministerio de Salud para que el Avifavir ingrese a la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (Liname), mediante la cual, el Gobierno facilita a las proveedoras la estimación de adquisición anual del producto y permite compras directas. Esa misma figura se aplicó a los suplementos Carmelo y Nutribebé, que, según el Ministerio de Salud, significó entre 2012 y 2019, una inversión estatal de 880 millones de bolivianos, de los cuales, 626 millones fueron para Sigma Corp.

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