Ecuador desentierra cuerpos para encubrir sus culpas

‌El coronavirus hizo estallar el sistema sanitario de Guayaquil, el Estado no supo identificar a los fallecidos y ahora, un año después, intenta solucionar el drama con exhumaciones. Esta investigación reconstruyó la cadena de errores de funcionarios públicos que desembocó en la peor crisis sanitaria de la ciudad. Todavía hay 62 cuerpos NN y más de 100 familias que reclaman por sus muertos.‌ ‌

Por Karina Medina y Susana Morán

10.03.2021

Cada vez que sube al auto, Elsa Maldonado mira la urna que descansa en el garaje de su casa, le reza un padrenuestro y le pide que cuide su hogar hasta que ella vuelva. Ahí dentro están las cenizas de una víctima del coronavirus a quien ella nunca conoció. “Desde el primer momento tuve el presentimiento de que no era mi mamá”, recuerda.

Su madre, Enma Aguirre, de 86 años, falleció en el Hospital Los Ceibos, de Guayaquil, el 26 de marzo de 2020. Su cuerpo supuestamente fue cremado y entregado en esa urna a su familia. Pero a los diez días, Elsa recibió una llamada del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La voz al otro lado del teléfono le pedía que revisara la página web coronavirusecuador.com y encontrara el lugar donde Emma había sido enterrada. Para su sorpresa, ahí constaba el nombre de su madre y decía que había sido sepultada en el Parque de La Paz. Desde entonces, Elsa puso la urna con las cenizas de un desconocido en el garaje. Ahí lleva más de diez meses. Elsa se ha quedado con los restos de un ajeno y no sabe qué hacer.

En una esquina del garaje de la casa de Elsa Maldonado permanece la urna con las cenizas de un desconocido. Aún la Policía no se comunica con ella para realizar los trámites del retiro de la urna. Foto: Wladimir Torres.

Los Ceibos fue uno de los cuatro hospitales de Guayaquil que confundieron la identificación de los cuerpos, durante marzo y abril de 2020. En esos dos meses se registró el pico más alto de la pandemia en Ecuador: un paciente moría cada 25 minutos en las casas de salud. Los cuerpos se acumularon. El personal hospitalario tuvo que contratar estibadores del puerto para moverlos y el Gobierno usó contenedores para almacenar a los fallecidos que ya no cabían en las morgues.

Esta investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, PlanV, La Barra Espaciadora y CONNECTAS, con el apoyo del International Center For Journalists, reconstruyó los hechos y las decisiones equivocadas que desataron una crisis sin precedentes. Una crisis que, un año después, todavía no se ha resuelto: de los 227 cuerpos hallados sin identificación en los contenedores aún 62 permanecen como NN. A ellos se suman más de 100 familiares que desconocen dónde están sus fallecidos o dudan de que sus parientes fueran enterrados donde el Gobierno dice que los inhumó, y ahora piden su exhumación. Ni la Policía Nacional ni la Fiscalía General han encontrado a los responsables.

En noviembre del 2020, la Fiscalía dio la orden para empezar con la exhumación de los restos de 45 personas que fallecieron en el Hospital de Los Ceibos. Fueron exhumados en el Parque de la Paz, de la vía La Aurora. En la última semana de enero y los primeros días de febrero del 2021, la Fiscalía ordenó otras siete exhumaciones en el Parque de la Paz, de Pascuales. Hasta febrero de 2021, los familiares de 12 de los 45 primeros cuerpos no habían sido ubicados y pasaron a las pruebas de ADN. Tres cuerpos de los 33 restantes habían sido sepultados con identidades erróneas.

Durante los peores días de la crisis sanitaria en Guayaquil, las familias se quedaron por días con sus fallecidos en las casas porque los cementerios y las funerarias colapsaron. En uno de los barrios más populares de la ciudad, Monte Sinaí, una familia quemó un ataúd vacío, después de que la Policía realizara el levantamiento del cuerpo. Foto: Iván Castaneira

En plena crisis, hubo decisiones oficiales que, en lugar de ayudar, sumaron presión al sistema público de sanidad. El Gobierno dispuso que los cuerpos de los fallecidos fueran cremados cuando en toda Guayaquil solo había tres crematorios, e impuso un toque de queda que también restringió la operación de sectores como el funerario e incluso la del Registro Civil. Como resultado, mientras los familiares hacían inmensas filas para concretar los trámites de defunción y buscaban un sitio disponible en los cementerios, los hospitales se saturaron de cuerpos que, sin refrigeración adecuada, pronto entraron en estado de descomposición.

Esta aglomeración fue el detonante: las etiquetas con las identificaciones de los fallecidos, que eran colocadas en las muñecas de los contagiados o directamente en las bolsas para cadáveres, se dañaron debido a la putrefacción o se perdieron cuando los familiares, desesperados, entraban a los contenedores a buscar a sus muertos ante la falta de respuesta de las autoridades. La acumulación de cadáveres, la falta de vigilancia, las negligencias técnicas y el ingreso constante de personal no autorizado confluyeron en un drama indescriptible. Muchas familias ecuatorianas aún no recuperan la tranquilidad que se les arrebató.

Hospitales llenos de cuerpos, decisiones erróneas

Cada 25 minutos fallecía un paciente en el Hospital Los Ceibos de Guayaquil durante el peor momento de la pandemia. Era imposible desocupar a tiempo las camas de los fallecidos, recuerda una médica consultada para esta investigación. Desbordado, el personal de la morgue demoraba porque estaba recogiendo cuerpos en otras áreas del hospital. Al mismo tiempo, desde Emergencia reclamaban espacios para los pacientes graves, pero los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no podían autorizar ingresos hasta que las camas fueran desocupadas y desinfectadas. Estas dificultades para trasladar los cadáveres desataron la primera crisis en los hospitales de Guayaquil.

A inicios de abril, el nuevo gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo se estrenó en su cargo embalando y cargando muertos con sus propias manos. Nadie quería hacer ese trabajo, cuentan médicos que estuvieron ahí y que hablaron bajo la condición de anonimato. En ese hospital fallecieron 701 personas entre marzo y junio de 2020, cuando en todo 2019 se habían registrado solo 100 muertes. Desde la máxima autoridad hasta los camilleros, que son los encargados de trasladar a los fallecidos, se contagiaron. Por eso, fue necesario contratar a alrededor de 20 estibadores del puerto de Guayaquil para mover los cuerpos. A inicios de abril, trabajaron por turnos, durante 12 horas diarias, para sacar 50 cuerpos de un contenedor y colocarlos en hileras en el patio del hospital, y luego volver a identificarlos.

Los médicos del Hospital General Guasmo Sur encontraban en cada cambio de turno hasta cinco cuerpos en el piso de las áreas más críticas. Pacientes contagiados y médicos permanecieron durante horas en los mismos espacios apretados donde las víctimas mortales del coronavirus esperaban su traslado. Los médicos bromeaban: ‘si no me mata el Covid-19, me matará la pseudomona (bacteria que se desarrolla en zonas húmedas antisépticas)’. En ese hospital murieron hasta 32 personas cada día.

Según fuentes que prefirieron el anonimato, las máximas autoridades sanitarias de Guayaquil y del país conocieron cada detalle de esta crisis, pues recibieron la información de primera mano por parte de los médicos. Hubo reuniones diarias entre funcionarios y miembros de los equipos de contingencia de los hospitales. A esas sesiones asistieron, entre otros, Paúl Granda, expresidente del IESS, y Otto Sonnenholzner, exvicepresidente del Ecuador y quien fue el encargado por el presidente Lenín Moreno para dirigir la atención gubernamental a la emergencia sanitaria en Guayaquil.

En una de esas sesiones, los médicos plantearon a las autoridades que pidieran a las clínicas privadas, mediante decreto, abrir sus puertas también a los pacientes con Covid-19, según dijo una fuente que asistió. Hasta entonces, solo los hospitales centinela -que forman parte de la red estatal sanitaria- recibían a estos enfermos. Se designó uno por provincia, según el Plan Covid que presentó en diciembre de 2019 la exministra de Salud, Catalina Andramuño. Pero su Plan no fue capaz de atender la demanda de la ciudad.

Granda afirmó que su papel fue “de motivador” mientras estuvo al frente del IESS y que no recordaba esa propuesta. Pidió que ese tema sea consultado a sus técnicos. Uno de ellos, Mauricio Espinel, contó que hubo resistencia de las clínicas privadas por discrepancias con el tarifario. Sonnenholzner dijo, en una entrevista telefónica, que hubo hospitales privados que quisieron atender a los enfermos, pero no abrieron sus puertas porque consideraban que no estaban listos. Les faltaban equipos y debían habilitar espacios, aseguró. Los médicos sintieron, en cambio, que el Gobierno no dio una respuesta de la dimensión que requería la crisis y por eso no fue capaz de descongestionar el sistema público de salud.

Fuera de los cementerios de Guayaquil, las familias hicieron filas durante días para poder enterrar a sus parientes, en el inicio de la pandemia. Foto: Iván Castaneira

Hubo dos decisiones específicas que abonaron a la acumulación de cuerpos en los hospitales, explicaron fuentes médicas. La primera fue la disposición de cremar los cadáveres con Covid-19, una orden que incluía quemar los equipos y la vestimenta hospitalaria del paciente, según César Torres, exgerente del Teodoro Maldonado Carbo. Pero a finales de marzo, el sistema funerario de Guayaquil se fue a pique. Los tres únicos crematorios de la ciudad registraron largas filas de familiares que buscaban un turno. En espera de las cremaciones, los hospitales empezaron a retener los cuerpos.

En pocas semanas el protocolo no soportó la crisis y el Gobierno cambió esta decisión a finales de marzo: los hospitales empezaron a entregar los cuerpos embalados a los familiares, siempre y cuando tuvieran contratada una funeraria. Pero el número de fallecidos también superó las capacidades de los cementerios y de los servicios exequiales.

La segunda decisión fue decretar un estricto toque de queda que no tomó en cuenta al sistema funerario. El 24 de marzo, en pleno aumento de la curva de fallecidos, el presidente Lenín Moreno endureció el confinamiento y restringió la movilidad entre las 14:00 y las 05:00. Eso redujo la atención de los cementerios y del Registro Civil, encargado de entregar los certificados de defunción, requisito necesario para las inhumaciones o cremaciones.

Al mismo tiempo, los funerarios dejaron de atender, sea por miedo a un contagio o porque no podían movilizarse debido a las restricciones. La decisión significó un viacrucis para las familias que tenían que completar los trámites para retirar los cuerpos de los hospitales, una diligencia que tomaba hasta una semana, según testimonios de parientes y de autoridades hospitalarias. Mientras afuera los trámites demoraban, dentro de los hospitales los cuerpos se acumulaban y se descomponían.

Las morgues fueron las primeras en colapsar. El Teodoro Maldonado Carbo aglomeró 50 cuerpos en su morgue y también en sus alrededores. Un frigorífico, en situaciones normales, puede albergar hasta ocho cuerpos, pero durante la pandemia esos lugares refrigerados se saturaron y hubo que buscar nuevos espacios. El personal de ese hospital tuvo que desocupar, por ejemplo, una bodega de insumos médicos para almacenar los cadáveres. En el Hospital Guasmo Sur se usó un extenso pasillo contiguo a la morgue, que tiene aproximadamente 30 metros de largo, explicó una fuente médica.

El mal manejo de los cuerpos fue el motivo para que la Defensoría del Pueblo, basada en testimonios de 37 familias, interpusiera una demanda contra tres hospitales. En junio pasado, en la audiencia por esa causa, funcionarios del Guasmo Sur dijeron que los cadáveres fueron apilados uno encima de otro por falta de espacio y que pidieron una solución al Ministerio de Salud. Esa solicitud consta en la hoja 1.726 del expediente judicial. Pero el Ministerio no respondió y tampoco las autoridades del hospital insistieron, dijo el juez de la causa.

En esa misma diligencia, representantes del Guasmo Sur aseguraron ante el juez que los parientes fueron los responsables de la acumulación de los cadáveres porque -según dijeron- no acudieron oportunamente a retirarlos. Esas palabras causaron indignación entre los presentes.

Afuera de los hospitales, los familiares esperaron información sobre el estado de salud de sus enfermos con Covid-19. Adentro, algunos fallecidos no fueron identificados adecuadamente o enviados a otras casas de salud sin la documentación respectiva. Foto: Iván Castaneira

En medio de ese caos aparecieron otros actores: el personal de hospitales pequeños del IESS, como el Hospital del Día IESS Sur Valdivia y el Hospital del Día Efrén Jurado López, enviaron cadáveres al Teodoro Maldonado Carbo sin documentación alguna. En un camión, llegaron más de 20 cuerpos. “Las unidades satélite mandaban los cuerpos como si fueran un saco de papas”, dijo una fuente que estuvo ahí. El testigo contó que lo mismo se repitió en Los Ceibos.

Eso fue lo que sucedió con el cuerpo de Ana Terrero, de 82 años. Ella falleció en el Efrén Jurado y sus restos fueron trasladados a los contenedores del Guasmo Sur, el 30 de marzo. Sus familiares acudieron a ese hospital, pero no tuvieron respuestas sobre el paradero de su pariente. En la sentencia judicial se explica que el cuerpo de Terrero fue enviado como NN, a pesar de que llegó al hospital en compañía de sus familiares.

El caos de las etiquetas de identificación

Etiquetas tiradas en el piso, borrosas e ilegibles, pisoteadas por funerarios y familiares desesperados en busca de sus seres queridos. Eso es lo que recuerdan de esos días críticos varios parientes y fuentes médicas que pidieron no revelar su identidad por temor a represalias. En contenedores y morgues, las identificaciones no resistieron a los fluidos que invadieron esos espacios.

Cuando un paciente es hospitalizado, el personal sanitario le coloca un brazalete de plástico con una etiqueta de cartón plastificado en la que anotan sus datos. Es esa la identificación que se usa si el paciente muere en el hospital. Pero durante la pandemia, las autoridades dispusieron que los cuerpos fueran entregados embalados para así evitar contagios. Los fallecidos, entonces, fueron identificados con etiquetas externas.

Las imágenes de esos rotulados, obtenidas durante esta investigación, muestran adhesivos pegados a las bolsas de cadáveres con los nombres del paciente y las siglas de cada hospital escritos con marcador. A su lado se ubicaba otro papel con más datos del fallecido y el número de la bolsa. Pero estos materiales no resistieron los fluidos ni el paso del tiempo.

También hubo dificultades cuando se trató de identificar a los cuerpos directamente con un brazalete. “Los brazaletes se empapaban. Es un papel resistente que sí soporta fluidos. Pero si usted sumerge un papel de esos en fluidos durante bastante tiempo va a terminar descomponiéndose también”, explicó un médico del Hospital Guasmo Sur.

Pero esos brazaletes plásticos tuvieron que ser cortados cuando los pacientes se hinchaban, porque les cortaba la circulación. Una fuente médica de Los Ceibos relató que era habitual quitarles las identificaciones a los pacientes cuando se les hacía una gasometría arterial, un procedimiento que determina el nivel de oxígeno en el cuerpo. Entonces, se les pegaba la etiqueta en el pie con cinta adhesiva. Esa fuente consideró que esa fue una posible causa del extravío de cuerpos, porque esas etiquetas pudieron dañarse.

Hubo más problemas: cuando un paciente está en la unidad de Emergencia, solo lleva una pulsera de colores, que indica la prioridad con la que debe ser atendido, sin sus nombres. Fueron estos lugares justamente donde se recibió una avalancha de contagiados. Entre marzo y abril, las áreas de Emergencia de Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo atendieron a 21.555 pacientes, según datos del IESS. Muchos de ellos fallecieron allí mismo a los pocos minutos de haber llegado. “Siempre se trató de identificar al paciente desde que ingresaba a Emergencia”, refutó Rodolfo Zevallos, director Técnico de Los Ceibos.

Los pacientes que llegaban muy graves a las salas de Emergencia de los hospitales o fallecían en los vehículos. En esas áreas, hubo problemas para la identificación de los fallecidos. Foto: Iván Castaneira

Algunos cuerpos fueron a la morgue sin ser rotulados, porque sus espacios debían ser desocupados para el ingreso de nuevos pacientes, dijo otra fuente médica. También llegaron personas solas en tal grave estado que ya no podían hablar. Para volver a identificarlos, el personal del Teodoro Maldonado Carbo empezó a cotejar fechas de ingreso, diagnósticos y enfermedades previas. Así redujo el número de cuerpos sin nombres, pero eso no fue suficiente.

Cuando llegaron los investigadores de Criminalística, este hospital tenía 20 cuerpos NN, según la Fiscalía. Era un número menor a lo registrado en otros hospitales. “Nosotros reconocemos 30 cuerpos y nos vamos tranquilos. Pero al día siguiente tienen 60, 70, 80 cuerpos más sin reconocer”, dijo un agente de esa unidad policial a personal de ese hospital sobre lo que sucedía en Los Ceibos y Guasmo Sur.

La crisis también generó desabastecimiento de bolsas para cadáveres y el material para el rotulado. Los hospitales debieron hacer compras de emergencia. Como ocurrió con Los Ceibos, que adquirió bolsas a sobreprecio, por lo que sus funcionarios y los vendedores aún enfrentan un proceso penal. En el Teodoro Maldonado Carbo, los médicos prefirieron comprar plástico negro para elaborar fundas artesanales. El mismo plástico que usaron para forrar las rejas que dan a la calle para impedir que los familiares y curiosos metieran las manos e hicieran videos de los cuerpos con sus teléfonos celulares.

Un infierno llamado contenedor

Antes de entrar a los contenedores del Hospital Los Ceibos, Xavier Castro repartió entre el personal funerario y de la morgue varias copias de la última foto que le hizo al cuerpo de su madre. Él mismo había puesto a Esmeralda Parrales, de 77 años, en la bolsa negra de cadáveres que le fue entregada en Emergencia, de donde fue expulsado tras reclamar atención para su familiar. En esa área, a Esmeralda le colocaron una pulsera amarilla -que significa urgencia- sin su identificación personal. La foto que su hijo repartió el 31 de marzo la muestra con una pijama blanca de estampados grises. Su rostro aún estaba cubierto por la mascarilla de oxígeno.

Entre marzo y abril, Guayaquil se convirtió en una ciudad de peregrinos con ataúdes. En vehículos particulares, ante la escasez de servicios funerarios, las familias buscaron espacios en los cementerios para sus fallecidos. Foto: Iván Castaneira

En esos días, decenas de familiares se agolparon en los exteriores de los hospitales para que les entregaran los cuerpos de sus fallecidos. Sin ninguna información, algunos entraron a la fuerza. Otros se hicieron pasar por funerarios para reconocer a su pariente. Vestidos con trajes de bioseguridad soportaron horas de espera en una ciudad que en esa época del año registra más de 30 grados de temperatura a la sombra.

Castro asegura haber revisado, junto a su hermano y a un funerario, 300 cuerpos almacenados en ese hospital. Su búsqueda comenzó después de que le entregaron el cuerpo de un hombre como si fuese el de su madre. En los contenedores de tres hospitales de Guayaquil, la Policía halló 227 cuerpos NN, según los registros de Medicina Legal. Esa entidad, hasta el cierre de esta publicación, aún trataba de identificar a 62 de esos cuerpos.

Los contenedores sirvieron como depósitos temporales para la gran cantidad de fallecidos que hubo en los hospitales y en las viviendas. La Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador y la Cámara Marítima del Ecuador donaron 20 contenedores refrigerados. Las entidades portuarias no quisieron hablar del tema y lo derivaron al Comité de Emergencia liderado por Jaime Nebot, cuyo equipo no contestó. De esos 20 contenedores, solo 12 fueron usados. Dos fueron ubicados en el Teodoro Maldonado Carbo; dos en Los Ceibos; uno en Monte Sinaí, uno en el Universitario y tres en el Guasmo Sur. También se colocaron tres más en Criminalística.

Marjorie Raza tuvo que ingresar a la morgue del hospital Guasmo Sur para buscar el cuerpo de su padre entre una centena de cadáveres sin identificación. Foto: Wladimir Torres.

Los contenedores más comunes miden 12 metros de largo y tienen una capacidad de hasta 30 toneladas. Aunque no es usual conservar cadáveres, podrían llegar a almacenar entre 60 y 70 cuerpos, según Ángel Martínez, gerente de Loinde S.A., empresa que comercializa contenedores. Ese número contempla la estatura promedio de un ecuatoriano y la ubicación de los cuerpos en dos hileras, uno al lado de otro, de manera que se forme una especie de pasillo en la mitad para poder circular.

Pero en los hospitales, primero se rebasó la capacidad de las morgues y luego también la de los contenedores. Castro tomó imágenes en Los Ceibos que muestran los cuerpos envueltos en bolsas negras que llenaban el piso de los contenedores. El familiar, quien ingresó a la fuerza junto a 50 personas más, contó que tuvo que pisar a “los caídos por el coronavirus” en busca de su mamá.

Carlos Alay observó que muchos de los cuerpos en los contenedores de ese hospital no estaban rotulados. Su padre, Adalberto Alay, falleció el 29 de marzo. Cuando fue a retirar su cuerpo, el encargado de la morgue le quiso dar un cadáver sin nombre. Él abrió la bolsa y vio que era el cuerpo de una señora. Entonces decidió meterse al contenedor haciéndose pasar por un funerario. Revisó, uno a uno, 30 cadáveres, pero solo encontró un papel con el nombre de su padre tirado en el piso.

Marjorie Raza describió un contenedor ocupado hasta la mitad de su capacidad con cuerpos, en Guasmo Sur. Ella había ido a buscar a su padre, José Raza, de 70 años. El 9 de abril, Marjorie pudo entrar hasta la morgue y a las áreas aledañas, después de que algunos policías le permitieran el paso junto a decenas de familiares. Las náuseas y el llanto le quitaron las fuerzas para voltear los cuerpos que otros familiares habían dejado boca abajo. Así que Marjorie se juntó a un ‘hacherito’-como se llama en Guayaquil a los adictos a la droga ‘H’, un degradado barato de la heroína combinado con veneno para ratas, cal o cemento- que buscaba a su mamá. Cada vez que el ‘hacherito’ abría una bolsa, ella se asomaba para ver el cadáver. Juntos revisaron más de 100 cuerpos sin ningún resultado. Ella aseguró que los cuerpos no estaban identificados. Por eso, debían abrir los cierres de las fundas y ver el rostro de cada fallecido para así comprobar si se trataba o no de su pariente.

Fuera del depósito, observó otros 30 cuerpos hinchados y ubicados “como sea”. “Nadie controlaba nada”, contó Raza.

Pero la mayor crisis de los contenedores ocurrió en Guasmo Sur, un hospital situado en uno de los sectores más pobres de Guayaquil, que recibió en sus tres contenedores gran cantidad de cuerpos de otros hospitales y viviendas.

“Discúlpeme, los hospitales son para los vivos”, le dijo Juan Montenegro, exjefe de Medicina Legal, al exministro de Salud Juan Carlos Zevallos, cuando este le informó que se había designado a ese hospital como centro de acopio de los cuerpos. En los últimos días de marzo, Montenegro recibió la llamada del funcionario que había ocupado el lugar de Andramuño, quien a su vez había renunciado mediante una carta dirigida al presidente Moreno en la que aseguraba que no contaba con los recursos necesarios para atender la crisis. Zevallos, su sucesor, le pidió asesoría a Montenegro para armar el Protocolo de Manipulación y Disposición Final de Fallecidos por Covid-19.

“Frente a la situación que estamos viviendo va a ser un centro de contagio mayor, porque se van a encontrar las familias que van con su paciente y las que van a reclamar el cadáver”, argumentó Montenegro. El experto sugirió a Zevallos usar el Estadio Modelo Alberto Spencer como centro de acopio y crear un banco fotográfico digital de los fallecidos en el lugar del deceso, sea este un domicilio, un hospital o la calle

¿Por qué Zevallos ignoró estas sugerencias? Esa es ahora una pregunta sin respuesta. El funcionario también renunció el 26 de febrero pasado, en medio del pedido de un juicio político por irregularidades en el manejo de la pandemia y la vacunación. Hace meses, él y el personal de su ministerio dejaron de contestar los pedidos de información de la prensa. El exministro viajó a Miami, cerró su cuenta de Twitter y en su número telefónico solo contesta el buzón de mensajes.

Hasta el día de la publicación de esta investigación, la Fiscalía no ha encontrado a los responsables por el mal manejo de los cuerpos en los hospitales, ni por el hecho de que personas ajenas a los centros de salud entraran a los contenedores a cambio de dinero para buscar cuerpos. Tiene dos denuncias que no han avanzado.

Pero hay otros problemas que las autoridades no han mencionado, como los errores técnicos para la conservación de los cuerpos. El manejo de la temperatura es clave para evitar la descomposición, explicó el técnico Martínez, y esta debe ser monitoreada cada dos o tres horas. Martínez cree que las plataformas de los hospitales estuvieron a temperatura de conservación, es decir, a 5 grados, cuando debieron estar a temperatura de congelación, entre 20 y 25 grados bajo cero, lo que hubiese evitado los fluidos

Se necesitan también cortinas de frío para que al abrir las puertas de los contenedores el aire permanezca dentro. Martínez sostiene que la apertura de las puertas tenía que ocurrir una sola vez, durante cinco minutos, para mantener la cadena de frío. Pero en las imágenes captadas por los familiares no hay cortinas y se observan las puertas abiertas.

Miguel Ángel Moreno, antropólogo forense de Medicina Legal a cargo de la identificación de los cuerpos, coincidió en que este sería uno de los motivos para su deterioro. Él pudo ingresar a los contenedores de Guasmo Sur y comprobó que la mayoría de los cuerpos estaba en mal estado. Los tejidos –relató- no soportaron el cambio de temperatura. En su opinión, esto se debió a posibles fallas eléctricas o puertas abiertas.

También ocurrió que el contenedor tardaba en volver después de salir de una casa de salud hacia los cementerios. Entre marzo y abril, por ejemplo, solo hubo dos de estos registros en Los Ceibos. Según fuentes médicas, el Ministerio de Obras Públicas no tuvo la capacidad logística para llevarlos diariamente. Obras Públicas no respondió las preguntas sobre este tema.

Los apuntes de qué cuerpos salían y qué cuerpos entraban a los hospitales los llevaron los guardias de seguridad, pero al extraviarse las etiquetas de los cadáveres dejaron de ser útiles esos códigos que usaron. En Guasmo Sur ese registro no sirvió para los forenses que llegaron a identificar los cuerpos. En la audiencia por la demanda de la Defensoría del Pueblo contra el Estado, el juez dijo que la responsabilidad de la custodia recayó en el Ministerio de Salud y en su hospital. En esa misma diligencia, el juez esperó que Salud presentara algún registro de la entrega de cuerpos o cadena de custodia. Pero esa institución no expuso ningún documento.

Exhumar para identificar errores

A un año del inicio de la pandemia, la Policía y la Fiscalía llevan a cuestas dos problemas: cuerpos sin identificar y denuncias de extravíos. Los 62 NN de los contenedores siguen en la morgue de Criminalística de Guayaquil. Los forenses ya no tienen más muestras de familiares con las cuales comparar. Deberán esperar a que alguna persona los reclame. Su hipótesis es que hay cuerpos de personas sin familia o se entregaron cuerpos cambiados.

A este grupo se suma otro. Durante marzo y abril del 2020, el Estado creó una fuerza especial para enterrar a 1.598 personas que fallecieron en casas y hospitales. Los inhumó en dos cementerios cercanos a la ciudad. Pero durante este año, 100 personas han hecho una denuncia por irregularidades ante la Fiscalía, entidad que, a su vez, ha ordenado a Medicina Legal que les tome muestras de ADN.

Estas familias tienen tres problemas: no aparece el cuerpo de su familiar, los cuerpos salieron registrados como sepultados en dos lugares diferentes o tienen dudas de las inhumaciones que hizo la Fuerza de Tarea Conjunta y piden exhumaciones. Sus inquietudes afloraron cuando en los hospitales les quisieron entregar cuerpos cambiados.

A una familiar, que prefirió mantener su identidad en reserva, le dieron el cuerpo embalado de su padre en el Hospital Monte Sinaí. Ella exigió al personal de la morgue que abriera la funda para confirmar la identidad, pero los empleados no lo hicieron. Cuando sus familiares salieron del lugar, abrieron la bolsa cuando estaban en su vehículo y se dieron cuenta de que habían recibido un cuerpo ajeno. Regresaron para devolverlo y reclamar el cuerpo correcto, pero el personal del hospital les dio un segundo cadáver que tampoco era el de su pariente. Finalmente, les informaron que el lugar de la inhumación de su padre aparecería en la web coronavirusecuador.com.

La misma familia contó que ya ha solicitado la exhumación del cuerpo que fue enterrado en el Parque de La Paz, en Pascuales, con el nombre de su ser querido. La duda creció cuando un antropólogo forense le mostró la imagen de la etiqueta de la bolsa de cadáveres en la que consta el nombre de su progenitor con fecha de deceso de 7 de junio de 2020. Pero su pariente murió el 7 de abril.

En noviembre del 2020, la Fiscalía dio la orden para empezar con la exhumación de los restos de 45 personas que fallecieron en el Hospital de Los Ceibos. Fueron exhumados en el Parque de la Paz, de la vía La Aurora. En la última semana de enero y los primeros días de febrero del 2021, la Fiscalía ordenó otras siete exhumaciones en el Parque de la Paz, de Pascuales. Hasta febrero de 2021, los familiares de 12 de los 45 primeros cuerpos no habían sido ubicados y pasaron a las pruebas de ADN.

Briggitte Meyer Prado, por ejemplo, no fue notificada por la Policía, porque los investigadores le dijeron que no pudieron encontrarla. La joven se enteró de que el cuerpo de su madre había sido exhumado por una llamada que le hizo este equipo periodístico. Ella acudió hasta Criminalística y allí su esperanza de encontrar viva a su madre terminó. “Ese día sentí que mi mamá murió por segunda vez”. Durante ocho meses Briggitte mantuvo la duda de si en realidad el cuerpo que estaba en ese nicho era el de su madre. Pero solo después de hablar con los forenses pudo tener la certeza de que quien estaba allí era efectivamente Lilia Prado, su mamá.

Arriba. Nombres, flores y una que otra lápida se divisaban en las bóvedas de uno de los bloques del Astillero del camposanto Parque de la Paz, de la vía La Aurora, antes de realizarse las 45 exhumaciones. Abajo. Sin ninguna identificación y solo con el número de nicho permanecen 41 de las 45 bóvedas después de realizadas las exhumaciones, entre noviembre del 2020 y febrero de 2021. Fotos: Karina Medina

Entre marzo y julio pasados, el antropólogo Moreno y su equipo detectaron un error. Algunos de los cuerpos que habían logrado identificar aparecían en la página coronavirusecuador.com como enterrados en cementerios de Guayaquil. Es decir, eran cuerpos inhumados con una identidad equivocada. Hubo cinco casos de este tipo. Enseguida, comunicaron el problema al fiscal para que ordenara las exhumaciones. Medicina Legal propuso hacerlas seis meses después para evitar riesgos de contagios de su equipo.

“Una sospecha no es suficiente para una exhumación”, le dijo una agente policial a una familiar que está en un grupo de 15 personas, adicionales a los 100, que ha solicitado exhumaciones a la Fiscalía. Algunas de ellas han dado su versión. En una de esas conversaciones, una agente dio esperanzas: “A todos se exhumarán”. ¿Sobre cuántos cuerpos hay sospecha? Es una pregunta que ni la Policía ni la Fiscalía han resuelto, pues las investigaciones están en una fase preliminar.

Entre esas 115 familias, hay quienes no tienen hasta el momento ninguna información sobre los cuerpos que entregaron al Gobierno. Desde el inicio de la pandemia, la búsqueda de un registro que permita conocer el paradero exacto de los cuerpos ha sido una odisea para las familias que debieron incluso perseguir camiones con contenedores, como Adrián Camejo.

Él siguió con su vehículo a uno de los trailers que salió de Los Ceibos una noche. Un guardia le dijo que su madre, Zoila López, de 62 años, había sido colocada en un contenedor. Camejo y su padre siguieron al camión hasta el cementerio Parque de la Paz. Pero no pudieron entrar. Desde entonces, Adrián padre y Adrián hijo fueron todas las mañanas al camposanto cargando un ataúd, con la esperanza de que el cuerpo de Zoila fuera enterrado. El 15 de abril fue el último día de su rutina. Revisaron la lista de sepultados en ese camposanto y el nombre de Zoila no estaba escrito ahí. Aún no la encuentran.

Este reportaje fue realizado por Karina Medina y Susana Morán para Periodistas Sin Cadenas, PlanV, La Barra Espaciadora y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.