Erradicación forzada como campo de batalla
Mientras Eladio contemplaba al grupo de militares apostados en la montaña que se divisa justo en frente de su predio, en el corregimiento San Juan de Puerto Libertador, detrás de ese cerro, en ese mismo momento, campesinos y Fuerza Pública se trenzaban en una fuerte confrontación. Claro está, la noticia le llegó un par de horas después, gracias a unos videos filmados por los propios campesinos por medio de sus teléfonos móviles, los cuales fueron distribuidos a través de la red social Whatsapp.
Eladio reprodujo los videos en su teléfono móvil. Las escenas son fuertes y dantescas: allí se escuchan tiros de fusil, se observan los gases lacrimógenos, se oyen gritos de mujeres y niños y se ve a un campesino herido en su pierna derecha. El labriego no pudo aguantar su indignación: “Hace años llegaba el Ejército y nos trataba de ‘guerrilleros HP’. Ahora nos dicen que somos colaboradores de los ‘paracos’, pero uno no ve que se den plomo con ellos. Los soldados solo vienen a arrancarle la coca al campesino y a tratarlo mal. Pero, es lo que yo me pregunto: ¿para qué tanto militar? ¿Para arrancar 100, 200 hectáreas que hay si acaso? ¿Cuánto costará todo ese operativo? ¿Por qué no le metieron esa platica al PNIS?”. El PNIS es el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
Antes de finalizar el día, la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, (Ascsucor), denunció que “miembros de la Policía Nacional dispararon ráfagas de fusil de manera indiscriminada contra los campesinos que resistían las erradicaciones forzadas. Allí se presentó el ESMAD, quienes con gases intentaban dispersar a la población campesina protestante (…) las ráfagas de fusil impactaron contra la humanidad de un campesino, al parecer, fracturándole su pierna izquierda”. El enfrentamiento ocurrió a poco más de 80 kilómetros del corregimiento San Juan, según informó en su comunicado Ascsucor.
Escenas como las que indignaron al campesino cordobés se repitieron durante 2020 a lo largo y ancho del país. Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, iniciativa de las universidades de El Rosario, Nacional de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana, en 2020 se registraron 55 enfrentamientos en medio de jornadas de erradicación forzada, que a su vez dejaron nueve personas muertas en confusos hechos y un total de 58 heridos, varios de ellos de consideración.
Se trata de un aumento significativo con respecto a los casos registrados en 2019, cuando el mismo Observatorio consignó cuatro eventos, que tuvieron lugar en Putumayo (Valle del Guamuez, Puerto Asís, San Miguel) y Norte de Santander (El Zulia). En uno de ellos (Valle del Guamuez, febrero de 2019) se registraron dos heridos luego de fuertes enfrentamientos entre campesinos y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía.
Arnovi Zapata, líder campesino oriundo del sur de Córdoba y actual presidente de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), colectivo que nació hace cuatro años con el fin de incidir en el diseño de la política antidrogas en Colombia, señala que “fueron hechos que sucedieron, en general, en todo el país donde hubo erradicaciones, pero sí fueron más fuertes las agresiones de la Fuerza Pública en Guaviare, Putumayo, Cauca, Nariño, Córdoba y Antioquia”.
Para el líder campesino, el aumento de las agresiones en los operativos de erradicación forzada podría explicarse en que “Ejército y Policía tienen orden de erradicar los cultivos por encima del que sea, sin respetar los derechos de los campesinos. Yo mismo he sido testigo de soldados que llegan a los cultivos diciendo que ellos tienen la orden de darle plomo al que se atraviese. Y los campesinos dicen que ellos están solicitando la implementación de la sustitución voluntaria y que no se van a dejar arrancar las matas así como así”.
Para Pedro Arenas, experto en política antidrogas y cofundador de la organización Viso-Mutop, la explicación al aumento de las confrontaciones durante el desarrollo de jornadas de erradicación podría deberse a que “la hoja de coca es un cultivo que brinda ingresos cada dos meses, que a su vez suele irrigar la economía de territorios donde la presencia estatal es poca o nula y suele generar empleo. Bajo estas circunstancias, la erradicación significa para una comunidad campesina, nada más y nada menos, perder la única fuente de ingresos allí donde no hay otras alternativas económicas, lo que a su vez implica someterse al hambre”.
La otra cara de esta moneda la constituyen los civiles y militares que han perdido la vida o han resultado heridos en cumplimiento de jornadas de erradicación, cuyas cifras también registraron preocupantes aumentos durante 2020.
De acuerdo con la Dirección de Policía Antinarcóticos (DIRAN), se presentaron aumentos en los hostigamientos, que pasaron de siete en 2019 a un total de 12 en 2020; ocurrieron 185 casos más de incidentes o choques con campesinos con respecto a 2019 (224 en todo 2020) y el número de policías heridos y fallecidos en jornadas de erradicación aumentó significativamente: 35 y 3, respectivamente.
Uno de los hechos más dolorosos registrados por las fuerzas militares fue la muerte de los soldados profesionales Óscar Chantre y Hernán López, cuando estos activaron un artefacto explosivo improvisado y oculto entre matas de hoja de coca mientras adelantaban actividades de erradicación. El evento se registró en Tumaco, Nariño, en septiembre de 2020. Las autoridades militares responsabilizaron del hecho al llamado grupo residual Frente Oliver Sinisterra (FOS).
Al final, allí, en esos extensos territorios de la Colombia rural donde crece la hoja de coca, los campesinos, representados por las organizaciones en que se agremian, manifiestan en su mayoría no estar dispuestos a arrancar sus matas si la erradicación no llega acompañada con verdadera inversión social. Y esa es la verdadera encrucijada que asoma en el horizonte para el Gobierno colombiano cuando todo indica que el siguiente paso será la fumigación aérea, fruto no solo de la decisión de ponerla en marcha por parte de la administración del presidente Duque, sino además como resultado de la presión estadounidense, que reclama más resultados en esa materia. Entonces no es descartable que el actual clima de confrontación, que es pan diario en esos lugares del país, escale a situaciones más complejas. Más aún, en medio de los efectos sociales y económicos de la pandemia de covid–19 y del debate de una nación polarizada con miras a las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para 2022.