Un exilio dorado en España ha sido protagonizado por empresarios venezolanos cercanos al poder político y por exfuncionarios de alto rango que acumularon grandes fortunas durante los últimos 20 años de gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Muchos de ellos están acusados por hacer negociados con el petróleo, con contrataciones públicas o con operaciones con divisas en un mercado cambiario que era controlado por las autoridades. Desde 2014, con la muerte de Chávez, aumentó la tendencia de emigración de portadores de grandes capitales al país europeo.
Se asentaron con la ayuda de los visados de residencia para inversores, las golden visas que permiten al beneficiario permanecer en el país tras una inversión superior a los dos millones de euros o con la compra de un inmueble de más de 500 mil euros. No tuvieron las premuras de los millones de venezolanos que han salido de su país por la emergencia humanitaria: llegaron en aviones privados o con la discreción de la clase business.
Chavismo INC. rastreó personas vinculadas al chavismo en documentos judiciales y otros registros públicos de 69 países, con los que se construyó una base de datos que ofrece un retrato aproximado del patrimonio y las relaciones de esas personas. La vida de lujo, las inversiones y los movimientos bancarios despertaron en algunos casos la sospecha de autoridades judiciales españolas que iniciaron al menos nueve investigaciones por presuntos delitos de lavado de dinero, falsedad documental, delito fiscal, soborno, prevaricación, corrupción en las transacciones económicas internacionales, administración desleal, estafa y delitos contra la Hacienda Pública, de acuerdo con la sistematización realizada para el presente trabajo.
Sólo en seis de esas causas se sigue el rastro de más de 230 millones de dólares del patrimonio público venezolano que quedaron comprometidos. De las 31 sociedades identificadas en Chavismo INC., hay 20 mencionadas en alguna investigación.
La operación de desembarco se orquestó con patrones que se repiten en muchos casos. El primero fue la constitución de sociedades interpuestas en España y países con políticas fiscales laxas como Panamá, pero también Suiza, Islas Caimán, Malta, Liechtenstein, Andorra y Chipre, entre otros. A través de esas sociedades, invirtieron en uno de los mercados más especulativos: el sector inmobiliario, especialmente en barrios de lujo, para lavar dinero o generar rentabilidad, según sospechas de los investigadores. La modalidad permitió a algunos refugiarse en una vida social de alto nivel y mezclarse con la jet set española en lugares como la soleada Marbella, la exclusiva urbanización La Moraleja o el tradicional barrio de Salamanca, en Madrid. En muchos de los casos, contaron con los servicios de abogados y asesores contables locales, algunos emparentados con sectores conservadores.
La iniciativa de investigación transnacional de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS y Alianza Rebelde Investiga (ARI), en la que participaron periodistas e investigadores de Venezuela, Argentina, Panamá, España, Estados Unidos, República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Bolivia, reunió información que da cuenta de la magnitud de las operaciones del chavismo dentro y fuera de su país: los engranajes del capitalismo bolivariano en el mundo.
Telarañas millonarias
Una de las personas con mayor cantidad de sociedades, inmuebles y relaciones, de acuerdo con la base de datos, es Nervis Villalobos. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante la gestión de Hugo Chávez —entre 2001 y 2006—, y tenía la llave de grandes contratos públicos, especialmente en el sector petrolero y eléctrico. Es investigado en Estados Unidos, España, Portugal, Andorra y Venezuela por delitos como lavado de dinero que lo ubican en el dentro del ranking de los pesos pesados en supuestas rutas de sobornos millonarios y la consecuente legitimación de capitales.
Villalobos se instaló en Madrid en 2014 junto a su esposa, Milagros Coromoto Torres, y sus tres hijos. La familia empredió una vida de lujos desde entonces y en poco tiempo logró comprar inmuebles de alto valor, algunos situados en locaciones de las más caras del país. En su operación, el exfuncionario público contó con el apoyo de Alfonso Garrido Picón, del despacho B Law & Tax, un consultor español especializado en asesoría fiscal. Una de las empresas clave de Villalobos en España fue Kingsway Europe SL, según las investigaciones en el país europeo. Garrido confirmó a Chavismo INC. que brindó al exfuncionario servicios de “gestión contable y declaraciones fiscales” a esa compañía. “La información relativa a los servicios prestados al señor Villalobos está en manos de las autoridades de España”, añadió en un mensaje escrito de respuesta a un cuestionario.
A través de Kingsway Europe SL, Villalobos compró una serie de inmuebles, de acuerdo con documentos de la Fiscalía Anticorrupción de España. La empresa era financiada a través de una matriz denominada Kingsway LDA inscrita en Madeira, Portugal, que ha sido investigada por operaciones de lavado. Así él adquirió en 2017 dos apartamentos en la calle José Abascal, en el opulento barrio de Salamanca, cada uno de 300 metros cuadrados y con un valor de 1,6 millones euros. Ese rincón es el más caro de Madrid: el metro cuadrado oscila entre los 5 mil y los 9 mil euros. En la calle José Ortega y Gasset 44 compró para un familiar un lujoso apartamento valorado en más de medio millón de euros. También en 2017, Villalobos compró un piso de más de un millón de euros sobre la calle Barceló próxima al barrio Salamanca, según la fiscalía.
La justicia también posó su mirada en otra sociedad denominada Columbus Properties One, que lo vincula con otros venezolanos. A través de ella Villalobos realizó una inversión en Columbus Hills, en Marbella, el destino paradisíaco favorito de millonarios rusos, saudíes y británicos. Columbus Properties One es una Sociedad Cotizada Anónima de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), un vehículo de inversión inmobiliaria que goza de ventajas fiscales, creado por el gobierno español en 2009 para atraer dinero en plena crisis. Estas sociedades no son supervisadas por los funcionarios de Hacienda, sino por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo presidente es nombrado directamente por el gobierno. A los venezolanos relacionados con Columbus Properties One, incluido el exviceministro, les embargaron un total de 115 inmuebles.
Villalobos ha estado dos veces preso en España y su deportación a Estados Unidos fue aprobada y luego retirada por la Audiencia Nacional. En el país europeo esa instancia lo vincula con la recepción de sobornos de parte de la empresa española Duro Felguera, contratada en 2008 para desarrollar un complejo de energía en Venezuela. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional lo relaciona con el lavado de 54,3 millones de euros a través de una compleja estructura financiera con nodos en España.
En Estados Unidos un tribunal de Texas le atribuye participación con un esquema millonario de sobornos asociado a la operación de la petrolera estatal venezolana Pdvsa y más recientemente el Departamento de Justicia le vinculó con lavado de activos del narcotráfico. En el principado de Andorra, un juzgado lo menciona como uno de los venezolanos que participó en movimientos de más de 2.000 millones de dólares a través del sistema bancario local. La trama involucra conexiones con una larga lista de países y nombres cercanos al chavismo que incluyen al expresidente de PDVSA y exembajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, y su primo Diego Salazar.
Contactado para este trabajo, Villalobos señaló a través de sus agentes de comunicaciones que ha respondido suficientemente las acusaciones. En declaraciones previas ha defendido su inocencia y ha argumentado que sus ingresos provinieron de actividades de consultoría con clientes, principalmente españoles, que atendió cuando se desvinculó del gobierno venezolano.
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Negocios entre lujos
El mapa de venezolanos cercanos al poder incluye a Rafael Sarría Díaz. En España están registradas compañías con vinculaciones con este empresario sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La institución lo identifica como testaferro del número dos del chavismo, Diosdado Cabello. Entre las empresas que sancionó la institución estadounidense en mayo de 2018 se encuentra 114020 Corp, una firma asentada en Florida que tiene entre sus directivos a su esposa, Mireya Carolina Hidalgo de Sarría. Ese nombre aparece asociado a dos compañías domiciliadas en territorio español: Galvestown Trade SL y Mazal 17 SL.
Hidalgo de Sarría figura como administradora única de la primera desde noviembre de 2019. Galvestown Trade SL fue constiuida en enero de ese año y su propósito es hacer intermediación comercial. Tiene su domicilio en una lujosa casa del Paseo Conde de los Gaitanes en el barrio La Moraleja de Alcobendas en Madrid. Allí, entre otros, viven celebridades del mundo del fútbol español y del espectáculo. Según un ranking publicado por la agencia tributaria española, La Moraleja es la zona residencial con los habitantes de mayor ingreso fiscal del país europeo. Otra empresa registrada en Francia a nombre de Hildago de Sarría (SCI 3 Avenue Bosquet) también declara como domicilio la misma dirección. Chavismo INC visitó el inmueble, pero una persona que contestó el interfono no facilitó contacto alguno para hacer preguntas.
Hidalgo de Sarría también aparece como administradora solidaria en la empresa Mazal 17. La compañía declara en el registro mercantil que su sede está en el número seis de la calle Orfila, en una adinerada zona del centro de Madrid. En esa localización, sin embargo, se encuentra el Hotel Relais and Chateux Orfila. El equipo de esta investigación visitó el sitio y los empleados y la gerencia negaron que otra compañía funcionara en el hospedaje. En las leyes españolas no se permite, sin excepciones, proporcionar la dirección de un hotel como sede de una empresa.
Mazal 17 SL opera en el sector inmobiliario desde 2018, pero, como la mayoría de las empresas mencionadas en el presente reportaje, carece de página web y tampoco existen registros públicos de su actividad. Fue constituida por un empresario local que se separó de la firma a principios de 2019, cuando Hidalgo de Sarria se sumó como administradora de la empresa y poco después de que Sarría Díaz fuera sancionado en Estados Unidos.
En los datos mercantiles, se explica que la firma es propiedad de otra compañía denominada Comercio y Desarrollo 2100 SL, que se dedica al asesoramiento fiscal, legal y económico. Está domiciliada en la calle Nogal, una urbanización residencial de Madrid. Las personas que se encuentran en la dirección responden al interfono cuando el equipo de esta investigación llama. No abren la puerta, ni siquiera para preguntar si al otro lado de la línea hay un potencial cliente. Al secretismo con el que abordan las visitas se suma que en su órgano de administración constan tres personas que comparten apellido y figuran como administradoras de más 535 sociedades, según datos consultados para el trabajo.
La propietaria de Comercio y Desarrollo es a su vez la firma de asesoría contable y fiscal Bergeon Española. Chavismo INC. se comunicó telefónicamente con esa empresa para solicitar una dirección de correo electrónico a la cual enviar un cuestionario. Se negaron a darla o a responder cualquier pregunta. Tampoco así se pudo lograr una vía de contacto con Hidalgo de Sarría para consultarle sobre su actividad empresarial.
Las autoridades de Estados Unidos identificaron que Sarría Díaz usó firmas semejantes para la adquisición de bienes millonarios en ese país. El empresario tuvo una carrera meteórica: pasó de vendedor de seguros a integrar el equipo de seguridad de Chávez en la campaña de 1998 y de allí a ser un próspero contratista del Ministerio de Infraestructura, cuando era comandado por Diosdado Cabello.
Sarría reunía 15 inmuebles en Florida y Nueva York a su nombre y a través de tres empresas. Poco después le incautaron un lujoso jet de 20 millones de dólares camuflado en un hangar de Florida, en Estados Unidos. Uno de los hermanos de Sarría, llamado Edgar, tiene una firma en España: Panazeate SL, que igualmente fue incluida en las litas de la Ofac, pero está inactiva (ver perfil y conexiones de Rafael Alfredo Sarría Díaz aquí).
La Ofac le atribuyó al menos una década de trabajo en representación de los intereses de Cabello. Se le considera el hilo conductor en actividades que van desde la apropiación de fondos estatales hasta tráfico de drogas, un cargo que Cabello repetidamente ha negado de manera enfática. El dirigente chavista también fue sancionado en la misma ronda que Sarría Díaz.
Aunque Cabello no tiene empresas en España, Luisa Ortega Díaz, quien reclama la titularidad en el cargo de fiscal general en Venezuela, acusó en 2017 a dos familiares del dirigente de recibir sobornos de más de 100 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a través de una empresa registrada en España. La constructora negó la acusación, lo mismo que Cabello.
Con igual discreción que la del entorno de Sarría, aparece una firma dedicada a la intemediación con valores y otros bienes de Amir Nassar Tayupe, abogado del empresario de origen colombiano Alex Saab Morán, que de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos está involucrado en un esquema de desvío de más de 350 millones de dólares desde Venezuela. Las investigaciones del portal Armando.info han sido claves para desvelar las operaciones de Saab Morán, a quien se le considera un testaferro de Nicolás Maduro y ha estado involucrado en operaciones cuestionadas especialmente de exportación de alimentos a Venezuela pero también en otros sectores como el del oro y la construcción.
La empresa vinculada a Nassar Tayue es Nanko Capital fue creada en 2012. El abogado figura como su administrador único. La empresa tiene sus oficinas en unas de las zonas más caras de la capital española en la calle Conde de Aranda. La firma no ha tenido actividad comercial, de acuerdo con los documentos del Registro Público. Sin embargo, la oficina Anticorrupción española indaga si el abogado ha actuado como testaferro de Saab Moran y movió dinero a través de diversos fondos de inversión internacionales, según fuentes consultadas para este trabajo.
La investigación de Armando.info estableció además que Nassar Tayupe fue directivo de la empresa panameña Global Food Trading que exportó a Venezuela más de 125 millones de dólares en productos agrícolas. En el comando de la compañía, también estuvo un hijo de Álvaro Pulido, socio de Saab Morán. En su momento, el abogado admitió que formó parte de la empresa pero aclaró que después de su incorporación no se hicieron nuevas contrataciones con el Estado. El abogado también es propietario de inmuebles en Estados Unidos y de firmas en Panamá. Se le remitieron preguntas para indagar sobre esos temas, pero no las respondió al cierre de la edición.
Conexiones de alto perfil
España también fue escogida como refugio por Luis Carlos De León, un exfuncionario de la Corporación Eléctrica Nacional y Pdvsa condenado en Estados Unidos luego de confesar su participación en un esquema de sobornos asociado a la petrolera estatal. Estuvo en el país europeo hasta que fue detenido en 2017 por las investigaciones de otro caso de pagos ilegales supuestamente realizados a funcionarios venezolanos por la contratista española Duro Felguera. No lo procesaron en España por esa causa, sino que lo extraditaron para ponerlo bajo las órdenes del tribunal de Texas que finalmente lo sentenció. Tanto en el caso ventilado en Estados Unidos como en el de España también está acusado Nervis Villalobos.
A la esposa de De León, Andreína Gámez Rodríguez, la han relacionado con flujos millonarios de dinero: este año en Nueva Zelanda le congelaron bienes por más de 17 millones de dólares. En España, Gámez Rodríguez aparece vinculada a una empresa inmobiliaria registrada en Madrid bajo la denominación Sansobino 1977 SL de la que es administradora única. La compañía se dedica a los negocios inmobiliarios y se localiza en la avenida del Mediterráneo de la capital española. La firma tuvo como apoderado a José Fraga, asesor en temas fiscales e impositivos y sobrino del fallecido Manuel Fraga, quien fue uno de los fundadores del Partido Popular (PP), ministro durante la dictadura de Francisco Franco y diputado y senador hasta antes de morir en 2012, un nombre destacado del conservadurismo español. A Fraga se le remitió una consulta escrita para este trabajo, pero no la contestó como tampoco lo hicieron los abogados de De León a los que se les envió un cuestionario.
Los negocios también pusieron en el mismo cuadro a grandes empresas españolas señaladas de financiamiento ilegal al PP y de sobornos en Venezuela. Ocurrió con la Constructora Hispánica, que formó parte del consorcio al que el gobierno de Chávez adjudicó obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro de Caracas en 2008. El consorcio español también estaba integrado por CAF, Dimetronic y Cobra, del Grupo ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y por dos empresas de Carlos Luis Aguilera, capitán retirado y quien fue hasta 2002 fue director de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), nombre que antes recibía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
El gobierno de Venezuela desembolsó 1.850 millones de dólares por las obras, de los cuales el 4,8 por ciento se destinó a comisiones y sobornos, según el Servicio Antiblanqueo español, que presume que en parte se emplearon para pagar asesorías de Aguilera. Al mismo tiempo que eso ocurría, Constructora Hispánica financiaba la ‘caja B’ del PP, de acuerdo con la documentación judicial de los casos Bárcenas y Gürtel. Sobre los cargos se remitieron consultas escritas al capitán retirado, quien prometió comentarios pero más allá de la fecha límite propuesta por el equipo periodístico. Días después de la prórroga concedida, tampoco respondió ni al cierre de la publicación. Igualmente se remitió una consulta escrita a la agencia de comunicaciones de Florentino Pérez sin que hubiera respuesta.
Vidas de nobles
Entre los venezolanos que emigraron a España hubo casos de quienes lograron codearse con la jet set española: destacan el empresario Alejandro Betancourt y el banquero Víctor Vargas. El primero es lo que en Venezuela se conoce como un “bolichico”, un joven de familia acomodada que se vio beneficiado por millonarios negocios con el gobierno venezolano. Fue uno de los empresarios favoritos de Chávez, quien le brindó 12 contratos millonarios para construir plantas eléctricas por importes superiores a los 1.300 millones de euros. Los acuerdos de Pdvsa otorgados a la contratista Derwick Associates, multiplicaron sus ingresos.
Un primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, fue señalado en la operación Money Flight desarrollada por fiscales de Estados Unidos por el desfalco a Pdvsa de 1.200 millones de dólares. A Convit Guruceaga lo relacionan con otro conspirador que no ha sido oficialmente identificado en la causa aunque se señala que ambos son comúnmente llamados “bolichicos”. Medios estadounidenses han afirmado que Betancourt además está siendo investigado por otro esquema de legitimación de capital. En virtud de ese proceso se le levantó el secreto bancario a sus cuentas en Suiza.
Una versión de Derwick se registró en España con el nombre Derwick Associated International SL. Después pasó a llamarse Compañía de Inversiones Agrícolas Trieste. Según documentación mercantil, la actividad principal de Trieste es el cultivo de vid, por la que ha recibido varias subvenciones públicas de la Consejería de Agricultura del gobierno de Castilla La Mancha, región donde la desarrolla. Pero, más que nada, la empresa se usó para adquirir inmuebles, entre ellos un apartamento de dos millones de euros en el madrileño barrio de Salamanca, y la finca El Alamín, situada al sur de Madrid, y que tiene una extensión de 1.600 hectáreas. Esta última costó casi 23 millones de euros y autoridades españolas investigaron la transacción por una presunta legitimación de capitales, según informó el medio español El Confidencial.
Betancourt también invierte en el sector inmobiliario a través Guanabana Real Estate SL. La empresa fue creada en 2010 y sigue activa a efectos legales aunque se desconoce su domicilio social: a principios de julio de 2019 cambió de dirección pero su nuevo emplazamiento aún no ha sido remitido al Registro Mercantil español. En su consejo de administración está presente la madre de Betancourt y José Alfredo Blanco, un empresario español de bajo perfil que aparece recurrentemente en los consejos de administración de las empresas de la familia.
No obstante, Betancourt es más conocido en España por ser socio de la marca de lentes de sol Hawkers. Se trata de una marca muy reconocida en el mundo, que comenzó como una pequeña startup y que en 2015 llegó a ser patrocinadora de Los Ángeles Lakers, una de las franquicias más importantes de la NBA, liga de baloncesto profesional de EEUU. En 2016, Betancourt entró como accionista y socio capitalista en Hawkers a través de la empresa Saldum Ventures, de la que es presidente y consejero. Betancourt también está relacionado con otras empresas como Zigor Corporation, dedicada al sector eléctrico en la que fue consejero en 2016 y 2017, y con el fondo de inversión O´Hara en 2016 (ver perfil y conexiones de Betancourt aquí).
La relación de la aristrocracia española con fortunas venezolanas tiene otro ejemplo con el caso de la familia de Víctor Vargas, empresario venezolano, dueño del imperio Grupo Financiero Banco Occidental de Descuento (BOD), y uno de los pesos pesados de la Lista Falciani que reveló nombres de grandes evasores con cuentas en el banco suizo HSBC. Hasta hace pocos años, sólo los círculos más exclusivos y los asiduos a los clubs privados de la aristocracia española conocían la relación entre los borbones con el entorno del banquero.
Vargas presumía ante The Wall Street Journal de que sus hijos “nunca han volado en (vuelo) comercial”. En Venezuela es conocido como ‘el banquero rojo’, es uno de los empresarios más agraciados por el chavismo, hasta el punto de que su fortuna se multiplicó tras la llegada de Chávez al poder. A cambio, este banquero brindó apoyo al gobierno de Venezuela (con Chávez, pero también con Maduro) en sus decisiones económicas. También es suegro de Luis Alfonso de Borbón, aristócrata, empresario español, y bisnieto de Alfonso XIII (abuelo del rey Juan Carlos) y Francisco Franco. Esta vinculación familiar le ha llevado a ocupar la presidencia del patronato de la Fundación Nacional Francisco Franco.
Luis Alfonso Gonzalo Víctor Manuel Marco de Borbón y Martínez-Bordiú, también conocido como ‘el príncipe Borbón’, es el heredero y aspirante al trono de Francia, además del vicepresidente del BOD, banco propiedad de su suegro Víctor Vargas, y que dejó en la estacada a miles de personas que le habían confiado sus ahorros tras la quiebra de Banco del Orinoco, filial de BOD en las Antillas Holandesas. Un relato de la nobleza que tiene una parte de su historia en la Venezuela del chavismo.
