Más de 600 compañías fueron sancionadas en los últimos seis años en la región por acordar con competidoras prácticas como las de aumentar artificialmente el precio de productos y servicios para cobrar la mayor cantidad de dinero a los consumidores. Aunque las autoridades han reforzado la lucha contra esas acciones, están lejos de erradicarlas mientras la sociedad civil comienza a reclamar indemnizaciones a las corporaciones que incurrieron en ilícitos