Esta firma transnacional es la mayor propietaria de tierras en el norte de Perú. Más de la mitad está en La Libertad, donde presiona a comuneros, controla líderes locales e invade territorios para producir azúcar y derivados de la caña a bajos costos.

El valle de Chicama es la zona más rica en caña de azúcar, en Perú. Pero vive un conflicto: Grupo Gloria se ha apropiado de las grandes empresas agroindustriales y de tierras de los pequeños agricultores de esta cuenca costera. Gracias a ello, hoy la trasnacional peruana es la mayor terrateniente del país.

Grupo Gloria llegó al valle del Chicama –en la provincia azucarera de Ascope, departamento La Libertad– en 2006 y tan sólo en un año ya era propietaria o administradora de las cinco firmas más fuertes de la localidad: Cartavio SAA, Chiquitoy SA, Trupal SA, Casa Grande SAA y Sintuco SA. Para cuando llegó la agrupación, tres de estas firmas –Chiquitoy SA, Trupal SA y Cartavio SAA– ya tenían en su poder cientos de hectáreas invadidas a los comuneros santiagueros, que constan en un largo juicio de deslinde.

Ahí, en La Libertad, se ejecuta la obra de riego más grande del mundo bajo asociación público-privada: el Proyecto Especial Chavimochic, que resulta muy atractivo para los privados por los exorbitantes subsidios estatales.

Con mil millones 443.000 dólares subsidiados a las empresas –hasta 2012–, este proyecto encabeza la lista de privilegios fiscales para los poderosos, según el informe "Estimación de los subsidios en los principales proyectos de irrigación en la costa peruana", del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes) y Oxfam, del economista Lorenzo Eguren (2018). Su objetivo es incorporar a la agricultura 66.000 hectáreas desérticas, de las que el Grupo Gloria adquirió cientos en subasta, observa el Cepes. Las tierras aprovechadas son codiciadas por las agroexportadoras para producir frutas y vegetales, rubro alternativo a la caña que mueve millonarias cifras.

El Proyecto Especial Chavimochic es el que que más inversión ha recibido del Estado: el 25% del presupuesto total de megaproyectos. Grupo Gloria participa en esta megaobra a través de Casa Grande SAA con 928 hectáreas, precisa el estudio "La concentración de la propiedad de tierras agrícolas en el Perú", de Fernando Eguren, presidente del Cepes.

Por su parte, campesinos de la zona denuncian irregularidades de Casa Grande SAA, la mayor agroindustrial del grupo. “El Grupo Gloria se ha apoderado de tierras de campesinos; son las tierras de nuestros padres, allí criaban ganado, cultivaban. Ha invadido tierras del Estado con delincuentes, ha destruido zonas arqueológicas, talan bosques naturales para sembrar frutas, hemos denunciado a las autoridades, y nada", declara el agricultor César Minez, vecino del centro poblado Mocán. "Han atentado contra la vida de mi familia y contra mí. Si algo me sucede, la responsabilidad será del Grupo Gloria", agrega.

Un violento ataque de trabajadores de la empresa Casa Grande SAA para desalojar a parceleros de 900 hectáreas que recuperaron por orden judicial en Mocán, reportado en febrero de 2018, derivó en un proceso penal admitido a finales de 2018 en la Corte Superior de La Libertad, por usurpación y daños agravados contra uno de los dos hermanos dueños de Grupo Gloria, Jorge Columbo Rodríguez Rodríguez, presidente de Casa Grande SAA, quien es uno de los empresarios peruanos más poderosos. La denuncia involucra al gerente general, Jhon Carty Chirinos, uno de los principales ejecutivos de la trasnacional.

Recientemente, el 13 de septiembre de 2019, en un desalojo de terrenos invadidos esta vez a Casa Grande SAA, murió una persona por disparo de perdigón realizado por el bando de la compañía.

Este es considerado como un caso de concentración de tierras único en la historia nacional. Al 2016, Grupo Gloria controlaba más de 86.000 hectáreas en la costa norte del Perú, “la región con las mejores tierras del país”. Del total de esos terrenos, casi el 52% se encuentra en La Libertad, detalla el estudio “El poder lácteo y azucarero del Grupo Gloria y la contención de demandas de la sociedad civil” (Centro Peruano de Estudios Sociales y Oxfam, 2018), del sociólogo y politólogo Francisco Durand. ¿Por qué este conglomerado de empresas de alimentos ostenta un monopolio en la provincia de Ascope? Porque esa región es una auténtica mina de oro: de acuerdo con el Ministerio de Agricultura, ahí se produce cerca del 33% de caña de azúcar peruana.

Un desierto atractivo

Uno de los casos más actuales de apropiación de tierras por parte de Grupo Gloria ocurre desde 2015, en Los Médanos, un inmenso sector desértico que se encuentra en el distrito de Santiago de Cao, en Ascope. En ese sitio, Chiquitoy SA se apropió de unas 360 hectáreas comunales, claves por ser el ingreso del extenso eriazo –territorio sin cultivar– y por su proximidad al megaproyecto de irrigación, que elevará su valor y productividad.

“Es una invasión reciente, alrededor de 360 hectáreas productivas, con agua. En el valle, no en las terrazas del desierto. No hay ahora eriazas, viene el agua y van a ser las mejores tierras para cultivo bajo riego tecnificado por goteo, son estupendas tierras”, explica el ingeniero Martín Ahón, perito judicial que trabajó en el deslinde de tierras y la elaboración del mapa de la comunidad. “Para riego por superficie no, porque el suelo es arenoso; en cambio por goteo sirve porque va por abajo, se usa poca agua y es económico”.

La presencia de las azucareras en Los Médanos empezó en 2001, de forma violenta. De allí fueron desalojados por el Ministerio de Agricultura y policías, ese año, pequeños agricultores del caserío de Llamipe que cultivaban panllevar. Desde entonces los cañaverales se expandieron progresivamente, práctica que continuó en 2006, cuando Gloria adquirió el 50% de Chiquitoy SA. Rocío Aquize, gerenta legal de Coazucar, holding de Grupo Gloria que agrupa a Chiquitoy SA y otras agroindustriales de la corporación, se excusó de hablar sobre las tierras usufructuadas por la firma, con el argumento de que “Gloria solo administra una parte” del fundo.

En los últimos tres años, se han instalado extensos viñedos en parte de estas hectáreas comunales de Los Médanos, usufructuadas por Chiquitoy SA. Las plantaciones son de El Pedregal SA, la segunda mayor exportadora de uvas peruanas, perteneciente a administradores del otro 50% de Chiquitoy SA. Las frutas en reemplazo de la caña son una señal de que allí está cotizada la diversificación de productos. Donde antes subsistían pequeños agricultores, a los que desalojaron de sus propias tierras, hoy El Pedregal SA y Chiquitoy SA disponen de esos terrenos por los que, según denuncian comuneros, no han pagado ni un centavo.

Los campesinos insisten en que el precio por hectárea en Los Médanos es, por lo menos, de 10.000 dólares, aunque hay lotes que valen el doble o más. Por las 360 hectáreas usufructuadas, creen que tres millones y medio de dólares corresponderían a los 241 comuneros calificados –es decir, los miembros de la comunidad inscritos en un padrón– y sus familias. Ello, sin contabilizar el valor del agua ni las reparaciones por el tiempo de producción.

El Proyecto Especial Chavimochic también ha pretendido ingresar a Los Médanos mediante desalojos y acciones judiciales contra la comunidad. Hasta ahora eso no ha sido posible porque sólo se han podido concluir sus dos primeras etapas. La tercera, que abarca el valle de Chicama, fue suspendida desde diciembre de 2016 debido a un escándalo por sobornos de Odebrecht a funcionarios públicos.

Los amos del valle

Santiago de Cao es un distrito pequeño del valle de Chicama, entre las orillas del Pacífico y el desierto. Tiene una plaza principal y unas pocas cuadras de casas, de material noble algunas; otras, de adobe. Unas más, de dos pisos. Cuenta con 20.000 habitantes, según el último censo nacional. Hay dos escuelas, un centro recreativo para menores y bodegas. Las actividades centrales son la pesca y la agricultura, concentrada en la caña de azúcar. Al oscurecer no se ve a casi nadie afuera, por costumbre de los pueblos.

Desde 2006, cuando llegó Grupo Gloria, los campesinos dicen que han tenido que enfrentar falta de acceso a la tierra y de agua para sus cultivos; se quejan de que no tienen dónde cosechar, víctimas de los grandes intereses que disponen de la justicia y las autoridades. Hoy, la trasnacional y socios –como El Pedregal SA– mantienen ocupados los terrenos comunales, productivos, con sembríos industriales de caña y frutas de exportación. Para hacerse de todas estas tierras, los campesinos acusan que la empresa ha negociado con las autoridades.

En esta zona, las empresas han comprado terrenos, negado el agua a los campesinos y les han impedido el paso por los caminos. “La estrategia era hacerles vender sus tierras. No les quedaba otra alternativa que vender y pasar a trabajar en la hacienda; si no, emigraban o morían en la total pobreza”, advierte Víctor Rodríguez Lezma, campesino que trabaja su pequeña parcela, como la mayoría de cultivadores, muchos sin tierras propias. “Como ya tenían el agua y las leyes les eran favorables, (esas empresas) se expandieron y sembraron tierras que nunca compraron; dicen que los dirigentes han vendido tierras, les han quitado sus derechos a los verdaderos comuneros”. Habla en su casa, una noche ventosa en Santiago de Cao.

En los últimos años, Víctor Rodríguez se involucró en la región vecina de Cajamarca, en la defensa de la tierra y el agua contra operaciones irregulares de la gran minería. Fue a prisión por su lucha e intentaron sentenciarlo como terrorista. Vivió la época de las haciendas de terratenientes y capataces, antes de la reforma agraria, la transformación de estos ingenios azucareros en cooperativas de trabajadores y la privatización agresiva en los años 90. “Los gobiernos regionales, municipales y ministerios se han agarrado tantas tierras, las han invadido, o pagaron una miseria, o no pagaron nada. Son miles de hectáreas de la comunidad que han sido reducidas y están en manos de extraños; los campesinos de Santiago de Cao viven en la pobreza. La justicia les ha quitado sus tierras”, se queja.

Al ampliar sus fronteras agrícolas, las empresas se apropiaron de fuentes de agua dentro del perímetro en usufructo, perjudicando a los parceleros de un departamento en permanente escasez hídrica. Los comuneros se quejan de que tienen dificultades para acceder al agua. La Comisión de Usuarios supervisa la distribución de este líquido para cultivos en Santiago de Cao. El sistema para los campesinos se divide en dos categorías: los que compran el recurso casi permanentemente y los que sólo pueden adquirirlo cuando hay excedente, luego de garantizar el uso de las empresas, el principal cliente.

Entre el mar y campiñas de los desiertos, descontando las que usufructúan las empresas, la comunidad tiene sembradas unas 3.000 hectáreas, casi en su totalidad, con caña. El monocultivo, riesgoso para la seguridad alimentaria, se acentúa por la presencia de Grupo Gloria en La Libertad. Víctor Rodríguez asegura que no tiene otra opción más que cultivar caña y vender su cosecha a las agroindustriales, a pesar –dice– de la arbitrariedad de los precios, fijados por Grupo Gloria, así como de abusos en el pesaje de la caña por parte de trabajadores de las compañías o tercerizadores. También acusa de que no les reconocen los derivados utilizados en la elaboración de otros productos, como papel y cartones fabricados por Trupal SA, con los que el Grupo Gloria abarata y refuerza su cadena de producción.

Dirigencias fantasmas

Aparte de los problemas que han enfrentado los campesinos de la zona con el Grupo Gloria y los funcionarios públicos, también explican que deben enfrentar líos con sus dirigentes, los cuales, según Víctor Rodríguez, “son ficticios; se han acomodado a criterio de los intereses económicos de las empresas”. Especialmente, se refiere a Santiago Tomás Alfaro Calderón, presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao, quien suma 15 años en el cargo. Además, es accionista de Cartavio SAA, la segunda agroindustrial más importante de Grupo Gloria, que produce una popular marca de ron.

Hasta principios de 2019, Segundo Alfaro aparecía en la lista pública de socios minoritarios de Cartavio SAA. En 2000, la revista agraria “Somos Norte” le atribuyó la propiedad de 106.000 acciones en Cartavio SAA, basándose en datos publicados por la firma. Consultado en julio para esta investigación periodística acerca de sus intereses con la compañía, Alfaro evitó precisiones: “Tengo acciones hasta ahora, pero no las cantidades que ustedes hablan. Eso es fácil, se puede probar”, declaró por teléfono.

En su historial, Alfaro cuenta con una sentencia del Juzgado Penal de Ascope en 2014 por el delito contra la fe pública, en modalidad de uso de documentos adulterados en agravio de la CC Santiago de Cao y el Estado. La pena de cuatro años de cárcel y 15.000 soles (4.500 dólares) de reparación que se le dictó fue reducida en 2015, por prisión no efectiva y 2.000 soles (600 dólares) de multa. Las irregularidades las cometió durante los procesos electorales para los períodos 2009-2010 y 2011-2012. De acuerdo con la Ley General de Comunidades, un comunero que ha sido sentenciado no puede ejercer cargo directivo. Es un argumento de sus opositores para cuestionar su permanencia en el cargo.

La experiencia dirigencial de Alfaro va de la conducción del sindicato de obreros de la papelera Trupal SA –que pertenece a Grupo Gloria–, en la década del 90, al reciente liderazgo distrital del partido de la familia Fujimori. En las elecciones generales de 2016, fue secretario de la organización fujimorista Fuerza Popular en Santiago de Cao. Para transmitir sus mensajes en público, el exdirigente sindical, de unos 60 años, emplea maneras enfáticas y una voz firme que contrasta con su baja estatura y su contextura delgada, pero robusta. De su paso como líder sindical, excompañeros de fábrica, quienes pidieron anonimato, ponen en duda su lealtad con los trabajadores y señalan que ocupó el puesto para, desde entonces, favorecer a Trupal SA, que tenía pendiente el pago de una reparación por casi 500.000 dólares, debido a que construyó su planta en territorio comunal y, además, el deslinde de 173 hectáreas con la comunidad.

Imagen donde se muestra que Segundo Alfaro aparecía en el sitio web de Cartavio SAA como accionista.

Por algún motivo, Segundo Alfaro ya no aparece como accionista de Cartavio SAA, en el sitio web de la compañía. Al consultarle al respecto, respondió: “debo figurar, porque como socio, así tenga una acción o tenga un millón, tengo que aparecer como socio”. Días después de la conversación telefónica que concedió para este trabajo periodístico, Alfaro se presentó en un canal del distrito de Cartavio, provincia de Ascope, para hablar, entre otros temas, de sus acciones y los terrenos comunales. Según su versión, administra solo 54 acciones de familiares y terceros “que no pueden hacerlo” por su propia cuenta. En su relato para la televisión, el presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao también se reconoció como exdueño de un negocio de transporte que tenía contratos con Cartavio SAA y se adjudicó esfuerzos pasados para inscribir el territorio comunal.

El doble papel de Alfaro

En 2015, la directiva de Santiago de Cao, presidida por Marco Antonio Gamboa y secundado por Segundo Cabel, inscribió sus tierras, incluidas las áreas tomadas por las empresas, ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). Eso significa que la justicia les da la razón, luego de que vivieron 20 años un disparejo proceso de deslinde con las millonarias azucareras. En el prolongado camino a registrar la sentencia de la Corte Suprema de la República que validó sus propiedades, los campesinos padecieron las influencias de los dueños del valle.

“Los juzgados nos negaban información, lo mismo los Registros Públicos (Sunarp); no nos querían inscribir, suspendían las diligencias, dilataban la inscripción de los terrenos. Cuando nos quejábamos, el Poder Judicial, ninguna autoridad nos hacía caso. El Poder Judicial y los Registros Públicos le han hecho mucho daño a la comunidad”, sostiene, por su parte, Segundo Cabel, secretario de la directiva que registró los terrenos.

Como muestra, Cabel dice que las últimas dos observaciones hechas por la Sunarp de Trujillo, capital de La Libertad, en 2016, a los documentos para la inscripción fueron supuestos errores en la escritura de los segundos apellidos del presidente y el suyo. El comunero anota, además, que dos exgerentes de las azucareras fueron directores de los Registros Públicos de Trujillo.

En la comunidad también recuerdan que el mismo Segundo Alfaro obstruyó a los líderes que persistían en registrar el territorio de su pueblo. El comunero Arturo Santa María explica que Alfaro demandó a la justicia y Registros Públicos, en una solicitud escrita en 2015, donde les exigía sus credenciales para tramitar la inscripción, sabiendo que ya no eran válidas. Ellos se preguntan por qué un comunero, una autoridad, actuó contra los derechos de su gente.

Hoy, Segundo Alfaro asegura que se ha puesto del lado de los comuneros y que prepara un juicio por reivindicación contra las agroindustrias de la marca más influyente del mercado peruano. “Vamos a recuperar esas tierras, son nuestras. Se ha dicho que las vendí a las azucareras, muéstrenme los papeles. Vamos a recuperar nuestras tierras que tienen Cartavio, Chiquitoy, El Pedregal. Las empresas nos las tendrán que devolver”, afirmó Alfaro en asamblea el domingo 18 de agosto de 2019, en Santiago de Cao.

Sin embargo, él es parte de ambos lados en conflicto y, como presidente de la Comunidad Campesina de Santiago de Cao, también le corresponde plantear a Grupo Gloria un juicio de reivindicación para que le devuelva a la comunidad sus tierras. Mientras, los comuneros aseguran que han vivido la opresión de los grandes intereses empresariales.

“Quisieron botarme, me amenazaron con quemar mi rancho. Me les planté, pensaron que iba a ser como los otros a los que botaron; son abusivos con nosotros los campesinos. He visto cómo han quemado sus ranchos”, comparte el comunero Arturo Rodríguez Santamaría, víctima y testigo de intentos de desalojos por parte del Proyecto Chavimochic hasta 2018.

La amenaza también es judicial. En respuesta a la inscripción de su territorio, el Proyecto Especial Chamivochic llevó una demanda contra la comunidad de Santiago de Cao hasta el Tribunal Constitucional. Después de dos décadas de obstáculos y de que el Proyecto Chavimochic pretendió no reconocerles los territorios, en 2019 los comuneros se apuntaron un triunfo.

En 2015, inmediatamente después del registro territorial, el Gobierno Regional de La Libertad y el Proyecto Chavimochic entablaron ante la Corte Superior de la región una acción de amparo contra la comunidad; denunciaban la vulneración de un derecho constitucional. La sala falló a favor del registro de las tierras colectivas y el Proyecto Chavimochic apeló en 2016 ante el máximo tribunal de la nación, invocando “afectación a la propiedad, al debido proceso y un agravio constitucional”. El Tribunal Constitucional desestimó la apelación el 29 de abril de 2019, lo que marcaría un antecedente en favor de las tierras comunales de Santiago de Cao.

La Oficina Legal de Chavimochic mantiene en reserva su posición sobre su reclamo, “por estar aún en proceso”. A pesar del fallo en la máxima instancia, consideran no exponer “lo que la institución ha establecido como estrategia legal”, anotó el departamento por medio de su oficina de prensa.

Por un lado y por el otro, la comunidad permanece en vilo. Entre nuevos movimientos dudosos de la directiva en complicidad de las instituciones. En medio de la actual presión del gobierno regional de La Libertad al Ministerio de Economía para reanudar la tercera etapa del Proyecto Chavimochic, que comprende el valle de Chicama. A la espera de que la justicia asome por sus tierras.