V. EE.UU. ya no es el paraíso
En principio, ser deportadas a su país de origen puede exponerlas a su muerte. Sin embargo, adquirir el estatus de refugio es una probabilidad azarosa para las solicitantes.
P ati Hernández canturrea una balada de pop latino mientras recorre los pasillos de la sede de Casa Ruby en el barrio Fort Totten, en Washington D.C. En diciembre de 2014, esta mujer trans salvadoreña, alegre y de personalidad arrolladora, decidió abandonar su país y solicitar asilo en Estados Unidos.
Pati tiene 17 años de experiencia como activista. Desde inicios de la década de los 90 no ha dejado de denunciar la impunidad en los crímenes y ataques contra la diversidad sexual, viendo morir a muchas amigas y personas de la comunidad, exponiéndose a riesgos por la defensa de los derechos humanos. Antes de convertirse en solicitante de asilo, dirigía la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de Personas Trans de El Salvador (ASPIDH Arcoíris Trans), pero un día la amenazaron, se asustó mucho y decidió huir junto a su pareja.
“Hace más de dos años presentamos nuestra solicitud acá, habían cambiado (las condiciones) desde el 1 de diciembre, porque dijeron que iban a atender la situación de los niños indocumentados. Llevamos dos años y cuatro meses, y no nos han dado respuesta”, indica Pati.
Conseguir asilo en Estados Unidos se ha vuelto más complicado desde el año 2014. A partir de la crisis de los menores de edad indocumentados en los centros de detención de la frontera con México, en su mayoría centroamericanos, los procesos de miles de personas se detuvieron al declararse como prioridad la atención de esa emergencia humanitaria.
Ahora, lograr el estatus de refugiado toma varios años por la carga que tiene el gobierno de Estados Unidos. A finales de 2015, acumulaba 286 mil 168 solicitudes de asilo pendientes, según reportó la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Además, solo desde 2012, las solicitudes de asilo pendientes de ciudadanos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador se quintuplicó, pasando de más de 20 mil personas a superar las 100 mil en 2015.
Mientras el solicitante no obtiene una respuesta oficial definitiva, no debe salir del país so pena de quedar fuera del proceso. Por eso, muchos viven con ansiedad y preocupación al considerarse en un limbo legal, más aún desde la llegada al poder del nuevo presidente, Donald Trump, quien ha arreciado con políticas antimigratorias.
El año en que Pati solicitó asilo, el desplazamiento forzado de centroamericanos hacia Estados Unidos aumentó considerablemente debido al repunte de violencia criminal en estos países. Las personas de la diversidad sexual, en su vulnerabilidad, no quedaron al margen.
Según el registro de tendencias de asilo de la ACNUR, ese año Estados Unidos registró 121 mil 200 solicitudes de todo el mundo, casi 37 mil más que en 2013.
Sin embargo, “cerca del 42% de todas las solicitudes de asilo recibidas en este país fueron presentadas por solicitantes procedentes de México y Centroamérica. Frente al 30% del año anterior, esto demuestra la importancia cada vez mayor de este grupo entre los solicitantes de asilo de esta parte del mundo, que huyen principalmente de la violencia y la persecución a manos de grupos de delincuencia organizada transnacional”, concluye el reporte de ACNUR.
La violencia en los países centroamericanos tampoco se detuvo en 2015, generando que el número de solicitantes de asilo en Estados Unidos aumentase hasta suponer el 51% de solicitudes recibidas durante ese año. Según ACNUR, la mayoría provienen de México (19.300), El Salvador (18.900), Guatemala (16.400) y Honduras (14.300).
Aunque Estados Unidos reconoció desde 1994 a las personas LGBTI como minorías perseguidas y como una causal para ser solicitante de asilo, lo cierto es que hasta la fecha no se ha dado a la tarea de registrar el número de casos de asilo en función de la orientación sexual (gais, lesbianas y bisexuales) ni de la identidad de género (transgénero e intersexuales). Por este motivo no se puede saber exactamente cuántas personas solicitan asilo por este tipo de persecución.
Sin embargo, la organización Center For American Action Fund (CAP) ha tratado de cubrir este vacío estadístico a partir de los casos atendidos por la organización Immigration Equality (IE) y Human Right First. Entre los años 2010 y 2014, IE ha logrado asilo para más de 500 personas LGBTI a las que brindó asesoría legal.
Los asilos reconocidos a personas trans provenientes de México y el resto de países centroamericanos pasaron de ser solo dos casos desde en el año 2010 a un total de 23 en 2016, según la información que se solicitó a Immigration Equality. Además, suelen ser la mitad de asilos reconocidos respecto al total de solicitudes recibidas del resto del mundo.
Entre 2015 y 2016, México y los tres países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador) contabilizaron 41 casos de refugio solo de personas trans. El 75 % proveniente de México y El Salvador.
Estas cifras pueden parecer poco representativas por la falta de datos oficiales, porque mientras unos pocos casos se resuelven, otros cientos esperan respuesta o desisten. Y a algunos les pierden la pista porque pasan a manos de otras organizaciones o abogados.
En su informe “Humanitarian Diplomacy: The U.S. Asylum System’s Role in Protecting Global LGBT Rights” (Diplomacia Humanitaria: El sistema de asilo estadounidense y su rol en la protección global de los derechos LGBT), publicado en 2015, el CAP pide al Estado que levante un registro desagregado de las personas LGBTI solicitantes de asilo, dado que esta condición genera discriminación en muchos aspectos que redundan en la obtención del estatus de refugiado. Esto se debe al trauma que sufren en especial las mujeres trans durante las detenciones en centros de migrantes donde son maltratadas, abusadas y obligadas en algunos casos a compartir celda con hombres.
El informe también incluye entre sus recomendaciones la eliminación del plazo de un año para presentar la solicitud de asilo. Muchas personas LGBTI, y especialmente las trans, vienen huyendo de países donde han aprendido a esconder su orientación sexual e identidad de género para sobrevivir, por lo que someterse a los procesos de asilo es una experiencia más traumática y compleja que requiere mayor tiempo para atender debidamente estos casos.
Asimismo, el Center For American Action Fund (CAP) recomendó la contratación de más jueces migratorios y oficiales de asilo para hacer frente a la demanda de esta población vulnerable. En los últimos años la cantidad de jueces se ha estancado, mientras el número de agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza no ha dejado de crecer, doblando el número de agentes entre 2004 y 2012.
Ruby Corado es una mujer trans y activista por los derechos de las personas LGBTI con casi 30 años de vivir en Estados Unidos. Ella llegó a Washington huyendo de su país, El Salvador, donde la guerra le dejó escenas de horror y traumas imborrables de su niñez, cuando vivía en el municipio de Apopa.
Esta mujer se considera “una superviviente de la discriminación”. A los 18 años decidió huir a Estados Unidos. Empezó a trabajar, pero su empleador trató de abusar sexualmente de ella y tras escapar tuvo que pasar varios años en la indigencia por las calles de Washington. Pero Ruby nunca dejó de trabajar y buscarse la vida, por temporadas podía rentar un lugar donde vivir, pero por otras no era así y tenía que estar en la calle, donde dice que logró encontrar amigos que le hicieron sentirse arropada.
La vida en la indigencia es dura, se pasa frío, hambre, se sufre el desprecio y la discriminación. En una noche de lucidez, Ruby se prometió a sí misma que algún día abriría un lugar para dar albergue a todas las personas LGBTI en situación de calle. Soñó con una decoración agradable y suaves sábanas de colores. Hoy día Casa Ruby cuenta ya con cinco albergues y el reconocimiento legal como ONG.
“Aquí no existe el odio, no importa cómo seas, aquí se le da la bienvenida a cualquier persona”, expresa con orgullo Ruby.
Además, desde que Casa Ruby comenzó a implementar el trabajo con la población LGBTI migrante, la llegada de trans centroamericanas no ha dejado de crecer, señala esta salvadoreña.
Washington D.C es una de las ciudades santuario para la población LGBTI en Estados Unidos. Sus políticas públicas contra la discriminación favorecen además que la diversidad sexual no se oculte. Por ejemplo, solo en D.C., hay dos publicaciones gratuitas especializadas en el tema, y en el centro de la ciudad coexisten organizaciones que se enfocan en el trabajo con esta población. Sin embargo, no todo lo que luce es oro, en la capital de Estados Unidos también hay discriminación y crímenes de odio. La población trans latina y la afroamericana son las más afectadas. Solo en el presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó los crímenes de seis mujeres trans afrodescendientes en el país norteamericano.
“En este país hay libertad, pero lo cierto es que también hay crímenes de odio, la diferencia es que las leyes aquí son más duras. Y nosotras estamos dispuestas a correr ese riesgo, porque estamos amenazadas en nuestros países de origen, pero no nos importa perder la vida en la frontera por buscar esa libertad, por buscar seguir con vida. Mucha gente no entiende: oh, Estados Unidos, es bonito. Pero muchas chicas se pierden porque aquí no tienen documentos, no tienen casa, están haciendo trabajo sexual por supervivencia porque no tienen otra opción, es difícil mantenerlas en un solo lugar y trabajar con ellas”, explica la salvadoreña Alexa Rodríguez, directora del capítulo de D.C. para la Coalición Translatina.
Las medidas de la actual administración de Donald Trump están generando que se bloqueen las peticiones y los procesos de asilo. De hecho, en la audiencia “Políticas que impiden el acceso al asilo en Estados Unidos”, convocada el pasado 21 de marzo por 15 organizaciones ante la CIDH en Washington D.C., ningún representante estatal se hizo presente. Esta omisión fue interpretada por las peticionarias como un desinterés en el cumplimiento de los tratados internacionales en derechos humanos que el país ya ha firmado.
A Casa Ruby llegan todos los días personas que necesitan apoyo para el tema migratorio, el sentimiento común es el miedo, el temor a la deportación, confiesa Pati.
“Mucha gente de la comunidad trans está preocupada y piensa en irse. Una mujer que acompañó a una trans bien famosa, aquí en Washington, y a quien le negaron la visa, nos contó que fue a entregarse a la frontera de Canadá ¡Tres horas y la dejaron pasar en la frontera!”, exclama Pati.
Esta salvadoreña en proceso de asilo es también asesora para la población latina en Casa Ruby, un centro que da atención a la población LGBTI migrante en la capital estadounidense. Ella explica a las migrantes trans, en su mayoría centroamericanas, cómo seguir los procesos y las aconseja para que tengan calma.
Cuando una persona ha ingresado legalmente a Estados Unidos, por ejemplo, con una visa, el proceso de asilo aplica en la forma conocida como “afirmativa”. La solicitud mediante formulario se debe presentar en el plazo de un año. Cuando ésta es aceptada, pasa a una entrevista con un oficial de asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Si la petición es rechazada, se puede presentar hasta dos apelaciones para revisar el caso ante una corte de migración.
“Ahora es que se está poniendo más complicado porque Trump (el presidente de EE.UU.) ha dado órdenes para que se pongan las cosas más difíciles. Pero cuando ya se topa (se logra), te dan un asilo de protección y esperas un año, te dan una tarjeta y al año puedes ser residente, hasta ahorita ese es el proceso - detalla Pati -. Cuando ya has pasado cinco años como residente y has pagado todos tus taxes (impuestos), entonces ahí ya puedes hacerte ciudadana”.
Por otra parte están los procesos de asilo de personas que fueron detenidas cuando ingresaban irregularmente a Estados Unidos. En estos casos el proceso de asilo conocido como “defensivo” es más complejo, se vincula con los procesos de remoción seguidos a través de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).
Al seguir esta vía, los solicitantes de asilo deben comparecer ante un juez de Inmigración, quien decidirá si puede o no optar al asilo en función del “temor real” de los solicitantes por haber sido perseguidos o torturados. Si finalmente les niega el estatus de refugiado, se determinará si puede optar a otra alternativa para evitar su deportación.
Hace unos meses que el esposo de Pati fue agredido en la calle, era el día de la investidura de Donald Trump y las calles estaban llenas de sus votantes. Salía del metro cuando dos sujetos afroamericanos le asaltaron y le hirieron en el rostro, una raja que le atravesó media cara.
Las autoridades no investigaron nada y no dieron con los atacantes a pesar que había cámaras en la zona y que usaron una de sus tarjetas en una tienda donde también tienen videovigilancia, detalla Pati. Ella considera que fue un ataque de odio pues los delincuentes le insultaban y le decían: “faggot” (forma despectiva de decir gay).
Tras este ataque, ella perdió la confianza en las autoridades y no se siente tranquila cuando sale a la calle. Ahora ve en Estados Unidos un reflejo de la misma impunidad que reina en El Salvador, pero bajo el desprecio de ser considerados “latinos”.