“Yo le pongo la firma” dice la pancarta en la que está impresa la silueta del alcalde de La Paz, Luis Revilla, quien saluda con mirada firme y el brazo derecho levantado. Al lado hay un toldo amarillo y rojo, colores del partido Sol.bo (Soberanía y Libertad para Bolivia) donde se protegen las personas que se encargan de motivar a los transeúntes para que apoyen al alcalde con una firma. Visten con gorras y chalecos amarillos y rojo, a pesar de que algunos son trabajadores del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y se encuentran en actividades proselitistas en un día laboral. Como este punto, calle 17 de Obrajes en la zona Sur de la ciudad, hay otros toldos ubicados en zonas transitadas de La Paz, la ciudad que tiene más de un millón de habitantes. En varias ubicaciones pudimos comprobar que son empleados los que dejan sus escritorios por unas horas para convertirse en activistas.
Trabajadores municipales que pidieron no se les identifique por miedo a represalias denunciaron que son obligados a salir en horario de oficina con los libros para obtener la firma de apoyo ciudadano para Sol.bo. “Los que tenemos contrato somos los más afectados porque negarse a hacerlo significa que te vean con malos ojos, enemistarse con el jefe y que cuando se cumplan tu contrato no te lo renueven y te quedes sin trabajo”, explica uno de los entrevistados.
Otra de las fuentes señaló que los jefes son quienes más presionan para cumplir con el apoyo al partido. “Los jefes de área están ahí porque responden políticamente a Sol.bo; entonces, o estás con ellos o estás contra ellos a la hora de buscar las firmas”.
Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo) es un partido que surgió en 2014 y cuyo principal líder es Luis Revilla Herrero, quien creó esta opción para las elecciones municipales de 2015 y ganó la Alcaldía de La Paz. Ahora, Revilla apuesta a consolidar su movimiento político como un partido nacional y habilitarse para las elecciones presidenciales que se realizarán en 2019. Pero no es tan fácil, la Corte Nacional Electoral le pide que recaude 130.000 firmas hasta junio.
“Nos dicen que tenemos que apoyar. Cada funcionario tiene un libro y nos dicen que cada uno debe llenarlo con firmas aunque sea de amigos y parientes porque si no será calificado como inoperante. Cada uno debe conseguir diez firmas diarias”, agregó otra fuente. Los empleados estarían contraviniendo, a petición de las máximas jefaturas, varias leyes de la función pública.
En el Estatuto del Funcionario Público de la Ley 2027, en el artículo 9 inciso b, dispone que los servidores públicos están sujetos a las siguientes prohibiciones: “realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones”, por lo que estas acciones estarían vulnerando la normativa.
El Artículo 1 establece que el Estatuto se rige por los siguientes principios: “Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad a partido político”.
También, según esa normativa, los funcionarios que abandonen sus fuentes de trabajo para realizar una tarea que beneficie a un partido vulneran también el Reglamento Disciplinario Interno de la municipalidad.
En la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) se señala que “todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asume plena responsabilidad por sus actos, rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y resultado de su aplicación”.
Para esta investigación se tuvo acceso a una programación de turnos asignados en la Subalcaldía zona Sur, una de las seis que componen la municipalidad en la ciudad de La Paz. En el cronograma figuraban comisiones de cuatro personas para llenar libros en la calle 17 de Obrajes, en el sur de la ciudad, de lunes a viernes durante toda la mañana. Cuando se llegó al toldo, se comprobó que había funcionarios municipales en el lugar.
Se encontró a Mario Sagardia, técnico de la Subalcaldía Sur, y Deysi Choque, quien trabaja en asesoría legal de esa misma repartición, recolectando firmas a mediodía del martes 13 de marzo.
No fueron los únicos. También se identificó a Mauricio Lucio Maldonado, de Recursos Humanos de la alcaldía Centro y dirigente de los trabajadores ediles, quien el miércoles 14 de marzo pedía firmas en el reloj de la Pérez Velasco a mediodía, en pleno casco histórico de la ciudad. Ese mismo miércoles fue observada Claudia Villalba, quien trabaja en Gobernabilidad de la Alcaldía Centro; recolectaba firmas en Miraflores, zona este de la ciudad.
Sagardia, de la Unidad de Fiscalización de la Subalcaldía del Macrodistrito Sur, respondió que colectan firmas de 10.00 a 14.00, de lunes a viernes. “Estamos apoyando con el tema de las firmas para que puedan venir todos los ciudadanos de a pie. Tenemos que llegar a las 200.000 firmas, estamos llenando dos libros”, expresó casi orgulloso y no se identificó como funcionario.
Para corroborar que estas personas son funcionarios municipales en ejercicio se buscó las declaraciones juradas en la página web de la Contraloría, y se encontró que los mencionados tienen un ítem (plaza oficial). Solo los trabajadores con contrato temporal no figuran en esta base de datos. No existe un listado público de trabajadores eventuales de instituciones públicas.
En todo el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y en el Consejo Municipal trabajan 6.549 personas, según datos oficiales de Recursos Humanos de la institución.
Para conocer por qué se asigna estas tareas partidarias a los funcionarios, se habló con Álvaro Blondel, secretario ejecutivo del GAMLP, quien argumentó que los empleados identificados estaban haciendo uso de sus vacaciones o de permisos especiales. “De Mario Sagardia pudimos verificar que efectivamente él está de vacaciones y en este marco me imagino que está destinando el tiempo libre a apoyar a la recolección de firmas (…), está prohibido que los funcionarios puedan hacer estas actividades en horarios de oficina”, enfatizó.
Se solicitó la boleta de vacaciones de Sagardia a la Alcaldía, en el papel se lee que le dan dos días de permiso: desde el 13 hasta el 15 de marzo. Respecto a Daysi Choque, de la Secretaría de Desarrollo Social, la funcionaria pidió permiso particular sólo por el lapso de horas, de 11.00 a 15.00 el 6 de marzo de 2018, lo que no justifica que haya sido vista el martes 13 solicitando apoyo para Sol.bo.
Con respecto a los otros funcionarios públicos se informó que sacaron permisos especiales. Curiosamente fueron licencias con periodos cortos, entre dos a cuatro días.
Claudia Villalba, de la Dirección de Gobernabilidad, estuvo de vacaciones durante 3 días, desde el 13 hasta el 15 de marzo, y Mauricio Maldonado, funcionario de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos, también tomó vacaciones por el lapso de 4 días, desde el 12 hasta el 15 de marzo, según el reporte enviado.
Esta modalidad no está prohibida en la Ley de Partidos Políticos, pero no deja de ser llamativo el uso de permisos especiales o vacaciones para este tipo de actividad proselitista.
Aportes forzosos, otra medida coercitiva
Recibos de aportes a Sol.bo, con montos que oscilan entre Bs 40 y Bs 400, es decir entre 6 a 60 dólares aproximadamente, fueron presentados también por trabajadores del municipio, quienes denunciaron que son obligados a entregar esas sumas cada mes. Los denunciantes, más de una veintena, pidieron que no se dé a conocer su identidad para evitar represalias del Movimiento Soberanía y Libertad para Bolivia. Sol.bo, del alcalde Luis Revilla. El único que accedió a dar declaraciones fue Sergio Terán Lara.
Los recibos de las contribuciones que llevan el logo de esta fuerza política datan de 2015 a 2018. “En 2017 fueron como 100 denuncias de cobros para Sol.bo. Las personas que no quieren cancelar señalan acoso. Este año ya tenemos 20 denuncias de acoso resultado de no querer someterse al partido”, indicó Epifania Colque, secretaria general de los trabajadores municipales de la Paz, sección administrativa, reconocida por la resolución ministerial 073/17.
El secretario ejecutivo de la Alcaldía, Álvaro Blondel, respondió que los aportes son legales y están permitidos para los partidos en la legislación electoral. “Entiendo que Sol recibe los aportes solo de sus militantes, si no son militantes y aportan, supongo que deberían reclamar en Sol, no sé si lo han hecho”, declaró.
Sin embargo, Sergio Terán Lara de 64 años, quien trabaja en la plataforma de atención al cliente de la subalcaldía Mallasa y no milita en ese movimiento, explicó que sufre acoso laboral por haberse negado a hacerlo. “Hace 15 años entré con ítem a través de un concurso de méritos. Cuando los señores de Sol.bo ingresaron a la alcaldía, me dijeron ‘tiene que dar su cuota al partido mensualmente’. Mi jefa, la ingeniera Jacqueline A., me indicó: ‘usted tiene que aportar’. Yo le dije: ‘no voy a dar ni un peso’”.
Desde entonces, señala Lara, fue víctima de acoso. Se llamó a la sindicada varias veces para conocer su versión; sin embargo, no hubo respuesta. “Sobre Jacqueline A., si se ha presentado una denuncia seguro que se va a investigar. Pero no sé si hay una denuncia”, respondió Blondel.
En febrero de 2017, asegura Lara, fue víctima de acusaciones injustificadas por ser parte del sindicato: “Me sindicaron de faltar a mi fuente laboral por ir a consumir bebidas alcohólicas”. Como prueba presentó el auto inicial de sumario administrativo 055/2017. El sumario quedó estancado, pero el lunes 26 de febrero de este año se reactivó como represalia —según el funcionario— por su negativa a dar contribuciones económicas. “Ha sido un abuso y me multaron con el 20% de mi haber mensual. Lo que me indigna es el acoso laboral de mi jefa”.
A Blondel se le preguntó sobre esta denuncia e indicó que “Terán Lara es un mal funcionario”. Dice que los reportes indican más de una decena de llamadas de atención contra el trabajador.
El abogado constitucionalista Dante Escobar señaló las violaciones que se cometen con estas exigencias. “Se desnaturalizaría (la institución pública) si se hacen cobros a los funcionarios para un partido. La Ley Electoral establece la objetividad y los fines de una instituciones que no tienen que ver con los de un partido político. La Ley habla de no realizar cobros ni aportes”.
La Ley de los Partidos Políticos prohíbe este tipo de acciones, aunque las cataloga como leves. No se sabe exactamente cuánto dinero ingresa anualmente a Sol.bo y cuánto es lo que entra por la vía de los aportes obligados a los más de 6,000 empleados que laboran en la Alcaldía de La Paz.
Con ajustes a la Ley de Partidos Políticos realizados en 2005, el financiamiento directo a partidos puede obtenerse por medio de contribuciones privadas de los militantes o simpatizantes afines a los partidos políticos.
Para conocer si el origen y destino del financiamiento privado a los partidos y agrupaciones políticas es fiscalizado por alguna institución se preguntó en la Contraloría General del Estado y el subcontralor, Edino Clavijo, precisó que “los salarios vienen a constituirse en recursos privados de los trabajadores, por ende ellos deben ser los que hagan valer su derecho a una remuneración justa, pero obviamente se encuentran un poco coaccionados por las represalias que se podrían tener por una denuncia”. El subcontralor Clavijo recomendó trasladar la pregunta al Tribunal Supremo Electoral.
Buscamos una entrevista con el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, pero en el departamento de Comunicaciones indicaron que estaba muy ocupado y que se intente contactarlo más adelante.
José Luis Bedregal, responsable Nacional de Organización y Vocero de Sol.bo negó que exista coerción y acoso laboral en la municipalidad. No quiso entrar en detalles de lo que recibe la organización en concepto de donaciones. “Los aportes vienen de todo el país porque hay militantes en toda Bolivia, en función a esos aportes presentamos un informe pertinente al Órgano Electoral. No tengo el dato (del monto total ni de lo que aportan los trabajadores ediles), no es un aporte fijo y varía de acuerdo con la voluntad de ellos, no son aportes obligatorios”, declaró Bedregal. Sugirió a los empleados que denuncien en el Ministerio de Trabajo cualquier irregularidad.
Este reportaje fue realizado por Liliana Aguirre, periodista de La Razón, con el apoyo de la Fundación para el Periodismo (FPP) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center forJournalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
