Desde octubre de 2014, Panamá y Colombia mantienen un tenso ambiente diplomático luego que el último decidiera declarar al primero paraíso fiscal. Con esta medida Colombia buscaba cerrar la puerta de miles de evasores que han encontrado en el istmo una forma fácil para esconder sus fortunas de las autoridades tributarias. Al tener la calificación de paraíso fiscal, todo colombiano con negocios a través de Panamá estaría bajo una carga tributaria tan alta que desestimularía la constitución de empresas en ese país.
Pero el Gobierno no soportó la presión. Por un lado la ejercida por el Gobierno del istmo, y por el otro, la de grandes ‘cacaos’ colombianos que pusieron contra las cuerdas al presidente Juan Manuel Santos por una medida que consideraron se había implementado a la ligera. La imposición duró un par semanas y como fórmula salomónica se acordó una mesa de negociación. El punto central de Colombia es lograr información de quiénes son los colombianos con inversiones en ese país, para buscar que paguen sus impuestos.
Ha pasado más de un año, se han anunciado prórrogas a los tiempos propuestos, y se ha compartido la sensación de que las conversaciones avanzan por buen camino. Sin embargo, CONNECTAS logró establecer que están en un punto muerto. Ambos países llegaron sin acuerdo a sus “líneas rojas”, que en el argot de estas negociaciones corresponde a los inamovibles. Colombia mantiene el espacio, pues no quiere reabrir de nuevo la tensión política internacional con el vecino país, ni quiere debilitarse con los empresarios colombianos, de quienes necesita respaldo para sacar adelante las negociaciones con la guerrilla.
Ahora con las informaciones de Panama Papers se revela que las trabas para llegar a un acuerdo entre Colombia y Panamá en materia tributaria tienen un componente adicional. Varios de los principales negociadores y voceros diplomáticos del istmo están metidos hasta la coronilla en el negocio de las empresas offshore .
Estas relaciones quedaron de manifiesto en la voluminosa documentación obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zitung, compartidos con el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados por CONNECTAS.
Más allá de las posturas tributarias que defiende cada país, una de las razones que explicaría la falta de avance en las negociaciones pasa por los estrechos vínculos de al menos tres de los protagonistas cercanos a las negociaciones del lado panameño con la constitución de empresas de papel. Se trata del vicecanciller Luis Miguel Hincapié, el asesor de la Cancillería, Gian Castillero, y el abogado Raúl Castro. Además de participar en las negociaciones con Colombia, también están en las conversaciones que Panamá adelanta con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En Panamá se sostiene que su plataforma de servicios es transparente, y aseguran que los cuestionamientos son una suerte de bullying internacional, para sacarlo de un servicio que también se ofrece en algunos países europeos y en Estados Unidos. Los principales defensores de esta postura son por supuesto los abogados que participan de las firmas y que obtienen importantes ganancias de este mercado de empresas.
En contraste, un grupo minoritario en el istmo cuestiona los beneficios que recibe el país por estos esquemas financieros. “Yo no creo que Panamá sea un paraíso fiscal, sino un infierno fiscal. Aquí se lava, se almidona y se plancha”, dice el constitucionalista Miguel Antonio Bernal. El esquema se estructura en una legislación que garantiza la invisibilidad de los dueños de las sociedades, en la participación de los bancos locales y firmas de abogados que además tienen un fuerte poder político para lograr que se mantengan las particularidades del que ellos denominan “centro financiero”.
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El interés de Panamá o de los abogados
“En Panamá hay un serio problema de entender lo que son los conflictos de intereses”, dice el representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias.
El rol de Hincapié, Castillero y Castro en las negociaciones de algo que tiene que ver directamente con una actividad que toca sus intereses no deja de ser llamativo.
El Vicecanciller dijo a CONNECTAS que no ha “mantenido en ningún momento, relación alguna con la firma Mossack y Fonseca” (Ver respuesta ). Sin embargo, en los documentos analizados, Hincapié aparece con decenas de intercambios de mensajes referidos a al menos 193 empresas. Los motivos van desde cambios de agente residente -que es la firma de abogado-, ratificación de actas de constitución o intercambio de información. En algunos, firma como miembro de la Unidad Internacional de Morgan y Morgan; en otros, como abogado de esta firma.
Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2012, Luis Miguel Hincapié avisó a un representante de Mossack Fonseca: “Conforme a la información que tenemos, la factura fue cancelada. Sin embargo, contactaremos a nuestra oficina en China para que se ponga en contacto con el cliente y éste último aclare la situación con sus corresponsales en Asia”. Le habían consultado algunos días antes sobre pagos que un cliente debía hacer para proceder con el cambio de agente residente, de Morgan & Morgan a Mossack Fonseca.
Luis Miguel Hincapié es socio de Morgan & Morgan, otra de las grandes jugadoras en Panamá en la constitución de empresas y con ramificaciones en el mundo entero. Vinculado el Panameñismo, el partido de Gobierno, fue viceministro de Gobierno en 2010 y de Trabajo y Desarrollo Laboral en 2011. Durante el proceso electoral que llevó a Juan Carlos Varela a la Presidencia, convocó a reuniones en una de las oficinas de la firma para engrosar la plataforma electoral. Cuando asumió como vicecanciller a mediados de 2014, tomó licencia en Morgan & Morgan y pasó de abrir empresas para clientes del mundo a defender ante el mundo a Panamá como centro financiero alejado de actividades como el lavado. Su rol ha sido más el de vocero, que directamente en la mesa de negociaciones.
Sin experiencia previa directa en relaciones internacionales pero sí en finanzas globales, el cargo le demanda viajar, diplomacia y estar presente en todas esas reuniones bilaterales a las que la Ministra no puede asistir. Cuando en junio del año pasado la Comisión Europea catalogó al istmo como paraíso fiscal, Hincapié dijo que estaban estudiando tomar medidas y sostuvo: “Es sumamente preocupante el que países amigos y con fuertes vínculos diplomáticos y comerciales, desprestigien la imagen de un país como Panamá, que tiene una sólida plataforma financiera y corporativa”.
Al rastrear las empresas que figuran en Panama Papers en las que tuvo algún rol Hincapie se arma un entramado de conexiones con países como Suiza, Hong Kong, Bahamas, que a su vez se entrelazan con nuevos nombres de personas y sociedades, pero sin pista de sus verdaderos propietarios. Una eficiente forma de ocultar identidades.
Un ejemplo: Erainvest Properties Inc. En el Registro Público de Panamá, aparece creada por Morgan & Morgan el 7 de julio de 2009. Los directores son panameños: Dianeth M. de Ospino, Martha de Saavedra y José E. Silva. Al indagar en estos nombres, se podría pensar que son prósperos millonarios, pues Dianeth M. de Ospino figura como directora de más de 15.000 compañías, mientras que Silva aparece en más de 40.000. José Silva – que figura en el Registro Público de Panamá con las variantes José E. Silva, José Eugenio Silva y José Silva Ritter- es un panameño de mediana edad y campechano, que vive en los suburbios de la capital panameña y trabaja en Morgan & Morgan justamente de eso: firma actas de empresas como director, pone el nombre público para algún accionista que queda oculto. Apareció en dos empresas vinculadas a casos de corrupción en Brasil y en El Salvador . (Vea también : Los empresarios de papel )
Al revisar las suscriptoras de la firmas relacionadas con las actividades de Hincapie, el panorama no es muy distinto. Estas también se replican como aval de otras miles de empresas. Por ejemplo, EASTSHORE INC. en más de 5,000, lo mismo que CHESWICK INC. Las dos fueron creadas por BUFETE MF & CO.
Hincapié no respondió a la pregunta de si algunas de las empresas que abrió o gestionó, fueron investigadas por la justicia o tuvieron denuncias públicas. En la información obtenida por Panama Papers , figuran al menos dos investigadas o con denuncias públicas.
Hay un intercambio entre personal de Mossack Fonseca sobre la Hermitage Consultants Inc., que fue investigada por la Justicia de Estados Unidos por un caso de lavado. Dice el intercambio: “Por información confiable, Hermitage Consultants Inc. (“Hermitage”) es una entidad panameña con una dirección registrada de c / o Posadas y Vecino Consultores Internacionales Inc., Calle 53E, Urbanizacion Marbella, World Trade Center, el 14 F l, Suite 1404, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Además, Hermitage y 4A estrella comparten el mismo agente registrado, Luis Miguel Hincapié Corcó, y tres de los mismos directores, Luis María PIÑEYRUA Pittaluga, Crestwood Services Ltd., y PVT Nominees Ltd. Por información creencia, Hermitage es otro liate fi af de Bestinvest. Por información confiable, Hermitage también acciones de los oficiales y directores con los acusados La Signoria Activos Corp. y Estrategia Netvalue, SA .”.
En Ecuador, otra registrada por Hincapié en Panamá fue noticia: AUSTROBANK OVERSEAS (PANAMA), S.A. Fue denunciada ante la Justicia por el asambleísta Andrés Páez, porque supuestamente desde allí se hicieron transferencias millonarias a dos ecuatorianos vinculados al entorno del presidente Rafael Correa. Antes, la Superintendencia de Bancos de Ecuador la señaló por “operaciones prohibidas por la ley”.
Los asesores
Por su parte, Gian Castillero es el hombre clave en la mesa de negociaciones. Tiene línea directa con el presidente Juan Carlos Varela y eso se hace notar en sus intervenciones en la mesa. Como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá ha participado del armado de la estrategia y concurrido a las reuniones de rondas con Colombia y el Gafi, además de participar en temas vinculados a la OCDE. Es decir: Castillero es uno de los hombres que define para el Gobierno estrategias que buscan la salida del Panamá de las listas de paraísos fiscales y posicionarlo como centro de servicios financieros. Sin embargo, en paralelo, continúa con sus tareas como socio de la firma Arias, Fabrega & Fabrega (Arifa), otra de las grandes jugadores del istmo en el mundo de las empresas offshore .
En las filtraciones, Castillero aparece relacionado con 97 empresas. Los motivos en general se repiten con los de su colega Hincapié: cambio de agente residente; apertura o disolución de una empresa en Bahamas o Panamá o Islas Vírgenes -o en cualquiera de los países donde opera-, alguna firma de un acta de reunión de accionistas o junta directiva, pagos. O simplemente intercambio de información con algún agente de Mossack Fonseca.
Pero Arifa además recurría a servicios de MF para satisfacer a clientes, por ejemplo Castillero se comunicó con ellos en julio de 2008 porque un cliente suyo, ecuatoriano, estaba interesado en adquirir una sociedad de Seychelles o Samoa. “Lo que quiere realmente el cliente -especifica el contacto en MF-, es usar una jurisdicción distinta a las tradicionales del Caribe, ya que está asustado por los recientes acontecimientos en Ecuador”.
En la web de Arifa, donde aún trabaja, señalan que su práctica se centra en “empresas; fincas, fideicomisos y fundaciones”. También dice, “en el área de servicios offshore , el Sr. Castillero tiene una amplia experiencia en la representación de clientes en relación con la organización y gestión de empresas, entidades filantrópicas y fundaciones en diferentes jurisdicciones, planificación patrimonial, planificación fiscal internacional y las estructuras de protección de activos”. Por las mañanas se dedica a estudiar cómo defender y posicionar al país ante organismos como el Gafi y OCDE y por la tarde abre empresas para privados del mundo.
Ante la consulta de CONNECTAS, Castillero dijo: “por razón de mi experiencia profesional he brindado opinión y retroalimentación a distintos gobiernos de la República de Panamá en materia del desarrollo de su plataforma de servicios”. Resaltó luego que “Panamá ha sido un exitoso proveedor de servicios a nivel internacional en materia financiera, corporativa, legal, marítima y logística, entre otras, que está comprometido con cumplir con los cambiantes estándares internacionales” (ver respuesta completa ).
En una entrevista conjunta realizada por esta Plataforma Periodística, junto a la TV Pública francesa, Castillero, que también fue presidente de la Asociación de Abogados Internacionales, usó la siguiente metáfora para ilustrar su posición sobre la finalidad de algunas de las empresas que se consituyen bajo los esquemas que defiende, dijo: “si tienes una bodega de vinos y alguien mata a otro con la botella que tú vendes, no es culpa de la empresa: es culpa del que comete el delito”.
Otro protagonista en la mesa con Colombia es Raúl Castro. Como abogado de Morgan & Morgan aparece en Panama Papers en menor proporción con intercambios con Mossack Fonseca. En general, el motivo que se repite es el de traspaso de sociedades anónimas de una firma a la otra, que denominan en los mails como “cambio de agente residente”. No se logró contacto con él.
Según reseña el sitio web del bufete, Castro se incorporó en 1998 y actualmente es socio. Forma parte de la Gerencia Administrativa de MMG Trust (Panamá), S.A., miembro del Grupo Morgan & Morgan, red fiduciaria ubicada en los centros financieros más importantes de América, Europa y Asia, especializada en asesoría fiscal, diseño e implementación de estructuras transfronterizas, y planificación y administración corporativa y patrimonial.
En marzo de 2015, un agente de Mossack Fonseca en Uruguay comenta a sus pares en Panamá que se reunió con un potencial cliente que hasta ese momento trabajaba con Morgan & Morgan y quería cambiar de firma. Explica el agente que el posible cliente: “maneja sociedades de BVI, Costa Rica, Panamá y Belice. Trabajan estas jurisdicciones con Raul Castro de Morgan & Morgan. Están muy interesados en comenzar a trabajar con nosotros ya que muchos de sus clientes les han comentado que Morgan se encuentra involucrado en un juicio en Suiza y prefieren trabajar con otro proveedor. Están interesados en transferir 20-30 sociedades que son de Panamá, BVI y Florida”.
¿País chico?
En el Istmo no es extraño el doble rol de negocios y política. Actividad que se concentra principalmente en la elite panameña. Además de Hincapié y Castillero, con intervenciones directas en las negociaciones sobre los temas internacionales de Panamá en materia tributaria, también hay personas de mucho peso en el mundo de los abogados locales. Son hombres del gabinete que crean empresas en Panamá.
“Es un país chiquito”, repiten los locales, y según hacen carrera, como son pocos los preparados para ocupar altos cargos entonces es normal que los abogados de las firmas prominentes o los empresarios exitosos sean quienes luego asuman determinadas funciones de gobierno. El argumento parece ser: lugar chico, poca gente, muchos cargos.
Gracias a esta condición en la elite de Panamá no despierta la más mínima inquietud que Ramón Fonseca Mora fundador y dueño de Mossack Fonseca & Co. sea Ministro Consejero y presidente del partido de gobierno del presidente Juan Carlos Varela, su entrañable amigo. Hace dos semanas pidió licencia en ambos cargos cuando MF se vió involucrada en el caso de corrupción que lanzó a los brasileros a las calles. Por su parte, su socio, Jurgen Mossack, integra el Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado en septiembre de 2014 como cónsul general en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Su hermano, Alfredo Fonseca Mora, es director General de Autoridad Aeronáutica Civil desde agosto de 2014.
Tampoco son los únicos abogados poderosos, socios o dueños de firmas legales en la administración de Juan Carlos Varela.
El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, tiene su propia firma: Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman, otra de las grandes jugadoras. Un hermano suyo, Jaime, también es abogado con firma propia: Alemán, Cordero, Galindo y Lee, que representa los intereses de Sacyr, una de las empresas a cargo de la cuestionada ampliación del Canal. Jaime fue ministro y embajador en Washington del gobierno anterior. Otro hermano, José Miguel, también es abogado y fue ministro de Relaciones Exteriores entre septiembre de 1999 y enero de 2003, durante la presidencia de Mireya Moscoso.
El argumento recurrente para responder a denuncias ante la Justicia, es que la responsabilidad o pena no debe caer nunca en los abogados, sino en los dueños de las empresas que se usan para el lavado. Por ejemplo, Ramón Fonseca dijo recientemente que el agente registrado no tiene “nada que ver” con el negocio de las sociedades. “Es como un carro: usted compra uno, la agencia le dice que es el agente de esa marca, que lo lleve a hacer chequeo cada seis meses, pero usted se lleva el auto. Usted hace lo que sea con él. Si roba con él, eso no es culpa de la agencia, ni de la fábrica. Nosotros somos agencia y fábrica. Construimos sociedades y las vendemos, y la persona que la compra es la responsable”, dijo en una entrevista con el periódico panameño La Estrella.
Las críticas hacia ese modelo que facilita y avala operaciones que en el país de origen son consideradas ilegales o dudosas, cada vez empiezan a tener más seguidores al interior de Panamá.
“Es legal pero hasta qué punto puede un país que se considera parte de la comunidad de naciones, dedicarse a esconder la plata de corruptos del mundo. Yo pienso que nosotros nos podemos reinventar. Podemos ser un centro financiero, podemos hacer cosas parecidas a las que estamos haciendo, pero transparentes”, dice Arias, de Transparencia Internacional.
Además casi gratis, porque las empresas pagan impuestos simbólicos. Entonces, si el país sufre sanciones de organismos internacionales, mala publicidad y no se beneficia económicamente, ¿por qué sostiene el sistema? ¿de quién es el negocio?
Dice Arias: “Yo quiero ver estadísticas económicas de cuáles son las ventajas de esto para el país, como país, no como firmas de abogados, no como banca o no como Zona Libre. Si hacemos un análisis económico, la mayoría del dinero que está viniendo a Panamá es legítimo. Son compañías guatemaltecas, por ejemplo, que tienen negocios en Nueva York y que le es más fácil hacer una holding en Panamá porque en Panamá somos más eficaces con las empresas. O una empresa francesa que tiene negocios en la región y lo maneja desde aquí. Eso hay que fortalecer. Y terminar con lo otro. Claro, la resistencia de los abogados va a ser enorme”.
Esos abogados, además, pertenecen al grupo que define el rumbo, defiende y negocia desde el Gobierno, como el caso que se mantiene abierto con Colombia, y que con este panorama es muy poco probable que llegue a algún lugar.
Archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung , compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados para esta nota por CONNECTAS
Más información en panamapapers.icij.org
