“En una ocasión (viajó el exfiscal Martínez) para el matrimonio de mi hija, tuvimos una fiesta muy grande, eran aproximadamente 600 personas invitadas”, dijo el empresario Enrique Rais el 27 de abril de este año, un día después de que se hizo público que una jueza de Florida había pedido la intervención de tres de sus aviones y un helicóptero por posibles vínculos con el narcotráfico. Lo aseguró sin reparos, admitiendo que entre él y el ex fiscal general de la República Luis Martínez existía una relación cercana.
Lo que no dijo Enrique Rais (actualmente acusado por los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica y cohecho activo) es la fecha en la que se realizó el enlace de su hija Stephanie Rais. Fue el 28 de noviembre de 2014, según consta en el anillo del enlace que los esposos publicaron en sus perfiles de Facebook, en el hotel Iberostar de Cancún, Quintana Roo, México.
Solo tres días antes de la boda, el 25 de noviembre, el empresario, su esposa, Annette Clairmont de Rais, su hija mayor Michelle Rais de Barake, su sobrino Hugo Blanco Rais y otro imputado fueron beneficiados con la solicitud de sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía General de la República por los delitos de administración fraudulenta y estafa denunciados por los ciudadanos canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
Annette y Michelle fueron incluidas en la denuncia por realizar actividades dentro de la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES), alrededor de la cual se realizó la demanda. Según los norteamericanos, el salvadoreño les adeudaba $25 millones por la compra de la compañía, los que no había entregado según un sistema de pagos ya acordado. El sobreseimiento se haría efectivo tres días después, el 28 de noviembre, el mismo día de la boda.
Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
En el número de expediente judicial 13-4-2014 se consigna por parte del juez del Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador que el sobreseimiento se concedió porque así fue solicitado por la Fiscalía y porque no hubo actividad investigativa por parte de la institución. La única diligencia que hizo la entidad en el caso fue una inspección ocular a las oficinas de MIDES.
El 27 de noviembre de 2014, Luis Martínez abordó en el Aeropuerto Internacional de Ilopango un vuelo privado en el avión matrícula N501RL, con destino a México, como consta en sus registros migratorios.
Según registros de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la aeronave era, en esa época, propiedad de la empresa Citation 501 RL. La que está ubicada en la dirección 212 N McDowell ST #210 de la ciudad de Charlotte, en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte, Estados Unidos. Coincide con el domicilio y el fundador (William Shaia Jr.) de Rais Group International, de la que es presidente Enrique Rais. Eso, y que el mismo empresario aceptó que llevó a Martínez en uno de sus aviones a la boda de su hija, certifican la propiedad del vehículo por parte del salvadoreño. Ahora esos mismos registros reflejan que la aeronave pasó a ser propiedad de la empresa All-Rite Aviation Services Inc.
En la fiesta, Luis Martínez ocupó un lugar en la mesa de honor junto con el empresario, como se observa en una fotografía de la lista de dicha mesa. Bajo el título “Table 2”, aparecen los nombres Enrique Rais, Annette de Rais (de nombre completo Marie Annette Clairmont de Rais, esposa del empresario), Luis Martínez, Carla de Martínez (cónyuge del exfiscal) y otros cuatro nombres.
Cuatro testigos, sin relación entre sí y que pidieron que no se revelara su identidad, dieron como auténtica la imagen y aseguraron que Luis Martínez asistió al evento celebrado en el hotel Iberostar de Cancún el 28 de noviembre de 2014. Según los asistentes al evento, la mayor parte de la noche el exfiscal permaneció al lado del empresario. “Lo trataba como a uno de sus mejores amigos y lo presentaba con entusiasmo a sus conocidos. Incluso (Luis) tuvo la oportunidad de bailar con la esposa de Enrique Rais y con la novia”, aseguró una de las cuatro personas consultadas. Los registros migratorios muestran que Luis Martínez viajó en el mismo avión de matrícula N501RL, desde México a El Salvador, el 30 de noviembre, dos días después de la boda.
El 25 de noviembre de 2014 la FGR pidió que se retiraran todos los cargos para un imputado que, tres días después, tendría como invitado de honor al titular de esa misma institución. La entidad que entonces dirigía Martínez facilitó que Rais y su familia pudieran disfrutar de la boda de Stephanie sin la preocupación de un proceso judicial sobre sus espaldas.
Enrique Rais, su esposa y su hija corrían el riesgo de no llegar a la cita. El Juzgado Decimocuarto de Paz podría haber decretado detención provisional o, en su defecto, medidas sustitutivas para los tres si se hubieran encontrado indicios de culpabilidad. En cuanto a estas existe una gama de posibilidades, que son elegidas a criterio del juez dependiendo de las particularidades del caso. Un ejemplo sería el de decretar la prohibición para salir del país a los acusados, lo que habría desembocado en la ausencia de la hermana, la madre, el primo y el padre de la novia en un evento fastuoso. La boda implicó una inversión de más de $30,000, según una estimación propia tomando en cuenta los precios en la web del hotel Iberostar de Cancún. Este hotel ofrece un paquete de boda para 20 invitados que cuesta $2,899 e incluye flores, música, cena, pastel, barra libre por una hora, brindis, montaje y hasta sacerdote o ministro.
La boda de la hija de Rais no tuvo 20 invitados. Según él mismo estimó, al evento nupcial asistieron 600 personas. La inclusión de cada invitado en la boda, en promedio, es de $80. Por lo tanto, la incorporación de Martínez y su esposa a una fiesta como esta representó unos $160. Eso sin contar la estadía de dos noches y el viaje en jet privado de El Salvador a México, tasado en $20,000, según estimaciones realizadas por LA PRENSA GRÁFICA.
La boda contó con medidas para aumentar su privacidad. De acuerdo con lo expresado por los testigos, en la fiesta realizada tras la ceremonia, a los invitados se les prohibió introducir teléfonos celulares o cualquier otro aparato para tomar fotografías.
En el período en el que Martínez fue fiscal general, los procesos que tenían como víctima a Enrique Rais prosperaron, mientras que aquellos donde era uno de los imputados contaron con nulas o muy pocas labores de investigación. Así lo definió el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en su resolución de julio de este año tras revisar los seis procesos en que Rais es víctima y los dos en los que aparece como imputado. También comprobó que las empresas de Rais patrocinaron 13 vuelos privados para Martínez.
El artículo 311 del Código Penal establece que si el fiscal general de la República o cualquier funcionario designado por él se niega a promover la investigación de un delito del que tenga noticia durante sus funciones, será sancionado con cárcel de tres a cinco años. A esto se le conoce como omisión en la investigación. Por este delito, y fraude procesal, ha sido acusado Luis Martínez por la Fiscalía.
La ley no establece una limitación para que un fiscal general tenga una relación de amistad con una persona con casos abiertos en la institución que dirige. Es imposible que alguien no cuente con un pasado. Sin embargo, sí establece el delito de cohecho impropio: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere una dádiva o cualquier otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo”. Eso coincide mucho con la descripción que el TEG hizo de la conducta que Martínez habría presentado en su relación con Enrique Rais.
“Una cosa es que sea jefe de la entidad y otra es que me entrometa en casos que tienen funcionarios judiciales de abajo”, aseguró la exfiscal colombiana Ángela Buitrago a esta revista en enero, con respecto al dilema del ex fiscal general: a diferencia de un funcionario específico, no puede declararse incompetente cuando uno de sus amigos cuenta con casos abiertos en la entidad que dirige.
Esa injerencia de Martínez en los casos de Rais puede verse en un expediente en el que el empresario era una víctima, el de la presunta extorsión inducida hecha por Mario Calderón, exabogado de Rais por 10 años, asignado a la Unidad de Patrimonio Privado de la Fiscalía, que según el abogado Diego Escobar sí puede ver un caso referido a este delito.
Pero en esta ocasión no existe un criterio para ello, pues el delito de extorsión de Calderón se enmarcó dentro de una estructura junto a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti (se considera así a partir de tres involucrados), por lo que debería ser visto por Antiextorsiones, que sí se encargó del caso de los norteamericanos. La única razón aparente es que allí estaba Francisco José Paredes, un hombre de confianza de Luis Martínez y quien pasó a ser querellante para Rais luego de salir de la entidad.
Las cosas cambiaron para Rais en 2016, apenas salido Martínez del cargo. El 18 de enero la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo en torno del caso por el que lo demandaron los canadienses, que ya había sido ratificado por la Cámara de lo Penal de la Segunda Sección del Centro. Para los magistrados, tales decisiones habían estado definidas por la floja actividad de la Fiscalía General de la República.
Allá por el 2 de enero de 2013, dos semanas después de haber sido elegido para el puesto de fiscal general de la República, se publicaba la primera entrevista que Luis Martínez brindó a LA PRENSA GRÁFICA. Entonces prometía el inicio de investigaciones contra funcionarios corruptos y comandar una entidad imparcial, una donde el “que comete el delito tiene que pagar por el delito cometido, independientemente de su clase social, del rol que juegue dentro de la sociedad o de cualquier privilegio que se crea que pueda tener”.
“Fui electo por 84 diputados. Tengo un respaldo de toda la clase política, eso da garantía de independencia porque no estoy sujeto a ninguna fuerza política”, dijo entonces Luis Martínez. Un año y 11 después, comía y bebía como invitado de honor de un hombre para el que, según su sucesor y el TEG, omitió administrar justicia
Este reportaje fue realizado por Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido de La Prensa Gráfica de El Salvador en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
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