El emporio de la seguridad privada

Más de $100 millones ha gastado el Estado salvadoreño en la última década para protegerse. Las empresas de seguridad más exitosas han sido las apadrinadas por los operadores políticos.

Imagen: La Prensa Gráfica, El Salvador.

Están en todas partes. En la puerta de los hospitales nacionales. En las escuelas. En el zoológico. En el edificio donde se declara la renta. En la sucursal donde se cancela el recibo del agua. En las oficinas donde se registran las propiedades. En las aceras. En los portones. En los parqueos. En los bancos estatales. Son los vigilantes privados que custodian la infraestructura estatal, un convoy por el cual tres gobiernos han pagado $135.2 millones entre 2004 y 2014, según una muestra obtenida en las oficinas de Información y Respuesta (OIR) de 29 instituciones públicas.

“Costa Rica tiene alrededor de 50,000 guardias privados y no tiene los índices delincuenciales de nosotros. Panamá tiene un número similar. Guatemala y Honduras tienen arriba de los 40,300 hombres en seguridad privada. En El Salvador no somos exclusivos”, sostiene Miguel Gil, presidente de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), que aglutina 80 empresas. Hay más agentes de seguridad privada que miembros de la Policía Nacional Civil (PNC): 23,546 guardias autorizados, más otros 5,000 que trabajan sin permiso, según datos de la misma Policía, que ronda los 21,590 elementos.

En la lógica de los dueños de las empresas, el volumen de ese ejército privado no convierte a El Salvador en un fenómeno.

El Estado perdió la capacidad de cuidar a sus ciudadanos y también la de cuidar su infraestructura. Lo dicen quienes ahora le venden la seguridad, empresas a las que el Gobierno le entregó $135.2 millones para la custodia de sus instalaciones. Un monto que equivale al presupuesto para 10 años de instituciones como la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) o que alcanza para pagar durante 10 años a 2,000 policías básicos.

“No podemos negar que los índices delincuenciales han favorecido el crecimiento. Sí, en gran medida, es una realidad que no podemos negar; sin embargo, nosotros, como empresarios de seguridad, estamos plenamente convencidos de que el día en que bajen los índices delincuenciales nuestros negocios van a continuar”, afirma el presidente de la asociación.

Dos empresas con claros vínculos políticos se convirtieron en las principales contratistas para la seguridad del Estado en la última década: primero SERCONSE, propiedad del fallecido dirigente del partido ARENA Adolfo Tórrez, y luego COSASE, empresa de Miguel Menéndez, uno de los padrinos de la campaña de Mauricio Funes para el primer gobierno del FMLN. SERCONSE tuvo sus tiempos de bonanza entre 2004 y 2009, durante la administración arenera de Elías Antonio Saca. En esos cinco años ganó $38 millones, según la muestra revisada. Las instituciones que más le generaron ganancias fueron la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). El Seguro hasta le pagó por plazas fantasmas. Una auditoría interna determinó que esa institución le entregó $5.9 millones a SERCONSE por 481 agentes que nunca custodiaron sus dependencias.

El apogeo de COSASE empezó en 2009, tras la muerte de Tórrez. Miguel Menéndez firmó contratos con instituciones que habían sido nicho del dirigente de ARENA: en 2010, por ejemplo, relevó a SERCONSE en ANDA gracias a una contratación directa. Desde entonces nadie ha logrado desbancarla.

El expresidente Funes no ha tenido reparos en aceptar que alguien de su círculo cercano acaparó la mayoría de contratos en seguridad.

La Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad calcula que solo el 20 % de las agencias le presenta ofertas al Estado, y que el resto ni siquiera compite porque las condiciones están dadas para que ganen las mismas: empresas grandes que además de capacidad técnica cuenten con un buen colchón financiero. Esto, desde la óptica del presidente de la UNAPS, no significa que haya un monopolio.

“(Con) mi empresa yo no voy a ninguna licitación. ¿Por qué razón? Primero porque en las instituciones de Gobierno a veces hay problemas presupuestarios y yo no puede soportar una carga de un proyecto donde haya un retraso de tres o cuatro meses de pago. Hay que tener un colchón de plata para soportar planillas y prestaciones laborales”, explica Gil.

El Estado depositó en las cuentas de SERCONSE y COSASE $76.6 millones, el 56.6 % del total que destinó para la seguridad privada en la década. “El monopolio de la seguridad se lo disputan ferozmente. Cuando estaba ARENA se lo dieron al chele Tórrez; ya con Mauricio Funes es COSASE… Pero también es posible que haya tráfico de influencias. Las empresas más grandes tienen más capacidad de ofertar más servicios y más barato. Eso no significa que el servicio sea de mejor calidad”, opina Eduardo Linares, alguien que sabe cómo funciona el negocio porque fue jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

Pero hay gente nueva en el negocio, como Alternativa Privada de Protección para el Desarrollo (ALPRODESA), la empresa que vigila todos los negocios de ALBA Petróleos, el consorcio de empresas administrado por uno de los máximos dirigentes del actual partido en el Gobierno: José Luis Merino. ALPRODESA fue constituida el 18 de junio de 2010 con el sello notarial de Salomón Padilla, entonces gerente legal de ALBA y luego presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La cara pública de ALPRODESA es Benedicto Castro Romero, un joven abogado del municipio de San Antonio Los Ranchos, en Chalatenango, quien fundó la empresa cuando tenía 29 años con un capital social de $12,000, según consta en el testimonio de escritura pública. En Los Ranchos hay gente que lo identifica como dirigente departamental del FMLN en Chalatenango. Su nombre está enlazado a José Salvador Castillo en todos los documentos depositados en el Centro Nacional de Registros (CNR). Ellos aparecen como los dos únicos accionistas de la sociedad. No hay rastros de otros dueños. ALBA Petróleos financió a ALPRODESA, según se desprende del balance financiero de 2013, donde la empresa de seguridad aparece como uno de los deudores por un monto de $143,499.

ALPRODESA se hizo de los contratos de seguridad privada del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) por cuatro años consecutivos. Fue invitada a presentar una oferta cuando apenas tenía seis meses de haber sido registrada. Ganó los contratos desde 2011, un año después de su nacimiento, hasta 2014, lo que le representó ingresos por $350,104. 28.

El Consejo Nacional de la Judicatura es una institución presidida por Tito Edmundo Zelada, un funcionario que está en remojo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. Unos abogados pidieron se revise su nombramiento porque, según ellos, tiene vínculos con el FMLN. Han presentado un video en el que Zelada aparece ensalzando a Salvador Sánchez Cerén cuando este era precandidato a la presidencia.

El contrato dice que CNJ le pagó a ALPRODESA $2,400 mensual por tres agentes con turno de 24 horas. En la vida real, los agentes de esa empresa reciben salarios que van desde los $250 hasta $444.16. Los empleados de la empresa hicieron una seccional de un sindicato para exigir que se les pagara cuotas retrasadas de las AFP y el excedente de horas trabajadas.

El Código de Trabajo indica que la jornada laboral no puede exceder de 44 horas semanales. “Ellos (los dueños) se molestaron porque piensan que nosotros como sindicatos vamos a desarmarles ahí su juego económico que tienen con la explotación, pero hubo algunas reuniones con representantes de ellos. Se llegó a algunos acuerdos que aceptaron: la reducción del horario a 44 horas por semana”, comenta Francisco Oviedo, del Sindicato de Agentes y Trabajadores de la Industria de Seguridad Privada de El Salvador (SATISPES).

ALPRODESA, además de cuidar las gasolineras de ALBA, ha tenido entre sus clientes a Vuelos Aéreos Centroamericanos (VECA) y a la Perforadora Santa Bárbara, una subsidiaria de LaGeo. La empresa de seguridad está ubicada en la colonia Harrison de San Salvador, a solo unos pasos del instituto Schafik Hándal, un edificio de dos plantas que también es custodiado por los agentes de ALPRODESA. Se visitó a Castro Romero en esa oficina, pero no quiso conceder unos minutos para una entrevista. También se le envió un correo electrónico en el que se le preguntó acerca de la relación de la sociedad con José Luis Merino, una interrogante que tampoco contestó.

“Yo solo retomo las palabras de (Pepe) Mujica: si quieren estar en la política, no pueden ser empresarios. Si quieren ser empresarios, sálganse de la política. Entonces, los de ALBA se deben salir de la política y no aprovecharse del Estado ni de nada de eso para engordar sus negocios. Eso es lo correcto”, opina Linares, exjefe del OIE.

Otros políticos y funcionarios figuran entre los dueños de las agencias de seguridad privada. El exviceministro de Obras Públicas en el gobierno de ARENA Sigifredo Ochoa Gómez es socio de Carolina Graciela d’Aubuisson, hermana del alcalde electo de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, en Grupo Los Seis, S. A. de C. V., una empresa de seguridad que no aparece entre las contratadas por el Estado.

El presidente del Fondo Social para la Vivienda (FSV), Tomás Chévez, es propietario de Servicios de Seguridad Dos Mil, donde tuvo como socio al excandidato a la presidencia René Rodríguez Hurtado. También hay exfuncionarios de seguridad en la nómina de propietarios: el exsubdirector de operaciones de la Policía Renzo Martínez es el representante legal de Panamericana de Servicios. El exdirector de la PNC Rodrigo Ávila reconoció en 2005 que había sido accionista de otra empresa privada de seguridad.

La Ley de los Servicios Privados de Seguridad no prohíbe que funcionarios públicos hagan negocio con la seguridad privada. Solo inhibe de ser propietarios o accionistas a los miembros activos de la Policía. “Hay algunas empresas que están funcionando que, según me he enterado aquí en el trabajo, sí los propietarios o representantes son funcionarios que estuvieron en la Policía, pero no tienen ningún obstáculo legal para hacerlo”, responde el jefe de la División de Servicios Privados, Marco Mariona, cuando se le pregunta por exdirectores de la PNC que iniciaron su negoció de seguridad privada al salir de la corporación.

Los policías, de hecho, pueden ser vigilantes privados en sus horas libres. La misma PNC ha habilitado una bolsa de trabajo donde les ofrece ganar dinero extra como vigilantes de algún establecimiento.

Hay soldados que también se pasaron a lo privado. El fin de la guerra trajo una ráfaga de agencias de seguridad privada. Durante el conflicto armado operaban tres agencias. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, el Ejército dejó de custodiar la infraestructura estatal y cedió a los privados. En el primer auge se crearon 100 agencias. La segunda expansión ocurrió con la aprobación de la Ley de los Servicios Privados de Seguridad, en 2000, hasta llegar a las 321 registradas en la actualidad.

Leonel es un vigilante que prefiere ser identificado con el seudónimo: “el Fiscal”. Él sabe mejor que nadie lo que significa el cambio tras la guerra. Su primer entrenamiento lo recibió en la calle que conduce hacia Puerto Parada, Usulután, en un terreno del sector conocido como El Manguito, en donde después de arrastrarse debajo de alambres de púas y hacer 1,000 flexiones con las polainas puestas, se ganó el título de guardia nacional. Todo eso lo recuerda, 33 años después, en la colonia San Benito de San Salvador, donde permanece de pie el 16 de febrero de 2015.

Lo dieron de baja en la Guardia Nacional y después recibió una capacitación en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). No recuerda en qué año lo capacitaron, pero sí sabe que pertenece a la promoción 32, de las 736 que ha preparado la academia. Hoy custodia un terreno reservado para la construcción de un edifico, donde permanece 72 horas de su semana. Le pagan $250 mensuales por hacer eso que él llama “cuidar la posición”. “Sería mentiroso si le digo que no descanso un ratito. Hay empresarios que se escudan en que uno solo llega al relax, o a dormir, pero no ven que hay lugares donde no hay baño ni agua”, comenta “el Fiscal”, mientas acaricia su escopeta.

“El Fiscal” vive en el cantón El Limón de Soyapango. Los pandilleros de su colonia ya saben a qué se dedica. Antes viajaba con el uniforme puesto, pero para no correr el riesgo, ha decidido desplazarse desde la colonia San Benito con el uniforme dentro de su mochila, en la que siempre anda llevando un ejemplar de la Constitución de la República.

“A todos esos cipotes yo los he visto chulones. Me he ganado un poco el respeto porque no soy una persona que ande fumando, que ande tomando. De vecino tuve a uno que ahora está en ‘Zacatraz’, yo solo le dije que si se metía en un clavo, que lo enfrentara, así que no me han agarrado de fantoche”, relata.

Antes de capacitarlos, la ANSP entrevista a los aspirantes a vigilantes. Desde 1997 a 2014, la academia ha aprovechado las entrevistas con 260 agentes para esbozar un perfil. La mayoría contó que ganaba el salario mínimo para el sector servicios ($242.14), y que ha cursado entre sexto grado y bachillerato. También narraron que, además de cuidar gente y propiedades, son obligados a barrer las aceras, cambiar botellones de agua, lavar vehículos, regar jardines, lavar baños, cambiar cheques en los bancos, llevar y traer comida, cambiar focos y hasta atender alguna mascota.

“La sociedad es injusta con los agentes de seguridad privada. ¿Qué pasaría con usted trabajando 24 horas seguidas y llegar a su casa a trabajar o medio dormir y luego engancharse las otras 24 horas? La sociedad está acabando con esta gente física, mental y yo diría que hasta espiritualmente”, analiza Álvaro Vejarano, autor de un estudio sobre empresas de seguridad privada que hizo la ANSP.

Los agentes de seguridad privada pasan una vez en la vida por la academia. Reciben un curso que dura 40 horas y por el que pagan $50. La ANSP ha capacitado a 38,294 desde 1994. “Y un fenómenos que es inhumano es que las empresas de seguridad privada no tienen la mínima consideración con ellos y los hacen trabajar en la noche la semana que ellos están acá. Ellos vienen a recibir la capacitación de 7:30 a 3:30 y tienen que presentarse a la empresa a las 5 de la tarde. Tenemos que hacer maravillas para que no se nos duerman tan seguido”, explica Vejarano.

En una semana les muestran cómo colocar esposas, cómo usar comandos verbales para persuadir, cómo manejar un arma de fuego, les dan orientación jurídica sobre derechos laborales y también les hablan de derechos humanos. Las 40 horas también incluyen charlas de salud mental, un módulo que el jefe de capacitación de la ANSP, Miguel Reyes, describe así: “Les enseñamos el respeto a otras personas vulnerables. Propiciamos una salud mental integral que les permitan conservar su vida, que también les permita mejorar su calidad de vida”.

No hay quien las controle. Hay una ley desde 2001, pero tiene vacíos y está desactualizada. Hay una división policial que los inspecciona y extiende autorizaciones, pero tiene poco personal. En la teoría: las empresas de seguridad privada están bajo la tutela de la División de Servicios Privados de Seguridad de la PNC. En la práctica: eso que se conoce como División de Servicios Privados es una oficina ubicada en la colonia San Mateo, en San Salvador, donde trabajan 21 personas. Ellos son los que tienen a su cargo la inspección de las 321 agencias de seguridad. También son los que deben dar el aval cada tres años para que las agencias puedan obtener la renovación de sus permisos.

Una inspección dura tres o cuatro días. Los 21 agentes de la División de Servicios Privados de Seguridad no se dedican exclusivamente a inspeccionar empresas. También participan en operativos. El jefe de la división admite que se les sale de las manos controlarlas. “No alcanzamos a cubrirlas porque por el mismo número de empresas se hace físicamente imposible supervisarlas. Acordémonos de que no solo en el área metropolitana hay empresas de seguridad, sino que también tenemos otros asuntos propios de la función policial, cubrimos otras actividades, como Policía Comunitaria, seguridad pública”, explica Marco Mariona, jefe de esa dependencia policial.

La ANSP ha hecho una especie de mea culpa en un documento denominado “Estudio de la seguridad privada en El Salvador” al decir: “No obstante la situación actual de inseguridad, el Estado no centra su vigilancia de esta industria ni le asigna la verdadera importancia en la agenda política”.

La división policial, que también es la encargada de recibir informes trimestrales de las agencias y de llevar un inventario cada vez que las empresas pierden armas, realizó 368 inspecciones el año pasado. Todas esas visitas concluyeron con 118 procesos administrativos sancionatorios, que no terminaron precisamente en multas. Hay 108 de las 321 empresas que se salen del control de la policía porque están funcionando con el permiso vencido. La ley solo faculta a la PNC a supervisar a las empresas registradas.

El jefe de la división considera que la ley vigente los obstaculiza porque tiene demasiados vacíos. El artículo 47 de la Ley de Servicios Privados indica que la multa máxima por faltas leves será hasta de 10 salarios mínimos, y de 60 salarios mínimos para infracciones graves. Lo que la ley no especifica es con base en qué rubro se debe calcular la multa. Algunas empresas han encontrado en ese vacío un chance para sortear las multas. Tres agencias, por ejemplo, ya se ampararon en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y lograron que, ante la ambigüedad de la ley, ese tribunal dejara sin efecto las sanciones.

“Ya con esta nueva situación que la Corte ha resuelto podemos verificar, supervisar, establecer si hay algún incumplimiento, pero no podemos sancionar”, se resigna el jefe policial Mariona.

Las empresas de seguridad privada se han convertido en la nueva maquila. Están entre los tres rubros más denunciados por violaciones laborales dentro del Ministerio de Trabajo.

Las tres más denunciadas entre 2012 y 2014 han sido Grupo Los Seis, Magnum Security y COSASE. El Ministerio de Trabajo impone, en teoría, las multas a las empresas que cometan violaciones laborales, pero hay algunas que incluso se resisten a abrir el portón para una inspección.

Jesús Vázquez, otro vigilante, fue despedido en 2014 de la empresa de seguridad donde trabajaba por haberse inscrito en un sindicato para reclamar el pago de AFP, de vacaciones y de horas extras.

Las empresas que sí son sancionadas por el Ministerio de Trabajo se acogen a otra instancia para no responderle al Ejecutivo: recurren a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Miguel Gil, el presidente de UNAPS, reconoce que sí hay violaciones, pero cree que hay muchos estigmas sobre las empresas de seguridad: “El interés nuestro es que las afiliadas cumplan con lo que la ley establece; sin embargo, sabemos que hay empresas que a veces tienen altos y bajos, peor hoy con la economía. Sí somos un sector, no lo podemos negar, que tiene muchos señalamientos de esta índole”.

“El Fiscal”, el vigilante de la colonia San Benito, conoce gente que nunca ha firmado un contrato con la agencia para la que trabaja, porque lo obligaron a firmar una hoja en blanco para obtener la plaza, gente a la que le asignan escopetas arruinadas para el cuido de establecimientos, gente a la que le descuentan para el Seguro Social y la cuota nunca fue pagada.

“La delincuencia, la inseguridad, va produciendo que otros se aprovechen de ese espacio para poder hacer de la seguridad un negocio. Simple y sencillamente es eso, es decir, el gobierno central se volvió incapaz de proteger a sus ciudadanos. El problema no es que existan, sino las regulaciones, los controles”, opina Linares, exdirector del OIE.

la Constitución que “el Fiscal” lleva en la mochila dice en su artículo 2 que la seguridad es un derecho fundamental, que está en la misma escala que el derecho a la vida, el derecho a la libertad, y el derecho al trabajo o a la propiedad.

“Solo los que pueden pagar seguridad privada son los que no son violentados, pero los que no tienen, ¿qué pasa? Ahí es donde los funcionarios buscan enriquecerse a costa de la debilidad del Estado”, agrega Linares. El presidente de UNAPS matiza: “La salud a la que tenemos derecho es la que puede proveer el Estado, pero eso no impidió que existan hospitales privados, que existan médicos privados, es la misma analogía. Ahí lo que manda es la ley de la oferta y la demanda. El que tiene poder de contratar un servicio privado de salud lo compra y el que no va al sector público. Lo que sucede es que nuestra demanda es tal, nuestra capacidad de invertir como Estado es tan pobre que nos vemos ahogados y limitados”.

“El Fiscal” se siente con suerte. Le entregan $230 luego de sus descuentos. “A mí me pusieron ‘Fiscal’ porque me gusta leer y me puedo la ley. Por eso sé que lo que me toca es cuidar bienes y personas. El problema es que si los compañeros se ponen en una posición rígida, y de no hacer todas esas cosas, fácil: la empresa viene y se busca otro. Es que aquí, sea del partido político que sea, violan la ley. Vivo una vida bien limitada pero tengo la suerte de estar en una empresa que respeta el 75 %”, se consuela al término de su jornada de 24 horas, antes de meter el uniforme en su bolsón.



*Este reportaje fue realizado por Olga Chacón y Jessica Ávalos en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, proyecto impulsado por el International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS. Fue transmitido en el programa “Miradas” de la Universidad Centroamericana (UCA). La versión impresa fue publicada en el periódico La Prensa Gráfica. La infografía fue desarrollada por Kenia Rubio.

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