El acuerdo que no fue

El anuncio de un acuerdo de intercambio de información tributaria de los ministros de Economía de Colombia y Panamá tras el escándalo de los Papeles de Panamá se quedó solo en la foto. La expectativa ahora es que el Istmo se acoja a tratados multilaterales y por esa vía obtenga lo que no logró en la negociación directa.

Foto compartida por el ministro colombiano Mauricio Cárdenas a través de su cuenta de Twitter @MauricioCard el 29 de abril de 2016, para anunciar el cierre del acuerdo de intercambio de información tributaria con Panamá

Abril de este año fue un mes de inusual intensidad entre las autoridades económicas de Panamá y Colombia. Las revelaciones de los Panama Papers
presionaron un acuerdo en el que venían trabajando ambos países durante más de un año y que había generado fuertes tensiones diplomáticas. Hasta ese entonces, las negociaciones estaban en un punto muerto. Ambas delegaciones llevaban meses en lo que internamente conocen como sus líneas rojas, los inamovibles. Pero el escándalo global hizo que las autoridades del istmo aparentemente cedieran. Finalmente, el 28 de abril el ministro de Economía de Panamá, Dulcidio De La Guardia, y su homólogo colombiano Mauricio Cárdenas, estrechaban las manos cerrando un acuerdo que era satisfactorio para ambas partes.

Con los anuncios, Colombia lograba una fórmula que le permitiría acceder a información de las fortunas ocultas por años de sus conciudadanos. “Nosotros lo que queremos es que los colombianos que tienen recursos en el exterior paguen impuestos sobre dichos recursos y así dar más apoyo a los compatriotas más necesitados”, declaró Cárdenas. “Aprovechen la oportunidad que tienen en este momento de normalizar su situación, de regularizar su situación, pagando una penalidad de 11.5%. De esa manera quedan ya en la legalidad en nuestro país”, agregó, refiriéndose al programa interno del país suramericano que permite el pago de un sanción para declarar las fortunas que habían estado ocultas del fisco

En efecto, la medida trajo un impacto inmediato para las finanzas de Colombia. Según han declarado a los medios las autoridades de impuestos locales la normalización de capitales asciende a 300 mil millones de pesos. Un porcentaje importante de este monto es efecto directo de los Panama Papers.

Pero en la mesa binacional, luego que pasaron los reflectores, los equipos de negociación de cada país debían redactar el texto final pues supuestamente en dos meses los Presidentes de ambos países estamparían sus rúbricas en el texto definitivo. Aterrizar el anuncio implicó nuevas reuniones de los equipos técnicos binacionales, y ahí las cosas fueron en otro tono. Incluso de Gian Castillero, uno de los negociadores clave del lado panameño, se alcanzó a escuchar que no iban a ceder a “la actitud imperialista de Colombia”.

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El negocio de los negociadores

A pesar de esto, en el tira y afloje ya parecía que se llegaba a un punto cercano a la luz verde. Pero nuevamente surgió un aspecto irreconciliable para ambas partes, las llamadas normas anti-diferimiento. Desde la perspectiva colombiana lograr que se aplicaran estas medidas significaba cerrar uno de los boquetes más usados por los colombianos en ese país, pues es lo que permite que las llamadas empresas de papel entreguen dinero a sus propietarios sin que sea considerado como utilidades bajo el argumento de territorialidad tributaria.

El mecanismo que se utiliza es la creación de sociedades y fondos de interés privado a los que se trasladan bienes en Colombia. Como son firmas extranjeras, no declaran ni el patrimonio ni su rentabilidad, aunque sus propietarios sean ciudadanos de este país. Esta figura también es muy usada en los esquemas sucesorales.

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Para algunos de los negociadores panameños, éste es uno de los puntos cruciales pues una buena parte de los negocios de colombianos con los más grandes bufetes del istmo operan bajo esta clase de esquemas. Abogados panameños calculan que un alto porcentaje de la banca del país se sustenta en operaciones de este tipo con colombianos. A diferencia de capitales que vienen de otros países a través de grandes empresas, en el caso de los colombianos son recursos fragmentados que llegan principalmente de medianos y pequeños empresarios. Esto lo conocen bien los negociadores del lado panameño pues varios de ellos tienen gran cercanía con los más importantes bufetes de abogados del Istmo. Así, un punto que al final del día es un aspecto pragmático de sus negocios, se convirtió en un punto de honor.

Esta es la nueva línea roja en donde se estacaron los acuerdos. Al punto que hoy es casi imposible que en efecto se concrete la firma de un acuerdo directo entre los dos países vecinos.
En medio de este panorama, Colombia aún tiene una esperanza de lograr su propósito. A raíz de la situación en la que quedó Panamá a nivel global, le ha sido muy difícil evadir la presión de cambios que vienen desde diferentes centros de poder como el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Allí Francia ha jugado un papel protagónico.

Como resultado de esto, Panamá estudia seriamente acogerse a lo que en la jerga de este mundo de los tributaristas internacionales se conoce como “La Mac”, que es aceptar ser parte de la Convention on Mutual Assessment in Tax Matters. Bajo este acuerdo multilateral que han suscrito 130 países y jurisdicciones, el Istmo acepta las reglas generales para el intercambio de información a nivel global. Es decir que Colombia, bajo la sombrilla de un acuerdo multilateral, obtendría lo que no logró en una negociación individual.

Por supuesto, éste no es un paso sencillo para Panamá, pero la expectativa es que antes de terminar el año ya se hayan dado señales claras de que esto será una realidad. Ya se presentaron dos proyectos de ley, en el marco de las negociaciones post Panamá Papers con la OCDE, y con algunos de los países que forman parte de este grupo.

El Consejo de Gabinete panameño avaló el Proyecto de Ley que crea la obligación de mantener registros contables para personas jurídicas que no realicen operaciones en el país. Actualmente el Código de Comercio dice que no hay que tener registros de contabilidad de las sociedades que no operan en Panamá (offshore). Eso cambia y cualquiera que abra una sociedad en el istmo tendrá la obligación de llevar los registros.

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Además, las sociedades registradas en el país pero que no tengan allí sus operaciones, se expondrán a sanciones económicas y hasta la disolución si se encuentran morosas con el pago de la Tasa Única por un periodo de tres años.

Otro proyecto de ley crea el marco legal para cumplir el intercambio de información financiera. El proyecto contempla que sea la Dirección General de Impuestos panameña quien recabe información de instituciones financieras y otras entidades privadas, y le otorga capacidad de hacer inspecciones ‘in situ’ y multar a quien incumpla.

Todo el tiempo que ha tomado concretar el acuerdo ha sido propicio por un lado, para que quienes han buscado de una vez saldar su pecado con el fisco colombiano lo hagan, pero para otros ha significado la ventana para buscar tierra firme para sus fortunas en otros destinos aún con regulaciones más laxas en materia tributaria.

El nuevo capítulo de atención pública que se abre con Bahamas deja en evidencia las tareas pendientes que Colombia tiene para hacer realidad estos acuerdos. Con esta jurisdicción, el país está prácticamente en el mismo punto que con Panamá, es decir a la espera de que esta isla se acoja a “La Mac”. Pero muchos otros destinos como Curazao, Barbados, Emiratos Árabes, Hong Kong… incluso ahora Costa Rica por sus particularidades internas comienza a convertirse para algunos en el nuevo Panamá.

Se calcula que miles de millones de dólares de colombianos siguen en el exterior sin aprovechar las posibilidades de normalización que han dispuesto las autoridades tributarias colombianas. Varios tributaristas consejeros de empresas le han apostado a que dichas normas van hasta el año 2018, y en una matemática básica calculan que es mejor pagar la multa durante este periodo y gozar un tiempo más de los beneficios de no declarar. Sin embargo, en Colombia en un mes comienza la discusión del proyecto de Ley que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos llama “una reforma estructural” en materia de impuestos, y ya hay versiones según las cuales se estudia suspender la oportunidad de normalizar, con lo que quienes no se acojan este año a la medida tendrían que pagar hasta 200 por ciento de impuestos de lo no declarado.

De lo que no hay duda es que mientras el Gobierno de Colombia no intensifique sus acciones y fortalezca las medidas para identificar y poner en cintura a los grandes capitales que andan por fuera de sus fronteras, la única forma de cumplir con sus compromisos incluyendo los nuevos que se derivan de las negociaciones con las Farc, es apretar a los de adentro del país. Un punto a tener presente en la discusión de una nueva reforma tributaria.

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