El próximo 25 de noviembre se cumplen 20 años de la despenalización de la homosexualidad en Ecuador que hasta 1997 podía ser castigada con penas de entre 4 y 8 años de prisión. Una decisión del Tribunal Constitucional lo hizo posible luego una demanda de un grupo de activistas que argumentaron que era discriminatorio considerar delito la identidad sexual. Aquella decisión fue un salto pero en ese país, sin embargo, el Estado aún tiene deudas pendientes con la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (GLBT) que lo han puesto en el centro del escrutinio global.
El Comité contra la Tortura y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta el presente han insistido en reclamar a Ecuador información precisa y avances concretos en la judicialización de las denuncias por la aplicación de terapias forzadas para modificar la identidad sexual las cuales, según organizaciones de derechos humanos, han sido documentadas desde hace por lo menos 17 años.
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Un reportaje realizado por un periodista independiente basado en ese país hace un recorrido por informes de Naciones Unidas, reportes oficiales del Estado, relatos de víctimas que sufrieron internamientos contra su voluntad, documentos presentados por activistas locales ante la comunidad internacional y por respuestas de directores de un grupo de centros señalados. El resultado es una radiografía de las dificultades que existen en el país para prevenir los casos y castigarlos penalmente de modo ejemplarizante, a pesar de los intentos estatales por crear un marco regulatorio más estricto y por hacer esfuerzos de supervisión más rigurosos.
Según los patrones identificados por autoridades y organizaciones no gubernamentales, las terapias denunciadas han ocurrido principalmente en algunas clínicas o fundaciones privadas de tratamientos de adicciones en las que se ofrece de manera ilegal y clandestina terapias de “cura” a las identidades que no son heterosexuales.
Las investigaciones oficiales han revelado que a las víctimas se les impone el rótulo de dependientes de las drogas o del alcohol como un modo de encubrir el verdadero propósito de los internamientos forzados, que son promovidos por las familias de los afectados.
La legislación penal ecuatoriana castiga los delitos de odio y la tortura, pero según los datos oficiales obtenidos en el trabajo luego de peticiones de información a las autoridades correspondientes apenas han sido judicializados media docena de casos y los sancionados han recibido castigo por tipos delictivos como el rapto que suponen mínimas sanciones. En el último Examen Periódico Universal de Ecuador, países como Argentina e Israel, urgieron a las autoridades a identificar y castigar responsables de ese tipo de violaciones de derechos humanos.
Si bien las denuncias que escandalizaron la opinión pública ecuatoriana ocurrieron principalmente en 2009 y 2013, el seguimiento judicial de los casos revela para los activistas GLBTI que todavía hay trabajo por hacer y que el problema no puede considerarse un capítulo cerrado en Ecuador.
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Este reportaje fue realizado por Carlos Flores para La Barra Espaciadora y Aler en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS
