Desplazados por la violencia: la zona a dos horas de Caracas que nunca ha sido de paz (II)

El pacto de no agresión de las autoridades de seguridad venezolanas con grupos delictivos también ha forzado a familias enteras a abandonar sus viviendas.

El poderío de las bandas criminales de esta zona de Venezuela impulsa a familias a abandonar su vivienda como medida de protección. Foto tomada de Efecto Cocuyo

Hace cuatro años la banda de “Junior” mató al esposo de Katherin Malavé*. Uno año después, ese mismo grupo delictivo hizo una “tregua” con el Gobierno. Hoy, “Junior ” es uno de los delincuentes que controla los caseríos de la vía que conecta a la subregión de Barlovento del estado Miranda con Anzoátegui; mientras que la mujer de 37 años de edad tuvo que cambiar su casa de bloques por una de bahareque y techo de zinc.

“Eran como 10 hombres, sin taparse la cara. Tumbaron la puerta a las 3:00 am, preguntaban por mi esposo, gritaban que ese día iba morir”, recordó Katherin esa noche, cuando vio a la muerte de frente. Ese día a su pareja, Adelis González, de 44 años de edad, le dieron un tiro en la cabeza frente a ella, mientras que sus dos hijas escuchaban los gritos y la detonación desde otra habitación.

Aunque los delincuentes le aseguraron que “con mujeres no se metían”, a Katherin le quedó grabada la amenaza de quemar la vivienda si no se iban de allí. Del sector Huice, en el municipio Andrés Bello, cerca de Cumbo, Katherin huyó esa noche con sus dos hijas.

Lo que tardó tres años en conseguir, la banda de “Junior” se lo quitó en menos de 20 minutos. Tres años estuvo Katherin yendo y viniendo de Caracas, de reunión en reunión, todo para lograr una ayuda económica del Instituto de Vivienda y Hábitat para reconstruir el inmueble. Antes, vivía con su madre y después de esa noche de 2012, pasó a vivir arrimada en la casa de su hermana en otro sector del mismo municipio. Hasta hace unos meses que pudo hacer su casa de bahareque y zinc.

“Los vecinos y la familia de mi esposo me ayudaron a sacar los electrodomésticos  y demás cosas. Pero yo no regresé más a esa casa, hasta hace un año, cuando busqué unas láminas de zinc para mi nuevo hogar”, manifestó Katherin.

Este reportaje fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.

La banda de “Junior” es un grupo de delincuentes que habita en el sector El Morro del municipio Acevedo, estado Miranda. Está conformada por al menos 10 hombres, de entre 18 y 26 años de edad. Katherin los señala como los homicidas de su pareja, hace cuatro años. “Es una comunidad pequeña, todos nos conocemos”, aseveró.

Una fuente policial local indicó a Efecto Cocuyo que este grupo delictivo se dedica al robo de vehículos y secuestros exprés, además de la distribución de drogas. Sus miembros están señalados en homicidios y posterior descuartizamiento de los cuerpos; al igual que de ser expresidiarios fugados de distintos centros de reclusión.

Así que cuando al viceministro del ministerio para las Relaciones Interiores Justicia y Paz,José Rangel Ávalos, se le ocurrió que podía pacificar a las bandas de los sectores de Miranda con mayor incidencia delictiva, el grupo que encabeza “Junior” era un candidato ideal. Este representante del Gobierno es el mismo que intervino en el conflicto de la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), donde los presos tuvieron de rehenes a 46 trabajadores del penal por una semana, para presionar a las autoridades para que trasladaran a nuevos internos a la cárcel.

“Las Zonas de Paz se originan como una política de seguridad ciudadana blanda, con la que el Gobierno pensó que frente al desbordamiento de los homicidios etiquetados en la categoría de ‘enfrentamiento entre bandas’  podía disminuirlos. Estaba dirigida hacia las bandas, para generar una tregua entre ellas a cambio de beneficios socioeconómicos”, explicó Luis Cedeño, director del Observatorio de Delito Organizado y la ONG Paz Activa.

En 2013, ese fue el proyecto con el que se presentó Rangel Ávalos ante “Junior”. A los miembros del grupo delictivo les pareció una excelente idea y estuvieron de acuerdo en pactar con el Gobierno a cambio de la creación de una bloquera en El Morro, donde pudiesen trabajar. Eso sí, si ellos deponían sus armas, debían garantizar que la autoridad no los tocaría; es decir, solicitaron que los funcionarios policiales no ingresaran a su territorio para evitar bajas tanto de la banda como de la comunidad y sobretodo, alejar de allí los abusos policiales como el robo de alimentos.

“Se cedió el monopolio de la violencia a la delincuencia”, sentenció Cedeño. Se refiere al paso del deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos a un grupo de personas armadas.

El especialista en materia de crimen organizado cree que esta anuencia del Gobierno permitió el surgimiento de las megabandas, fenómeno en el que varios grupos delictivos se unifican bajo un mando y terminan convertidos en un “batallón” de más de 50 hombres. “Se aprovecharon de los recursos del Estado, ampliaron su negocio delictivo y consolidaron su poder”, manifestó Cedeño.

Aunque el Observatorio de Delincuencia Organizado no atribuye el desplazamiento de personas por la violencia a la creación de las Zonas de Paz, sí reconoce que el poderío de las bandas impulsa a familias a abandonar su vivienda como medida de protección.

Un comisionado de la Policía de Miranda, por el contrario, sí cree que esta política de seguridad propició un incremento en la migración de la población de Barlovento.

“Antes el delincuente era sumiso. Piratas de carreteras que usaban piedras para que se pararan los autobuses. Eran apenas dos o tres. Ahora van en masa de 20 personas y son sanguinarios. Cuando se registraban descuartizamientos era alarmante porque no era frecuente; ahora a cualquiera lo pican y es un mensaje para el que lo delate o el que quiera pasarse de la raya”, aseveró el funcionario que tiene toda su vida viviendo en la subregión mirandina y más de 20 años como agente de la ley.

Para él, las zonas más afectadas son Cumbo, Las Delicias y El Morro, del municipio Andrés Bello. Aunque no mencionó a La Amistad, de allí fue de dónde tuvo que salir María Barreto* para resguardar la seguridad de su hija mayor, quien llegaba de noche a casa por la universidad.

María indicó que en ese sector existía una banda de 20 jóvenes de 14 y 23 años, a quienes los grupos rivales de El Aguacatico, La Lucha y Río Chico iban a buscar y tomaban la zona como un campo de batalla poniendo en riesgo la vida de los vecinos por los tiroteos.

Por eso hace tres años, justo cuando se implementaron las Zonas de Paz, ella se fue de La Amistad hacia el municipio Páez. Una oferta en un inmueble fue determinante y después de vender sus “corotos” se mudó. “La casa sigue allá, no la hemos podido vender por lo peligroso del barrio”, aseguró a Efecto Cocuyo.

Más cerca de Caracas, a 25 minutos sin tráfico, se encuentra el municipio Acevedo. Sus caseríos Juan Díaz, El Potrero, El Limón y El Mango se ven afectados por el desplazamiento y el reflejo son sus escuelas.

“Las matrículas bajan porque los padres retiran a sus hijos, no pueden llevarlos a clases por culpa de las bandas. A veces no los vuelven a inscribir porque se van del caserío”, afirmó una docente de las escuelas rurales que dependen de la Gobernación del estado Miranda. Dijo que este año, de 10 niños inscritos en preescolar solo quedaron siete en las aulas de Juan Díaz.

Ahora la banda de “Junior” forma parte de un grupo de delincuentes que se unieron este año para reforzar su poder en la carretera vieja hacia el oriente del país. Este grupo desde hace dos años recibe la visita de un pastor evangélico que intenta ablandar sus corazones.

Katherin, la mujer a la que “Junior” desalojó de su vivienda, conoció al misionero que reside en Río Chico hace un año y con el aprendizaje de sus sermones, pudo superar el trauma de ver cómo una bala atravesó el rostro de su esposo y luego, perder su casa.

Los caminos del Señor son angostos y así lo sintió Katherin cuando el pastor le pidió que lo acompañara al sector El Morro a predicarle a la banda de allí. Era el grupo de “Junior”. “Accedí porque ya conocía a Dios y el pueblo de Dios no tiene enemigos. Les dije: ‘Dios los bendiga, Jesucristo quiere cambiar su vida como lo hizo conmigo. Eso sí, fueron pocas las palabras que pude darle. No sé si me reconocieron”, contó Katherin.

*NOTA DEL REDACTOR: Los nombres de las personas desplazadas fueron cambiados a petición de los afectados. Temen represalias en su contra o de su familia.

Lea las otras tres entregas de esta serie

Desplazados por la violencia en Venezuela: la ley del barrio se impone sobre el Estado (I)

Desplazados por la violencia: “Cuando la OLP te quita tu casa ya no sabes en quién creer” ( y IV)

Desplazados por la violencia: “Cuando la OLP te quita tu casa ya no sabes en quién creer” ( y IV)

Este reportaje fue elaborado por Vanessa Moreno Losada para Efecto Cocuyo de Venezuela y es republicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos. 

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