Defensores de la naturaleza, en la mira

Con el aumento de los crímenes de líderes comunitarios en América Latina, y la permanente impunidad de sus casos, la región enfrenta el desafío de exigir a los estados las garantías para que la lucha por las reinvindicaiones sociales no se convierta en una sentencia de muerte.

Un reciente informe de la organización Global Witness revela una alarmante cifra de asesinatos de líderes sociales que tenían como causa la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y las comunidades y tierras donde vivían.  Según el documento seis de cada diez de estos crímenes sucedió en América Latina. Muchos de estos casos estarían asociados con el avance de industrias estractivas y agroindustrias.

El informe recoge 200 crímenes, de los cuales, 122 crímenes se perpetraron en países Latinoamericanos como Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México y Perú. Esta muestra es sólo una evidencia parcial de un mal que crece en la región y al que los Estados no le están prestando la suficiente atención.

Otra alerta la ha dado la Organización de Naciones Unidas (ONU), que informó que estos defensores de derechos humanos, antes de ser asesinados, fueron víctimas de agresiones, desapariciones forzadas, amenazas y ataques a sus familiares, vigilancia y represión en manifestaciones pacíficas.

 


Fuente: Global witness

El caso más grave es el de Colombia. Entre 2016 y lo que va de 2017, alrededor de 189 líderes sociales han sido asesinados, según el Informe Especial de Riesgo presentado por el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera.

 

La principal causa de violencia contra líderes sociales en Colombia pasa por la pretensión de grupos armados ilegales de copar los territorios dejados por las FARC, para controlar los negocios ilícitos que han sido caldo de cultivo de conflictos en Colombia. Pese al acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y la guerrilla, las áreas que estaban bajo su control ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan a recuperar las tierras que les despojaron durante medio siglo de conflicto, son atacadas según asegura el informe de Global Witness.

En marzo de 2016, el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena lenca de Honduras, causó conmoción y repudio internacional. Cáceres fue asesinada por su lucha contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en el Río Gualcarque. Pero el asedio contra los líderes sociales no ha cesado, al punto que el país centroamericano está clasificado como el más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Desde 2010, más de 120 hondureños que se enfrentaban a empresas acaparadoras de tierras para proyectos extractivos, han sido asesinados. Según diversos observatorios e informes de derechos humanos, las víctimas eran campesinos que se oponían a los proyectos hidroeléctricos y mineros, la tala o la instalación de monocultivos. “Murieron asesinados por fuerzas del Estado, guardas de seguridad o asesinos a sueldo. Las amenazas, los ataques y los encaramientos siguen a la orden del día”, dice el informe de Global Witness

Nicaragua tiene fama de ser el país más seguro de la región Centroamericana.  Sin embargo, las comunidades indígenas y campesinas que se oponen al acaparamiento e invasión de tierras, minería, monocultivos y megaproyectos como el Canal Interoceánico, enfrentan intimidación, represión, detenciones ilegales y asesinatos. La máxima expresión de violencia la viven las comunidades étnicas del Caribe Norte nicaragüense. La invasión de colonos a territorios indígenas ha dejado más de treinta líderes comunitarios asesinados, decenas de heridos graves, con manos o pies amputados, aseguró Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN).


Para Lottie Cunningham, el Estado nicaragüense además de invisibilizar la violencia que sufren los territorios indígenas, se vuelve cómplice porque no resuelve el problema ni acata las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas medidas pretenden proteger a seis comunidades indígenas de Waspam que han sido objeto de persecusión. En octubre de 2015, la CIDH había solicitado medidas cautelares a favor de cuatro comunidades del territorio miskitu Wangki Twi-Tasba Raya-, por la situación de extrema violencia de la cual han sido víctimas sus pobladores.


Está además la persecución del Ejército de Nicaragua contra re-armados o “grupos delincuenciales”, como les llaman los militares, que ha dejado a su paso el asesinato y hostigamiento a líderes campesinos que no tienen vinculación alguna. Más de una docena de personas, entre campesinos y ex miembros de la Resistencia Nicaragüense, han sido asesinadas en operativos militares entre 2008 y 2017, según un recuento de Onda Local.

Vea el video de Onda Local AQUÍ y AQUÍ

En Guatemala las manifestaciones pacíficas en defensa del medio ambiente y los territorios son reprimidas por las autoridades. El uso desproporcionado de la fuerza, balas de goma, bombas de gas, son la constante. En este país centroamericano, también se pierde la vida por defender el territorio. El pasado 27  de mayo de 2017, Carlos Maaz Coc, defensor de derechos indígenas y de la tierra, fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica que pedía a las autoridades una salida a la contaminación del Lago Izabal, El Estor. Carlos Maaz Coc era miembro de la comunidad indígena Maya-Q’eqchi e integrante del Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), que trabaja para proteger los derechos humanos de las comunidades Maya-Q’eqchi contra la contaminación generada por las actividades de minería de níquel.

La organización defensora de derechos humanos, Front Line Defenders, ha registrado otros casos de persecusión y agresiones contra líderes sociales guatemaltecos. El 4 de febrero de 2017, Abelino Chub Caal, defensor indígena Maya-Q’eqchi, fue detenido y acusado de usurpación agravada, incendio, coacción, asociación ilícita y agrupaciones ilegales de gente armada. Continúa detenido en espera del juicio. El 17 de septiembre de 2016, se dispararon tiros fuera de la casa de Angélica Choc en El Estor. Ella, junto con otras 12 personas, presentaron una demanda contra la compañía Hudbay Minerals y su filial guatemalteca CGN en Canadá.

Mientras que el presidente de la comunidad Agua Caliente en El Estor y ganador del Premio Ambiental Goldman 2017, Rodrigo Tot, presentó en 2011 una demanda contra el gobierno de Guatemala para demostrar la propiedad de la tierra por su comunidad. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala decidió a favor de la propiedad comunal de Agua Caliente, reafirmando la necesidad de que el Estado consulte a las comunidades antes de emitir licencias mineras. El gobierno aún no ha cumplido con la decisión.

Como señala Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, la defensa de los derechos humanos es una de las actividades más peligrosas de Latinoamérica, pero atreverse a proteger los recursos naturales vitales lleva esta arriesgada labor a un nivel totalmente nuevo y potencialmente letal. Por ello, es urgente la adopción de  medidas desde los Estados para acabar con la creciente oleada de violencia que viven los líderes sociales en Latinoamérica.

 

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