Pero ninguna marcha, hasta el año pasado, había logrado la convocatoria de cientos de personas. Y tampoco ninguna había contado con la autorización del Gobierno municipal de Plaza de la Revolución. Por eso, hoy se reconoce como la primera marcha de carácter no oficial con permiso de las autoridades en décadas. Incluso, los manifestantes llevaban pancartas que aprovecharon para interpelar al Gobierno: “¿Y la Ley de Protección Animal para cuándo?”, preguntaban algunas.
La marcha forma parte de la tríada de sucesos clave del año pasado protagonizados por los animalistas, junto con la protesta ante la sede de Zoonosis en La Habana y la caminata silenciosa por la muerte del perro de La Jata, amarrado a un tractor y torturado en el municipio capitalino de Guanabacoa.
Esta presión, generada a base de insistentes denuncias en redes sociales, imágenes de abuso, violencia, protestas y reuniones con funcionarios, posicionó la ley de protección animal como un tema prioritario para los ministerios de Salud Pública y Agricultura. Ese trabajo, más la cantidad de grupos que se están formando, dice Grettel Montes de Oca, activista y miembro de Cubanos en Defensa de los Animales (CeDA), “es lo que a ellos les ha puesto las pilas para decir ‘bueno, este es un tema serio’”. Ante esas presiones, en noviembre de 2019 el Ministerio de la Agricultura (MINAG) anunció que trabajaba en las disposiciones jurídicas necesarias para garantizar el bienestar de los animales en el país.
Sin embargo, la demanda ciudadana por la aprobación de la ley no es reciente. Se hizo por primera vez hace 32 años. Entonces, ¿por qué el MINAG decide responderla ahora? ¿Por qué no antes?
La primera demanda ciudadana por una Ley de Protección Animal se hizo hace 32 años, pero solo hasta ahora el Gobierno decide aprobarla. Crédito: Sadiel Mederos.
A finales de la década del 80 el maltrato animal no era un tema de la agenda mediática estatal. Tampoco lo era la situación de las poblaciones de animales callejeros, mucho menos la necesidad de una ley que garantizara el bienestar de todas las especies. El periódico Granma y la revista Bohemia, dos de los medios del aparato estatal, solo trataban asuntos de reforestación, ganadería, veterinaria y demás perspectivas agrícolas, según una consulta a esas publicaciones entre los años 1986 y 1988.
Ese último año, Aniplant -organización no gubernamental dedicada a la causa animalista y ambientalista- presentó un anteproyecto ciudadano de ley de protección animal ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Aniplant tenía entonces un año de fundada. Registrarse como la primera le garantizó ser oficialmente la única, pues la Ley de Asociaciones cubana solo reconoce solo una organización para cada objeto social.
La Asamblea rechazó la solicitud, argumentando tan solo que “el país no estaba preparado”, según dijo Nora García, la actual directora de Aniplant, en una entrevista publicada por la revista Periodismo de Barrio en octubre de 2018.
Durante las últimas tres décadas Aniplant ha presentado tres nuevos anteproyectos ante el Departamento Independiente de Asociaciones del MINAG, a quien se adscribe. En ninguna ocasión recibió respuestas.
Para 2001, el Consejo Científico Veterinario de Cuba (CCVC) alertó sobre la situación cada vez más preocupante del maltrato a los animales. De ahí que se creara la Comisión Nacional de Bienestar Animal, adscrita igualmente al MINAG.
El grupo, conformado por veterinarios, abogados y demás especialistas, presentó dos anteproyectos a su ministerio. Uno en 2003, en conjunto con Aniplant, y otro en 2007. El primero carecía de cuestiones técnicas por un escaso manejo del tema, según refiere la abogada Lázara Ivomne Dueñas en su tesis de licenciatura El maltrato animal. Una norma pendiente del Derecho Penal cubano. Y aunque el segundo tenía una mejor elaboración e incluía otras aristas del tema, fue igualmente rechazado por el MINAG.
Las razones nunca se comunicaron de manera oficial, dice Dueñas en su investigación. “Ante la falta de argumentos para tal decisión consideramos que el impedimento real estuvo en una total falta de interés y conocimiento sobre el tema por parte de los encargados de revisar dicha propuesta”, infiere la autora.
Lagartijo llegó al refugio de animalistas independientes con una desnutrición severa en septiembre de 2019. Fue adoptado en julio de 2020. Crédito: Sadiel Mederos.
Los protectores independientes, por su parte, no han presentado ningún anteproyecto. Al menos no oficialmente. El grupo Protectores de Animales de la Ciudad (PAC) lo intentó en 2016. Logró recoger 8.000 de las 10.000 firmas que se necesitan, como mínimo, para presentar un proyecto por iniciativa ciudadana (según plantea el artículo 164, inciso k de la Constitución). Pero Grettel Montes de Oca, que también fue fundadora de PAC, asegura que el documento no llegó a presentarse. Para confirmar la información contactamos con los activistas Sucel Jurado, quien está al frente de PAC, y Alan González, uno de los abogados que redactó el anteproyecto, pero ambos rechazaron la solicitud de entrevista.
El trabajo efectivo de los protectores independientes en función de la ley ha sido ejercer presión sobre las autoridades, en las redes sociales y espacios físicos, de forma discreta y organizada. La protesta del 11 de noviembre de 2019 ante Zoonosis se convirtió en un ultimátum para las instituciones: solo cuatro días después, el propio MINAG anunció que ya estaba trabajando en la ley tan reclamada. Una respuesta en cuatro días a una demanda de 32 años.
La primera oración de la nota emitida por el Ministerio fue explícita: “En las últimas semanas la protección y cuidado de los animales ha generado preocupación y debate, reflejado fundamentalmente en redes sociales”.
El MINAG especificó además que la nueva ley respondería a la voluntad popular, recogida en los debates del Proyecto de Constitución en 2018. Ese año, varios medios oficiales (Radio Cubana, Cuba.cu y Periódico 26, entre otros) reportaron que la protección animal constituía uno de los temas a incluir en la Carta Magna. Sin embargo, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, no mencionó el tema en el resumen que de esos debates presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Los resultados del proceso de consultas populares son cerrados. Sin ello, no se puede comprobar el peso que realmente tuvieron las intervenciones populares en la decisión de las autoridades de anunciar una ley que penalizaría el maltrato y establecería los derechos de la población animal en el país.
El abandono de gatos neonatos es más frecuente que el de los perros, requieren más cuidado de los protectores independientes. . Crédito: Sadiel Mederos.
Los protectores independientes son, además, los que se enfrentan a diario con el maltrato de los animales callejeros. El abandono, la sobreexplotación y la violencia física (incluso episodios de violencia sexual) constituyen los casos más comunes. Los voluntarios responden con una cadena que incluye el rescate, tránsito, adopción y esterilización.
Aun así, los protectores independientes de animales no tienen representación en la Comisión encargada de redactar el anteproyecto. Una de ellos, Beatriz Batista, asegura que esa fue una de las solicitudes que hicieron a los funcionarios del MINAG y al Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en las reuniones de noviembre pasado, pero aún no han recibido ninguna respuesta.
Aniplant tampoco está representada. El doctor Armando Vázquez, miembro de la Comisión Nacional de Bienestar Animal y parte del grupo redactor, dijo en una entrevista publicada por Bohemia que Nora García fue invitada a participar, pero ella declinó la invitación. García fue contactada por YucaByte, sin embargo, solicitó que se le enviaran con antelación, las preguntas de la entrevista, para que el Departamento Independiente de Asociaciones del Minag pudiera considerarlas. El cuestionario se envió en febrero y, hasta la fecha, no se ha recibido respuesta.
La comisión redactora, por tanto, solo tiene representación gubernamental. Hasta el momento, no se conoce cabalmente el contenido del proyecto que será presentado a la Asamblea. Al parecer, no se conocerá hasta que la ley esté publicada.
Los protectores independientes del Grupo Rescate Animal realizan una campaña de desparasitación de animales callejeros. Crédito: Sadiel Mederos.
La respuesta del Gobierno a las presiones de los grupos animalistas no ha sido una reacción aislada. A lo largo de 2019 en la Isla se consolidaron activistas y demandas a través de las redes sociales, que incluyen las comunidades LGTBI y los usuarios de SNET ―una red desarrollada por jóvenes que incluye diferentes servicios como juegos, descargas de archivos, plataformas de redes sociales, entre otros, pero sin conexión a Internet―. Tantos grupos, desarrollándose a la vez, han encendido la alerta de las autoridades, acostumbradas al control totalitario de la sociedad.
Desde que el MINAG anunció que trabajaba en un proyecto de ley en noviembre pasado, los animalistas han optado por una posición aún más discreta. Continúan denunciando casos de maltrato y abandono en redes sociales, pero no han convocado ninguna otra protesta. Justo cuando comenzaban a impacientarse, en la espera de otro encuentro con los funcionarios del Ministerio para repasar los acuerdos de noviembre, Cuba comenzó a ser abatida por la pandemia de COVID-19. La situación epidemiológica desplazó prácticamente todos los temas de los medios, las redes, la calle y la gente.
No obstante, la actitud de mantener al margen a los protectores independientes abre dudas sobre las intenciones del Gobierno de aprobar una ley de protección animal 32 años después de que comenzaran los reclamos de la sociedad civil cubana. ¿Por qué fueron excluidos del debate y la redacción del documento los grupos que han trabajado directamente en la calle contra el maltrato y abandono animal?
Al parecer, la ley anunciada no responde al interés del Gobierno por el bienestar animal, sino a la necesidad de sosegar a un grupo. Uno que promueve su derecho a reclamar.
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