En una nueva edición de Diálogos Connectas en la Ciudad de Guatemala, la pregunta ¿Quién da la plata a los partidos políticos en Guatemala? fue respondida por Estuardo Gamalero, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE); Oscar Schaad, fiscal de asuntos electorales; Gabriela Carrera, analista política, y Olinda Salguero, Directora Ejecutiva de la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia y el Desarrollo Regional. El evento fue moderado por Carmen Quintela, periodista de Plaza Pública y Ana Carolina Alpirez, editora de Ojo con mi Pisto; ambas integrantes de CONNECTAS Hub. Quintela fue la encargada de iniciar la conversación explicando que existen distintos modelos de financiamiento de partidos políticos como el público, el privado o una mezcla de estos. Luego planteó la primera pregunta sobre cuál era el de Guatemala.
Estuardo Gamalero señaló que en el país hasta hace poco estaba establecido un modelo que en la realidad no era respetado. El financiamiento antes de las reformas aprobadas hace algunos meses, explicó, era totalmente privado hasta el día del evento electoral. Después de los comicios, el Estado destinaba un porcentaje de fondos conforme a los votos que consiguieron las organizaciones políticas. En el siguiente evento electoral que se realizará en 2019, expuso, se pondrá en marcha el nuevo modelo mixto, en el cual el TSE pagará los gastos en campaña y publicidad de todos los partidos políticos participantes. Con los cambios en la Ley Electoral y de Partidos Políticos también cambiaron otros aspectos, tal como la fiscalización. Sobre esto, Oscar Schaad afirmó que se decretó la creación de un departamento encargado de controlar e investigar a los financistas privados, pero lamentó que hasta la fecha todavía se encuentra en formación.
Olinda Salguero dijo que considera positivas las últimas reformas, pero señaló que la debilidad institucional generalizada en el país impide que los cambios sean puestos en marcha de manera adecuada. Gabriela Carrera compartió su opinión, pues aseguró que la fragilidad institucional ha permitido la perversión de los partidos políticos en Guatemala. Gabriela Carrera también recordó que las últimas reformas en temas electorales fueron aprobadas en un escenario en el que la ciudadanía deslegitimó de manera férrea los mecanismos anteriores, debido a la crisis política por los casos de corrupción revelados en el 2015. La analista además señaló que el recurso humano y plataformas de fiscalización deben ser acordes con la realidad, pues la problemática es enorme. Otra de las preguntas hechas durante el evento fue sobre los infomerciales –la publicidad disfrazada de noticia- y cómo poder fiscalizarlos. Estuardo Gamalero argumentó que analizar y luego determinar que es un infomercial y cuál no resulta una tarea casi imposible, ya que la libertad de pensamiento y la libertad de prensa son garantías constitucionales. Por esa razón, afirmó, ese tipo de productos informativos resulta una herramienta descarada que favorece a los políticos.
Para Oscar Schaad uno de los contrapesos contra esa práctica han sido las diversas sanciones que ha emitido el TSE contra las diferentes organizaciones políticas. De acuerdo con el fiscal, anteriores magistraturas no tomaron el papel protagónico que tuvieron en el último evento electoral y en los últimos meses. Las anteriores autoridades del TSE eran más permisivos con los partidos políticos y sus gastos excesivos en publicidad.
El fiscal de delitos electorales expresó que espera que las diferentes investigaciones que ha realizado junto a su equipo sean un disuasivo para las organizaciones políticas. Además anunció en las próximas semanas saldrán a luz nuevos casos sobre financiamiento ilícito, pero prefirió no dar detalles para no entorpecer el trabajo. Sobre este tema, Estuardo Gamalero advirtió que las investigaciones requieren cautela y que por ningún motivo deben responder a presiones mediáticas.
Los cuatro panelistas coincidieron en que no debe satanizarse el financiamiento privado y considerar el financiamiento público como la única opción para controlar a los partidos políticos. Gabriela Carrera afirmó que se deben buscar mecanismos para transparentar los recursos.
LOS PUNTOS CLAVE
Las alternativas
En la búsqueda de diferentes formas de financiamiento u organización de partidos políticos. Gabriela Carrera afirmó que dentro del colectivo al que pertenece cada uno de sus integrantes cancela una cuota de acuerdo con sus ingresos. Un modelo similar al de otras organizaciones sociales. Olinda Salguero opinó que debe considerarse un fondo semilla para crear nuevas organizaciones políticas. De esa manera, comentó se generarían nuevos actores en el campo político y quizá una mística similar a las organizaciones políticas pasadas.
Los retos institucionales
Para Olinda Salguero la fiscalización y las normas de participación deben ser estrictas, sin embargo consideró que no debe implicar que “sean una camisa de fuerza” que impida que nuevas y buenas personas puedan participar en los eventos electorales. Olinda Salguero también comentó que no debe responsabilizarse al TSE y al Ministerio Público como únicas entidades a cargo de la fiscalización de los partidos políticos y fondos públicos, sino también instituciones como la Contraloría General de Cuentas. Oscar Schaad expresó que el poder coercitivo de la ley debe ser aprovechado para fiscalizar y sancionar a las organizaciones políticas.
La ciudadanía
Oscar Gamalero instó a la ciudadanía a no perder el protagonismo que consiguió luego de la crisis política de 2015. En tanto, Gabriela Carrera aseguró que la valentía para denunciar el financiamiento ilícito tiene que surgir no sólo de los ciudadanos, sino de los magistrados y fiscales. Para la analista, los partidos políticos actuales consideran al Estado como un botín y como su único fin al llegar al poder. Eso cambiará con nuevas formas de organización y con plataformas que permitan al ciudadano ingresar y fiscalizar a los financistas, según Gabriela Carrera.
Más sobre nuestros panelistas
Óscar Schaad. Fiscal de asuntos electorales, cargo que lleva desempeñando desde mayo de 2016. También es consejero electo en asamblea de fiscales del Ministerio Público de Guatemala. Anteriormente fue fiscal distrital, especial y de sección en el MP. Entre estos puestos, se desempeñó como coordinador de la Fiscalía contra la Impunidad. Es abogado y notario, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala.
Gabriela Carrera. Politóloga. Trabaja en la Universidad Rafael Landívar, en la Dirección de Incidencia Pública de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección. También imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Escribe desde hace seis años en Plaza Pública y es parte del colectivo Somos.
Olinda Salguero. Directora ejecutiva de la Fundación Esquipulas para la Paz, la Democracia, el Desarrollo Regional. Es becaria de la Universidad De Georgetown para el Programa de Liderazgo Global de Competitividad. Además, es codirectora de la Misión Presidencial Latinoamericana, movimiento cívico de ex presidentes de América Latina. Desde 2010 impulsa el Foro Regional Esquipulas, un espacio de diálogo y de oxigenación del debate político.
Estuardo Gamalero. Magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es abogado y notario, licenciado por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene su propia oficina jurídica y financiera y es asesor jurídico de la Cámara de la Industria. Anteriormente trabajó como director jurídico del banco G&T Continental.
Carmen Quintela Babío. Periodista gallega que desde hace cuatro años vive y trabaja en Guatemala. Es reportera del medio de comunicación Plaza Pública, donde investiga temas relacionados con la pobreza y las desigualdades económicas, de oportunidades y de género. Anteriormente y durante tres años trabajó como reportera en el área política de elPeriódico de Guatemala. Es el nodo de CONNECTAS en Guatemala.
Ana Carolina Alpírez. Editora de Ojo con mi Pisto. Ha trabajado como redactora, reportera y corresponsal de agencias de noticias internacionales. Fue jefa de redacción del diario elPeriódico y colaboradora de Plaza Pública. Es miembro de CONNECTAS.
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