En 2016, el gobierno de Evo Morales ordenó una investigación que revelaría “numerosos” casos de violencia sexual en Bolivia, cometidos por miembros de la iglesia católica. Esta respondió pidiendo investigar casos de pederastia en funcionarios públicos. Desde entonces el gobierno ha guardado silencio sobre el tema.

El mensaje era serio. Atañía a un tema serio. Y el mensajero lucía serio. Custodiado por la bandera boliviana y la wiphala (bandera multicolor andina), en ese año 2016 el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera hizo un anuncio que se volvió portada de medios televisivos y medios escritos en todo el país: el gobierno daría a conocer un informe detallado sobre las denuncias de violación a niños y niñas cometidas por miembros de la Iglesia católica en este país.

Los periodistas, congregados en la sala de prensa de la vicepresidencia, se apuraron a tomar apuntes, excitados, porque ya tenían la noticia de aquel 20 de junio. Mientras, el exmandatario seguía hablando: “Va a tardar un poco (el informe), porque hay que investigar no solo las denuncias actuales, sino las denuncias de hace cuatro, cinco, diez, 15 años atrás, y está claro que tenemos ahí un tema muy preocupante”. Al hablar, García Linera se frotaba y elevaba con firmeza las manos hasta la altura de su pecho, estampado por su vestimenta más común: una camisa desabotonada a la altura del cuello y un saco oscuro casual.

Ante el anuncio de esa investigación oficial, la Iglesia católica de Bolivia hizo una recomendación al gobierno boliviano: “barrer su propia casa” si deseaba saber “quiénes han cometido violaciones y abusos de menores”, en palabras del entonces juez eclesiástico del arzobispado de Cochabamba, Miguel Manzanera.

Sobre el informe del gobierno, un periodista del diario La Razón consultó al exvicepresidente, en agosto de 2017. Su respuesta fue contundente: “Hay numerosos casos”. La Iglesia dudó de la seriedad de las aseveraciones del entonces vicepresidente y señaló que se trataba de “represalias” y “bravuconadas”. Así lo dijo para esta investigación periodística el secretario adjunto general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes, quien aseguró que la CEB no tenía conocimiento del informe que instruyó el gobierno y afirmó que no recibió requerimiento alguno de información respecto a denuncias de pederastia atribuidas a sacerdotes.

Casi dos años después, el cardenal Toribio Ticona, máximo representante de la Iglesia católica en Bolivia, se refirió a la aseveración de García Linera. Aseguró en una declaración pública a medios que, en Bolivia, no existe un solo caso de pederastia al interior de la iglesia, salvo el de un cura extranjero que se escapó del país. Sin embargo, aunque el propio José Fuentes no concede que sean “numerosos”, como lo evidenciaría la indagación prometida por el vicepresidente, ha reconocido seis casos en los últimos tres años.

Hoy, los representantes de la Iglesia católica dudan de la existencia de dicho informe, mientras el gobierno de Evo Morales y García Linera se disolvió sin decir quién lo realizó y, de existir, en manos de quién se encuentra. El nuevo gobierno boliviano tampoco se ha expresado al respecto, a pesar de que el mismo papa Francisco, en diciembre de 2019 decidió eliminar el secreto pontificio para las denuncias de abusos sexuales.

Tres sentenciados

Las cifras globales de abuso sexual infantil en Bolivia son altas. Al año, más de 5.800 niñas y niños –16 menores al día, en promedio– “sufren vejámenes sexuales”; de éstas, únicamente se denuncia el 30 por ciento, según datos de Misión Justicia consignados en un informe defensorial realizado por la Defensoría del Pueblo, institución estatal dedicada a la defensa, vigencia y promoción de los derechos humanos.

Hasta finales de 2019, tampoco el nuevo gobierno ni la Iglesia católica ni instituciones de la sociedad civil se habían puesto a la tarea de realizar un registro sistemático de los casos de violencia sexual contra niños atribuidos a sacerdotes en Bolivia. En el contexto eclesial, de 2007 a la fecha, sólo tres de 13 sacerdotes denunciados por violencia sexual contra menores de edad han sido condenados por la justicia ordinaria, según la investigación realizada para este reportaje. Julieta Montaño, abogada y experta en Derechos Humanos, calcula que el número real de casos de pederastia que involucran a la Iglesia podría ser entre 70 por ciento y 90 por ciento mayor al que es reconocido públicamente por el Estado y la Iglesia.

“Deben existir casos que ni siquiera están registrados en el sistema de denuncias del Arzobispado, porque las víctimas ni siquiera consideran la posibilidad de denunciar por la vía reservada. Son padres y madres que sienten aquella vergüenza que los agresores deberían sentir, pero son ellos los que temen la censura social hacia su familia”, afirma Montaño.

El primer caso en ser juzgado y sentenciado fue el de Eduardo Revich, un sacerdote boliviano que, durante siete años, fue responsable de un internado en el municipio chuquisaqueño de Icla. Revich fue denunciado por abusar sexualmente de 18 menores del internado. En un primer proceso se le condenó por cuatro denuncias, así que la acusación apeló, promovió otro juicio y consiguió una condena de 12 años. Sin embargo, en 2011, antes de ser llevado a la cárcel, Revich escapó a la parroquia del poblado de Zudáñez y ahí se suicidó.

En 2009 fue denunciado el cura boliviano José Mamani, párroco del municipio de San Benito (Cochabamba), donde montó, por su propia cuenta y de forma ilegal, un hogar de menores. Se le acusó de agredir sexualmente a 19 niños y adolescentes, por lo que fue sentenciado a 22 años de prisión. Cinthia Prado, fiscal que siguió el caso, recuerda que Mamani nunca admitió las denuncias, pese a los múltiples testimonios de los menores de las orgías que ejecutaba en las instalaciones de la parroquia.

Además, Prado sostiene que la Iglesia intentó encubrir al expárroco. “He notado encubrimiento de la Iglesia. Estaba el monseñor (Tito) Solari (entonces Arzobispo de Cochabamba) en aquella oportunidad. Vino su relacionista (pública), porque él era padrino de ese cura (Mamani Ochoa) y por eso debería conocer sus antecedentes y tenía responsabilidad. Su relacionista me dijo que Solari no iba a declarar, pero yo le dije que lo hiciera porque no tiene ningún fuero. Luego cambió de opinión y dijo que vendría, pero siempre que no estuviera la prensa”.

Este 2019, en la ciudad de Cochabamba, el exsacerdote católico Javier Temo fue sentenciado a 25 años de cárcel, por violentar sexualmente de un niño cuando aún era clérigo. Rolando Ramos, abogado de la familia de la víctima, asegura que Temo se ganó la confianza de la madre del menor para abusar del infante. Encerrado en el penal de El Abra, Temo niega la acusación y la atribuye a una venganza personal de la madre de la víctima. Reconoce que intentó ejercer el sacerdocio y, a la vez, conformar una familia, habiendo tenido una hija como resultado de una relación sentimental con una mujer, en su natal Beni. “Hay una necesidad humana por amar a una persona, pero al interior de la Iglesia tiene un manejo cuidadoso, se trata de ocultar, tapar, y queda en supuestos”, recordó mientras era juzgado y esperaba su sentencia.

En 2007 se destapó otro escándalo más. Fue acusado el sacerdote de origen uruguayo José Santana, párroco del municipio de Tapacarí (Cochabamba), por violencia sexual contra 30 niños de un internado. Pese a ser llamado por el arzobispado de Cochabamba para dar su versión de los hechos, Santana huyó del país y, unos años después, admitió su culpabilidad, ante medios uruguayos.

Paulino Andia, vicario judicial de Cochabamba, recuerda que Santana no volvió a tomar contacto con el arzobispado cochabambino que lo había acogido. Sin embargo, aclara que los abusos fueron admitidos públicamente por el entonces arzobispo Tito Solari, quien pidió perdón por ellos. La primera fiscal que atendió el caso, Varinia González, cuenta que, al hacer las investigaciones en Tapacarí, sufrieron hostilidad de religiosos y pobladores, por lo que no pudieron realizar mayores indagatorias. Aun así, para fines investigativos instruyeron la aprehensión del acusado, cuyo caso no fue cerrado completamente. “El caso fue abierto de oficio, después de conocer los hechos. Correspondía un mandamiento de aprehensión, pero yo fui cambiada de mi cargo y solo alcancé a realizar la declaratoria de rebeldía y el pedido de captura. Todo eso se puede continuar siempre y cuando se determine dónde está el cuaderno de investigación. El caso no se extingue”, aclara.

Hay otros casos denunciados públicamente y que se hallan en diferentes fases de investigación. El total de víctimas registradas hasta ahora por estos curas es de 37. El primero fue reportado en mayo de 2018, en Villa Primero de Mayo (Santa Cruz), e involucró a un párroco por el abuso de un menor. Otro dos ocurrieron en 2019 en el municipio de Puna (Potosí), cuyo párroco fue acusado de abuso sexual contra dos estudiantes de una unidad educativa, motivo por el cual fue enviado preventivamente al penal de Cantumarca.

Un caso más salió a la luz pública en 2019, gracias al trabajo de Gabriel Romano, periodista de la agencia de noticias EFE, e implicó a un sacerdote jesuita de origen español, de avanzada edad, sobre el que se hallaron fotografías en las que le se ve abusando sexualmente de menores. Las fotos datan de 2002 y de ellas ya dio cuenta otro cura a sus superiores que, sin embargo, hicieron caso omiso de la denuncia y ocultaron los hechos, según explica Romano. Meses después de ser acusado y aislado por la Iglesia, el religioso falleció de muerte natural.

“Si el caso ha quedado oculto por más de 17 años es porque lo han tapado y porque han protegido al agresor. También porque muchos miembros de la Compañía de Jesús no han querido escuchar razones cuando algunos de sus miembros se han referido a la pederastia o casos de abusos en el interior de la orden”, manifiesta Romano en entrevista para esta investigación periodística.

Nadie sabe, nadie responde

Los constantes cambios de jefes de departamentos y unidades en las instituciones nacionales y municipales inciden en que el acceso a la información sea limitado e incompleto. “En Bolivia no existen datos y esto impide el diseño de políticas de prevención”, señala la directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Carolina Orías, quien admite y lamenta esta falencia. “Si bien los datos de violaciones se sistematizan en cuanto a número y a edades de las víctimas, en la mayoría de las instituciones no se discrimina la información registrando datos del agresor, como la ocupación o profesión, el origen y otros que no solo ayuden a visibilizar varios fenómenos, sino que también sirvan de insumos para diseñar políticas de prevención”, añade.

Por su parte, Rodrigo Gazaui, abogado y consultor en temas de niñez, asegura que, en Bolivia, no hay una cultura de denuncia de los casos de violencia sexual, pues familias, comunidades y autoridades no generan un clima favorable para sacar a la luz estos casos. Al contrario, impera el olvido y una renuencia crónica a hablar del tema. “Hay una serie de casos, que además son el grueso, que se mantienen en la oscuridad, en el anonimato por diferentes factores. El principal, porque estos casos entrañan relaciones de ejercicio de poder dentro de la Iglesia católica. Otro factor tiene que ver con taras culturales que te hacen pensar que un cura es incapaz de hacer estas cosas y que el Estado boliviano es un antiguo protector de la Iglesia. Actualmente, estos factores han derivado en un prejuicio cultural arraigado que es el pensamiento de que las violaciones cometidas por sacerdotes son hechos aislados”, describe.

Respecto al supuesto informe del gobierno boliviano, para esta investigación periodística nos dimos a la tarea de rastrear el estudio solicitado por Álvaro García Linera al Ministerio de Justicia, en junio de 2016. El resultado: un laberinto burocrático, versiones encontradas sobre su paradero y ni una sola pista de dónde se encuentra la información.

En mayo de 2019, contactamos a un funcionario de la vicepresidencia, quien solicitó mantener su nombre en reserva, además a Raúl García Linera, hermano y asesor del exvicepresidente. El primero sostuvo que el documento no se archivó y que por ende no existía; el segundo señaló que el exfuncionario público desechó el material porque se encontraba incompleto.

Dos meses después consultamos directamente al exvicepresidente García Linera, solicitándole una entrevista. Se negó a ella e hizo la recomendación de buscar al entonces ministro de justicia, Héctor Arce. El exministro derivó el tema a su entonces directora de la Niñez en su Ministerio, Ninoska Durán. Ella se comunicó con el equipo; aseguró que el informe se efectuó en una gestión ministerial anterior, encabezada por la exministra Virginia Velasco, y que sus funcionarios realizaron una intensa, aunque infructuosa, búsqueda del documento.

La exministra Velasco, por su parte, afirmó en el teléfono no recordar quién estuvo a cargo del documento y pidió insistir con las actuales autoridades para obtener una copia. El 9 de julio, Durán volvió a contactar a este equipo periodístico para informar que seguían rastreando el informe, aunque sin resultados. En su llamada, se comprometió a continuar la pesquisa y anunció que había pedido otro informe actualizado de nuevos casos de abuso relacionados a la Iglesia católica al Sistema Integrado de Justicia Plurinacional (Sijplu). Advirtió, sin embargo, que la gestión de esta información demoraría un tiempo indefinido. Desde ese momento, la única respuesta oficial fue el silencio. Al Ministerio de Justicia del gobierno actual se le buscó para saber si ha tomado conocimiento del informe sobre pederastia clerical en Bolivia que instruyó García Linera, y hasta el cierre de esta edición este equipo de investigación no ha recibido respuesta alguna.

Acciones insuficientes

A escala global, la Iglesia católica ha estimado en 2% la porción de pedófilos al interior de la institución, según un informe publicado por la BBC. Así también lo admitió el papa Francisco, en una entrevista concedida en 2014 al diario italiano La Repubblica. En Estados Unidos, uno de los países que más ha avanzado en el descubrimiento de casos de pederastia que involucran al clero, la Iglesia reconoció, a mediados de la década pasada, que un 4% de sus sacerdotes está involucrado en casos de abuso sexual a menores de edad.

En un reporte más reciente, se hizo conocer que 175 menores de edad fueron víctimas de abusos sexuales cometidos por un total de 33 sacerdotes de la Congregación de los Legionarios de Cristo, según un informe publicado por esa organización religiosa a finales de diciembre de 2019. El estudio global fue realizado por la congregación sobre denuncias verificadas de abuso sexual registradas desde 1941, año de su creación, hasta 2019, según la publicación Desde la fe, órgano oficial de la Iglesia católica en México. El trabajo precisa que, al menos, 60 menores de edad “fueron abusados por el Marcial Maciel”, el sacerdote mexicano que fundó la orden.

Al mismo tiempo, esta orden religiosa abrió el sitio ceroabusos.org, con el fin de “contribuir a la sanación de las víctimas y favorecer ambientes seguros que ofrezcan todas las garantías posibles”, se lee en dicho portal, mientras que el gobierno mexicano busca hacer modificaciones a la ley para evitar que los delitos de pederastia prescriban en ese país, hacerle frente a la impunidad y garantizar justicia a las víctimas.

En Bolivia, no obstante, la identidad de los curas pedófilos está protegida debido a la manera en que se hace el registro de cada caso. A una solicitud de información enviada el 28 de mayo de 2019 por este equipo de investigación, la Fiscalía General del Estado contestó que de los procesos de violación o abuso sexual únicamente registraba “datos precisos como el número de caso, nombres, apellidos, cédulas de identidad de los denunciantes o denunciados, y no así como en la solicitud precedente con la calidad, ocupación, o profesión de las partes procesales, en ese entendido nos vemos imposibilitados de brindarle la información solicitada”.

Tras esa respuesta, la fiscalía incluyó una relación de casos de abuso sexual y de violación a infante, niña, niño o adolescente de 2013 a 2019, sin información alguna sobre el tipo de autores. Como no especifica la profesión o el oficio de los implicados, no es posible saber si figuran sacerdotes católicos y, de ser así, cuántos serían. De los casos de abuso sexual, hasta el 8 de julio de 2019, la cifra iba en 1.418; en cuanto a violación, a la misma fecha, 1.218. El total asciende a 2.636 casos en seis gestiones completas y la mitad de la más reciente, de 2013 a junio de 2019.

Por su parte, durante 2019, la Iglesia católica creó la Comisión contra Abusos Sexuales de la Iglesia Católica; también habilitó una página web y una línea telefónica gratuita para recibir denuncias. Además, diseñó protocolos para procesar casos de abuso infantil realizados por curas. Así, en agosto, recibió una denuncia de pedofilia que involucraba a un sacerdote extranjero que ya falleció.

Dicha comisión está conformada principalmente por sacerdotes y tiene una presencia mínima de profesionales civiles. Sus integrantes son: el secretario general de la CEB, Aurelio Pesoa; el obispo emérito de Santa Cruz, Braulio Sáez; el secretario general adjunto de la CEB, José Fuentes; el representante de los padres salesianos en Bolivia, sacerdote Álvaro Rocabado; la asesora jurídica de la CEB, Susana Inch, y el abogado Américo Salgueiro.

Además, la CEB realizó una guía de orientación de las 18 jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, que tienen un grado de autonomía para componer sus propias comisiones y trabajar en la materia. Esto supone que, al margen de la comisión creada por la CEB, cada jurisdicción tiene la misión de constituir sus propias comisiones y, desde ellas, trabajar en labores de prevención, investigación y sanción, según explicó a esta investigación periodística el sacerdote José Fuentes.

Bolivia es un país en el que la sistematización de datos no ha sido asumida por los funcionarios públicos como una política de Estado que debe tener continuidad. Como sus propios representantes consultados por esta investigación reconocieron, ni la Iglesia ni el Estado han hecho un levantamiento riguroso de las denuncias de pederastia.

El Órgano Ejecutivo del anterior gobierno no pasó del anuncio vicepresidencial de un informe, mientras el Órgano Judicial no lleva un registro específico que involucre a sacerdotes católicos. Así, la ausencia de información impide que se pueda trabajar efectivamente en la prevención de nuevos casos de violencia sexual de manera general y, en particular, de casos atribuidos a miembros de la comunidad católica.

*Trabajaron en la investigación, registro, procesamiento y análisis de datos para este reportaje: Andrés Rodríguez, Mythyl Antezana, Sergio de la Zerda, Darynka Sánchez, Ariel Zeballos, Alejandro Orellana, Dico Solís, Joel Vera, Peter Luna, Melany Patiño.

Este reportaje fue realizado por Santiago Espinoza, para Opinión, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.