Bajo el gobierno de Evo Morales empresarios bolivianos quintuplican la creación de offshores en Panamá

Las revelaciones de Panama Papers exponen cómo al menos 275 bolivianos de los influyentes sectores de la agroindustria, minería y comercio de este país aparecen entre los clientes de la cuestionada firma de abogados Mossack Fonseca

Importantes hombres de negocios y políticos bolivianos, así como enlaces clave de operaciones comerciales que ayudan a esclarecer escándalos de corrupción que han sacudido a Bolivia aparecen tras el análisis de más de 15.000 archivos de las operaciones de la firma de abogados panameña Mossak Fonseca relacionados con este país.

Esta información sale a la luz a partir de los archivos obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, compartidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) e investigados en Bolivia por Nelfi Fernández Reyes, del El Deber de Santa Cruz y Fabiola Chambi, de Los Tiempos de Cochabamba, que lideraron equipos –en sus respectivos medios– que involucraron analistas de datos, desarrolladores, programadores y periodistas.

Al leer escrituras de constitución de las offshores, contratos, poderes, documentos de identidad y correos electrónicos, se descubrió que Mossack Fonseca tuvo 23 intermediarios (consorcios de abogados y personas) que crearon, entre 1994 y 2015, 127 sociedades offshore no solo en Panamá, sino también en Hong Kong (China), Nevada (EEUU), Islas Vírgenes y Reino Unido. Antes de que Evo Morales llegara al poder, solo nueve sociedades offshore, relacionadas con Bolivia, habían sido creadas consorcio panameño Mossack Fonseca cuyo método generalmente, tienden a ocultar al propietario, o trasladar las operaciones de un inversionista a un territorio con mejores ventajas fiscales. No obstante, durante el primer año de mandato de Morales se crearon once empresas de este tipo y, para 2009, existían 68 –más de la mitad de las 127 empresas encontradas hasta 2015.

 

Según algunos analistas, esta lectura de crecimiento de offshore de bolivianos asociada con la llegada al poder de Evo Morales, se podría entender por el temor a las posibles medidas que podría tomar a su llegada a la presidencia. Según Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz “la idea inicial era implementar un régimen socialista y los inversionistas buscaron opciones de cómo proteger su dinero, su fortuna”.

Por si mismas las operaciones en destinos offshore no son irregulares. Lo son cuando no son reportadas a las autoridades de control fiscal local o cuando se utilizan para ocultar capitales ilegales.

Es por eso que llama la atención casos como los revelados por los medios bolivianos aliados del ICIJ en el que por ejemplo una empresa offshore registrada en Panamá en febrero de 2009 –con un directorio compuesto por pestanombres provistos por Mossack Fonseca, un domicilio fiscal donde no hay ninguna oficina y sin actividad económica real allí, pero con una cuenta bancaria en Suiza, tiene más de 20 contratos por compras y ventas de servicios con una empresa boliviana, cuyos socios le hacen transferencias y también reciben depósitos por cientos de miles de dólares, que ocultan que los propietarios de las offshore son los mismos dueños de la empresa boliviana con la que hacen negocios.

Las revelaciones de El Deber y Los Tiempos también traen nuevas pistas del sonado caso del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, que fue arrestado en 2011 en Bolivia por sospecha de lavado de dinero del narcotráfico mientras supervisaba una empresa agrícola de cultivo de arroz. El caso se convirtió en un escándalo político que llevó a más de una veintena de funcionarios públicos ante la justicia por corrupción y atravesó las fronteras de Bolivia pues involucró como parte central de la trama a la colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y al abogado suizo André Abraham Zolty. La historia tomo ribetes de farándula luego que el actor Sean Penn intermedió para que el empresario tuviera arresto domiciliario, lo que favoreció su fuga. (Ver ampliación de esta información AQUÍ)

De forma similar sucede con las revelaciones inéditos de la transacción para la compra de las acciones de Elfec por la empresa cochabambina Comteco en abril de 2008. Una multimillonaria operación que involucra recursos públicos y que ha estado envuelta en dudas, denuncias y una serie de cuestionamientos. Documentos obtenidos Panama Papers evidencian al menos tres reuniones clave que se realizaron en Cochabamba para la conformación de las juntas directivas de las offshore y una posterior transacción que se vio frustrada ante un cambio de decisión que apuntó a la disolución de las empresas. Hoy la cooperativa Comteco, una empresa emblema en Cochabamba, exige un pago de 90 millones de dólares por la estatización de su paquete en la eléctrica. Diez años después, este caso aún no resuelto lanza nuevos datos. (Ver ampliación de esta información AQUÍ)

Son 274 empresarios los que está detrás de las 127 empresas offshore identificadas. La mayoría de ellos concentran sus actividades en La Paz y en Santa Cruz, y provienen de influyentes sectores como la agroindustria y la minería.

 

Se podría clasificar en cinco grupos los movimientos empresariales de bolivianos en Panamá. Por un lado están las offshore creadas para ser accionistas de empresas bolivianas. Un empresario o grupo empresarial les transfiere sus acciones a su empresa creada en Panamá y su nombre deja de aparecer como accionista de una empresa sin que en realidad deje de serlo. Hay un listado de al menos 10 offshore que se las puede rastrear en los reportes de la ASFI y de la Bolsa de Valores. Todas ellas -y otras más- pasaron por el Consulado boliviano en Panamá. El Estado boliviano, por medio de su Embajada de Bolivia en Panamá, conocía la ‘movida’ del mundo offshore. Se encontraron documentos que detallan cómo desde 2007 hasta 2015 el consulado boliviano puso su firma y sello en los documentos de al menos 57 sociedades pantalla (Ver ampliación de esta información AQUÍ)

Hay otros grupos de empresas que figuran como compradoras de los productos de algunos de sus accionistas para luego revenderlos a una tercer empresa también extranjera. También hay compañías afincadas en Panamá que prestan millones de dólares a empresarios bolivianos que en realidad son sus mismos dueños. También hay otras en las que sucede al revés, que absorben deudas en Bolivia de sus accionistas. El último grupo detectado son los grupos familiares que resuelven una herencia o un divorcio a través de una offshore. Gabriel Dabdoub, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, explica que esto se hace para propiciar que la empresa continúe operativa mientras los herederos o litigantes llegan a un acuerdo.

Habría incluso un sexto grupo un tanto más difuso. Tienen en común que son abogados, algunos con varias offshores, pero sin ningún otro negocio declarado en Bolivia salvo ser parte de una firma de intermediarios entre Mossack Fonseca y clientes bolivianos.

Según Akamine, existen especialistas que manejan los movimientos de dinero. Son satanizados por los gobernantes pero no cometen ningún delito. “Todo ciudadano tiene derecho a tener inversiones en el exterior, de llevar su dinero bien habido a bancos en el extranjero. Todo depende de dónde pueda tener mayores réditos”, dice. Ahora, tras la investigación de la Asamblea Legislativa de los Papeles de Panamá, Akamine teme que la verificación tributaria ordenada por la Comisión Papeles de Panamá se convierta en excusa para determinar nuevos tributos bajo el pretexto de las actividades de sus empresas offshores. “Tienen poca idea de este tipo de negocio. Han hecho la investigación por el escándalo”, dijo.  (Ver ampliación de esta información AQUÍ

Panama Papers es un hito en la historia del periodismo de investigación.  Es la mayor filtración de la historia, desarrollado bajo un trabajo periodístico colaborativo sin precedentes que involucró a más de un centenar de redacciones en diferentes partes del mundo.  Cuando se dio la primera liberación de documentos en abril de 2016, el ICFJ no contaba con socios en Bolivia. Fue sólo en septiembre de ese año que a través de la periodista argentina Sandra Crucianelli, miembro del Consorcio, se estableció el puente con las periodistas que lideraron los equipos que a partir de hoy presentan sus hallazgos y que cuenta con el respaldo de CONNECTAS bajo un acuerdo para la redifusión de contenidos.

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