Arco minero del Orinoco: crimen, corrupción y cianuro

La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas venezolanos y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado.

Al sur del río Orinoco, en una extensión de 111.843 kilómetros cuadrados (mayor que el territorio de Bulgaria, Liberia o Cuba) en el estado Bolívar, yacen las riquezas minerales más grandes de Venezuela y una de las más importantes del mundo. Oro, diamante y coltán reposan en las entrañas del Macizo Guayanés desde hace millones de años.

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico NacionalArco Minero del Orinoco, una idea que Hugo Chávez, su predecesor en el cargo, había anunciado al país en 2011.

La iniciativa de Maduro surge como un intento desesperado por llenar las arcas de la nación y remontar la caída de los precios del petróleo. La riqueza insuficientemente explorada de los yacimientos de minerales son el aliciente ofrecido a inversionistas nacionales y extranjeros, que se apresuraron a constituir empresas de maletín para obtener mayores ventajas de esta nueva oportunidad de hacer negocios con el Estado. Para el financiamiento del proyecto de minería a gran escala el gobierno venezolano aseguró haber convocado a 150 empresas venezolanas y extranjeras, pero apenas 16 han formalizado convenios y se han creado cuatro empresas mixtas, de las cuales solo una tiene presencia visible en la zona oriental del Arco Minero del Orinoco.

Los más directamente afectados son los pueblos indígenas que desde tiempos ancestrales ocupan el territorio intervenido, así como los ecosistemas de interés mundial, pues el Arco Minero del Orinoco es parte de la Amazonia. El proyecto avanza sin que se hayan elaborado los correspondientes estudios de impacto ambiental y sociocultural.

Pero el intento de Maduro de sustituir la renta petrolera por la renta minera para paliar la profunda crisis económica y social que sufre Venezuela tiene un primer gran obstáculo: el tiempo. Transcurrido año y medio después de la creación del Arco Minero del Orinoco, los ingresos adicionales que el gobierno espera obtener de las minas siguen enterrados en el subsuelo. Y, mientras tanto, la industria petrolera se ha derrumbado el extremo de que la producción en 2017 disminuirá casi 10% en relación con el año anterior y se ubicará en niveles de hace 23 años, según cálculos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Tres años de recesión sin precedentes han contraído la economía en 10%. Una inflación descontrolada(la más alta del mundo según algunas empresas consultoras) golpea a los venezolanos. La gente hace cola no sólo para comprar comida, sino para encontrarla en la basura. Los medicamentos esenciales escasean. El descontento popular se manifestó en las calles en un proceso insurreccional que sumó 121 muertos en un lapso de cuatro meses. La respuesta del Estado se concentra en la represión y en un cambio de las reglas del juego democrático a través de una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente que persiste en anular los contrapesos institucionales.

Los reporteros visitaron el Arco Minero del Orinoco y constataron que, en vez de prosperidad, se ha incrementado el delito. La autoridad del Estado venezolano ha sido sustituida por la crueldad extrema de los grupos de delincuencia organizada -o pranes- enquistados en la zona, los cuales se benefician de la minería ilegal e imponen sus reglas a sangre y fuego. La deforestación y el uso del mercurio en la actividad minera que se continúa desarrollando caóticamente causan estragos ambientales y violan el derecho a la tierra de 198 comunidades indígenas, algunas de las cuales han rechazado rotundamente el cianuro como alternativa supuestamente ecológica promovida por el gobierno.

Al día de hoy, el Arco Minero del Orinoco quedó reducido a una inviable promesa gubernamental de reinvertir la renta minera en beneficios para los sectores más empobrecidos de la población.

 

 


 Este es un especial realizado por Efecto Cocuyo en alianza con OCCRP y difundido por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos

Algunos hallazgos:
  1. Una mafia disfrazada de sindicato controla el yacimiento de oro más grande de Venezuela

Humberto Martes lleva oro hasta en los dientes. Siete gruesas cadenas guindadas en el cuello que terminan en medallas, seis con las letras iniciales de su nombre y la séptima con el rostro de Jesucristo en alto relieve. En la muñeca de su mano izquierda un reloj dorado y en la derecha una gruesa pulsera que se une con una cadena a un triple anillo. Prendas parecidas luce el menor de sus 24 hijos, de apenas 11 meses de edad.

Martes es una especie de representante político del pranato -nombre por el que se conoce a quienes dirigen las bandas criminales en Venezuela- que, bajo la figura de sindicato, se ha consolidado en Las Claritas, la población aledaña al yacimiento  de oro Las Brisas-Las Cristinas, el más grande de Venezuela.

Se presenta como benefactor de la comunidad: “Yo atiendo bien a todo el mundo y los ayudo en lo que pueda. Por ejemplo, aquí todos los jueves se hace una buena sopa de pescado y se le da a todo el que llega”, dice Martes a las puertas de su residencia.

Y también habla de alguna de las funciones que ejerce: “Aquí todo el mundo tiene que contribuir para que nosotros podamos mantener el orden. Como tú has visto, yo no paro”, comenta en relación con las rondas que hace por Las Claritas para recaudar “la vacuna” que deben pagar todos los comerciantes del pueblo, especialmente los que compran oro.

El pranato de Las Claritas impone sus propias reglas, actúa impunemente, administra las minas como si fueran de su propiedad y las autoridades civiles y militares no interfieren en el imperio que ejerce en la zona.

Precisamente en Las Brisas-Las Cristinas, donde se supone que yacen más de diez millones de onzas de oro y 1,5 millardos de libras de cobre, el gobierno pretende desarrollar el proyecto más ambicioso del Arco Minero del Orinoco, a través de la empresa mixta Siembra Minera. El pranato emerge como un enorme escollo.

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2. Las Brigadas Socialistas Mineras nacen intoxicadas con mercurio

Letra muerta. El decreto que prohíbe el uso del mercurio en la explotación del oro, que fue suscrito por el presidente Nicolás Maduro el 5 de agosto de 2016, es letra muerta para  los pequeños mineros del sector La Ramona, en El Callao.

“No hay cambios en la forma en que hemos trabajado desde siempre. Seguimos picando rocas en los barrancos, trasladando el material a los molinos y usando mercurio para separar el oro”, aseguró Misael Reyes, en abril de 2017.

Alexis Chaurán, vocero de la Asociación de Mineros y Molineros Revolucionarios de La Ramona, agrega: “Nosotros seguimos trabajando de la manera tradicional, con mercurio. Si eliminamos el mercurio, ¿cómo extraemos el oro? El decreto de prohibición del mercurio no se ha cumplido, porque es el Estado el que tiene que ofrecer las alternativas. Y mientras tanto la pequeña minería no se va a paralizar. Si prohibimos el mercurio eliminamos la pequeña minería y 80% de los habitantes de El Callao viven de la pequeña minería”.

Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha insistido que el total de 3.932,10 kilogramos de oro supuestamente extraído del Arco Minero del Orinoco en los últimos 15 meses es un “oro limpio”, que no ha causado daños a las personas ni al ambiente.

Algunas comunidades indígenas han rechazado el uso del cianuro como alternativa al mercurio. En noviembre de 2016, los pemones de la localidad Araimatepuy, la más cercana al yacimiento de oro más grande del país (Las Brisas-Las Cristinas), lograron paralizar, con sus arcos y flechas, la construcción de la planta de cianuración Sarrapia, que promovió el gobierno.

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3. BCV no registra oro extraído del Arco Minero del Orinoco

El Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha reportado la extracción de un total de 3.932,10 kilogramos de oro del Arco Minero del Orinoco y su inmediata venta al Banco Central de Venezuela. Sin embargo, el instituto emisor no registra esas transacciones.

En noviembre de 2016, el para entonces ministro Jorge Mirabal, le entregó al presidente Nicolás Maduro el primer lingote de oro, como parte de un cargamento de 400 kilogramos supuestamente producidos en el Arco Minero durante un lapso de 6 meses. Ello equivale al doble de la producción de oro en todo el año anterior. El Ministerio de Petróleo y Minería registra un descenso sostenido entre 2006 (14,76 toneladas) y 2015 (0,55 toneladas).

Otros 7 anuncios similares se hicieron durante la gestión de Jorge Arreaza (ahora canciller), quien reportó un total de 3.007,68 kilogramos de oro, valorado en 120 millones de dólares. Y más recientemente, el 31 de agosto de 2017, el actual ministro Víctor Cano anunció que la pequeña minería de Bolívar aportó otros 524,42 kilogramos de oro a las arcas del Banco Central de Venezuela.

En abril de 2017, el BCV suspendió la publicación de estadísticas sobre compras internas de oro por mes. En todo caso, los registros del instituto emisor no coinciden con los anuncios realizados desde el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico. En noviembre de 2016 del BCV reportó 0,32 toneladas y en diciembre de ese año 0 toneladas. Respecto a 2017, el instituto emisor  informó que no hubo compras en enero, en febrero 0,02 toneladas, en marzo 0,01 y en abril 0,01.

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4. Minería ilegal ha devastado una extensión equivalente a 141.000 canchas de fútbol

El monitoreo que hace la Nasa sobre la  pérdida de bosques en todo el mundo indica que entre 2001 y 2014 fueron deforestadas 105.865 hectáreas en los municipios El Callao, Gran Sabana, Roscio y Sifontes, ubicados en el oriente del Arco Minero del Orinoco.

Imágenes satelitales inéditas, utilizadas exclusivamente para este trabajo periodístico dan cuenta de que la contaminación de suelos y aguas se aproxima peligrosamente al Parque Nacional Canaima, que en 1994 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad.

En mayo de 2014, la Contraloría General de la República realizó una inspección  en la comunidad indígena Campo Alegre, asentada en el sector oriental del Parque Nacional Canaima: “… se evidenció la práctica de la actividad minera en las cercanías del río Kukenan, realizada con la utilización de equipos de bombas a gasolina y cintas transportadoras para la extracción de oro (…) daños de contaminación a la principal fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como al ecosistema del Parque Nacional Canaima”.

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5. Gold Reserve sale de la quiebra sin sacar ni un gramo del Arco Minero del Orinoco

La empresa canadiense que fue expulsada de Venezuela en 2008 -y por lo que mantuvo un pleito legal con el país hasta 2017-, ahora es socia del Estado en el más emblemático de los proyectos del Arco Minero del Orinoco: la explotación de Las Brisas-Las Cristinas, el mayor yacimiento de oro del país.

En apenas un año y sin sacar ni un gramo de oro del subsuelo del Macizo Guayanés, Gold Reserve salió de la quiebra y aumentó su patrimonio en 114%: en diciembre de 2015 había declarado un patrimonio negativo de 19.855.927 dólares y 12 meses después reportó un patrimonio positivo de 2.814.378 dólares. ¿Y cómo lo hizo? A través de operaciones bursátiles. Cada anuncio del gobierno sobre el avance de las negociaciones con la compañía extranjera catapultó el valor de sus acciones en la Bolsa de Toronto.

Gold Reserve no es precisamente una multinacional, pues apenas tiene 8 empleados en Estados Unidos y todas sus operaciones están concentradas en Venezuela. Para incursionar en el Arco Minero del Orinoco creó dos empresas de maletín en Barbados: GR Mining y GR Engineering.

Ha aprovechado la condición de acreedor que tiene desde 2009, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acordó que Venezuela le debe pagar 769 millones de dólares por daños y perjuicios.

El gobierno se comprometió a hacerle 20 pagos mensuales de 29,5 millones de dólares y tres pagos mensuales de 40,8 millones de dólares. Los desembolsos, por un monto total de 712 millones de dólares, comenzaría el 10 de julio de 2017. Además, se acordó un pago final de 285 millones de dólares que se haría efectivo el 10 de junio de 2019.

El refinanciamiento de la deuda derivada del laudo arbitral del Ciadi incluye el compromiso de Venezuela de colocar instrumentos financieros con un valor nominal de 350 millones de dólares en un fideicomiso que sirva como garantía de pago.

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6. 16 pueblos indígenas están afectados por el Arco Minero del Orinoco

En los 111.873 kilómetros cuadrados del Arco Minero del Orinoco habitan 16 etnias: Piaroa, Mapoyo, Pemón, Eñepá, Jivi, Curripaco, Baniva, Pumé, Piapoco, Baré, Kariña, Yekuana, Sanemá, Warao, Akawayo y Arawaco.

El gobierno asegura que sólo será intervenido 2,13% del territorio: 1,35% a través de minería a mediana y gran escala, y 0,85% mediante proyectos de pequeña minería.

El Arco Minero del Orinoco ha divido a los pueblos indígenas: unos, afectos al gobierno, esperan obtener beneficios económicos y sociales. Otros destacan que no fueron previamente consultados, como lo ordena la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, y recuerdan que ya han sufrido el impacto ambiental de la explotación de minerales.

“Nosotros lo que queremos es trabajar la agricultura, porque el pueblo Mapoyo nunca ha sido minero ni le interesa la minería. Los indígenas que han ido a las minas lo que traen es paludismo. Además, ya nosotros tenemos muy malas experiencias con estas empresas que vienen y nos perjudican. Así sucedió con Bauxilum, que entró a la brava y se instaló en nuestro territorio”, recuerda el cacique Simón Bastidas desde la comunidad El Palomo. La empresa mixta Oro Azul (integrada por la Corporación Venezolana de Minería y Supracal, C.A.) tiene autorización del gobierno para explotar coltán y cualquier otro mineral que encuentre en territorio mapoyo.

Pasiano Elliman,  capitán de la comunidad pemón Araimatepuy, advierte: “No aceptamos ni aceptaremos ninguna empresa, así sea del Estado, hasta que no sea cumplida la promesa de concedernos los títulos de propiedad de nuestras tierras”.

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7. Indígenas impiden impiden instalación de planta de cianuración en el Arco Minero del Orinoco

7 de noviembre de 2016. La empresa Inversora Sarrapia, Técnicas y Procesos, C.A., con anuencia del gobierno venezolano, comenzó a construir una planta de cianuración en tierras de la comunidad indígena pemón Araimatepuy.

“Fuimos a pedir explicaciones. Exigimos hablar con el jefe y les advertimos a los obreros que estaban allí que no podían hacer nada en nuestro territorio sin la aprobación de las autoridades legítimas de la comunidad”, asevera el capitán de Araimatepuy Pasiano Elliman.

Pero los empresarios ignoraron a los representantes indígenas.

Al día siguiente, regresaron con acompañados con otras comunidades e hicieron escuchar su voz. “Llevamos nuestros arcos y nuestras flechas, les demostramos que estábamos unidos y que teníamos fuerza. Entonces, sí paralizaron la obra”, explica el cacique.

El gobierno promueve el cianuro como alternativa al mercurio. Sin embargo, en el caso de la planta de cianuración que se iba a construir no ofreció suficientes garantías de preservación o remediación ambiental. Para mayor controversia, Inversora Sarrapia Técnicas y Procesos se creó apenas un mes antes y corresponde al patrón de empresas de maletín que han incursionado en el Arco Minero del Orinoco.

Ni siquiera las más experimentadas compañías auríferas del mundo, como Barrick Gold, ha podido evitar accidentes como el derrame de cianuro que contaminó cinco ríos en la provincia argentina de San Juan (2015), donde la compañía canadiense conduce la mina Veladero.

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Este es un especial realizado por Efecto Cocuyo en alianza con OCCRP y difundido por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos


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