El exsacerdote salvadoreño al que el papa Francisco destituyó por un caso no probado de violación y amenazas

El papa Francisco en persona condenó a un exsacerdote salvadoreño por abuso sexual en menores en septiembre de 2016. La decisión es inapelable. A pesar de ello, el sentenciado, Antonio Molina, insiste en señalar graves errores en el proceso y en mantener su inocencia.

Panchimalco. Los hechos por los que Antonio fue acusado ocurrieron presuntamente en su primera etapa en esta parroquia, de 1993 a 1996. Foto: Ángel Gómez y archivo de Séptimo Sentido

Antonio Molina fue convocado el 1.º de noviembre de 2016 al Arzobispado de San Salvador. Allí, el titular de la diócesis, José Luis Escobar Alas, le entregó la carta que certificaba que quedaban suspendidos sus derechos y deberes como sacerdote de la Iglesia católica: había sido encontrado culpable por el delito de abusos sexuales en menores de 18 años cometidos en Panchimalco. “Anunciamos de antemano que la máxima decisión no admite recurso alguno, es inapelable”, dice la carta. Que aparezca el nombre del papa Francisco y que se diga que la decisión es “inapelable” significa que fue tomada por el sumo pontífice en persona.

La misiva, escrita en latín, tiene en su cabecera el escudo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego, el nombre del condenado, José Antonio Molina Nieto. Y debajo de este, el título “summus pontifex Franciscus, papa” (“sumo pontífice Francisco, papa”).

Solo para una resolución tomada por el papa no es aceptable ningún recurso, dentro de la Iglesia católica, no hay autoridad más alta. Y esa vía está reservada solo para los casos más graves. Así lo explican los vicarios judiciales de tres arzobispados en Latinoamérica y Miguel Funes, exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Antonio Molina no volvió a la última parroquia que tuvo a su cargo, Santa Cruz de Roma, en Panchimalco. Una en la que estuvo en dos periodos: de 1993 a 1996; y de 2006 a 2016, año en el que fue suspendido tras conocerse las acusaciones en su contra, todas referidas a su primera etapa en el templo.

El exclérigo lleva casi un año de insistir en su inocencia, pese a la condena del Papa. La pelea incluso salió de la Iglesia y llegó a los tribunales civiles de El Salvador en forma de demandas por difamación y calumnia contra sus denunciantes.

Molina acusa al Arzobispado de San Salvador de dejar pasar muchas irregularidades, sobre todo en torno a la denuncia de un hombre de 35 años llamado Isaí Ernesto Mendoza, que lo inculpó de hacer orgías y de haberlo violado cuando era un adolescente y formaba parte de su grupo de acólitos.

El exclérigo alega que no conoce a ese denunciante y que es posible que nunca residiera en Panchimalco, algo que el Arzobispado de San Salvador no confirmó antes de enviar el caso. Fue este cargo el que llevó al papa Francisco a tomar la decisión de dimitirlo del estado clerical, uno que ahora se califica como falso, de acuerdo con las mismas autoridades de la Iglesia encargadas de investigar.

 


Este es un reportaje de Moisés Alvarado para Séptimo Sentido, publicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de redifusión de contenidos.


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Dimisión. Esta carta le informó a Molina que dejaba de ser un sacerdote de la Iglesia católica. Allí, resaltados, están el nombre del papa y las palabras que advierten que la decisión es inapelable.

CONDENA POR UNA SOLA DENUNCIA
El de Antonio Molina fue uno de los tres casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente a menores de 18 años que el Arzobispado de San Salvador hizo públicos entre finales de 2015 y principios de 2016. El primero fue el de Jesús Delgado, entonces vicario general de esa diócesis, que fue denunciado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, por primera vez en un programa radial en noviembre de 2015. Tras ello, la diócesis hizo público el nombre del clérigo y pidió a las víctimas de este delito que se acercaran para denunciar si existían otros casos.

El anuncio de que los tres exsacerdotes habían sido encontrados culpables en el Vaticano se hizo el 18 de diciembre de 2016: la velocidad con la que fueron resueltos los procesos parecía un golpe sobre la mesa, un mensaje de que la Iglesia estaba comprometida con el combate a este delito. Con el de Molina no se tardaron ni un año.

La Congregación para la Doctrina de la Fe es la versión moderna de la Santa Inquisición. Tiene sede en el Vaticano. Es la que, dentro del cuerpo de leyes que tiene la Iglesia para juzgar los delitos de sus miembros, ve los denominados graviora delicta. Entre estos, los más graves conocidos, está el abuso sexual en menores de 18 años.

En el caso de Isaí, el agravante no fueron las agresiones sexuales, sino que las presuntas amenazas de muerte de Molina en su contra. Esta denuncia, a diferencia de las otras, nunca fue revelada a los medios.

Después de recibir e investigar una denuncia, según el proceso de la Iglesia, la diócesis debe enviar un dosier a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Cuando un caso llega a esta entidad, existen al menos seis caminos. Uno, el más expedito, es el de trasladar la decisión al papa. Esta vía fue la que tomó la denuncia de Isaí Mendoza contra Antonio Molina. Este es el único de los casos contra sacerdotes salvadoreños que consta fue resuelto de esta manera.

Este es el procedimiento para casos demasiado evidentes: “Pensemos en material pornográfico descubierto en las manos, pieza o soporte digital del acusado; filmaciones, testimonios de personas que hayan sido testigos de los abusos”, comenta para ilustrar este punto el padre Jaime Ortiz de Lazcano, experto en Derecho Canónico y vicario judicial de Santiago de Chile, una diócesis por la que ya han pasado varios casos de abusos sexuales en menores de 18 años.

También está reservado a aquellos casos que cuentan con elementos agravantes: según Luis Salcedo, vicario judicial de la Diócesis de Guadalajara, México, uno de ellos es que la víctima sea un menor de 10 años. Otro es que haya una gran cantidad de denunciantes para un solo acusado. Aunque no siempre se cumple: el exnuncio de República Dominicana, el polaco Jozef Wesolowski (ya fallecido), fue acusado por decenas de víctimas, pero en su caso la decisión la tomó la Congregación para la Doctrina para la Fe. El sacerdote, por tanto, tuvo la posibilidad de apelar.

Sobre Antonio Molina pesaban otras dos denuncias interpuestas por las gemelas de una familia tradicional de Panchimalco. Las mujeres, ahora de 34 años, aseguraron que los hechos ocurrieron cuando ellas tenían 11 años. Una de ellas afirmó que el sacerdote le “metió las manos” dentro de la camisa, una tarde en la que ella estaba “jugando en el campanario”. La otra contó una experiencia similar: narró que le tocó los pezones al tiempo que le decía “estás creciendo, mi amor”. Esta última también acusó al sacerdote de haberle manoseado las piernas.

La gravedad de los hechos descritos es indiscutible, pero no califican para ser trasladados directamente al papa, de acuerdo con Jaime Ortiz de Lazcano, Luis Salcedo (Guadalajara), Leocadio Morales (vicario judicial de la Diócesis de Santa Ana) y Miguel Funes (exmiembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe): las víctimas tenían más de 10 años y no hubo a la mano evidencias o testimonios de terceros que respaldaran la versión narrada por las gemelas.

La decisión del papa, por tanto, fue tomada solo con respecto al caso de Isaí Mendoza, quien acusó a Molina de haber tenido sexo anal y oral con él. En la denuncia se habla de que los hechos ocurrían en el marco de orgías en la sacristía y en dos casas alquiladas, una en Panchimalco y la otra en Nuevo Cuscatlán*. Isaí tampoco aportó testigos ni el periodo aproximado en el que sucedieron los hechos. La amenaza de muerte denunciada le dio otro tinte a la historia.

Las acusaciones de las gemelas de Panchimalco fueron las primeras en contra de Antonio Molina en llegar al Arzobispado de San Salvador. El tribunal eclesiástico las recibió oficialmente el 10 de febrero de 2016. Molina fue suspendido cuatro días después.

El 15 de abril, el arzobispo le anunció al exsacerdote que existía una nueva acusación en su contra, la de Isaí. Ahora esta es la única inculpación que pesa sobre los hombros del exclérigo: las gemelas aceptaron conciliar en la demanda que el sacerdote presentó en su contra por difamación y calumnia y firmaron un documento en el que se retractaron de las acusaciones.

Autoridad. Toda decisión dentro de la Iglesia tomada por el papa es inapelable. Incluso existe el Principio de Infalibilidad, que reza que en asuntos teológicos es “incapaz de cometer errores”.

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LA BÚSQUEDA DE ISAÍ
“Ha habido casos en los que la congregación toma ella misma la investigación, pero son contadas. Estuve allá muchos años, y esa decisión se tomó una o dos veces”, comenta Miguel Funes desde su nueva residencia en Ciudad de México.
El sacerdote mexicano Miguel Funes perteneció 16 años a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Es una de las personas en el continente mejor certificadas para hablar sobre cómo son los procesos en el interior de esta institución con sede en el Vaticano. Una de las cosas en las que están atados de manos es en la recolectar información relativa a los casos. Para ello dependen exclusivamente de las diócesis locales.

La diócesis u orden religiosa a la que pertenece el acusado se encarga de una fase preliminar, donde colecta información de cargo y de descargo a través de una figura conocida como instructor.
En el caso de Antonio Molina, esta tarea la ocupó Rafael Urrutia, canciller y vicario judicial del Arzobispado de San Salvador. Fue acompañado por los otros dos sacerdotes que conforman junto a él el Tribunal Eclesiástico de la arquidiócesis. Por sus manos pasaron, por tanto, todas las pruebas y todos los testimonios relativos a las tres acusaciones contra Molina.

Rafael Urrutia mismo duda ahora de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

Uno de los principales argumentos de Molina para sostener su inocencia durante más de un año ha sido que no recuerda haber conocido a un niño llamado Isaí Mendoza. Otra premisa de su defensa es que él no contó con acólitos en su primera etapa como párroco de Santa Cruz de Roma, del 1.º de julio de 1993 al 25 de febrero de 1996. En la acusación, Isaí escribió que sufrió los abusos del sacerdote cuando se desempeñaba como su monaguillo.

Antonio Molina. Sacerdote desde 1993, además de Panchimalco estuvo en la parroquia de Huizúcar. Fue capellán de dos colegios de señoritas y prefecto de estudios en el seminario de San Salvador.

Molina fue sustituido en esa iglesia por el padre Daniel Coto, quien ahora es el encargado del templo San Juan María Vianney, en San Juan Opico. Coto sirvió como uno de los testigos de descargo de Molina ante el Tribunal Eclesiástico. Vía telefónica, asegura que fue hasta su periodo que comenzó a ejercer su ministerio un grupo de acólitos. Antes de eso, dice, quienes se encargaban de asistir al sacerdote en misa eran los miembros del Camino Neocatecumenal, que eran adultos. Eso mismo está en el testimonio que rindió ante el Tribunal Eclesiástico el 24 de agosto de 2016.
“Yo no encontré acólitos y como su existencia es habitual en todas las parroquias, la necesidad pastoral de que ayudaran en las misas me movió a invitar a estos jóvenes”, dijo Coto ese día. Eso también lo escribió hace 22 años en el libro de gobierno que reposa en la parroquia de Panchimalco.

Otro sacerdote que rindió su testimonio ante el Tribunal Eclesiástico fue Víctor Martínez. Desde pequeño, este hombre nacido y criado en Panchimalco parecía destinado a entregarle su vida a la Iglesia católica. A los 10 años comenzó a ayudar en las actividades del sacristán de la parroquia, en un trabajo que se extendió hasta su vida adulta. Era un quinceañero cuando fue testigo del nombramiento de Antonio Molina como párroco de su municipio, el 1.º de julio de 1993.

“En esta etapa nunca hubo acólitos. A la misa le asistíamos el señor Ciriaco (el sacristán) y yo. El padre no tenía necesidad de acólitos porque lo hacíamos nosotros y los ministros del Camino Neocatecumenal”, escribió Martínez en su declaración. Otros ocho testigos dijeron la misma versión ante el tribunal.
Contactar con Isaí habría sido imposible si en el expediente de la demanda por difamación y calumnia que interpuso Molina contra él no se hubieran incluido los datos relativos a su vivienda.

La tarde comienza a declinar este día de octubre de 2017 en Santa Tecla. La puerta de la casa está entreabierta. Cuando se llama, quien sale es una señora de unos 60 años. Es la madre de Isaí.

—Yo sé toda la historia porque soy su mamá, pero no puedo decirla –dice cuando se le cuenta sobre el motivo de la visita–. Ahorita no está, anda trabajando.
Rafael Urrutia dice que Isaí no aportó ningún elemento que sustentara que haya vivido alguna vez en Panchimalco. La señora sostiene que residieron allá por tres años. Incluso dice que Isaí estudió en un centro escolar de ese pueblo. Sin embargo, en los dos que existen allá no hay registros de su hijo. Ella insiste en que Isaí tiene un diploma, que usualmente decoraba un muro de la casa, que lo prueba. Ahora lo ha bajado, señala, porque planea irse de su hogar. En voz baja, dice que lo han amenazado. También que Isaí sufre de un cáncer en el hueso de la rodilla, y que por ello una amiga residente en Panamá se lo llevará a ese país para que allá continúe su tratamiento.

Cinco minutos después, tras varias preguntas, comenta: “Ah, no, ya me acordé, un hermano mío se lo traía a estudiar a una escuela en San Salvador”.

La señora asegura que cuando Isaí anunció en el seno familiar que iba a denunciar a Antonio Molina, su padre le recomendó no hacerlo. “Le dijo que ya era pasado, y que eso lo dejara reposar”, comenta la madre. Promete que pasará el mensaje a Isaí para que este pueda comunicarse y dar su versión.

La puerta también está entreabierta, en esta nueva visita aderezada por el frío de finales de diciembre de 2017. En esta ocasión quien atiende es el padre de Isaí.
Uno de los principales argumentos de Antonio Molina para sostener su inocencia es que el muchacho nunca vivió en Panchimalco. Eso mismo lo apoya el padre de Isaí, quien asegura que la familia jamás ha residido en ese pueblo del sur de San Salvador. “Yo viví pero en Los Planes de Renderos cuando era niño, con mi abuela”, dice el padre del denunciante.

Y pone una cara de extrañeza cuando se le habla de la acusación que interpuso su hijo contra Antonio Molina por presuntamente haberlo violado cuando era su acólito en Panchimalco. Y el gesto aumenta de volumen cuando se le cuenta lo que dijo su esposa: que él le recomendó a Isaí no denunciar el hecho.

Al centro de la sala, el hermano de Isaí ha estado atento a la conversación y pregunta sobre lo ocurrido. También afirma que no sabe de qué denuncia se está hablando.

“Qué raro, nosotros no tenemos nada que ver con la Iglesia católica. Asistimos al Tabernáculo. Incluso ahorita vamos a ver el culto”, dice el hermano. Pregunta si se le ha filmado. Únicamente se han estado registrando sus voces. Los dos hombres recogen nuevamente el número telefónico para que Isaí pueda comunicarse y dar su versión.

En la noche de este día de diciembre, Isaí escribe un mensaje de WhatsApp: “Soy un enfermo de cáncer terminal, en realidad no tengo tiempo, pero voy a hacer una excepción, además necesito decirle un par de cosas, aquí espero su mensaje”. La llamada comienza.

—Usted dice que los abusos ocurrieron en Panchimalco y en Nuevo Cuscatlán. ¿Me puede decir en qué periodo se dieron los abusos?
—No.
Su madre y su padre dieron dos versiones distintas. Ella dijo que vivieron tres años en Panchimalco; él, que nunca residieron allí, se le explica.
—Mire, hay una cosa que no pareció correcta. ¿Qué llegó a hacer usted allí? Según mi hermano usted lo llegó a filmar –dice.
—Yo no lo he filmado –se le aclara.
—Vaya, yo solamente le voy a advertir algo, yo estoy fuera del país y no tengo ningún problema porque tengo un montón de amigos allá y usted no fue muy inteligente que se diga, porque le dio su número personal a mi hermano, y ya tenemos todos sus datos aquí. Así que le recomiendo que sea prudente –comenta.

Sin embargo accede a seguir conversando. Explica que el motivo de que las versiones de su padre y de su madre no coincidan es que han sido instruidos a no hablar del tema.

Es hora de las preguntas. Las primeras van referidas, justamente, a su residencia en Panchimalco. Como su madre, dice que vivió en ese municipio durante tres años.
—¿Me podría decir dónde estaba ubicada la casa?
—Cerca de la iglesia.
—¿Hay algún otro dato que me ayude a precisar dónde estaba, una referencia, una calle, un número de casa?
Esta última pregunta provoca que Isaí exija cortar con la conversación. En días posteriores se le volverá a contactar. No contestará más.

Señalados. Molina afirma que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el presidente del Tribunal Eclesiástico, Rafael Urrutia, cometieron errores en su proceso.

El casco urbano de Panchimalco, donde afirma Isaí haber residido, es un poblado constituido por unas pocas familias. Gutiérrez, Rodríguez, Martínez son algunos de los apellidos que más se repiten entre los lugareños. Es uno de esos sitios donde se cumple el cliché de que “todos se conocen”.

Los habitantes de las viviendas, custodiadas desde lo alto por la Puerta del Diablo, tienen otra particularidad: casi todos han vivido desde su infancia en la misma casa. Y nadie sabe dar referencias de una familia Mendoza que haya vivido alguna vez en el sector.

Donde sí hay rastros de la familia es en la urbanización Jardines del Volcán, en Merliot, Santa Tecla. Según datos del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el padre de Isaí adquirió el 26 de enero de 1984 una casa del polígono C-12 de dicha urbanización. No se desprendió de ella sino hasta el 16 de octubre de 2006. En Panchimalco nunca hubo una casa a su nombre. Tampoco al de su esposa.

El alquiler también es una posibilidad. Pero al menos una docena de personas en el casco urbano de Panchimalco sostienen que eso no se acostumbra. Uno de los pocos sitios donde se alquila en esta zona, dicen, es un condominio construido en la década del 2000.

Jardines del Volcán, Merliot, parece la antítesis de Panchimalco. Ha habido mucha migración. Varias de las personas que habitan sus viviendas son relativamente nuevas. El pasaje donde está la vivienda que le perteneció al padre de Isaí no es la excepción.

Pero eso no quiere decir que no haya vecinos que perseveren. Ese es el caso de esta mujer, quien ha residido en esta casa desde julio de 1984, el mismo año que, según los registros, la familia de Isaí adquirió su vivienda. Habla quedo y pide no revelar su nombre.

“Estaba de meses él (Isaí), cuando vinieron”, comenta la vecina, algo en lo que su memoria la asiste de forma milimétrica: para julio de 1984, Isaí tenía 10 meses de edad. Dice, con la misma voz apenas perceptible, que no recuerda que se hayan ausentado en alguna época de la casa.

Otros residentes del pasaje, quienes han vivido allí desde los ochenta, dijeron que tampoco recuerdan que la familia se haya ido por algún tiempo de la zona, mucho menos los tres años que afirman Isaí y su madre.

“Yo entiendo que un juicio se perfecciona con un solo caso. Aquí estamos hablando de tres casos. Puede ser que este sea falso, yo no sé, no me doy cuenta si allá (en el Vaticano) le dieron credibilidad o no a este”, comenta el arzobispo José Luis Escobar Alas cuando se le menciona la historia anterior.

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EL OTRO DEFENSOR
Para Antonio Molina, la entrega del libro de gobierno de la parroquia de Panchimalco (donde su sucesor en el templo escribió que el grupo de acólitos inició sus actividades bajo su gestión hasta el 28 de julio de 1996) era suficiente prueba de descargo para que la acusación de Isaí fuera desestimada. Por eso no eligió un defensor, como sí lo había hecho con las denuncias de las gemelas, para las que contrató al sacerdote panameño Carlos Echeverría.
Pero sí tuvo un defensor nombrado por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas: Francisco Alexánder Góngora, párroco de la Catedral Metropolitana. Molina sostiene que nunca habló con él, sino hasta después de que le entregaron la carta de su dimisión del estado clerical.
En el nombramiento de Góngora, fechado el 16 de mayo de 2016, se escribe que se le confieren “todos los derechos y deberes que el cargo exige”. Son exactamente las mismas palabras del nombramiento de Carlos Echeverría, el defensor que Molina escogió para las denuncias de las gemelas.
En el documento de defensa, Góngora se limita a recomendar la realización de peritajes a Isaí, a fin de “comprobar hasta dónde influye en la conducta de la supuesta víctima el supuesto abuso cometido por el acusado”. Ninguna mención al libro de gobierno donde se plasma la ausencia de acólitos en el periodo de Antonio Molina, algo que el mismo exsacerdote habría podido aportar, pues ya lo había entregado al Arzobispado. Tampoco hay constancia de otra actividad de investigación.

El sacerdote Rafael Urrutia mismo duda de la veracidad del caso de Isaí. Dice que desde el Arzobispado de San Salvador ya trabajan en una posible restitución del exsacerdote. “Una cosa es que nosotros recojamos todas las evidencias y otra cosa es la veracidad que ellos (la Congregación para la Doctrina de la Fe) le puedan dar… es que (Isaí) no probó (que haya vivido en Panchimalco)”, comenta Urrutia.

El arzobispo Escobar Alas asegura que consultó a Góngora como a otras personas para conocer una segunda opinión, alternativa a la del panameño Carlos Echeverría.
—¿Pero usted nombró a otras personas mediante un decreto como ese, además de al padre Góngora? –se le pregunta.
—Yo no le voy a dar ninguna explicación. Solo digo que he hecho esta consulta porque no fue parte del juicio y por eso puedo hablar de él –dice, asegurando que no puede referirse a ninguna otra parte del proceso porque está bajo “secreto pontificio”.
En una conferencia del 5 de junio de 2016, el arzobispo de San Salvador anunció que había enviado todos los insumos relativos a los casos de sacerdotes acusados de abusar sexualmente de menores. A Francisco Alexánder Góngora lo nombraron defensor de Antonio Molina el 16 de mayo. El sacerdote tuvo menos de 20 días para redactar su defensa.
El caso de Isaí tuvo otra irregularidad: el arzobispo Escobar Alas se limitó a leerle a Molina el contenido de la denuncia. No le dio una copia de ese documento ni de ningún otro relacionado con la acusación.

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El Vaticano. La Congregación para la Doctrina de la Fe juzga los delitos graves cometidos por los miembros de la Iglesia. Su máxima autoridad es el español Luis Francisco Ladaria Ferrer.

LA AMENAZA DE MUERTE
El arzobispo José Luis Escobar Alas convocó nuevamente al exsacerdote a sus oficinas el 24 de agosto de 2016. Allí le mostró un mensaje de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un ultimátum donde se le advertía que si no aclaraba de forma amplia el caso de Isaí Mendoza, este sería trasladado directamente a la consideración del papa. Le dieron un plazo de 10 días (entregó su defensa una semana después). Antonio Molina afirma que tampoco en esa reunión se le informó de manera oficial que Isaí lo había acusado de mandarlo a golpear y amenazarlo de muerte.
Rafael Urrutia asegura que él vio a Isaí únicamente en una ocasión, cuando se presentó a la audiencia ante el tribunal presidido por él para confirmar de viva voz lo que antes había descrito solo en papel. Por tanto, fue esta oportunidad la única en la que Isaí pudo informar sobre las amenazas de muerte y entregar el papel en el que, presuntamente, se refleja la denuncia que puso ante la Policía Nacional Civil de Santa Tecla.
Debido a que tanto el arzobispo Escobar Alas como Rafael Urrutia se niegan a hablar de aspectos muy específicos del proceso, no es posible certificar cuál fue la fecha exacta en que ocurrió esta audiencia, pero Urrutia comenta que su tribunal le entregó antes de mayo al arzobispo todos los insumos relativos a las acusaciones contra los tres sacerdotes imputados por abuso sexual en menores. Es posible que ocurriera incluso antes del 15 de abril, cuando al exclérigo le comunicaron por primera vez la inculpación de Isaí.
Antonio Molina mandó a indagar a Isaí a través de una compañía de investigación privada. Así pudo conocer cuál era la dirección de su casa. Sin embargo, estos datos los obtuvo hasta junio de 2016. La denuncia fue anterior a la fecha en la que Antonio supo cuál era la dirección de quien lo acusaba.
El sacerdote Leopoldo Sosa Tolentino, actualmente al frente de la iglesia Inmaculada Concepción de Santa Tecla, fue por 14 años vicario general del Ordinariato Militar para la Policía Nacional Civil. Por ello tuvo la facilidad para solicitar (y que le entregaran inmediatamente) datos acerca de denuncias presentadas por Isaí Ernesto Mendoza. Le informaron que no existía ninguna en la delegación de Santa Tecla ni en ningún puesto del departamento de La Libertad.
Sosa Tolentino hizo constar esta información en un documento fechado el 30 de agosto de 2016, que fue entregado al Tribunal Eclesiástico que llevó la fase preliminar del caso. En la PNC y en la Fiscalía General de la República no hay datos relacionados con alguna denuncia hecha contra Molina.
Rafael Urrutia también duda que Molina haya mandado a golpear a Isaí. Cuando habla sobre ello, lanza una risa burlona. Para él, lo narrado por Isaí en torno a la golpiza es una mentira. Isaí, por otro lado, tiene antecedentes por dos casos de estafa reportados en 2009 y 2013.

La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió. “Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

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LA IGLESIA NO COMPARTE LOS DOCUMENTOS
El 18 de diciembre de 2016, El Salvador y el mundo supieron que Antonio Molina ya no era sacerdote de la Iglesia católica. Dos días después, este interpuso una demanda contra sus denunciantes en un tribunal civil por difamación y calumnia.
El exsacerdote exigía varios puntos a sus demandados, como la firma de un documento donde se retractaran de sus acusaciones. También pedía la realización de una conferencia de prensa donde eso se haría público. Además solicitó una compensación económica, que sería de aproximadamente $133,000** por cada uno.
Como parte del juicio, Molina le pidió a su abogado, Juan Francisco Bonifacio, que solicitara al Arzobispado de San Salvador el expediente completo de su caso, pues nunca pudo tener acceso a la totalidad de documentos que fueron anexados en este. Quería saber, en suma, qué fue lo que se envió desde la diócesis local hasta la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El Juzgado Sexto de Sentencia hizo esta petición. La diócesis, a través del canciller Rafael Urrutia, contestó que no poseían esos documentos, pues, escribió, las nuevas disposiciones de la Iglesia indican que se envíe todo el expediente en original a la Santa Sede. El padre Miguel Funes, exmiembro de la CDF, afirma que las reglas son otras: la diócesis envía un informe, pero se queda con una copia de los documentos, que debe conservar durante 10 años a partir del término del juicio, a menos que el acusado muera.
“Nosotros entregamos la documentación al obispo. Yo no sé si él conserva esos documentos”, comenta Rafael Urrutia al respecto. José Luis Escobar Alas afirma que toda la documentación fue enviada al Vaticano.

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EL HOMBRE MUERTO
La audiencia inicial del proceso civil se realizó hasta el 7 de septiembre de 2017. Al Juzgado Sexto de Sentencia solo se presentaron las gemelas de Panchimalco. Isaí no llegó: su madre argumentó que él había muerto, lo que fue desmentido días después con un informe del Registro Nacional de las Personas Naturales. Por ello el Juzgado Sexto de Sentencia pidió que se extendiera una orden de captura en su contra.
La madre de Isaí aseguró en la visita que se hizo a su casa que mintió porque tenía motivos de peso: su hijo había sido amenazado de muerte.
“Tuve que mentir, que Dios me perdone, tuve que mentir, porque me lo han amenazado. Yo fui la que le dijo ‘mirá, hay que decir que moriste’”, dijo la señora. Agrega que un amigo estaba por “llevárselo a Panamá”, para que allá también pudiera tratarse de sus problemas de salud, pues está enfermo de un “cáncer en la rodilla”. Un viaje que, por la demanda que pesa en su contra, no hubiera sido legal. Cuando se habló con Isaí, el 27 de diciembre de 2017, aseguró que ya estaba fuera del país.
La madre de Isaí no solo dijo eso ante el juzgado, sino también ante personal del Arzobispado de San Salvador. Escobar Alas, titular de la diócesis, acepta que eso ocurrió.
“Lo que sucedió es que hubo una llamada por teléfono y nos dijo que era su mamá, habló con mi secretaria diciendo que su hijo había muerto. Entonces nosotros hemos creído, porque nosotros creemos en la persona. Si nos dice que su hijo ha muerto, creemos que está muerto. Nosotros no nos hemos preocupado en ver si es verdad o no”, comenta el arzobispo, para después decir que a él “también le parece extraño” que hayan ocupado esa excusa para no enfrentar la demanda civil.

Ante el hecho de que Isaí nunca apareció, las gemelas de Panchimalco solicitaron que su proceso se ventilara de forma independiente al del otro demandado. Aceptaron conciliar con el sacerdote el 9 de enero de 2018. Firmaron un documento donde se retractan de sus acusaciones.
Urrutia asegura que ya trabajan en la restitución de Molina, quien para siempre será un condenado por abuso sexual en menores de 18 años: el dictamen fue firmado por el papa Francisco. Es inapelable. Pero las condenas no son eternas. Para que el sacerdote vuelva a su puesto debe gozar de un proceso conocido como “gracia”, en el que el sumo pontífice decide que su sentencia ha terminado.
“Antonio va a salir bien”, comenta Rafael Urrutia, el mismo hombre que debía investigar la veracidad de las acusaciones en contra de Molina.

Nombramientos. A la derecha está el decreto que nombra defensor de Molina al panameño Carlos Echeverría, encargado del caso de las gemelas. A la izquierda, el correspondiente a Francisco Góngora, a quien el arzobispo dice que pidió “una segunda opinión”. Los documentos son idénticos.

 


Este es un reportaje de Moisés Alvarado para Séptimo Sentido, publicado por CONNECTAS gracias a un acuerdo de redifusión de contenidos.


 

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