Niños sin protección: los abusos sexuales en América Latina

La escalada de violencia sexual contra menores de edad en América Latina no se detiene; la impunidad y las modalidades de operación generan una mayor protección a los victimarios.

Fotografía bajo licencia Creative Commons

En América Latina hay algunos avances en la consolidación de la democracia, pero aún existen debilidades para garantizar los Derechos Humanos fundamentales en especial de la infancia, uno de los grupos más afectados.

Esto se refleja en el aumento de casos de transgresiones contra menores de edad a manos de personas que aprovechan su vulnerabilidad. Como lo documentó Unicef en 2017: cerca de 1,1 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina han sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su vida.

Una evidencia de estas cifras es el indignante caso de una niña de tres años que fue ingresada a un hospital de Bogotá, Colombia, con signos de abuso sexual y ataque con ácido. Las autoridades investigan la presunta vinculación de la madre, quien había perdido la custodia de la menor y fue detenida por posesión ilegal de armas.


Este caso no es único así lo confirmó Karen Abudinen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), tras revelar que cada día se conocen 66 nuevos incidentes de maltrato contra niños, y al año se reciben en promedio 24.000 denuncias.

También en Argentina se ha registrado un incremento de menores víctimas de este delito. El más reciente escándalo se conoció tras la denuncia de los responsables del Club Atlético Independiente sobre el presunto nexo de un ex jugador de 19 años con una red de prostitución para explotar sexualmente a niños de la división de menores.

 Aunque las autoridades han expresado su preocupación por el aumento de estas acusaciones, reconocen que este es el delito menos denunciado en Argentina , pese a que en los últimos 15 meses el Ministerio de Justicia ha documentado cerca de 2.000 procesos.

La situación no es menos preocupante en México, donde las autoridades aseguran que hay más de 25.000 niños víctimas de violencia. En un estudio publicado por la Procuraduría General de la República (PGR) se revela que la mayoría de los agresores son hombres adultos que suelen trabajar o relacionarse en ambientes donde permanecen los niños y suelen ser agradables para ganar su confianza.

Lo anterior, se confirma con lo ocurrido en un reconocido orfanato para niños sin hogar en Guanajuato, México, donde eran víctimas de maltratos y además se descubrió una malversación de fondos, dejando en evidencia las debilidades del Estado en el control y regulación de estas actividades.

El panorama no deja de ser alarmante en otros países como Brasil, Bolivia y Perú, donde no han logrado disminuir la cifra de denuncias anuales aún cuando tienen leyes para castigar a pederastas. Solo se pueden resaltar algunas campañas o proyectos de ley para endurecer las condenas.

Lamentablemente, esta es una problemática que ningún Estado de la región ha dado “prioridad”, como lo indicó José Bergua, asesor regional de protección Infantil de Unicef, quien además advirtió que es necesario establecer “sistemas de información fuertes y poderosos” para dar a conocer la realidad de los niños, niñas y adolescentes y tener información elemental “para la erradicación del problema”.

Hay otras maneras de violentar la integridad de los niños en la región como la pobreza, la desnutrición y la guerra. Los altos niveles de inequidad en el continente se deben a que la tasa de crecimiento económico es poca en comparación al aumento de la población. Para 2016 la tasa de pobreza se ubicó en el 30,7%, equivalente a más de 186 millones de personas, así lo indicó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Aunque no ocurre en todos los países, en la región hay algunos avances en la lucha contra el maltrato infantil como en Chile, donde el presidente  Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley para establecer como “no prescriptibles” los delitos en contra de la infancia. Hasta ahora, la legislación de este país da un plazo de cinco años para investigar estas denuncias y de 10 años para los crímenes, otra razón para que muchos casos queden en impunidad.

Otro ejemplo para intentar proteger a la infancia está en Argentina, donde la organizaciones civiles reúnen firmas para promover una ley que dé libertad de investigar las denuncias sobre violencia contra menos de edad sin que padres o tutores las ratifiquen, algo que hasta la fecha ha frenado muchas pesquisas. Además, fue presentado un proyecto para inhabilitar a condenados por delitos sexuales a ejercer cargos en lo que haya contacto directo con menores de edad.

También se puede resaltar la iniciativa de la Iglesia Católica en Paraguay, manchada por fuertes escándalos de abusos por parte de sacerdotes, con el protocolo para la prevención de nuevos casos y en el que reconoce “con humildad” las “equivocaciones” cometidas por miembros de su comunidad.

Contrario a otras regiones, Latinoamérica aún es un continente joven que necesita trabajar para garantizar los derechos fundamentales a la sociedad  para que sea “un mundo apropiado para los niños”, como lo cita Unicef en los Objetivos para el Desarrollo del Milenio.