La nueva bandera política de la región

La lucha contra la corrupción se empieza a esgrimir como uno de los discursos más protuberantes en los seis países que este año tienen elección presidencial. Una bandera que corre el riesgo de convertirse en una bomba incendiaria que debilite las instituciones, abra espacio a nuevos populismos y termine socavando aún más la democracia.

El caso Odebrecht es como si hubiera estallado una poderosa bomba atómica en Brasil que aún mantiene sus efectos devastadores en la región. Uno de sus impactos más notorios es en la forma como afectó la credibilidad y la confianza en los políticos. Desde 2016 que estalló el escándalo, es como si todos los días se supiera de un nuevo pago, un nuevo fraude, un nuevo implicado. El factor común: la participación de políticos en todo el entramado. De ahí que no es raro que anunciar el cese del flagelo se haya vuelto una forma para atraer más a los electores en los seis países que tienen elecciones presidenciales este año, Brasil, México, Colombia, Venezuela Paraguay y Costa Rica.

Agitar esta bandera obviamente busca atraer a los desencantados del sistema, que en la región es un volumen alto de personas y cuya participación podría inclinar de manera sustancial la balanza. El riesgo es que en muchos casos blandir ese discurso pasa por que el candidato asegure que todo está perdido y que él o ella son la única salvación. Lo primero con un efecto de aún más devastador en la confianza sobre lo público, y lo segundo impulsando las masas a nuevos caudillismos que tanto daño le han hecho a la región.

El caso más difícil de leer es el del mismo Brasil. Allí Lula Da Silva es el protagonista de la campaña electoral de este año. Precisamente él, cuyos mandatos presidenciales coinciden con la confección y detonación de la bomba de Odebrecht. Inmerso en procesos judiciales acusado de ser participe de el entramado de corrupción, y con una condena que esta semana se amplió de nueva a doce años de prisión por corrupción, mantiene un respaldo popular que lo tiene encabezando la intención de voto en este país. Lula alega su inocencia, aduce que hay falta de pruebas y que todo es un entramado político corrupto en su contra. Las condenas judiciales, han exacerbado el deseo de Lula de volver por tercera vez a la presidencia y caldeado los ánimos de sus seguidores, en un país que cada vez se divide más y que enfrenta un incierto futuro político.

En México, el segundo país más grande de la región, la bandera anticorrupción la blandea Andrés Manuel López Obrador, quien desde la izquierda ha sido candidato presidencial en dos periodos anteriores. Su discurso en contra del PRI, el partido político que por más tiempo ha tenido el control del país y del que hace parte el actual presidente Enrique Peña Nieto, pasa por evidenciar los múltiples escándalos en que este último a estado involucrado. Que van desde el escándalo de los conflictos de interés entorno a la construcción de su residencia familiar auspiciada por un poderoso contratista del Estado, hasta sus supuestas relaciones directas con los principales protagonistas del caso Odebrecht, en un caso que en ese país aún no tiene significativos avances judiciales. López Obrador ha fortalecido su popularidad al asegurar que ese dinero de la corrupción sería la clave para mejorar los servicios públicos. Sus detractores no dejan de señalar que hay cierto populismo en sus promesas.

En Colombia, los debates políticos para la definición de los candidatos presidenciales, han estado a la par de la llamada Consulta Anticorrupción que busca llevar a las urnas medidas como reducir el sueldo a los congresistas, cárcel a los corruptos y volver a contratar con el Estado, contratación transparente obligatoria en todo el país, presupuestos públicos con participación ciudadana, rendición de cuentas de su asistencia, votación y gestión, hacer públicos los ingresos injustificados y un máximo de tres periodos en contrataciones públicas.

Esta bandera ha impulsado a los grupos políticos que han buscado formar una coalición entorno al candidato Sergio Fajardo, cuya imagen se ha fortalecido en la medida en que las revelaciones de los casos de corrupción, salpican a personas de los movimientos más tradicionales o con más poder que el suyo. El país, marcado por unos acuerdos de paz que intentan aplicarse desde 2016, ha estado sacudido además del escándalo de las constructoras brasileras, por el del llamado Cartel de la Toga, que tiene tras la rejas al que era fiscal anticorrupción, y que ahora es el primer delator de magistrados de las más altas Cortes de Justicia que aceptaban sobornos para amañar fallos judiciales.

La diferencia de Paraguay con el resto de los países que elegirán nuevo presidente en 2018 está en que los guaraníes escogerán también al vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados.

Paraguay por su parte es el segundo país más corrupto de América Latina según Transparencia Internacional. Allí el presidente Horacio Cortés descartó optar por su reelección el año pasado en medio de fuertes protestas, luego de haber propuesto una enmienda constitucional y los candidatos presidenciales, están prometiendo luchar contra el contrabando, narcotráfico y el lavado de dinero, lo que produce consecuencias directas en el desempleo, la pobreza y la desigualdad con respecto a jóvenes y mujeres.

Costa Rica es el primero de los países que deliberará quién será su nuevo presidente, en febrero. Según la Encuesta de Opinión Sociopolítica que realizó el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica en octubre de 2017, dos de los temas de coyuntura más importantes son la corrupción y el desempleo, a pesar de mantenerse entre los países con menos percepción de corrupción de América Latina. Esto se debe a que hace un año se reveló “El Cementazo”, un escándalo sobre cemento chino donde se cuestionó el préstamo de 55 millones de dólares por parte del Banco de Costa Rica a la empresa Sinocem en condiciones irregulares, lo que hizo que el 65 por ciento de los costarricenses opinaran que la corrupción ha aumentado en los últimos meses, según el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional. Allí el 40 por ciento de la población que está segura de querer votar, aún no sabe por cuál candidato lo hará entre los 13 posibles y el puntero , Juan Diego Castro,  aún no utiliza la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de su plan de gobierno.

Venezuela  celebrará comicios adelantados, como se anunció esta semana. Será en abril de este año cuando se someta a las urnas un proceso que tendrá a un poderoso Nicolás Maduro que ha acomodado a su antojo todo el sistema en función de su figura, dejando por fuera cualquier opción política contraria con fuerza. Algo que de hecho ya llevo al llamado Grupo de Lima, compuesto por los cancilleres de 12 países y Estados Unidos, a rechazar las elecciones que carecen de transparencia y credibilidad. Una situación que acerca a Venezuela más a la forma como es percibida Cuba, que también en el remedo de democracia que dicen tener, celebrará este año “elecciones presidenciales”.

En parte importante del continente se confirmará este año si la lucha anticorrupción como bandera logró posicionar mejores dirigentes, o si abrió las puertas de la región a nuevos escándalos de corrupción que no permitan la consolidación de la democracia en la región.