El laberinto de Daniel Ortega

En este mes, se acaba el plazo para la excarcelación de presos políticos, continúa el proceso para sanciones en EE.UU. y la OEA abordará el tema en reunión de cancilleres. La gran incógnita es si se podrá avanzar en la agenda de democracia y justicia

El presidente de Nicaragua desde 2007, Daniel Ortega. Crédito: Confidencial / www.confidencial.com.ni

Con una chaqueta azul y un sombrero de charro, Daniel Ortega aplaude al coro de voces que le cantan con entusiasmo “aunque te duela, aunque te duela, el comandante aquí se queda… ¡Daniel, Daniel, el pueblo está con él!”, según un vídeo de un minuto que circula en las redes sociales desde el fin de semana y que muestra una celebración en honor al mandatario, instalado en el poder desde 2007 y ejerciéndolo de manera consecutiva desde entonces.

En el video se oye una trompeta. Es la canción que paramilitares y policías bailaban, armas en mano, cuando ingresaron a barrios del país centroamericano el año pasado tras el violento despeje de las barricadas o trincheras, levantadas por la población, un operativo que el Gobierno llamó entonces “operación limpieza”. Ahora la canción alegra la reunión en la que puede verse a la hija del general Sandino, Blanca Segovia Sandino, y al ex campeón de boxeo mundial, Román González. Muchas sonrisas.

Menos visible en América Latina que la crisis de Venezuela, la de Nicaragua dura ya 14 meses; bajo el reclamo de justicia de los familiares de las víctimas y también bajo la demanda  de democracia, mientras la economía del país se hunde, unos 60 mil nicaragüenses han debido exiliarse para buscar seguridad y persisten denuncias de cierres de negocios por razones políticas, igual que secuestros a opositores.

Al menos 325 personas murieron desde abril del año pasado en el contexto de las protestas, marcadas por el uso de la excesiva fuerza policial, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Luego de una investigación, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado en julio del año pasado por la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció la comisión de delitos de lesa humanidad durante la represión a los manifestantes en el período comprendido entre el 18 de abril y el 30 de mayo, aunque el gobierno insiste en que fue víctima de un golpe de Estado.

Ese organismo pidió una investigación al más alto nivel, incluido a Ortega y a la cúpula policial presidida por el consuegro del caudillo sandinista, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz. También los opositores y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales cuestionan al gobernante por los centenares de presos políticos con los que el sistema judicial, bajo su control, llenó el sistema penitenciario.

Junio es  un mes clave en ese sentido para Nicaragua. Se cumple el plazo para que el ejecutivo libere a los reos políticos: el próximo 18 de junio. El sábado ocho de junio, la mayoría parlamentaria oficialista aprobó una amnistía, que fue rechazada por los familiares de presos políticos y de las víctimas de la represión. Dos días después, fueron excarcelados los primeros 50 usando esta ley y las liberaciones continuaron con otros 56 este martes 11 de junio, entre ellos algunos de los líderes: los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, el dirigente campesino Medardo Mairena, la estudiante Amaya Coppens.

La salida de los reos es vista como una gran derrota política del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dado que ellos son recibidos en sus casas con bandera azul y blanco y consignas de lucha por la libertad del país centroamericano. En la Nicaragua de Ortega, los colores patrios son asociados con los manifestantes y son vistos como subversivos por las fuerzas de seguridad.

“Las amnistías por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidas por el Derecho Internacional. Estas generan más impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, dijo días atrás en un comunicado la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

Bachelet dio esta declaración después de recordar que su despacho ha denunciado las graves violaciones a derechos humanos en el caso  nicaragüense, lo que incluye ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, casos de tortura, violencia sexual. El eurodiputado Ramón Jáuregui, que ha demandado la liberación de los presos políticos desde hace meses,  afirmó en un tweet que aplicarán sanciones si la amnistía engaña al pueblo.

Aún quedan en las cárceles  82 presos políticos, según la información suministrada por el comité de familiares de los mismos, representado por Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez, odontóloga y una de las líderes de los comerciantes que se opusieron al gobierno en el marco de las protestas. Ella fue detenida en julio de 2018 y fue una de las presas liberadas bajo la figura de la amnistía este martes.

Desde febrero del año pasado, según datos del Estado, el Ministerio de Gobernación ha sacado a 492 reos, pero una gran parte de ellos son condenados o les llevan procesos fuera de la cárcel y en el caso de 100 de esos presos “estamos pendientes de confirmar ubicación (y no sabemos si están presos o libres, porque no tenemos contacto con sus familias)”.

Estos reclusos, a quienes les llevan procesos,  los mantienen bajo la figura de convivencia familiar (en casa) u otras figuras legales. No es una liberación definitiva como se había comprometido el gobierno con la oposición a finales de marzo.  

Con la salida actual de reos, se acaba la excusa del ejecutivo para no avanzar en la agenda de la justicia y la democratización del país, lo que incluye el restablecimiento de las libertades públicas, dado que las manifestaciones las prohibieron desde septiembre pasado.

La oposición y el sector privado han pedido elecciones adelantadas  a las que Ortega se ha negado, porque espera terminar su período en 2021.  Además de ese nudo gordiano, está a la vista como un reto para la oposición: la consolidación de un bloque que se convierta en una opción electoral. Está pendiente la renovación del poder electoral hasta erigirlo en un actor confiable y no uno plegado a los intereses gubernamentales.

La situación democrática de Nicaragua también será expuesta en dos foros internacionales. En Estados Unidos, en donde el 21 de junio se vence el plazo de los 180 días para que el Secretario de Estado rinda un informe al Congreso en el marco de la implementación  de la ley conocida como Nica Act, que podría conllevar sanciones económicas y volver aún más difícil la situación del ejercicio del poder en el país.

Aprobada el año pasado, la legislación obligará a EE.UU.  a vetar las solicitudes de préstamo que haga el gobierno nicaragüense ante los organismos multilaterales, lo que redobla la presión junto a otras sanciones tomadas por el Departamento del Tesoro  y que han golpeado, entre otros, a la vicepresidenta Rosario Murillo, su hijo Laureano Ortega, a su asesor de seguridad nacional, Néstor Moncada Lau, pero también a su financiero Francisco López y al director de la Policía.

El 26 de junio tampoco hay que perder de vista  la reunión de cancilleres de la OEA en Medellín, Colombia, donde será abordado el tema de Nicaragua en el marco de la activación de la carta democrática interamericana. Habrá que ver la lectura que se dé sobre lo sucedido con los presos políticos, aunque en otros factores de la vida democrática la gestión gubernamental está reprobada, dado el control de todos los poderes del Estado que ejerce la familia presidencial, lo que ha sido denunciado en el foro por una mayoría de países en la región, excepto Venezuela que respalda a Ortega.

Aunque el caudillo sandinista se encuentre en un laberinto internacional, el sociólogo y analista político, Oscar René Vargas,  uno de los más conocidos de Nicaragua, recuerda que “no hay olvidar que el actual curso del proceso político está determinado por la combinación específica de las fuerzas nacionales,  en el marco del conjunto de los factores internacionales (EEUU + OEA + Unión Europea). Sin embargo, la suerte de la lucha contra el régimen Ortega-Murillo estará determinada, principalmente, por la propia lucha de las fuerzas vivas de la sociedad nicaragüense”, las mismas que han desafiado al “comandante se queda”.

Nota: Los datos sobre  los presos políticos fue informada el lunes 10 de junio por Daniel Esquivel, esposo de Irlanda Jerez, cuando salió un primer grupo de presos políticos liberados por la amnistía. Los datos presentados en este análisis fueron actualizados tras las excarcelaciones del 11 de junio: 56 más, entre ellas la odontóloga. Ese día que debió de ser alegría fue de tensión. Esquivel  fue golpeado durante la incursión de hombres armados en su casa de habitación.