¡Atornillados!

Con toda clase de argumentos los nuevos caudillos latinoamericanos buscan reelegirse perpetuamente. El caso más reciente de Paraguay pone en discusión la conveniencia de esta figura para la región.

“El Estado soy yo”, parece la máxima con las que algunos mandatarios en América Latina han convencido a sus pueblos de que no hay nadie mejor que ellos para llevar las riendas de su país. Así, al amparo de poderes legislativos a su servicio en muchos casos, modifican las constituciones para permitir su reelección una y otra vez.

El caso más reciente es el de Paraguay, país cuya Constitución vigente no permite la reelección bajo ninguna forma y en el que las ganas de continuar en el poder del presidente Horacio Cartes ha caldeado el ambiente político, mientras se debate si habrá o no cambio de la Constitución Nacional. Esto sin importar que en reiteradas oportunidades, desde su posesión, insistió que por ningún motivo buscaría la reelección.

Igual situación se vive en Honduras, donde la polémica se ha instalado ahora que el presidente Juan Orlando Hernández aspira a un segundo mandato aunque la Constitución de su país lo prohíbe.

Las ansias de continuidad han sido siempre motivo de polarización de las sociedades en los países de Latinoamérica, sobretodo en aquellos en los que las instituciones democráticas siguen siendo en extremo vulnerables, sobre todo por los resabios aún presentes de las dictaduras o gobiernos totalitarios.

En varios de los países de la región, los gobiernos instalados en la segunda mitad de la década pasada consiguieron sucesivas modificaciones de sus constituciones para permitir no solo una sino varias elecciones presidenciales. Rafael Correa en Ecuador o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina son un ejemplo de ello y también una muestra de qué tan polarizadas pueden quedar las sociedades con el continuismo político.

En Ecuador, Correa luego de habilitar una segunda reelección desistió de presentarse. Al menos en esta oportunidad, no sin antes dar la bendición a quien debe sucederlo en el cargo: su ex vicepresidente, Lenín Moreno, quien encabeza los sondeos de preferencia de los electores, y su actual vicepresidente, Jorge Glas.

En Colombia, Álvaro Uribe consiguió modificar en 2005 la Carta Magna y habilitarse como candidato a un segundo mandato. El actual presidente, Juan Manuel Santos, también ejerce un segundo período; sin embargo, fue durante su presidencia que se derogó la reelección presidencial, cerrándole así el camino a un nuevo mandato a su otrora padrino político.

Paraguay es el único país del Mercosur que no cuenta actualmente con la reelección presidencial; aunque eso no quiere decir que sea el único que padece de conflictos por las ansias de continuidad de los mandatarios de turno.

Por ejemplo, el presidente Evo Morales lleva ya 11 años como presidente de Bolivia y cuando se termine su actual período alcanzará 14 como primer mandatario. En febrero del año pasado una consulta popular le dijo que No a un posible nuevo período.

A pocos días de que se cumpla un año desde aquella fecha, gobierno y oposición alistan movilizaciones a favor y en contra de un nuevo referéndum sobre la cuestión.

Si bien en principio el mandatario boliviano había anunciado que respetaría los resultados del referéndum de 2016, ya en diciembre del año pasado su partido anunció que solicitaría la anulación del plebiscito.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega consiguió en noviembre pasado ser elegido para un tercer mandato consecutivo. Es probablemente el ejemplo más claro de cómo se mueve esta nueva generación de caudillos para no soltar más el poder una vez que llegan a él. Este viejo comandante sandinista regresó al poder en 2007 y cuando llegue al fin de su nuevo periodo habrá sumado veinte años en el poder, más que cualquiera de los miembros de la dictadura contra la que él peleaba.

Ahora en Paraguay el oficialismo plantea instalar la figura de la reelección presidencial a través de una enmienda de la Constitución paraguaya, lo que juristas consideran es ilegal e inconstitucional. Sin embargo, los cartistas no escuchan razones y han decidido jugarse al todo por el todo. Semanas atrás presentó ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral -la máxima instancia electoral paraguaya- un total de 366.000 firmas para darle cariz de iniciativa popular al pedido. Pero la polémica no tardó en llegar, pues entre las planillas entregadas por los colorados se detectaron más de 70.000 firmas irregulares, entre ellas las de 1.142 personas que ya habían fallecido, pero que aún así aparecían como firmantes.

A ello hay que agregar las decenas de casos de personas que comenzaron a denunciar que sus nombres figuraban en las planillas sin haberlas siquiera visto alguna vez -y mucho menos firmado-.

Cartes ha encontrado en Fernando Lugo un aliado ocasional inesperado en la carrera por la reelección. El expresidente izquierdista destituido por la vía del juicio político en junio de 2012 también aspira a un nuevo período presidencial, aunque sus asesores jurídicos alegan que no necesita una modificación de la Constitución, recurriendo a un argumento que los entendidos en materia jurídica califican de absurdo.

Mientras la polémica sobre las falsificaciones de firmas y la presencia de muertos entre los signatarios crece en Paraguay, está claro que en la región las ansias de poder y continuidad seguirán marcando agenda de los gobernantes y polarizando a sus ciudadanos.

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