Sin atención médica, sin tapabocas, sin comida, sin antibacterial, sin respiradores, ni distanciamiento social, los reos latinoamericanos enfrentan con la pandemia la agudización de las violaciones a los Derechos Humanos que ya padecían, producto del hacinamiento y la ausencia de servicios básicos.

La covid-19 desnuda las entrañas de los sistemas penitenciarios que no garantizan asistencia sanitaria ni celeridad en los procesos judiciales. Bajo políticas de gobiernos con medidas reactivas, no encuentran suficiente espacio las leyes de amnistía o liberaciones ajustadas a procesos judiciales, que pudieran ayudar a despresurizar y evitar focos de contagio en uno de los grupos más vulnerables de la población.

Los controles de las autoridades rápidamente se han convertido en excesos, donde se suman castigos, abusos de la fuerza pública, suspensión de visitas y opacidad en los datos. La respuesta: motines, fugas y protestas; acciones de inconformidad en las prisiones de casi toda la región. La crisis en las cárceles por la pandemia, puede ser lo que detone las aplazadas reformas a la justicia penal y a los sistemas penitenciarios de los países de la región.