SAN SALVADOR, El Salvador.- Los feminicidios en El Salvador son la expresión última de una historia de violencia cotidiana hacia las mujeres que ha sido normalizada por la sociedad y que generalmente queda en la impunidad.
Manuel Dagoberto Gutiérrez fue el primer imputado por feminicidio en El Salvador y también el primer absuelto. Mató a su esposa de frente, con un disparo a la cabeza, el 24 de marzo de 2012. Un año después, los noticieros nacionales difundieron imágenes de él saliendo de los tribunales como un hombre libre de toda responsabilidad. Ni los testimonios, ni las pruebas periciales contundentes fueron suficientes para convencer al juez de su culpabilidad.
De acuerdo a la versión pública de la resolución judicial, Manuel Dagoberto trabajaba como gerente general de una respetada empresa automotriz. Con un sueldo cuantioso, era el proveedor exclusivo de la familia. Su esposa se dedicaba a las labores domésticas y a “atender a su esposo y sus dos hijos”, como relata la sentencia 34-3-2013. Sin embargo, como varios testigos relataron, las cosas estaban lejos de ser idílicas. Él era extremadamente controlador, violentaba a su pareja psicológicamente y cuando se emborrachaba, que pasaba con frecuencia, los maltratos eran peores.
El día que la mató, lo capturaron en flagrancia, con sus hijos menores de edad presenciado la escena de su madre muerta envuelta en una sábana. Él repetía que había sido un accidente. Más tarde modificó su versión dos veces, dijo que en realidad el arma se había disparado sola; después, que ella se había suicidado.
Durante el juicio, pese a que el peritaje demostró que Manuel Dagoberto era el único con restos de pólvora en las manos, el juez concluyó que existía una duda razonable: podía “haber ocurrido un suicidio al calor de la ira, tomando en cuenta que existió una discusión previa”. También valoró que no se podía descartar la posibilidad que la pistola se hubiera disparado por accidente. Esto aunque un experto en balística afirmó que por el tipo de arma no era factible que tal cosa ocurriera.
La magnitud de la tragedia y la forma en que quedó impune el crimen lograron desatar alguna indignación en la sociedad. Organizaciones de mujeres y un grupo de políticas airearon sus protestas en contra del fallo judicial. La Fiscalía apeló la resolución en junio del 2013. La sentencia absolutoria fue anulada y se ordenó un nuevo juicio que fue programado dos años después. Nunca se llevó a cabo. Manuel Dagoberto huyó. En la actualidad sigue prófugo de la justicia. Se cree que está fuera del país. Su foto nunca ha aparecido en al página de alerta roja de la Interpol.
Esta historia escrita por Laura Aguirre para Univisión es republicada por CONNECTAS gracias a un acuerdo de difusión de contenidos.
En los dos últimos años, al menos una mujer fue asesinada cada día en El Salvador, un país de 21,000 kilómetros cuadrados y seis millones de habitantes. De acuerdo a los datos del Instituto de Medicina Legal (IML), el total de homicidios de mujeres ascendió a 1,097 entre 2015 y 2016.
Esta historia, sin embargo, no es nueva. De 1999 a 2009 las muertes violentas de mujeres reportadas pasaron de 195 a 570, según la Organización Salvadoreña de Mujeres (ORMUSA). En 2010 el IML registró 568, cifra que aumentó en 2011 hasta 629. Esta situación, desde la década pasada, puso en pie de lucha a las organizaciones feministas para lograr el reconocimiento público y penal de la violencia específica de la que son objeto las mujeres. Esa que se sufre por el simple hecho de ser una mujer y que se encuentra como fundamento del asesinato de muchas.
Como explicó la reconocida activista feminista Morena Herrera, eso se debe en parte a que en la sociedad salvadoreña la violencia hacia las mujeres tiene una connotación sexual: “El hecho de tener un cuerpo de mujer es tener un cuerpo sexuado y eso significa tener un permiso social, que tolera, que no considera tan importante esos hechos de violencia y que se traduce en la posición subordinada que denunciamos. Porque está naturalizado que el hecho de tener un cuerpo sexuado significa tener un permiso social para poseerlo. Es cuerpo a ocupar la mujer”, le dijo a Univision Noticias.
El 1 de enero de 2012 entró en vigencia la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV). Este marco legal supuso un avance significativo en la lucha por la igualdad de derechos al perseguir penalmente una serie de acciones violentas que ponen en riesgo la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres.
Uno de los logros más importantes fue el reconocimiento del feminicidio como delito, castigado con penas de 20 a 50 años de cárcel. Con esto, El Salvador pasó a formar parte de los 15 países en América Latina que tienen una legislación contra el feminicidio. El artículo 45 de esa ley lo define como el asesinato de una mujer en el que “mediaron motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer”; y el artículo 46 lo tipifica como agravado cuando el autor es un familiar, autoridad pública o una persona de confianza para la víctima.
“La importancia de tener una ley que persigue el feminicidio es que nos permite echar mano de toda la teoría que ya existe y de la práctica, no solo para poner en marcha toda la normativa de derechos humanos sino también todo el marco antidiscriminatorio y visibilizar también los hechos de violencia que se revisten de una discriminación especifica por razón del sexo”, comentó Xochilt Bendeck, representante del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
Desde que esta ley entró en vigor en 2012, el número de denuncias tipificadas como feminicidio y feminicidio agravado han ido en aumento, con un ligero descenso en 2016 respecto al año anterior. El año pasado se contabilizaron 318 casos de feminicidios, 69 de ellos agravados.
Esto corrobora la importancia de la ley en el reconocimiento social de las muertes violentas de las mujeres por su condición de género. Pero demuestra que la persecución penal ha resultado insuficiente como elemento disuasorio, preventivo del delito. El Salvador sigue siendo uno de los países más letales para las mujeres.
Ese año, mismo en el que se dio la conocida tregua entre pandillas negociada con el gobierno, hubo 321 mujeres asesinadas y en 2013 fueron 218. Pero en 2014, con el rompimiento de la tregua, la cifra subió a 294. Durante el 2015 (573) y 2016 (524) el número casi se duplicó.
Para Xochilt Bendeck del ISDEMU, aunque la ley no es suficiente para atacar el problema, da herramientas a las instituciones para poder echar a andar políticas públicas y a las instituciones judiciales para mejorar el acceso a la justicia. Lo que hace falta, según esta funcionaria, es la prevención de las formas de violencia que generalmente anteceden a un feminicidio.
En El Salvador, visibilizar y concientizar sobre el feminicidio y otros tipos de violencia por la condición de género no es fácil. En un país donde el 90% de las víctimas de 6,640 homicidios en 2015 y 5,478 en 2016 son hombres, 400 o 500 mujeres asesinadas en un año no parece ser un problema relevante.
Pese a que el feminicidio es un crimen que se persigue por oficio, la probabilidad que un caso tiene de llegar a judicializarse y a obtener la condena de los culpables es casi nula. Entre 2013 y 2016, de 662 denuncias que la Fiscalía registró, solo el 5% llegó a un sentencia condenatoria.
Esta dinámica se cumple también para otros delitos en los que las víctimas son mayoritariamente mujeres y niñas. Por ejemplo, en el caso de la violación sexual, entre 2013 y noviembre de 2016, la Fiscalía reportó 8,464 denuncias. Solo el 25% llegó a la judicialización y aproximadamente el 10% consiguió una resolución condenatoria. La mayoría de víctimas tenía menos de 15 años. Para el mismo período las denuncias por violencia intrafamiliar fueron 7891; solo el 34% llegó a etapa de juicio y menos del 2% logró una condena.
“La violencia hacia las mujeres es un problema común”, dice Morena Herrera, “y el problema es que muchas mujeres lo callan por el tema de la vergüenza y la impunidad, la falta de acceso a la justicia. De nada sirve denunciar. Aunque ahora hay algunos espacios donde atienden, no resuelven, no hay atención eficaz. El nivel de desprotección es muy grande”.
La minorización y normalización de la violencia hacia las mujeres también se expresa en las argumentaciones que los jueces hacen al momento de valorar la tipificación de los delitos y emitir sentencias. Varios aún se niegan a aplicar la LEIV y fundamentan la impartición de justicia en prejuicios de género.
La resolución que absolvió a Manuel Dagoberto es un ejemplo de eso. El juez llegó a la conclusión que no solo no hubo pruebas suficientes para comprobar que el acusado apretó el gatillo, sino que tampoco las hubo para acreditar la existencia del delito de feminicidio agravado.
Hechos como que Manuel Dagoberto le proporcionó una tarjeta de crédito a la víctima, le compró un carro, le dio dinero para ropa y la llevó como acompañante a viajes de negocios resultaron ser prueba suficiente para determinar que no era posible que el imputado cometiera un feminicidio. La sentencia dictó que “por el contrario, lejos de estar sometida a inferioridad o violencia psicológica y económica, (la víctima) gozaba de buenas condiciones económicas, usaba carro, poseía tarjeta de crédito y si no se compraba sus cosas simplemente era porque no quería, pero no porque el imputado se lo prohibía, además su esposo la llevaba con él a los viajes de trabajo”.
Feminicidios: la guerra invisible que mata a 12 mujeres por día en América Latina
Cuba, el país donde los feminicidios no existen porque no se nombran
