Los países refugio de las víctimas de la violencia de El Salvador

Estados Unidos está dejando de ser el primer destino para los salvadoreños que emigran: Nicaragua, Costa Rica y Panamá son el nuevo hogar de los que huyen del país.

El acoso de las pandillas a las comunidades salvadoreñas obliga al desplazamiento forzado de cientos de familias. Foto: El Diario de Hoy.

La violencia cobra su precio, no sólo con la vida de los salvadoreños, sino con los amigos, familia y recuerdos en los que deja dolor y un desolador camino que los llevará a dejar su hogar, para huir de la muerte.

En algunos casos, el desplazamiento forzado comienza con una amenaza; con la constante exigencia de un pago para evitar ser atacados, o la desaparición o asesinato de un familiar y la posterior advertencia de que ellos serán los siguientes. A los sobrevivientes no les queda más que dejar El Salvador para salvar sus propias vidas.

La crisis de familias desplazadas por la violencia ha tomado más fuerza durante los cinco años e incluso ha comenzado a modificar los patrones de migración.

Mientras que Estados Unidos y México siguen siendo los principales destinos de quienes buscan oportunidades para mejorar su situación económica o para la reunificación familiar, para quienes huyen de la violencia, Nicaragua, Costa Rica y Panamá son las opciones más socorridas para solicitar refugio.

Este artículo fue realizado por El Diario de Hoy (El Salvador) y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.

El pasado 19 de octubre, organizaciones que conforman la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado (“La Mesa”) presentaron un informe sobre la situación en El Salvador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de datos obtenidos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se constató un aumento de peticiones de refugio por salvadoreños entre los años 2009 y 2014.

En 2009 se mantenían pendientes 9,751 solicitudes de refugio; al tiempo que 5,051 refugiados habían logrado obtener ese estatus.

Durante el año 2014, un total de 10,969 salvadoreños habían recibido el estatus de refugiado; en el mismo periodo hubo 18,037 solicitantes de refugio que, para ese período, aún se mantenían pendientes de respuesta.

El aumento de refugiados respecto a los de 2009 fue del 117%, mientras que el de solicitantes superó el 85%.

Los datos evidencian un incremento de las solicitudes de refugio de salvadoreños a otros países de Centroamérica durante el año pasado. Los casos pendiente de respuesta y salvadoreños con estatuto de refugio eran de 27,155 para Norteamérica, es decir México, Estados Unidos y Canadá.

Pero al mismo tiempo, los informes de ACNUR mostraron una concentración de casos en alcanzando los 1,241. Según ACNUR, Costa Rica tenía 478 casos, Panamá 335 y Nicaragua 223.

En países de Europa los casos eran 536, principalmente en Italia con 184 y Suecia con 155.

Los nuevos refugios

Solo entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, La Mesa ha atendido a 510 víctimas del desplazamiento forzado. Las víctimas se movilizaron dentro del país, pero al menos el 80% de los casos buscaba irse del país.

“Es complicado, porque nos toca valorar en qué caso hay un riesgo real de que la persona pueda ser asesinada, pero es bien difícil ver qué caso es más grave o qué otro”, expresó una abogada del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

El homicidio de un familiar y amenazas son las principales causas del desplazamiento, acumulando un 62% de los casos entre ambos factores. Entre los casos ha habido familiares de policías asesinados, que ni por ese motivo han logrado conseguir resguardo.

Muchos no esperan ni siquiera con el acompañamiento de entidades como el IDHUCA y la Iglesia Católica, y salen del país por su cuenta.

Quienes tienen la posibilidad, venden sus pertenencias y salen como una familia de vacaciones hacia los países vecinos, pero al llegar inician el proceso para solicitar refugio.

Otras familias deciden ingresar al sur de Centroamérica por puntos ciegos en las fronteras. y terminan quedándose de forma irregular, sin ninguna protección ante el temor de que rechacen sus solicitudes de refugio.

En Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el Servicio Jesuita para Refugiados ha estado recibiendo salvadoreños que han huido de la violencia y solicitan resguardo.

Cinco meses atrás, el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) comenzó a registrar un aumento de solicitantes.

“Son familias completas que producto de la violencia que están viviendo, el acoso generalizado que existe para sus hijos y para sus familias, ya no tienen de otra”, expresó la directora del Servicio en Nicaragua, Lea Montes.

Las familias que están recibiendo en Nicaragua tenían pequeños negocios en El Salvador y cuentan sus luchas para sobrevivir en la economía salvadoreña; los meses, e incluso años, teniendo que pagar cuotas por extorsión a las pandillas.

Aunque hay familias que llegan con fondos o ya tienen conocidos en Nicaragua, Montes dijo que también hay casos que han necesitado de ayuda humanitaria para poder alimentarse y tener un lugar donde vivir.

“Es bastante lastimosa la situación de las personas que están migrando sin ninguna ayuda económica en busca de guardar y salvar su vida”, señaló.

Pero el aumento de casos también conlleva la alarma de que se desborde la capacidad de atención de Nicaragua. “Vemos con preocupación que el gobierno pueda limitar estas solicitudes de refugio porque, en comparación a años anteriores, ahora es mayor”.

La única opción, huir

Aunque los desplazamientos internos siguen en aumento, moverse de un departamento del país a otro implica apenas una sensación de seguridad parcial, sino un acto inútil.

Organizaciones como el IDHUCA y la fundación de la Iglesia Católica, Cáritas, han comprobado que la organización de las pandillas dentro del país se ha vuelto tan precisa que les es fácil encontrar a una persona amenazada aunque haya huido a otra zona.

“Hemos tenido más de un caso que se refiere de una parroquia a otra parroquia, en otro departamento, pero la situación es tan grave, y tanto seguimiento a los casos le dan las pandillas, que saben a dónde se ha ido”, expresó Antonio Baños, director de Cáritas El Salvador.

El caso que marcó el involucramiento del IDHUCA con el tema del desplazamiento forzado fue el de la familia de Alison Renderos, asesinada en 2012.

La familia de la joven atleta tuvo que sobrellevar la noticia de que fueron las amigas quienes la entregaron a pandilleros para ser torturada y asesinada con la amenaza de que sus hermanas le seguirían.

Fue la misma Fiscalía General de la República la que llevó el caso al IDHUCA, para que auxiliara a la familia.

“Era necesario que estas personas salieran del país”, manifestó una de las abogadas que atendió el caso (su identidad se omite por protección).

La familia completa huyó, pero desde entonces, casos similares siguen llegando al IDHUCA.

“Esos niveles de violencia tanto en crueldad como en cantidad han ido en aumento. No es algo que allá al tiempo se ve un caso así, lo estamos viendo de forma más continua”, señaló la abogada.

En el río Acelhuate una madre encontró a su hija desaparecida. La niña de 15 años había muerto estrangulada. Días antes, pandilleros de la colonia donde vivían se habían llevado al hermano de 8 años, lo soltaron no sin antes hacerle preguntas sobre su hermana.

Después de encontrar el cuerpo de su hija, la madre sólo tenía la certeza de huir. Los asesinos eran vecinos y habían crecido al lado de sus hijos.

El caso también fue atendido por el IDHUCA, instituto que suele brindar la respuesta que las instituciones del Estado no logran dar a las víctimas de la violencia. Ni al realizar una denuncia hay opciones de protección.

“Sólo toman la denuncia (las autoridades), pero esas personas van huyendo, quieren protección inmediata, quieren irse de donde viven, quieren que sus hijos sean protegidos, pero nadie, nadie de parte del Estado les está dando la protección”, relató la abogada.

Estado debe reconocer crisis por desplazamientos forzados

En su presentación ante la ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado pidieron que la CIDH exprese su preocupación al Estado salvadoreño por los desplazamientos. También pidieron que se inste al Estado a reconocer la crisis.

“Uno de los grandes problemas es que el Estado no quiere reconocer que hay un problema de desplazamiento forzado, es grave. Si no reconocen esta problemática no hay políticas ni para prevenir, ni para atender a las víctimas”, sostuvo una abogada representante del IDHUCA.

Honduras es el único gobierno de la región que ha reconocido que la situación de violencia provoca el desplazamiento forzado; por lo tanto, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tiene una puerta más amplia para actuar.

Cáritas de El Salvador es la agencia socia de ACNUR en el país. Su director, Antonio Baños, reconoció que la agencia no está preparada para responder si la situación se desborda: “ACNUR depende de la voluntad de los gobiernos. Tiene que recibir una petición expresa del Gobierno”.

Sin el reconocimiento, se vuelve difícil obtener una posición oficial que valide la historia de los salvadoreños que están solicitando refugio en otros países debido a la violencia.

Sin protección

Los pandilleros que vigilan una colonia de Soyapango le exigen a una madre que les entregue a su hija. La niña apenas está entrando a la pubertad y a la madre le pudo más la ira, pues conoce a sus verdugos desde que eran niños, y los enfrenta. Ahora toda la familia está amenazada.

“No hay otra opción, nada más que irse”, musitó la abogada del IDHUCA, como un juez que dicta sentencia.

Al consultar a la directora del Servicio Jesuita en Nicaragua, Lea Montes, si las familias atendidas recibieron apoyo del gobierno salvadoreño, responde con otra pregunta: “¿Cómo te puedo contestar eso, cuando en una comunidad la autoridad, según lo que nos cuentan, no es el Gobierno, no son las instituciones públicas, son las pandillas?”.

Para Montes la situación que está viviendo El Salvador trasciende las capacidades del gobierno. Los salvadoreños no están huyendo por comodidad o por buscar un trabajo, lo hacen porque no quieren ser asesinados.

“Si el gobierno salvadoreño no reconoce como un problema el fenómeno del desplazamiento forzado por violencia, el ACNUR no puede actuar”, añadió Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes de El Salvador.

Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes en Centroamérica de la UCA El Salvador.

Frases

“La gente que está viniendo acá es porque no ve otras alternativas en otros lugares en el mismo San Salvador. Y eso es doloroso porque nadie le gusta dejar su tierra, sus comodidades”.  Lea Montes, directora Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua.

“Creo que estamos ante una emergencia, como un desastre, que está ahí latente y que está esperando a que el Estado tome las cartas en el asunto y no lo está haciendo”.  Jaime Rivas, investigador de la Red Jesuita con Migrantes.

 



La presente entrega de esta investigación fue escrita por Xenia González Oliva de El Diario de Hoy en El Salvador y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.

Deje un comentario

Por favor ingrese su comentario
Por favor ingrese su nombre acá