Venezuela, ¿la solución será electoral?

Tras el fracaso de la oposición para impedir la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el país queda ante el dilema de seguir en las calles o aceptar el desacreditado juego electoral propuesto por el oficialismo.

Imagen de elecciones en Venezuela, tomada de la página de la Mesa de la Unidad Democrática venezolana

La Mesa de la Unidad Democrática venezolana que actuó durante tres meses para oponerse a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro, pareciera resquebrajarse fácilmente ante los cantos de sirena planteados por el oficialismo.

Tras fracasar en su misión de impedir la instalación de la cuestionada constituyente, Acción Democrática, uno de los partidos tradicionales de Venezuela, anunció que participará en las elecciones de gobernadores de diciembre de este año. Según su secretario general, Henry Ramos Allup, la organización también se inscribirá en los comicios municipales y presidenciales de 2018, aun cuando el árbitro electoral sea el mismo al que acusa de cometer irregularidades.

Así, de manera muy rápida empiezan a aflorar los intereses de cada una de las 19 organizaciones políticas que componen la MUD, que se imponen sobre el espíritu monolítico que adoptaron momentáneamente. Un espíritu de bloque que los mantuvo en las calles por más de 100 días, que descartó el diálogo y que los unió en contra de un proceso que consideraban ilegal.

El aviso de Ramos Allup llegó horas después de que el polémico proceso de elección de los constituyentes fuera tildado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, como “el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica en porcentaje y millones de votantes”. Y como “fraude constituyente” por la propia liga opositora. Además de haber sido desconocido por Estados Unidos, España y ocho países latinoamericanos.

Incluso el presidente de la compañía encargada del conteo de votos el 30 de julio, Smartmatic acababa de denunciar la manipulación del resultado. Esta empresa ha sido contratada por el gobierno desde 2004 para suministrar los equipos para el voto electrónico, con el que el régimen ha buscado dar garantías de transparencia en los numerosos procesos que ha celebrado el país caribeño.

Por su parte, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció la calificó de “inmoral Constituyente presidencial”. Así como un grupo de diputados de la Asamblea Nacional denunció a las rectoras del poder electoral ante la Fiscalía por las irregularidades del proceso.

Ante los señalamientos contra la elección de los constituyentes y la creciente desconfianza hacia el árbitro electoral, voceros del sector más radical de la oposición consideran al anuncio de Acción Democrática como una traición a quienes desde la calle han pedido una solución rápida como lo sería la revocatoria al mandato del presidente Maduro, y no electoral.

Acción Democrática, sin embargo, no es la única voz que asoma una salida electoral a la crisis. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, afirma que las irregularidades de la elección de la Constituyente se produjeron porque se trató de una elección atípica: sin testigos de la oposición ni auditoría. León considera que en unas elecciones regulares (como las regionales, municipales o presidenciales), vigiladas por más ojos, de distintos bandos políticos, todo lo denunciado no ocurriría.

No es un detalle menor que la victoria más contundente de la coalición opositora en la era chavista-madurista, la logró por la vía de los votos en diciembre de 2015. En aquella jornada, a la que también se llegó con cuestionamientos a la parcialidad del árbitro electoral, la Mesa de la Unidad Democrática se apoderó de tres quintas partes de la Asamblea Nacional y le sacó más de dos millones de votos de ventaja al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela. Triunfo que llegó casi dos años después del recordado febrero de 2014, cuando se desató una ola de protestas que dejaron como saldo a más de 40 muertos. Lo que provocó el desánimo en las filas opositoras por no haber forzado un cambio de gobierno.

Tras tres meses de protesta casi continuos este 2017, la liga opositora encara un escenario similar a ese que dejó 2014: muertes, represión, presos políticos, y pocos resultados que mostrar a partir de la toma de las calles. Así como el fracaso en sus intentos de cambiar o normalizar el funcionamiento del Estado desde la Asamblea Nacional. Entre las más recientes tentativas parlamentarias fallidas está el haber nombrado a 33 nuevos jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que acabaron como perseguidos políticos del gobierno de Maduro. Tres están en prisión y ocho asilados en embajadas extranjeras.

Con ese panorama y esos antecedentes, no suena descabellado que cada vez más voces y dirigentes se sumen a la idea de participar en las elecciones venideras (otra posibilidad de probar quién es mayoría en el país, y que sí figura en la Constitución vigente) y que la oposición cierre un ciclo similar al del pasado: calle-diálogo-elecciones. Su reto es conseguir que esos comicios se desarrollen en igualdad de condiciones con su adversario, que la Asamblea Nacional Constituyente no cambie las reglas del juego o que, vía inhabilitación, deje fuera de combate a los eventuales candidatos. Mantener la unidad en esta coyuntura, algo que le ha dado rédito en el pasado no tan lejano, puede ser crucial.

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