Las regulaciones y leyes que benefician a la industria del etanol fueron en los dos últimos años motivo de una dura confrontación en el capitolio de Estados Unidos en Washington entre industriales y ambientalistas. En especial dos de ellas: el Renewable Fuels Standard (RFS) que establece un porcentaje mínimo por año de uso obligatorio de etanol y otros biocombustibles en mezcla con la gasolina, y el Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC), un impuesto favorable, que por años, le dio una ventaja a la industria estadounidense. Al final, la industria del etanol ganó la batalla por conservar el RFS, pero los ambientalistas ganaron tambiénal acabar con el VEETC.

En América Latina, la lucha es por mantener una cuota obligatoria del biocombustible en mezclas con la gasolina. En los países de la región la industria ha sido exitosa en garantizar préstamos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, cuyos préstamos superan los 1.400 millones de dólares en los últimos ocho años. Recursos empleados para desarrollar el sector y mantenerse a flote. Otra estrategia que la industria usa para llegar a los pasillos del poder es el financiamiento de campañas electorales.

"El cabildeo del maíz en Estados Unidos–materia prima del etanol- es uno de los más grandes y más poderosos. Tienen bolsillos profundos y gastan mucho dinero en el Congreso para dar a conocer sus metas", dice Michal Rosenoer, una de las jugadoras clave designada del lado de los ambientalistas. Ella supervisaba políticas de biocombustibles en Friends of the Earth, organización que hasta septiembre de 2012 ya tenía reportados 18 mil dólares pagados en cabildeo para ese año.

Mientras los ambientalistas pelean contra el etanol, la batalla de la industria del biocombustible es contra la industria petrolera.

"El gobierno de Estados Unidos, según la Congressional Budget Office, gastó 52 mil millones de dólares en subsidios petroleros en 2011. Por eso, a mí me hace reír por un lado, y me pone muy molesto por el otro, cuando el gobierno continua subsidiando a la industria más rentable del planeta y estamos teniendo una discusión sobre la industria del etanol", argumentó Bliss Baker de la Global Renewable Fuels Alliance, una asociación internacional que representa a los productores de combustibles renovables alrededor del mundo.

El New England Center for Investigative Reporting y Connectas revisaron los registros existentes en Estados Unidos, Brasil, Perú y Colombia sobre empresas y asociaciones vinculadas al mercado del etanol, los préstamos de organismos multilaterales, contribuciones a campañas políticas y el gasto en lobby, para evaluar cómo la industria está ejerciendo su poder para impactar en las políticas públicas.

Toda la información del cabildeo en Estados Unidos proviene de los registros del Center for Responsive Politics, que recoge los reportes oficiales del lobby realizado en Washington, y fue procesada con el apoyo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology.

Esta investigación encontró que al menos 5.980 organizaciones o compañías han hecho cabildeo en temas relacionados con el etanol desde el año 2000. Entre éstas, al menos 37 forman parte de los principales lobistas del lado de la industria del biocombustible.

Encabezando la lista de las organizaciones vinculadas con el etanol, que más han invertido en lobby desde el año 1998 se encuentran: National Farmers Union con 14 millones de dólares, National Corn Growers Association y Renewable Fuels Association cada una con ocho millones de dólares y Growth Energy con cinco millones, una organización que recién se creó en noviembre de 2008 e inició sus actividades de cabildeo en esa época.

En 2012 el RFS, fue tema central de discusión en el Congreso y el Senado. Allí se dió una inversión aproximada de 17 millones de dólares a favor o en contra del Renewable Fuels Standard, según los registros de lobby.

Michael McAdams, presidente de la Advanced Biofuels Association, dice que para ellos "el Renewable Fuels Standard es el Santo Grial. Es la piedra angular de la política de cooperación entre el gobierno federal y la industria de los biocombustibles avanzados".

Por su parte Craig Cox, del Environmental Working Group, alega que el RFS es la principal preocupación de los ambientalistas y el foco de su lobby y oposición.

"El mandato es ahora la única política federal real influyente, así que ese es nuestro objetivo real", dijo Cox.

Impuestos y subsidios
En 2011 otros temas centrales del cabildeo fueron el Volumetric Ethanol Excise Tax Credit (VEETC) y los impuestos al etanol importado a Estados Unidos.

El VEETC, un incentivo fiscal que otorgaba 0,45 centavos de dólar por cada galón de etanol utilizado en la mezcla con la gasolina, costaba alrededor de seis mil millones de dólares anuales a los estadounidenses según la United States Government Accountability Office. En esta puja, la balanza se inclinó a favor de los ambientalistas.

Para ese año tuvieron varias campañas contra la renovación de esta ley. Los ambientalistas consideran que el etanol de maíz no hace grandes aportes al medio ambiente y afecta tanto los precios de la comida como la cadena de comida, porque la materia prima del etanol –maíz- sirve como comida para las personas y alimento para el ganado. Este argumento también ha sido apoyado por organizaciones como Oxfam y el New England Complex Systems Institute, una institución educativa y de investigación académica independiente.

"Básicamente Friends of the Earth con otros grupos clave como Action Aid, Environmental Working Group, los grupos de ganaderos y algunos conservadores nos aliamos y dijimos que el impuesto era malo para los consumidores y para el medio ambiente. Fue una gran ocasión para la industria petrolera apoyar esto", cuentó Michal Rosenoer, que era la especialista en biocombustibles de Friends of the Earth.

Las fuerzas pro etanol han argumentado que el porcentaje de maíz utilizado en Estados Unidos para la producción del biocombustible es bajo. "Sólo tres por ciento de la cadena de suministros de granos del mundo fue usada por la industria del etanol en 2011 y 2012 y la cantidad de granos disponibles para usos distintos al del etanol tuvo un récord", reporta la Renewable Fuels Association en un aviso de la página web de la organización.

Rosenoer cuenta que cerca de la fecha de la victoria para los ambientalistas, cuando era claro que la balanza se inclinaría a su favor, representantes del lado del etanol cambiaron su postura y comenzaron a decir que se trataba de una industria madura, que no necesitaban más del impuesto.

"Cuando una industria comienza a cantar victorias por perder una gran cantidad de dinero, sabes que realmente perdieron", dijo Rosenoer.

En su intento por salvar el VEETC la industria del etanol colocó alrededor de nueve millones de dólares, según los registros revisados por el New England Center for Investigative Reporting y Connectas.

La otra batalla por la tarifa –a favor y en contra de un impuesto sobre el etanol extranjero diseñado para proteger a la industria americana-, colocó a compañías internacionales en contra de los negocios americanos de etanol. En 2011 Brasil logró una victoria importante con la no renovación del impuesto.

El impuesto –diseñado para promover la producción de etanol en Estado Unidos- colocaba una tarifa al biocombustible importado que incluía al procedente de Brasil. Esta ley expiró en 2011 gracias en parte al lobby hecho por la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (União da Indústria de Cana-de-Açúcar – Unica) en 2010 y 2011.

Unica, que está conformada por empresas productoras de azúcar y etanol en Brasil, tiene firmas de lobby en Washington y Bruselas desde 2007, según cuenta Leticia Phillips, representante de la oficina de Estados Unidos.

Su trabajo, ha sido dar a conocer el etanol de Brasil en Estados Unidos, romper mitos sobre el etanol de caña de azúcar de Brasil y "educar a los legisladores, que no conocen sobre la industria", dijo Phillips.

Leticia Phillips explicó los esfuerzos de cabildeo de su organización.

"Fue un trabajo de explicar quiénes somos y qué hacemos a aquellos que no comprendían o no conocían la industria. Y yo creo que este fue el trabajo –el buen trabajo- que hicimos con nuestra firma de lobby, poner junta una estrategia donde nos sentamos con esta gente y explicamos desde su punto de vista los beneficios de esto. Fue un proceso muy sencillo", explicó Phillips.

Entre 2010 y 2011, Unica invirtió en el lobby realizado en Estados Unidos más de quinientos mil dólares, buena parte de esto para acabar con la tarifa sobre el etanol importado.

De las empresas internacionales de la industria del etanol, Maple Etanol de Perú también acudió a Estados Unidos a hacer lobby para lograr inclinar la balanza a su favor en acuerdos comerciales.

Entre 2009 y 2010, la empresa productora de etanol en Perú, invirtió al menos 70 mil dólares en cabildeo para la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú y el Acta de Seguridad e Independencia Energética, que tiene entre sus objetivos incrementar la producción de combustibles renovables limpios.

Apuestas locales
En Colombia y Brasil, las compañías productoras de etanol también han invertido en el apoyo a campañas electorales, que van desde concejales y alcaldes, hasta presidentes.

En Brasil, para las últimas elecciones de concejales y alcaldes en el año 2012, los registros del Tribunal Supremo Electoral, muestran que los industriales del etanol hicieron al menos una inversión de dos millones 707 mil dólares. Los candidatos del estado de Sao Paulo fueron los más beneficiados, que recibieron 50 por ciento de los aportes. Ésta es una de las zonas donde más se produce etanol en el país.

Copersucar y el Cosan Group, que se encuentran entre las empresas más fuertes del negocio de etanol en Brasil fueron las que hicieron los aportes más sustanciosos. Copersucar, junto con su conglomerado de socios, otorgó alrededor de 525 mil dólares. Cosan, por su parte, dio a los candidatos una suma de 422 mil dólares.

Del lado colombiano, los aportes han sido menores. Los registros de la base de datos de la organización de periodistas Consejo de Redacción muestran que entre los años 2002 y 2010 las principales empresas productoras de etanol (Manuelita, Mayagüez y Ingenio Risaralda en el mismo equipo) hicieron contribuciones que alcanzaron casi los 160 mil dólares.

Los aportes en elecciones regionales corresponden a candidatos de la zona del Valle del Cauca, donde se produce etanol. En las presidenciales de 2002 entregaron fondos al expresidente Álvaro Uribe Vélez (alrededor de 40 mil dólares) y a su contendora Noemí Sanin Posada (alrededor de 10 mil dólares). Los aportes se hicieron un año después que se aprobara la ley a favor de los biocombustibles.

En América Latina, los industriales del etanol también han logrado recibir financiamiento a través de créditos blandos, caracterizados por ofrecer bajas tasas de interés para favorecer una inversión. Entre el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF han otorgado al menos 1.400 millones de dólares en créditos desde el año 2005 para desarrollar proyectos ligados a la industria del etanol en la región.

Brasil, Colombia, Perú, Guatemala, Nicaragua, Suriname, México y El Salvador, son los que han recibido este tipo de apoyo.

Encabezando la lista de receptores de créditos blandos, se encuentra Brasil con 70 por ciento del valor total (988 millones de dólares) de créditos otorgados por los organismos multilaterales. Entre las compañías beneficiarias está una de las líderes en el mercado, Cosan, así como USJ Açúcar e Álcool, Vale do Paraná e Ituiutaba Bioenergia.

Según registros del Banco Mundial, la compañía del proyecto USJ Araras, que recibió 65 millones de dólares en créditos; reportó en 2011, 4.391 empleos directos y el pago de 7.8 millones de dólares en impuestos y tarifas a las autoridades gubernamentales.

El segundo país en recibir financiamiento por esta vía es Perú. En este caso, recibió 130 millones de dólares en créditos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina CAF. El dinero fue para un único proyecto: la construcción de una planta productora de etanol a cargo de la firma Maple Etanol.

Este proyecto, aprobado entre los años 2007 y 2009 recibió denuncias de los habitantes de Piura. En 2008 los pobladores de Ignacio Escudero, el Arenal, la Huaca y la comunidad campesina de San Lucas de Colán reclamaron por irregularidades en el proceso de venta de tierras por parte del gobierno regional a las empresas Maple Etanol y Caña Brava para el proyecto de obtención de etanol que perjudicaría el uso agrícola de las tierras y el uso del agua.

Registros de la defensoría de Perú indican que hasta 2010 no hubo diálogo entre ambos lados. Sin embargo, el reporte número 57 del año 2008 del departamento de conflictos sociales de la defensoría indica que Maple anunció que consideraría devolver las tierras a la comunidad y que la comunidad tenía la voluntad de dialogar con la compañía sobre esto. No se hizo más referencia a este asunto y desde 2012 Maple produce etanol en Perú.

La Corporación Internacional Financiera del Banco Mundial indica que el Compliance Advisor Ombudsman (CAO por sus siglas en inglés) está a cargo de hacer seguimiento y revisar los proyectos a los que les han otorgado fondos. El asesor revisa las denuncias de las poblaciones que creen que se han visto afectadas por el proyecto y busca brindar soluciones a estas situaciones.

El caso de Maple Etanol en Perú fue investigado por el CAO desde 2010 y cerrado en mayo de 2012. En el proceso promovieron diálogos entre la empresa y los representantes de la comunidad para llegar a acuerdos en común. No todas las disputas se resolvieron, pues la comunidad se retiró del proceso en agosto de 2011. Después de dos años, el asesor concluyó que el caso no ameritaba una auditoría del Banco Mundial y lo cerró sin más acciones.

En 2013 se espera que la batalla en torno al etanol continúe. Las organizaciones y empresas ya están preparadas. El Renewable Fuels Standard, que no fue eliminado en 2012 después de una larga batalla, permanecerá como política y continuará siendo parte del debate en Washington.Otros temas como la inclusión o no del combustible con un mínimo de 15 por ciento de etanol en la gasolina de Estados Unidos formarán parte de la agenda.

Las organizaciones y empresarios no han bajado la guardia. Desde ambos lados manifiestan estar listos y comenzaron a establecer sus posiciones desde la reelección de Obama como presidente el pasado noviembre.

Refiriéndose al Renewable Fuels Standard y el nuevo congreso, Bob Dinneen, presidente de la Renewable Fuels Association dijo a los medios de comunicación:

"Estamos esperando audiencias. Estamos esperando ataques. Estamos listos para todo eso". Las apuestas están abiertas.