En total el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) en su más reciente informe sobre violaciones laborales en México contabiliza “172 trabajadores del carbón” que han muerto de 2006 a la fecha “y casi 2 mil mineros del carbón desde hace un siglo”.
Imagina que trabajas a más de 100 metros de profundidad. Que debes permanecer en cuclillas ocho o diez horas. Imagina que tienes riesgo de intoxicación por gas metano, que no puedes proteger tus ojos con lentes porque el polvo del carbón los empaña y no te deja ver. Tampoco puedes usar tapones para los oídos porque te impedirían escuchar si algún muro se rompe por la presión del agua subterránea. Imagina que esa es la única opción que encuentras para llevar unos 80 pesos para comer en casa, porque eres minero y así te ganas la vida en la región semidesértica de Coahuila.
Cientos de coahuilenses viven así y son explotados laboralmente en pocitos. Se trata de minas verticales de entre 50 y 150 metros de profundidad por un metro y medio de diámetro, a las cuales entran por medio en un tanque de acero tirado de un estrobo o barril, el cual también sirve para salir y llevar a la superficie el carbón que sacan de las entrañas terrestres. Tan solo entre 2011 y 2014 han perdido la vida 67 personas en las minas de esa entidad, según constata el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) en su más reciente informe sobre violaciones laborales en México. En total, contabiliza “172 trabajadores del carbón” que han muerto de 2006 a la fecha “y casi 2 mil mineros del carbón desde hace un siglo”
Esta investigación fue realizada por El Universal de México y es republicado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación del ICFJ en alianza con CONNECTAS.
En total, el gobierno mexicano ha reconocido ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la existencia de 297 pocitos en activo y 266 abandonados, en 2012.
A estos datos se suman los que el gobierno mexicano entregó a la OIT al señalar que no contaba con cifras estadísticas sobre cuevas o ‘minitas de arrastre’.
Lo anterior fue expuesto también en el XVII Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales en 2013 y a datos del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) 2014.
Durante el último sexenio panista, el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, reconoció en 2012 –de acuerdo al boletín del Frente de Trabajadores de la Energía de México–, que ya sabían de la existencia de “290 pocitos en activo”, pero no habían tenido datos concretos de dónde estaban y cómo llegar a ellos, debido a que “se abren constantemente y migran de un día para otro”.
Los daños
Una de las damnificadas es Laura Sifuentes. En 2011, perdió a su marido, su hermano y su primo en un pocito de la empresa Bimsa donde murieron 14 trabajadores y un menor de edad perdió un brazo. El pozo, asegura, pertenecía a familiares del ex gobernador del estado Rogelio Montemayor. “Nunca castigaron a los culpables”.
Fernando Lopes es secretario general adjunto de Industriall Global Union, que representa 50 millones de trabajadores de la minería en 140 países. Mientras almuerza en un restaurante de Ginebra, Suiza, vía Skype comenta que en muchas naciones hay pésimas condiciones de trabajo y, aunque la minería artesanal es ilegal en muchos sitios, la gran mayoría de los mineros trabaja en ella. En Ghana, África, por ejemplo, los sindicatos tienen 5,000 miembros que trabajan en compañías establecidas, mientras que hay un millón de personas que viven de la pequeña minería. En México, cree que hay bandas que usan la pequeña minería “para hacer lavado de dinero”.
En Coahuila también hay otro tipo de extracción artesanal: cuevas hechas en las paredes de minas abandonadas o de terreros, es decir, restos de tierra de las grandes minas donde ya se había extraído carbón. Se les llama minitas de arrastre y son más peligrosas que los pocitos, asegura Cristina Auerbach, quien, a partir de la explosión de la mina Pasta de Conchos, en 2006, comenzó a defender el derecho de los mineros a una vida laboral digna, porque, como asegura el CEREAL, “la violación sistemática de los derechos humanos laborales en la región ha configurado una crisis humanitaria”.
Un 99% de los trabajadores que laboran en pocitos o minitas de la región carbonífera, no tiene representación sindical, documentó el investigador Manuel Fuentes Muñiz, quien representa a mineros que han denunciado ante la autoridad la violación de sus derechos laborales.
En México, los sindicatos “democráticos” tienen una “fuerte” presión del gobierno, de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), añade Lopes. “Está claro que hay una resistencia del Estado para hacer cumplir leyes”.
Pagan 100 pesos la tonelada
A pesar de todo, la minería tradicional no es ilegal en México; lo que está fuera de la legalidad son las condiciones de los trabajadores, analiza el doctor Fuentes. Guillermo Samarripa trabaja en una minita y comenta que a cada carbonero le pagan 100 pesos por tonelada y, al completar 25 toneladas, les dan un premio de 150 pesos. Estas minas de arrastre no deben de alcanzar una profundidad mayor a 100 metros, acusa. Pero “en la que yo ando, tiene una profundidad de 200 metros si no es que más”. Los patrones “se enriquecen por uno y uno es el que saca el material ése”.
También las grandes empresas y los países ricos que generan energía a partir del carbón se benefician de la explotación de este mineral, informa Lopes. Alemania y Holanda, entre otros, lo compran “para mantener su generación de energía” a un precio menor. “Alemania es el primer comprador de carbón de México para producción de energía”.
En 2012, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, llevó el asunto a la Cámara; expuso que este tipo de explotación “es una manera de lavar dinero mediante compañías legalmente constituidas que ante este tipo de hechos vieron una gran oportunidad de adquirir el carbón a menor costo y venderlo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi)”, organismo público creado por el gobernador de Coahuila en 2003.
Desde 2010 existe un Manual de procedimientos para la asignación de contratos de abastecimiento de carbón para los pequeños y medianos mineros de carbón del estado de Coahuila, con el fin de “reactivar la economía de la Región Carbonífera” y abastecer a las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II de la CFE. Una de las obligaciones que establece la Prodemi para celebrar un contrato con mineros del carbón es que se deben hacer “visitas a cada área de exploración”.
Lo que en verdad sucede, revela el CEREAL, es que los propietarios abandonan temporalmente los pozos “para simular que no están en operación”, ya que son avisados por “algunos inspectores” de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y “sobre todo” de la Secretaría de Economía.
Para Cristina Auerbach, tras algunas cuevas está Grupo México –dueño de la Mina Pasta de Conchos–, que subcontrata varias empresas. Asimismo, afirma que del lado de esta compañía está Montemayor, quien “trabaja para Grupo México”, pero no figura públicamente, ya que “son sus hijos y sus sobrinos” quienes tienen los negocios. Ya desde 2009, el diputado José Antonio Almazán había mencionado ante los diputados la relación de él con Grupo México. Aseguraba que el ex gobernante es “prestanombres y asesor” de la empresa.
El Frente de Trabajadores de la Energía señala como propietario de algunos pocitos a Federico Quintanilla Riojas, ex alcalde del municipio de Progreso, donde en 2012 ocurrió un accidente que mató a siete trabajadores. “La mina había sido clausurada por la STPS por no tener salida de emergencia. Sin embargo, la omisión no se corrigió y pese a ello volvió a funcionar. Había sido inspeccionada 16 veces por la STPS y se le había impuesto ya una multa económica”.
La ruta carbonífera
“Al trabajador se le paga de $40 a $100 pesos la tonelada”, explica el legislador Mejía.
Sin embargo, los pequeños productores “venden a Prodemi la tonelada de carbón a 910 pesos” o también ocurre que los intermediarios o “coyotes”, mediante extorsiones, “obtienen los códigos de CFE y, sin ser productores o tener minas, le compran a pequeños propietarios de carbón, que sin ‘pedido’ no tienen más remedio que venderles dicho mineral en un precio oscilado entre 400 y 550 pesos, para luego revenderlo al precio normal pero en connivencia con personal de Prodemi”, explicó el mismo legislador.
*Este reportaje fue realizado por Lilia Saúl, Saúl Hernández y Carlos Antonio Gutierrez para El Universal, México, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists (ICFJ) en alianza con CONNECTAS.
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