Las batallas después de la paz

Los obstáculos en la implementación de los acuerdos del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC recuerdan las dificultades que hubo en procesos similares como en Guatemala y en El Salvador, donde la poca capacidad de las instituciones dejaron las promesas en el papel y perpetuaron las causas por las que iniciaron los conflictos armados en ambos países.

combatientes del erp en el norte de morazan en Perquin jul 90

Han pasado cuatro meses desde que se ratificaron los acuerdos de paz con la guerrilla colombiana de las FARC, y las dificultades que ha tenido el gobierno del Juan Manuel Santos para cumplir lo prometido es noticia permanente. Desde la muerte de líderes sociales y la poca capacidad del Estado para evitar nuevos conflictos en los territorios que antes controlaba la guerrilla, hasta las adecuaciones de los campamentos donde se concentran los guerrilleros, exponen que más allá de los anuncios y las pomposas ceremonias, llevar a la práctica estos acuerdos requieren una maquinaria humana, política y económica que parece no existir.

Lo sorprendente es que estas fallas apuntan principalmente a los puntos pragmáticos del acuerdo, y si ahí no funciona, ¿qué pasará con los puntos ideológicos?

En acuerdos como el de El Salvador, a pesar de la reforma al sistema electoral, la disminución del poder de las fuerzas armadas y la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos, hoy en día se sigue viviendo con altos niveles de violencia, solo que ahora el origen de esta amenaza no es político sino meramente criminal.

En un país de un poco más de siete millones de personas, existen organizaciones criminales conformados por más de 60.000 pandilleros, consecuencia de las mismas causas que llevaron al país a la guerra civil.

Aunque los temas sociales y económicos no fueron parte de la negociación del Acuerdo por temor a la prolongación del proceso, sí se acordó la creación de un Foro Económico y Social conformado por la sociedad civil, la empresa privada y el gobierno, que se desintegró a los cuatro meses de haber sido conformado.

Las políticas económicas instauradas después de la guerra aumentaron la brecha de desigualdad que ya era profunda por los altos niveles de pobreza. Además, pasó por un posconflicto cargado de impunidad, gracias a la entrada en vigor de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, y declarada inconstitucional en 2016 por ser “contraria al derecho al acceso a la Justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales”.

Según el exmilitante del FMLN y negociador en el proceso con las FARC, Roberto Cañas, una de las grandes debilidades políticas del nuevo partido creado después de la firma en El Salvador por los excombatientes, fue la forma como se fundió en el sistema y no procuró acciones para modificar la forma de gobierno del país, o ampliar los derechos para los movimientos políticos, como pasa en Colombia.

Otro de los factores determinantes para frenar la correcta implementación de lo pactado son las prácticas de corrupción, normalizadas en varios países del continente. Solo en El Salvador, los tres últimos presidentes están siendo investigados. En el caso de Guatemala, en 2015 fueron encarcelados el ex presidente, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta, Roxanna Baldetti, por lavado de activos y cooptación del Estado.

Una de las luchas más intensas que tuvieron que enfrentar los guatemaltecos durante su posconflicto tuvo origen en el mismo gobierno, liderado por el ex dictador Efraín Ríos Montt, quien recibió una condena por el etnocidio contra el pueblo Ixil en 2013, que fue anulada posteriormente.

La continuación de la violencia en el país quezalteca, que hoy ocupa el puesto 114 en el ranking del Índice Global de la Paz de 2016 (siendo 1 el país más pacífico), fue en parte responsabilidad de un gobierno militarizado y untado de mafia. Pero además, por policías y militares, que una vez firmada la paz, entraron a conformar bandas delincuenciales que llevaron los índices de homicidios de veinticuatro cada cien mil habitantes en 1998, a cuarenta y ocho en 2009.

Si algo se aprendió de los acuerdos de El Salvador y Guatemala es que firmar un papel no es garantía de paz en un país que ha vivido en guerra. Sobre todo si no se trabaja de manera integral el origen de los conflictos.

Según Jesús Núñez, director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), en entrevista para Eldiario.es, señaló que aunque llegar a un acuerdo ya es admirable, “asusta pensar que Colombia es un país en el que hay más territorio que Estado”.

Paradójicamente, en el caso de Colombia es la guerrilla quien ha cumplido con juicio lo pactado, mientras la administración pública ha demostrado a través de su gestión, que como en El Salvador y Guatemala, hay territorios gobernados por grupos armados al margen de la ley que han tenido la soberanía sobre rincones del país donde la conciliación no ha llegado y parece que aún se demora.

Está en los líderes del ejecutivo y el judicial enfrentar las partes vulnerables de su gestión, aceptar que firmar un acuerdo no acaba con la violencia y que las enseñanzas de otros países podrían ayudar a no caer en la trampa que puede ser una paz de papel.

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