¿La rebelión de los “narcoestados”?

El incremento de los cultivos de coca en Suramérica y las reciente medidas políticas de Estados Unidos abren el debate sobre si se incrementará aún más la narcotización de las relaciones con el coloso del Norte, o si la región empezará a marcar distancia con vías alternas para combatir este problema.

La Policía Nacional de Colombia escolta a erradicadores de coca. Fotografía fechada en 2008 por William Fernando Martinez/AP y con licencia Creative Commons, tomada de la cuenta Flickr de la Policía Nacional de Colombia

Por más de treinta años la agenda continental americana ha estado marcada por la guerra contra las drogas, política impulsada desde Estados Unidos. Sin embargo, ahora se conoce que los cultivos de coca en la región están en su máximo histórico y eventos como el ingreso del vicepresidente de Venezuela, Tarek Al Aissami, a la Lista Clinton señalan que el problema del narcotráfico continua, pero está por verse si las medidas que se tomarán serán las mismas o se asumirán nuevas posturas.

En el informe anual presentado en marzo de 2017 por la Oficina de Estado norteamericana, se lee que Estados Unidos sufre actualmente la peor crisis de drogas que ha tenido desde los 80. Esto como consecuencia del aumento del consumo de estupefacientes, especialmente heroína y otros opiáceos, que llegan en su mayoría de México, de donde se estableció que sale entre el noventa y noventa y cuatro por ciento de lo que se trafica en el país.

La situación, que podría alentar el recrudecimiento y la narcotización de las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Trump y varios de los países de la región, también destapa y pone sobre la mesa nuevas posturas de países azotados tradicionalmente por la violencia del narcotráfico como alternativa para superar sus propias crisis.

En el caso de Bolivia, tercer productor de coca en el mundo, el presidente Evo Morales ha promulgado la Ley General de la Hoja de Coca, que modifica la legislación que había estado vigente por 29 años, ampliando la extensión legal de cultivos de coca de doce mil hectáreas a veintidós mil, una cantidad que se aproxima a la ya existente. Esto, apelando al carácter ancestral y místico que tiene la planta para la población indígena de los Andes. Morales señaló: “Es el momento de enterrar la Ley 1008 (vigente desde 1988 e impulsada por Estados Unidos), que buscaba cero coca en Bolivia”.

A pesar de que la ley ha sido criticada por la oposición, que teme ante la posibilidad de que Bolivia se convierta en un “narcoestado”, y la polémica que hay contra el presidente -que además de ser dirigente indígena cocalero desde sus inicios políticos, se prepara para reelegirse por cuarta vez en las próximas elecciones de 2019-, el zar antidrogas de Bolivia dice que la medida busca sobre todo tener control sobre las áreas cultivadas y evitar “excedentes que alimenten el narcotráfico”.

La actitud desafiante de Evo Morales contra Estados Unidos no es nueva y se viene reforzando durante los últimos meses. Ya en agosto de 2016 había inaugurado la Escuela de Comando Antiimperialista General Juan José Torres, que busca entrenar militares para enfrentar las posibles afrentas que las potencias económicas y políticas del mundo puedan tener contra el país suramericano.

Por otro lado está el caso de Colombia, donde desde 2012 – el año en el que se registró el menor número de hectáreas de coca cultivadas en el país -, se presentó un aumento estimado de un 80 por ciento de cultivos ilícitos y se habla de unas doscientas mil hectáreas cultivadas actualmente, el número más alto en la historia del país.

El fenómeno se atribuye a varios factores, dentro de los que se destaca el decrecimiento de las operaciones de erradicación -especialmente de las fumigaciones con glifosato, después de la polémica por afectación de salud a campesinos en zonas fumigadas- desde 2013, durante el periodo de negociación con la guerrilla recién desmovilizada de las FARC. También se habla de una diminución de hasta el sesenta por ciento del presupuesto que el gobierno colombiano dirigía a la erradicación manual, y existe una hipótesis no comprobada que apunta a señalar que antes de la desmovilización, los altos mandos de las FARC incentivaron el cultivo de coca entre campesinos bajo la justificación de que esas serían las tierras más beneficiadas con subsidios e inversión durante el posconflicto.

La situación es preocupante desde hace varios años. Según un artículo de El Tiempo, el gabinete de Obama hablaba en privado con el gobierno colombiano sobre la situación, pero frente a los nuevos resultados en el informe de este año, el escenario cambia. Sin embargo, el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico Internacional afirmó que Colombia es quizás el aliado más cercano que tiene Estados Unidos en el hemisferio, y que aunque la situación es complicada, ambos países están trabajando juntos para resolverlo.

Para buscar una solución a esta crisis, el presidente Santos nombró recientemente al General retirado de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, quien también fue negociador plenipotenciario del proceso de paz con las FARC, como vicepresidente del país. La intención es que Naranjo no solo lidere la lucha contra las bandas criminales, sino que busque medidas de control al aumento de los cultivos ilícitos.

Aunque Colombia ha sido un país muy juicioso en la tarea impuesta por la lucha bandera de Estados Unidos, también viene presentando varias propuestas alternativas para combatir el lastre que arrastra desde principio de los años 80, como uno de los países más violentos y golpeados por el narcotráfico en el mundo. Así lo manifestó el presidente Juan Manuel Santos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016.

Algunas de las propuestas presentadas hablan de flexibilizar las formas como se aplican las acuerdos sobre las drogas en cada país, de acuerdo con su propia realidad, y que en el país se pueda tener acceso y disponibilidad de por ejemplo, coca y marihuana, para usos científicos y medicinales.

Ya en este momento el Ministerio de Salud y Protección de Colombia emite licencias a productores de marihuana con fines medicinales, después de que la ley sobre marihuana medicinal fuera aprobada en 2014. Según el ministro Alejandro Gaviria, se espera que esta alternativa se convierta en una herramienta económica importante durante el proceso del posconflicto.

Cuando a finales de los años ochenta Estados Unidos impuso su agenda, todos los países de la región siguieron las instrucciones del coloso del norte, haciendo honor a la política exterior “patio trasero” del país norteamericano con América Latina. Pero las cosas han cambiado y existen nuevos actores y aliados en el escenario internacional que le permiten a los países del sur tomar decisiones más arriesgadas, autónomas y apartadas de los lineamientos tradicionales.

Si ya en los recintos académicos y en los tanques de pensamientos más prestigiosos se habla de que la lucha armada contra las drogas ha sido un fracaso, y en el país que impone la guerra como una solución, existen siete estados donde es legal el uso recreacional de la marihuana, queda en el aire la pregunta saber si la imposición de la agenda sigue estando vigente o si ya la región esta lista para marcar distancia en este tema y tomar cada uno su propia decisión.

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