Así se roban las tierras

E l 28 de septiembre de 2005, dos meses antes de las elecciones presidenciales, el candidato del Partido Nacional Porfirio Lobo anunció la expropiación de 50 colonias en un barrio al sur de la ciudad de San Pedro Sula. Frente a cientos de pobladores de Villa de Cofradía, se erigió como un Robin Hood que despojaba de tierra a los dueños para entregarlas “a los pobres” que necesitaban vivienda y habían tomado el predio.

En el 2012 un banco estatal proporcionó fondos para mejora de viviendas a los afiliados a la Conafeph. El presidente Porfirio Lobo firmó como testigo; atrás, de gorra, Marco Antonio Bhaday.

El Gobierno de su partido había lanzado el proceso unos días antes. Para darle carácter de ley, prepararon un decreto que ordenaba expropiar los “asentamientos humanos” anteriores a junio de 1999: esas comunidades espontáneas levantadas con la voluntad y el esfuerzo de los dirigentes patronales. Con esto, Lobo inauguró un mecanismo que se convirtió en hábito: el uso político de la necesidad de techo en las ciudades y de un conflicto que perjudica y mata.

El déficit de viviendas y los 1.2 millones de predios sin titular en Honduras, vinieron a agravar el caos y avivó este nuevo problema: el de tierras urbanas. Uno que involucra a la gente sin techo, dirigentes de los patronatos -organizaciones vecinales que pelean por mejores servicios y acceso a derechos para los vecinos de las colonias-, los que se declaran propietarios, un cuestionado Instituto de la Propiedad (IP), la Justicia y los propios políticos, que ven en el reconocimiento de derechos la oportunidad para cosechar votos.

Los dirigentes pelean, negocian y mueren en el camino de usurpar y dar viviendas a quienes jamás lograrían comprarlas. El recorrido comienza con la identificación de un terreno o propiedad deshabitada. Como están insertados en sus comunidades, saben qué vecinos necesitan y quiénes pueden vigilar la zona como soldados, los llaman y avisan: por 3000 lempiras (133 dólares) pueden instalarse en el lugar. Con el espacio ocupado, inician los trámites en representación de los pobladores, desde el patronato: presentan acciones de expropiación ante el IP, solicitudes para que un predio municipal sea otorgado o, si es privado, negocian con el dueño. En los meses siguientes, y durante esos trámites, cobran a los aspirantes a la vivienda una cuota que puede rondar entre 1500 y 3000 lempiras (66 y 133 dólares). La llave al sueño de la vivienda propia.

A veces, con la ayuda de los dirigentes, los pobladores logran quedarse con la tierra “a la brava”, a la espera de que el propietario se canse de pelear en los tribunales. Otras son desalojados: el reclamo no avanza en el IP y, luego de dos o tres años, los sacan. Cuando el IP les da la razón y promete otorgar la titularidad, el Estado paga al propietario un justiprecio: lo que se considera un precio justo, que puede ser hasta diez veces menor que el de mercado. Desde ese momento, el poblador deja de pagar a los dirigentes y empieza a pagar al gobierno.

Frecuentemente, como aquel día de septiembre de 2005, la política se mete para capitalizar el derecho. Históricamente, los enfrentamientos por tierras en el país fueron -y aún son- en zonas agrícolas. Los episodios de lucha, represión y muerte se sucedieron hasta hoy, con variaciones según la solución impulsada por los gobiernos de turno. Ahora, el botín político se extendió a las ciudades. Con ese decreto celebrado por Lobo, se inauguró un esquema cuestionado que libra batallas en los barrios y en instituciones del país. Sobre todo, en tiempos electorales.

Pero además de políticos que aprovechan la precariedad para el clientelismo, hay instituciones que enredan más la situación: el instituto encargado de dar seguridad jurídica (IP) denunciado por irregularidades y una Justicia lenta que parece no tomar nota, investigar ni sentenciar. En el medio, entre la necesidad de la gente y el interés electoral, están algunos dirigentes.

IP: ¿un búnker político?

E l IP, encargado de poner las reglas claras en la adjudicación de la propiedad, abrió sus puertas en el 2004 y hasta el 2014, con aumento de presupuesto, había entregado sólo 45,000 títulos: el número que debería entregar en un año por su capacidad. Aún hay pendientes un millón de lotes sin titular en el país y, de seguir este ritmo, tardarían 177 años en concluir. No es eficiente, no cumple con lo que le ordena la ley y expropia colonias que no reúnen los requisitos, indicó el estudio “Costo humano de la corrupción en el IP” de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).

En comunidades urbanas en conflicto, el proceso de titulación debe durar 10 meses según lo estipulado por ley. Pero en la realidad, el IP tarda un promedio de seis años.

El regidor de San Pedro Sula, José Antonio Rivera, detectó en el organismo irregularidades que van desde la emisión de escrituras a nombre de particulares sobre terrenos que eran áreas verdes, a la inscripción de propiedades a nombre de una persona cuando el dueño era otro. Con pruebas, hace algunos años realizó una denuncia que llevó a cerrar en San Pedro Sula la oficina de Regularización Predial, la dirección encargada de establecer la propiedad y titularizar predios.

“Se cerró aquí en el municipio y ahora sólo está en Tegucigalpa, pero se dieron muchas tierras, incluso con dominio pleno, que pertenecían a otras personas o al propio Estado o que estaban en un área donde no se puede construir”, apuntó Rivera, quien es presidente de la Comisión de Tierras de la municipalidad de San Pedro Sula.

El estudio “Costo humano de la corrupción en el IP” también señaló que la institución se ha politizado. “El principal requisito para formar parte del consejo directivo, al parecer, ha sido activismo dentro del partido del Gobierno”, dice, y apunta también que “pocos miembros han tenido una formación profesional en el tema de tierras”. Además, entre 2012 y 2014 se crearon al menos 44 puestos de trabajo que no existían en el manual de puestos y salarios de la institución, y fueron ocupados por seguidores del Partido Nacional, en el poder. En los expedientes laborales había constancias escritas que daban fe de su militancia política.

Marco Antonio Bhaday, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras (Conafeph), marca que el IP debería ser un ente técnico: “No es para pega-afiches ni para chamberos y lo que hay allí es un montón de paracaidistas que verdaderamente no pasan haciendo nada. Eso entorpece el proceso que nosotros estamos llevando a cabo en beneficio de la sociedad”.

El abogado Eleazar Alvarenga, experto en procesos de regularización, coincide en que muchos políticos tienen piezas claves en el IP, y que los temas se resuelven con llamadas del tipo “cuando llegue aquel amigo resuélvale”.

El regidor Rivera habla de negocio: “Son situaciones que provienen de personas que muchas veces se dedican a este tipo de negocios de invadir terrenos, después los venden, son invasores de oficio, profesionales”.

Los fallos de la Justicia

E l sueño de la vivienda propia le llegó como un ofrecimiento de un dirigente a una empleada del Seguro Social, quien pidió omitir su nombre por seguridad: un compañero de trabajo le habló sobre un terreno que había sido invadido y le dijo que podía obtener un lote con el pago inicial de 3000 lempiras (133 dólares) a uno de los dirigentes.

Ella fue al sitio con su esposo y encontró varias covachas de plástico y a algunos de los ocupantes armados con machetes o con pistolas “camiseadas”. Les dijeron que si querían uno, tenían que quedarse a “zancudear”, es decir, a realizar labores de vigilancia para estar listos a rechazar un posible desalojo ejecutado por las autoridades o por el supuesto dueño de la tierra. Ella no regresó, pero su compañero de trabajo sí logró hacerse de un lote en la colonia al noreste de San Pedro Sula y obtuvo otros más con el mismo esquema.

El procedimiento pasa desapercibido para el IP. La policía no suele actuar ante denuncias de invasiones y las derivan a la Fiscalía. La Fiscalía pocas veces eleva los reclamos a los juzgados. Cuando lo hace, la Justicia puede tardar más de dos años en resolver: una orden de desalojo se puede emitir en un año si el proceso es diligente. De lo contrario, el asunto se alarga y se convierte en un juego para ver quién se cansa primero y abandona. La Justicia tampoco ha podido identificar a los culpables de los asesinatos de más de 80 dirigentes.

El exprecandidato presidencial Rodolfo Pastor Fasquelle, cree que la situación es peor que "debilidad institucional": “Hay una inacción deliberada de parte de las autoridades, que se convierte en un arma de extorsión. Lo que hacen tanto policías como fiscales, es extorsionar a los propietarios que van a pedir auxilio y eso también ocurre en los juzgados. Hay mucha gente que vive de ese proceso: abogados que a eso se dedican, y mercenarios”.

“El invasor invade y nadie ejecuta ninguna acción”, dice Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih). “Uno que es el propietario, que tiene posesión y dominio sobre una propiedad, con escrituras y antecedentes, tiene que andar demostrando porqué el invasor no es el dueño”, agrega.

Leonardo Villegas, presidente de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (foto de su Facebook).

Los voceros de la Fiscalía y los juzgados de la Zona Norte del país, Elvis Guzmán y Ruy Gabriel Barahona, evitaron dar respuesta sobre la situación ante la consulta de Connectas.

Mientras las instituciones se tiran la pelota, el propietario de una tierra tomada por aquel decreto de 2005, Jerónimo Zelaya, dice que la capacidad del dueño queda destrozada: “Los invasores juegan a destruir la capacidad económica del dueño de la propiedad, que debe invertir en abogados, en trámites... Incluso si hay desalojo hay que gastar hasta en la gasolina de las patrullas. Mientras, el valor de la propiedad invadida cae, nadie quiere comprar”.

“Cuando la invasión está más fuerte, más constituida, vienen los problemas sociales: madres que ponen niños enfrente de la maquinaria y a veces uno no puede arriesgarse a ese tipo de desalojo porque es doloroso y al mismo tiempo es grosero. Pero es la forma en que está la ley en nuestro país”, dice Villegas.

Esas madres están en el escalón más bajo de la cadena de irregularidades. Nucleados por un dirigente de la comunidad y enfrentados a los propietarios, los pobladores pagan por llegar a tener una vivienda propia, un sueño imposible que sirve de anzuelo electoral para políticos en Honduras. Ahí la mano que sostiene este mundo.

Río revuelto, ganancia de políticos

E l decreto que Lobo celebró como un Robin Hood el 28 de septiembre de 2005 frente a vecinos de una colonia en San Pedro Sula, no fue el único. En ese año electoral, se emitieron al menos otros 35 decretos de expropiación que alcanzaron a cientos de colonias en las zonas más pobladas de Honduras: Francisco Morazán y Cortés, pero también en otros departamentos.

Cuando el actual presidente Juan Orlando Hernández, estaba en carrera y dominaba el Congreso Nacional, dieron categoría de ley al decreto que expropiaba las colonias que existían antes del 31 de diciembre de 2010 (el original hablaba de expropiar las existentes a junio de 1999). A la fecha se han realizado varias modificaciones a la ley de Propiedad, aprobada en el 2004.

El actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, junto al presidente de la Conafeph, Marco Antonio Bhaday y su hijo, del mismo nombre, en algún momento de la última campaña política.

Los propietarios de la tierra señalan a estas medidas como "invasiones fomentadas por políticos". Eleazar Alvarenga, abogado que ha llevado múltiples casos en los tribunales por disputas de tierra, dice que no es casualidad que la mayor parte de ocupaciones o “invasiones”, como se les denomina popularmente, ocurran en épocas electorales.

“Una persona se autodenomina líder y reúne a equis cantidad de personas que no tienen terrenos. Se buscan un político al que se afilian y se hacen adláteres de ellos y ya con eso concurren otras instancias, que es el interés económico”, señala Alvarenga. Allí se forma una trilogía que hace funcionar el sistema: el interés del político por el voto, de los pobres que no tienen casa ni un terreno donde edificar; y el del dirigente por el dinero.

Una de las colonias expropiadas en el 2005 en Cofradía fue la Residencial San Jerónimo, propiedad del doctor Jerónimo Zelaya, quien fundó su empresa en 1998 y tuvo a su primer vecino en el año 2000 (no en el 99 como decía la ley), según documentación en poder de las autoridades. Los títulos que Zelaya evidencian que las casi 100 manzanas fueron adquiridas por su padre a mediados de los años 60 y desde entonces las poseyeron de forma indiscutida, dedicadas a tareas agrícolas, hasta que decidieron urbanizar. Es decir, esta colonia no reunía ninguno de los requisitos fijados por la ley.

Después de cuatro años de lucha en los tribunales, el gobierno le dio la razón a Jerónimo Zelaya: los funcionarios no hicieron las investigaciones correspondientes para proceder a efectuar la declaratoria de regularización y expropiación. El 21 de noviembre de 2009 emitió un nuevo decreto que sacaba a su colonia del proceso de expropiación. Pero el daño ya estaba hecho: los invasores ocuparon parte de la urbanización y convencieron a muchos de los compradores originales para que no pagaran las mensualidades al dueño, bajo el criterio de que el gobierno les cedería la tierra. Por si fuera poco, en enero de 2016 una funcionaria del IP extendió una constancia a un grupo de invasores, donde se afirmaba que los terrenos de Zelaya habían sido expropiados por el gobierno.

Para Zelaya, este fue un claro ejemplo de intervención política en un intento por congraciarse con los votantes. El 2005 fue un año electoral, por eso no le extrañó que Lobo aprovechara para realizar un mitin político cuando salió el decreto.

Marco Antonio Bhaday Chávez, hijo de Marco Antonio Bhaday, presidente de la Confederación Nacional de Federaciones de Patronatos de Honduras (Conafeph) fue candidato a una diputación por Cortés por el partido Alianza Patriótica, de extrema derecha.

Muchos de los dirigentes comunitarios asesinados han sido mencionadas por los medios como líderes políticos o partidistas en sus comunidades. Es el caso de Emilson Lozano, del Partido Nacional, en Sabá, departamento de Colón. Él fue candidato a alcalde en las elecciones internas de su partido en el 2013, según una publicación de El Heraldo, de abril de 2013; mientras que el portal proceso.hn aseguró que el dirigente era asesor de la alcaldía de Sabá al momento del crimen.

La noticia del asesinato de Willy Mendoza, fue titulada por La Prensa así: “Matan a líder del Partido Liberal en Choloma, Cortés”. Mendoza era presidente del patronato de la colonia El Porvenir, de esa ciudad del norte de Honduras, y sus compañeros responsabilizaron de su muerte “a un grupo de vecinos de la colonia El Porvenir que está disputándose con ellos los terrenos de esa comunidad”, según el mismo diario.

El 28 de mayo de 2016, Juan Carlos Recarte fue asesinado en el patio de su casa. Recarte era presidente de la colonia Santa Elena, de Quimistán, y empleado del programa presidencial Mejor Vida, según una publicación de La Tribuna. Para ese cargo, debe probarse militancia en el Partido Nacional, que ha gobernado Honduras desde el 2010.

Otra dirigente que fue noticia al caer víctima de las balas fue Sonia Landaverde. En junio de 2013 fue atacada a balazos cuando pretendía entrar al edificio donde laboraba en San Pedro Sula. La Prensa tituló “Asesinan a dirigente del Partido Liberal en San Pedro Sula” y en la entrada señaló que “Sonia Landaverde Miranda (45), una empleada municipal, activista del Partido Liberal y dirigente patronal del sector Rivera Hernández, fue ultimada a balazos”. El doctor Juan Carlos Zúniga, en ese entonces alcalde de San Pedro Sula, confirmó que Landaverde era coordinadora del Movimiento Villedista en el sector Rivera Hernández. Esto hace alusión al movimiento político que promovió la candidatura de Mauricio Villeda Bermúdez para presidente en las elecciones del 2013.

El ahora exalcalde y actual regidor sampedrano también hizo mención del asesinato de Román Amaya como “presidente de la colonia Luz y Esperanza y activista Liberal de San Pedro Sula”.

Antes de aparecer asesinado, el 3 de junio de 2016, René Martínez era presidente de la colonia Suyapa y dirigente de la comunidad gay de San Pedro Sula. A su entierro asistió el alcalde de la ciudad, Armando Calidonio, del Partido Nacional; y la diputada Welsy Vásquez, de la misma organización política, según reportó La Prensa en su edición del 4 de junio de 2016. Su ataúd fue cubierto con la bandera roja y verde de su amado Club Deportivo Marathón y la azul con la estrella solitaria del Partido Nacional. En otra edición, el mismo diario publicó que “Martínez era un reconocido activista del Partido Nacional y planeaba buscar un cargo político con el fin de luchar por los derechos de la comunidad LGTBI en Honduras”.

El caso de Martínez es la excepción a la regla: la mayoría de dirigentes comunitarios vinculados a partidos no participan como candidatos sino como encargados de movilizar masas que apoyan a los candidatos principales.

La afiliación política no los protegió de las muertes violentas y el Estado tampoco señaló a los que apretaron el gatillo. A pesar de la insistencia de la Federación de Patronatos por reclamar Justicia y de las cautelares y pedidos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, las muertes están impunes y siguen ocurriendo. En medio de la violencia, los conflictos y la necesidad que los políticos pretenden aprovechar, ya se anunció la convocatoria para elecciones primarias de presidente: marzo de 2017.