Así se venden las minas en México

En 15 años, el gobierno mexicano otorgó 10 mil títulos de explotación a particulares (56 por ciento del total de permisos), quienes “revenden” las licencias a empresas extranjeras. “Lucran con un bien de la nación”, afirman expertos.

El gobierno federal otorgó 17 mil 785 títulos de concesión minera entre diciembre de 2000 y junio de 2015. En el sexenio del ex presidente Vicente Fox se dieron 5 mil 76 permisos, mientras en el de Felipe Calderón la cifra se disparó hasta 9 mil 956. Para junio de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto había entregado 2 mil 753.

Una revisión de la base histórica de concesiones mineras muestra que, en los últimos tres sexenios, ha venido aumentado el número de títulos otorgados a particulares.

Fox le dio 2 mil 156 concesiones mineras a personas (42.4 por ciento del total); Calderón, 6 mil 102 (61.3 por ciento) y Peña Nieto, mil 808 (65.7 por ciento). En los primeros 15 años del siglo se entregaron 10 mil 66 títulos a particulares, lo que representa el 56.5 por ciento del total de títulos otorgados.

La extensión de subsuelo que se les concede a ciudadanos también ha aumentado. La administración de Fox cedió 548 mil 339 hectáreas (0.3 por ciento del total de la superficie continental del país); Calderón otorgó 6 millones 304 mil 725 hectáreas (3.2 por ciento de la superficie de México) y Peña Nieto autorizó 2 millones 637 mil 969 (1.3 por ciento del territorio nacional).

En 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió a la Secretaría de Economía que “los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras contenidos en la normativa federal son mínimos y de fácil cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales, ni que se proporcione un beneficio a la Nación”.

Esta auditoría sobre el estado de los derechos concernientes a la minería recomendó que “la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Economía, analizara la conveniencia de revisar la normativa y los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras, a fin de que éstas se autoricen a partir de premisas que garanticen utilidad pública y beneficios a la Nación”. Esto no se ha hecho.

Mayra Montserrat Eslava Galicia, abogada y coautora del libro El mineral o la vida, explica que entre las personas que están adquiriendo concesiones pueden identificarse dos grupos: prestanombres (de empresas) y especuladores.

Los que las ceden pronto son, por lo general, prestanombres. Los que las retienen más tiempo son especuladores. Esperan el momento más adecuado para sacar una mejor ganancia. “Al fin que la concesión es por 50 años, tienen tiempo para especular”, señala la especialista.

El costo del trámite de cada solicitud de concesión minera va de los 443 pesos (entre 1 y 30 hectáreas), hasta los 137 mil 790 (más de 50 mil hectáreas), más un pago variable por hectárea extra. Posteriormente, las empresas y particulares realizan un pago semestral que se calcula en proporción a la cantidad de hectáreas.

Esquema de compra-venta

Los movimientos en los títulos de concesión minera de los 10 particulares más beneficiados con más hectáreas en cada uno de los últimos tres sexenios, los han cedido o intentado ceder a compañías nacionales y extranjeras, en un esquema que funciona como modelo de apartado del subsuelo para después lucrar con él.

Manuel Langarica Ramos fue el particular más beneficiado durante el sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada. Cuenta con seis títulos de concesión minera por un total de 23 mil 547 hectáreas, en Guachinango, Ameca y Cuautla, en Jalisco. Varias de sus concesiones las cedió a empresas.

El principal beneficiado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón fue Jorge Jiménez Arana, a quien EL UNIVERSAL, en su nota del 14 de septiembre de 2014, “México, en poder de las mineras”, ubicó como representante legal de la minera canadiense Blackfire Exploration México. Jiménez Arana obtuvo ocho permisos que le conceden una superficie de 580 mil 304 hectáreas —área de extensión similar a la del estado de Colima—, en los municipios de Acapetahua, Mazatán, Pijijiapan y Suchiate, en Chiapas.

Blackfire Exploration México ha tenido problemas con el gobierno mexicano por infringir normas ambientales, de acuerdo con el informe elaborado por United SteelWorkers, Common Frontiers y MiningWatch Canadá.

En la administración de Peña Nieto la persona más beneficiada por extensión de tierras ha sido Juan Carlos Astiazarán Nieves, con seis títulos de concesión por 264 mil 558 hectáreas, en las localidades de Carbo, Hermosillo, Pitiquito y San Miguel Horcasitas, en Sonora. Astiazarán Nieves pertenece a una familia grande de ganaderos, mineros y políticos sonorenses. Estos títulos de concesión no registran movimientos. Todavía los tiene en su poder.

De las 10 personas más beneficiadas con concesiones en el presente sexenio, la mayoría no ha cedido sus títulos. María Montserrat Eslava dice que esto se puede deber a que los precios de los minerales han caído y están esperando un mejor momento para hacer negocio.

Agujeros convenientes

El marco legal es propicio para permitir que las lagunas existentes den cabida a este modus operandi en las concesiones mineras. En su artículo 19, la Ley Minera asienta que “las concesiones confieren derecho a transmitir su titularidad a personas legalmente capacitadas para obtenerlas”.

Especialistas explican que la palabra transmitir incluye una variedad de posibilidades: desde traspasar, ceder o vender. Viéndolo así, vender un título de concesión es legal, aunque la ley no lo mencione como tal. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, prohíbe “lucrar con los bienes de la nación”, y un título de concesión minera es justo eso.

Julieta Lamberti, investigadora de Project PODER, un movimiento ciudadano que promueve la transparencia y la rendición de cuentas en América Latina asegura que “los otros grandes afectados son las personas que no saben que están viviendo en un terreno cuyo subsuelo está concesionado a un particular”.

Conflicto de interés

Un ex perito de la Secretaría de Economía, Jenaro Garza Guerra, le vendió a diversas empresas y particulares concesiones mineras. En 2009, la compañía Macocozac, de la que es socio Armando Guadiana Tijerina, actual candidato del partido político Morena a la gubernatura de Coahuila, México, le compró tres concesiones mineras. Una en Zacatecas y dos en Sonora.

Poco antes, Jenaro Garza Guerra había adquirido 28 títulos de concesión, mismos que fue traspasando a empresas privadas. Entre 1999 y 2007, este funcionario federal se desempeñó como perito minero, por lo que tuvo acceso de primera mano a las condiciones de los polígonos que solicitó para luego vender.

El Estado mexicano otorga una concesión minera (un permiso para explorar y explotar minerales en el subsuelo) para que quien la obtiene la explote en beneficio de la nación. Pero los particulares (que, generalmente, no tienen la capacidad económica para montar una mina) las están pidiendo – explica Mayra Montserrat Eslava Galicia, coautora del libro “El mineral o la vida”– para después venderlas; en un sistema que funciona como apartado del subsuelo para luego lucrar con él.

El contrato de compra venta de los tres títulos de concesión adquiridos por la empresa de Armando Guadiana Tijerina, obtenidos vía Transparencia, muestra que Jenaro Garza Guerra le vendió a la compañía Macocozac tres lotes.

Garza Guerra pidió su primer título de concesión en 1995. Pero fue a inicios del sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada, cuando obtuvo su primera concesión minera. Gracias a los vacíos en la regulación minera, Garza Guerra se hizo, a partir de entonces y hasta 2011, de 28 títulos de concesión en los estados de Zacatecas, Sonora, Durango y Coahuila.

Al mismo tiempo que obtenía concesiones se desempeñó, de 1999 a 2007, como perito con registro de la Secretaría de Economía, como consta en el listado de estos funcionarios publicado en esos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Miguel Ángel Mijangos, de la organización Rema, explica que un perito minero hace los primeros estudios dentro de un polígono solicitado a la Secretaría de Economía para obtener un título. En ninguna parte de la ley dice que alguien con esta figura no puede solicitar concesiones, pero, por su actividad, tiene el conocimiento e información necesarios para pedirlas en terrenos redituables, “lo cual – afirma Mijangos– supone, por lo menos, un conflicto de intereses”.

Carbón o vida en Coahuila

En la Región Carbonífera de Coahuila los pobladores viven al margen del millonario negocio de sacar carbón de pozos y canteras. Aquí se padece a decenas de pequeñas empresas que extraen el mineral aunque haya poblados de por medio.

En Cloete, Coahuila, a Norma le ofrecieron hacer un foso para extraer carbón en el patio de su casa a cambio de darle una cuna para su bebé recién nacido. Ella rechazó la oferta aunque le advirtieron que el desierto de Cloete, donde está su casa, no es fértil. El ofertante Álvaro Jaime Arellano, es regidor del municipio de Sabinas, donde vive Norma. Servando Guerra, el otro ofertante, es un vendedor de chatarra convertido en empresario minero.

Al negocio de la minería han entrado políticos, empresarios y supuestos grupos del crimen organizado.

AHMSA es una de las empresas mineras beneficiadas con los vacíos legales que permiten la compra-venta de concesiones mineras en México. La que fuera una empresa paraestatal del gobierno mexicano compró en 2011 la concesión de una mina a cielo abierto a un particular: Jenaro Garza Guerra.

Mientras se le cuestiona a María lo que piensa de los candidatos que no se han presentado en las zonas afectadas por la minería, ella responde: “No se vale que le haga esto a los más pobres”.

Entretanto el gobierno mexicano no cambie la legislación minera, empresas y particulares seguirán lucrando con el beneficio de explotar y explorar concesiones mineras, sin pagar los daños provocados a los pobladores, al medio ambiente y las ganancias multimillonarias no se reflejarán en el pago de derechos que deben hacer al país.

Para ver el micrositio de esta investigación haga clic en la imagen:

Este reportaje fue realizado por Andrea Vega e Ignacio de Alba para El Universal y Pie de Página en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.

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